Jaume Graells, ¿alertador o traidor?

Jaume Graells el día que tomó posesión del acta de concejal del Ayuntamiento de l’Hospitalet, en junio de 2019

Esta legislatura arrancó con una mayoría absoluta de los socialistas en l’Hospitalet y por el ayuntamiento circulaba el chascarrillo de que iban a ser cuatro años de balneario para ese grupo municipal y la alcaldesa Nuria Marín, que también es presidenta del PSC y de la Diputación de Barcelona. Pero el balneario se ha convertido en una charca ponzoñosa para las familias socialistas de la segunda ciudad de Cataluña, porque en el PSC de l’Hospitalet hay más familias que en el Líbano, consanguíneas y clientelares (lean al vecino Candelas).

En LH están los socialistas más quietos que si el mismísimo Alfonso Guerra fuera a hacerles una foto. Por no hacer, ni hablan. Lo hemos comprobado en la asociación Foment de la Informació Crítica (FIC) que edita esta revista, cuando hemos intentado que alguno de los concejales socialistas, empezando por el primer teniente de alcalde, Fran Belver, participen en la segunda mesa de debate del II Ciclo de Factoría de Ideas, convocada para este jueves, 8 de abril a las 18 horas por Zoom (inscripciones en fic.lhospitalet@gmail.com). Los más sinceros han reconocido que “con la que está cayendo, no voy a participar en nada, no vaya a malinterpretarse, pero por favor, no pongas que te lo he dicho yo”.

Botifler indepe tras el ventilador

En el ayuntamiento no se mueve ni un papel, excepto el dedo acusador de la traición, botifler que dirían los indepes. Al concejal socialista Jaume Graells, su todavía partido le había aplicado desde mayo el ventilador de la caca a cuenta de las motivaciones que tuvo el “compañero” alertador que se atrevió a denunciar unas prácticas en el Consell Esportiu de l’Hospitalet que alcanzarían el grado de delitos como malversación de dinero público y apropiación indebida. Primero, dijeron que le movía la venganza porque a su actual novia no le subían el sueldo. “Cherchez la femme”, que dirían los franceses.

Ahora, acusan a Graells de tránsfuga que se va a ir a ERC porque ha sido visto en un reciente acto de presentación del último libro de Joan Tardà. Yo no voy a entrar en sus motivaciones, porque como periodista sólo atiendo a los hechos. Los denunciados, si se prueban, provocarán que rueden cabezas. Y como mínimo, constituirán una sombra que perseguirá lamentablemente a la alcaldesa Núria Marín, como en su día ocurrió con el también alcalde Juan Ignacio Pujana hasta que un juicio le condenó por tráfico de influencias.

Medio millón de euros desviados

Hasta tal punto llega la quietud en el ayuntamiento, que todo allí está paralizado, su equipo de gobierno petrificado y no se mueve ni un papel ni nadie dice esta boca es mía hasta ver qué ocurre este viernes, 9 de abril, cuando “la jefa”, que es como se conoce entre los funcionarios a Marin, haya declarado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad por una presunta trama de desvío de 500.000 euros anuales de subvenciones públicas que recibía el Consell Esportiu de la ciudad. Un desvío que se ha de dilucidar si iba a bolsillos particulares, partidistas o simplemente para seguir tejiendo la red clientelar.

Por ese caso que Graells denunció, primero a la alcaldesa y luego ante el Juzgado, Núria Marín está imputada (investigada) y citada a declarar por fin (eso lo añade ella), después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la detuviera el 10 de diciembre y le interviniera su teléfono móvil. Fuentes policiales citadas por El Periódico de Catalunya, indican que las conversaciones de WhatsApp que mantuvo Núria Marín tras comunicarle las irregularidades su entonces compañero de gobierno, Jaume Graells, constituyen pruebas fehacientes que pueden costarle el cargo político en aplicación del código de conducta del PSC que ella misma preside. Los mensajes incorporados a la causa por el desfalco del Consell Esportiu son de terceras personas y podrían probar que la alcaldesa no actuó, como mínimo, con la diligencia que una autoridad está obligada a desempeñar ante la comisión de delitos.

Tsunami político

La prevención que ha tenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que Núria Marín no se le acercara en sus visitas electorales a Cataluña y así evitar fotos junto a ella, y el perfil bajo, por no decir inexistente, de la lideresa en la campaña de Salvador Illa, resulta suficientemente indiciaria de cómo se está gestionando en el PSC el caso. Una mala noticia judicial este viernes supondría un tsunami político de triple alcance, porque afectaría al gobierno de l’Hospitalet, al de la Diputación de Barcelona y también sería un torpedo en toda la línea de flotación del PSOE ante la batalla electoral convocada en Madrid para el próximo 4 de mayo, puesto que Núria Marín forma parte de la ejecutiva federal del PSOE como secretaria de Cohesión e Integración.

Una veintena de imputados

Además de la alcaldesa, hay casi 20 imputados más. Entre ellos, Gerad Figueras, secretario de Deporte de la Generalitat, de JuntsXCat, formación con la que Núria Marín mantiene un pacto para presidir la Diputación de Barcelona. También está investigada la interventora municipal, la jefa del gabinete de la alcaldía, el segundo teniente de alcalde del ayuntamiento y primer secretario del PSC de l’Hospitalet, Cristian Alcázar, y el exconcejal de Deportes y expresidente del Consell Esportiu, Cristóbal Plaza, además de varios empleados del mismo organismo. El desfile de declaraciones de los imputados comienza este miércoles, 7 de abril y se prolongará el resto de semana, con el plato fuerte del viernes, día 9, a cargo de la alcaldesa.

Como he dicho más arriba, la investigación de esta supuesta trama se inició a raíz de una denuncia interpuesta por Graells -que dimitió como teniente de alcalde, pero no ha dejado su acta ni el grupo municipal- por presuntas irregularidades en el Consell que desembocaron el pasado 10 de junio en la detención de dos compañeros de gobierno: Cristian Alcázar, que se mantiene como segundo teniente de alcalde, y Cristóbal Plaza, que dimitió. Según la magistrada, una vez el denunciante destapó internamente esta supuesta trama a la alcaldesa, los investigados se pusieron presuntamente de acuerdo para intentar ocultar los hechos y evitar su descubrimiento, “orquestando” junto Gerard Figueras y Núria Marín “una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación” de los implicados.

Omisión o pasividad de la alcaldesa

Para la juez, de lo investigado hasta el momento se desprenden indicios de que, en su actividad “aparentemente ilícita”, los investigados habrían contado con la “connivencia” de otras personas, entre ellas la alcaldesa Marín, quien “habría favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento” a la entidad gestionada por los investigados. Según la juez, la alcaldesa Marín ayudó “incluso” a los investigados a evitar que “su actividad aparentemente ilícita pudiera ser descubierta, manteniendo una conducta omisiva y pasiva cuando un miembro de la entidad que ostentaba también la condición de teniente de alcalde del Ayuntamiento (Graells) le trasladó de forma directa los hechos cometidos por los investigados”. Así lo sostuvo la juez en un auto del pasado 22 de diciembre en que autorizó el acceso, examen y análisis del contenido del teléfono móvil de la alcaldesa, diligencia que se practicó ese mismo día, según cita la agencia Efe.

El papel de los alertadores

La transparencia es uno de los pilares de la lucha contra la corrupción. Quienes contribuyen a hacerla posible suelen ser represaliados. Son los alertadores, ciudadanos testigos de actos inmorales o ilegales que tienen el coraje de denunciarlos. La figura del alertador está protegida por la Unión Europea mediante una directiva que España debe transponer este año.

Los alertadores son valientes porque van a favor del bien común desatendiendo los consejos de callar. Son altruistas porque pierden el empleo por el mero hecho de comunicar irregularidades y les tratan como ovejas negras en ambientes que se tornan envenenados. Porque la corrupción es sistémica en nuestra sociedad. No hablo de delación, sino de ciudadanos que se enfrentan al poder para ser útiles a la comunidad. Máxime, si logran recuperar dinero público, un extremo que en Estados Unidos se premia con el 2% de lo rescatado.

A la lista de alertadores de la fama de Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, Hervé Falciani, Antoine Deltour o Stéphanie Gibaud, se unen en nuestro país Simona Levi (tarjetas black) y Joan Llinares e Itziar González (hotel del Palau de la Música), entre otros. El último es el concejal del PSC de l’Hospitalet Jaume Graells, que alertó hace un año a la alcaldesa Núria Marin de una presunta trama de desvío de 500.000 euros anuales de subvenciones públicas que recibía el Consell Esportiu de la ciudad. Jaume Graells le contó a la alcaldesa las irregularidades antes de que se decretara el primer estado de alarma por la pandemia.

¿Héroe o traidor?

Héroe alertador o traidor tránsfuga, lo cierto es que Graells se ha convertido en el palo del pajar municipal. Los que dicen que se alistará en el grupo republicano que lidera Antoni García, señalan que su pretensión es decapitar Núria Marín y, de paso, también a su futuro relevo, Cristian Alcazar. En este supuesto, el alcalde sería Fran Belver, ahora primer teniente de alcalde. Pero con Graells en ERC los socialistas perderían la mayoría absoluta, porque va de un concejal y él todavía ahora sigue siéndolo del grupo del PSC. Sin embargo, los socialistas podrían apoyarse en la muleta de Ciudadanos, grupo noqueado por los resultados de las últimas elecciones que está votando con ellos para impedir los trabajos de la comisión de investigación del caso Consell Esportiu en el ayuntamiento.

Lo que está en juego es el derecho de saber de los ciudadanos y, por lo tanto, el deber de informar de los periodistas.

Por Juan Carlos Valero

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