Núria Marin declara ante la UDEF en el caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet

Alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. (Fuentet: Cadena SER).

La Policia Nacional ha citado en calidad de testimonio a la alcaldesa por la trama que salpica a dos concejales de su grupo municipal, según NacióDigital

La alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, ​​Núria Marín, está citada hoy por la Policía Nacional española en calidad de testigo por el caso Consell Esportiu de l’Hospitalet, según informa NacióDigital. La también presidenta del PSC declara ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía por las presuntas irregularidades que salpican dos concejales del grupo municipal.

La trama del Consell Esportiu estalló en junio con la detención y posterior libertad con cargos del segundo teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Cristian Alcázar, el concejal también socialista Cristóbal Plaza y el director del ente deportivo, Eduard Galí, pero la investigación ha ido avanzando y ya hay 14 personas imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales.

Según afirma NacióDigital y citando fuentes cercanas a la alcaldesa, Marín tiene intención de declarar ante la UDEF, como ya hizo recientemente el secretario general de l’Esport, Gerard Figueras. Marín ha afirmado siempre que colaborará con la justicia para esclarecer el caso. También ha manifestado su intención de asistir el Parlamento para dar explicaciones, después de que la cámara catalana se lo reclamara a petición de ERC. Sin embargo, hasta ahora ha evitado referirse a ella en público y ha justificado que no cesara del gobierno municipal a los dos concejales encausados, a pesar de la presión de la mayoría de la oposición.

“Cuando haya algún indicio, se tomarán las decisiones necesarias”, ha defendido Marín, que también ha justificado que el Ayuntamiento no se haya personado como acusación particular, aconsejada por los servicios jurídicos. Cuando estalló el caso, la alcaldesa remitió la documentación que tenía en el juzgado, pero el concejal del PSC que le denunció, Jaume Graells -el único que ha abandonado el equipo de gobierno- asegura que le ofreció pruebas de las irregularidades el 4 de febrero que ella declinó recoger.

El núcleo de la investigación, tal como reveló NacióDigital, apunta a una trama en la que el Cosell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. En concreto, el organismo registraría anualmente documentación falsificada al Consell Català de l’Esport -dependiente de la Generalitat- relativa a asambleas que no habrían tenido lugar y con información contable diferente a la entregada realmente a las entidades integrantes del ente y al Ajuntament.

Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y debido a que la Generalitat se le reconocería año tras año unos ingresos y gastos cerca de medio millón superiores a los que se notifica a las entidades del Consell Esportiu. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, una versión que se ha podido contrastar con fuentes de la entidad.

Y es que el Consell Català de l’Esport, además de recibir la información, no la verifica, ya que los consejos deportivos son formalmente entidades privadas sin ánimo de lucro, si bien, en el caso del de l’Hospitalet de Llobregat, recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas -sobre todo, de l¡Ajuntament y, en menor medida, de la Generalitat-. Seis de los doce miembros de su comisión directiva, además, son designados por el gobierno municipal, incluyendo el concejal de Deportes, que actuará de presidente. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.

La documentación entregada a la Generalitat con las cifras supuestamente reales de contabilidad de 2018 iba firmada en todas las páginas para Cristian Alcázar, pero también por el entonces secretario del Consell Esportiu. Al final del informe, firman igualmente la verificación contable del ejercicio tres interventores elegidos por el ente en la anterior asamblea de entre los representantes de las entidades que lo conforman. Estos miembros del Consejo Deportivo han sido también posteriormente imputados durante la investigación, según informa NacióDigital.

Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? NacióDigital manifiesta que según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consejo Deportivo, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.

Esta caja B se nutriría de pagos en metálico de las entidades deportivas y escolares integrantes del ente y también de efectivo retirado de la cuenta corriente, “siempre en fracciones de 3.000 euros”, según declara una testigo a la UDEF. El cuerpo policial, de hecho, intervino cerca de 3.000 euros en el despacho de Galí, lo que “coincide con las manifestaciones realizadas por los denunciantes respecto la existencia de una caja interna”, según ha podido saber NacióDigital del atestado.

Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes, según informa NacióDigital.

Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otros colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Según confirma NacióDigital, entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.

Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en L’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.

Apunta NacióDigital que Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hace concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente, según informa NacióDigital.

La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcalde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno -pero se mantiene de concejal-, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía del Ayuntamiento en 2019, y Galí eran directores.
Cristóbal Plaza també estaria sent investigat per haver-se arreglat l’acomiadament com a director del Consell Esportiu, el gener de 2017, després de 16 anys al càrrec, per cobrar una indemnització d’uns 47.000 euros. Són uns ingressos que no hauria hagut de cobrar si hagués deixat la feina per voluntat pròpia, però el cert és que, sis mesos que la majoria del PSC a la comissió directiva l’acomiadés, el partit el va fitxar com a assessor i el va fer regidor dos anys més tard. Ell havia afirmat públicament que deixava el càrrec i, si es confirmés que l’acomiadament formal va estar arreglat, s’hauria pogut incórrer en fraus a la Hisenda estatal i a la seguretat social, a més d’adjudicar-se quasi 50.000 euros il·lícitament.

Por Lluís Berbel

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