La UDEF entra en la Generalitat y la Diputació por las subvenciones al Consell Esportiu de l’Hospitalet

Imagen del registro al Consell Esportiu de l’Hospitalet, en junio/ACN.

Las investigaciones pretenden esclarecer el volumen de recursos real de que disponía la entidad municipal, que gestionaba una caja opaca de medio millón de euros y varias contabilidades paralelas.

22 de noviembre, 2020

La investigación en torno al caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat ha llegado ya a instituciones supralocales. Según ha publicado Nació Digital, la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional entró hace dos semanas en la secretaría general de l’Esport de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputació de Barcelona para requerir documentación en relación con las transferencias hechas al Consell Esportiu.

Portavoces de los dos organismos han confirmado esta información y, según concretan, las peticiones de la UDEF se referían especialmente a las subvenciones otorgadas a la entidad local. Es uno de los aspectos por las que la Policía Nacional española se ha interesado en los interrogatorios con los investigados, según fuentes conocedoras del desarrollo del caso. Debido a la doble contabilidad con que trabajaba el Consell Esportiu, la investigación pretende delimitar los recursos de los que disponía y como los justificaban.

Sea como sea, los funcionarios habrían facilitado la información requerida a la UDEF, tanto el día en que se personaron o más tarde, si no se encontraba en el edificio. En cuanto a la tercera institución que pone recursos al Consell Esportiu, l’Ajuntament de l’Hospitalet, no habría recibido ninguna nueva visita policial, ya que aportó toda la documentación de que disponía una vez estalló el caso, el mes de junio, según un portavoz.

Estas actuaciones evidencian que la investigación por irregularidades en la gestión del Consell Esportiu de l’Hospitalet siguen avanzando. Según reveló la semana pasada Nació Digital, se han producido ocho nuevas imputaciones, por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales, los mismos por los que se investiga el primer secretario del PSC en el l’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que es todavía teniente de alcaldía al Ayuntamiento gobernado por Núria Marín, el todavía concejal y ex director del Consell, Cristóbal Plaza, y el actual director, Eduard Galí.

Fuentes de la Diputació, en todo caso, afirman que la UDEF se sorprendió porque encontraron poca documentación relevante en esta institución. Efectivamente, el Consell Esportiu recibe el principal ingreso público de l’Ajuntament de l’Hospitalet, de 210.000 euros en 2018, mientras que llegan 107.000 de la secretaría general de l’Esport y tan sólo 2.092,26 de la Diputación. Así consta tanto en la contabilidad que entrega el consistorio local y las entidades como el que aporta la Generalitat.

Sería en los ingresos provenientes de los participantes en las actividades del Consell Esportiu que esté abultado una caja opaca de hasta medio millón de euros que no constaría en la contabilidad entregada al Ajuntament y a las entidades deportivas y que serviría para pagar en negro numerosas retribuciones a colaboradores y socios y directivos técnicos y políticos. La documentación entregada a la asamblea del Consell Esportiu incluye 88.221,47 euros en ingresos de los participantes, en 2018, los cuales crecen hasta 601.059,92 euros en la contabilidad registrada en la Generalitat.

Esta doble contabilidad respondería a que el ente entregaría a l’Ajuntament la misma información que en las entidades deportivas presentes en la asamblea interna, ya que el consistorio exige justificar todo el presupuesto, aunque tan sólo se subvencione una parte . En cambio, el Consell Esportiu enviaría a la secretaría general de l’Esport de la Generalitat documentos aprobados supuestamente en asambleas que, en realidad, no tuvieron lugar y con un total de recursos contemplados de medio millón de euros superior, ya que el Govern sólo recibe la información, pero no la comprueba ni pide justificantes.

Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y las cantidades económicas reflejadas. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, según consta en el atestado policial y han confirmado a Nació Digital fuentes de la entidad. A pesar de que la divergencia en los ingresos no proviniera de los recursos públicos, sin embargo, la UDEF habría comprobado igualmente que los que constan fueran reales.

El Consell Esportiu es formalmente una entidad privada sin ánimo de lucro, si bien recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas y seis de los doce miembros de su comisión directiva son designados por el gobierno municipal, incluyendo la concejalía de Deportes, que ostenta la presidencia. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.

Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? Según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consell Esportiu, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.

Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes.

Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otras colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.

Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en l’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido, según Nació Digital, cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.

Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hizo concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente.

La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcaldde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno —pero se mantiene de concejal—, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el

Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía de l’Ajuntamet en 2019, y Galí eran directores.

El propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quitó hierro al asunto en una entrevista a Nació Digital, pese a admitir mala praxis: “En nosotros sabemos, lo que se puede haber cometido es algún tipo de irregularidad administrativa. Pero nada que tenga que ver con corrupción “. La alcaldesa y presidenta de la Diputació de Barcelona, ​​Núria Marín, también ha optado por mantener los concejales a gobierno tras las revelaciones del caso.

Por todo ello, el concejal denunciante lamenta el “poco compromiso del aparato del PSC” para investigar el caso. Jaume Graells critica que Iceta no lo consultara y limitara los hechos a “algún tipo de irregularidad administrativa” y asegura que en febrero ofreció pruebas a Núria Marín pero la alcaldesa las rechazó. “Siento que se me ha condenado al ostracismo en mi propio partido y, en cambio, se está apoyando y protegiendo a los que han podido cometer las irregularidades”, afirma.

Por Lluís Berbel

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