12 de diciembre, 2020
La imputación policial a Nuria Marín este pasado jueves, después de ser citada para declarar como testigo, resultó tan sorprendente como previsible y amenaza con provocar la hecatombe anunciada. Me explicaré. Fue toda una sorpresa especialmente para ella, su ayuntamiento y su partido, pero sobre todo por dos razones. La primera, que no conocen muy a fondo a la UDEF —la unidad de la policial judicial que investiga los delitos de corrupción—, aunque deberían, y la segunda, porque les resultaba impensable que una simple irregularidad administrativa —como señaló en su día Miquel Iceta— alcanzase de pleno a la niña mimada del socialismo catalán y en consecuencia a su débil corazón —el del PSC, obviamente—, cargado de inseguridades. Desde ese mismo momento, sin embargo, se han desatado, esta vez sí, todas las alarmas. Y no porque ERC haya pedido ya dos mociones de censura, una en el pleno de la Diputación y otra en el municipal, ni porque los comunes hospitalenses y los de Ciudadanos le hayan pedido la dimisión, cuestiones que se podían dar por oficiosas en la medida en que la oposición siempre aprovecha cualquier resquicio allí donde es frágil —y en l’Hospitalet toda la oposición lo es— sino porque una imputación de la juez pone el cargo de la Marín en una auténtica cuarentena.
Tiene que haber gente en l’Hospitalet frotándose las manos, al mismo ritmo que le crecen las dudas a la alcaldesa intocable. La principal de ellas es si va a poder resistir a los cargos judiciales cuando lleguen —que llegarán—, y de ahí que haya optado por demostrar que ella no tiene nada que ver con el asunto clave —la corrupción en el seno del Consell Esportiu—, y se muestre predispuesta a declarar lo más pronto posible y de la manera más transparente ante la juez, como ya lo hizo, sin ocultar nada ,ante la UDEF. Tendría que haber sabido que cuando la UDEF muerde sobre un proceso de corrupción, solo lo suelta cuando ha puesto al sospechoso ante el juez con todas las vergüenzas al aire. Y eso es, probablemente, lo que va a pasar.
La verdad es que el tema era muy complicado desde su inicio y viene muy de lejos, de los problemas por contentar a demasiada gente con aspiraciones: la paz en partidos donde hay mucho por repartir, pasa justamente por repartir equilibradamente, pero ya se sabe que los equilibrios suelen ser arbitrarios y siempre hay gente descontenta que alberga rencores por la falta de reconocimiento o por los agravios comparativos. Y encima, cuando este caso se envenena, se envenena con un par de protagonistas de esos que complican las cosas. Uno, el teniente de alcalde Cristian Alcázar, que es quien manda en la organización local del PSC. Y el otro Cris Plaza que hasta hace cuatro días era el máximo responsable del Consell Esportiu para pasar luego a ser asesor y más tarde concejal, previa una liquidación de 47.000 euros, a todas luces incorrecta además de inmoral, cuyo desconocimiento es imposible que pueda alegar la alcaldesa.
Escribo esto, un par de horas después de que el gabinete de prensa municipal, en sábado, haya dado conocimiento de la dimisión de Plaza para facilitar la investigación judicial sobre el Consell. Hasta ahora todo el mundo hablaba de la consabida presunción de inocencia. Cuando uno dimite, después de resistirse, claro, está reconociendo que algo no se hizo bien. Plaza se resistió y le resistió la alcaldesa. Ahora, la alcaldesa necesita que alguien caiga para que no caiga todo. Me temo que vano intento. Y si no cae Alcázar es porque Alcázar es bastante más que el segundo hombre de la lista municipal: es el primer secretario local y tiene al partido, que lo eligió hace un año, detrás.
Si cae un imputado, sin embargo, nadie va a entender que no caiga el segundo y que después del segundo no caiga el tercero, o sea que aquel incidente administrativo que Graells llevó al juzgado, está amenazando con implosionar el invento socialista local. Decía antes, que debe haber gente en l’Hospitalet frotándose las manos. Si yo fuera Marín se las miraría de reojo a Belver, el primer teniente de alcalde, porque las debe tener bastante rojas…
Y a todo esto Graells sigue en el equipo de gobierno votando todo lo que debe, para garantizar la mayoría absoluta a un grupo municipal en cuyo seno hay gente a la que denunció en el juzgado. Graells no era un cualquiera en el Ayuntamiento. Era el tercer hombre de la lista municipal (el sexto por ser una lista cremallera), de modo que su peso era notable, pero encima es el concejal que hace 14 en un ayuntamiento de 27 regidores. Es decir, él fuera del grupo municipal socialista, se convierte en árbitro de la situación, de modo que nadie puede atreverse demasiado a pedirle la dimisión no sea que se encabrite y en lugar de dimitir ahueque el ala del grupo.
Añádasele a esta sanfaina la reciente sentencia del TSJC sobre el PDU-Gran Vía y habrá motivos para que la Marín pueda hablar de annus horribilis más allá de la pandemia que se ha cargado ya a 659 conciudadanos.