Si serán conscientes las autoridades locales de que los medios de comunicación públicos tienen poco tirón informativo, que cuando les interesa que algo se conozca de verdad lo filtran a los medios convencionales. Pasó el otro día con la carta que el alcalde Triple Q envió al ministro Bolaños y de la cual dieron cuenta La Vanguardia y otros medios y que pone el acento en la multirreincidencia como aspecto clave del crecimiento de la inseguridad ciudadana. En la carta, según reprodujeron los afortunados por la filtración, Triple Q explica que en las fiestas de Bellvitge en una sola noche se identificaron 32 personas que acumulaban en total 287 antecedentes. A un promedio de 9 delitos o faltas por cabeza, que son muchos delitos para una sola cabeza.
Parece evidente que la multirreincidencia es un problema. Pero lo cierto es que el problema de la multirreincidencia no es de ahora y que, según muchos juristas de relieve, éste es un tema tan antiguo como el derecho penal puesto que, si el derecho penal incide sobre la delincuencia, hay un tipo de delincuencia sobre la que el derecho penal tiene poco que decir. Si uno comete un delito, se enfrenta a lo que determina el código penal, pero si uno vive de cometer delitos, el código penal se queda corto. El castigo siempre actúa sobre los efectos, pero la delincuencia profesional tiene que atajarse necesariamente desde las causas porque, en la delincuencia profesional, los efectos son irresolubles, como es bien visible.
La multirreincidencia señala directamente a quienes hacen de la delincuencia de baja estofa su modus vivendi. Suelen ser rateros de poca monta que delinquen para ir tirando. En ese modo de actuar, aún resulta sorprendente que algunos tengan solo 9 delitos en los registros policiales. Lo normal sería que les hubieran pillado muchísimas más veces. Lo que parece evidente es que la existencia de delincuentes profesionales de baja estofa molesta, y mucho, a la gente normal. Y que el castigo a la multirreincidencia no puede derivar en un mayor nivel de represión y cárcel porque, en general, la represión de los efectos sirve para rehabilitar a quienes se equivocan esporádicamente, no a quienes viven de delinquir. Los que viven de delinquir tienen que encontrar alternativas que les compensen, y para encontrar alternativas que compensen a los delincuentes reincidentes, resulta imprescindible que la sociedad señale algunas otras salidas más allá del simple castigo. Por ejemplo, el trabajo social bajo un control estricto. Algo que este mundo nuestro de cada día obvia, porque resulta menos comprometido y más rápido reprimir, castigar y enviar a la cárcel.
El castigo siempre es, en estos casos, la salida más fácil y ese tipo de salidas son las que defienden los que siempre imaginan soluciones fáciles para los problemas complejos. Antes decíamos que esos movimientos eran los típicos de la extrema derecha y de una cosa un tanto extraña que han venido llamando populismos. Ahora ya vemos que hasta los alcaldes que se dicen socialistas les reclaman a los ministros que también se llaman socialistas un poco más de mano dura para los multirreincidentes. Una manera de acercarse un poquito más a la derecha simplona y a los populismos (¿) baratos.
Lo defienden gobiernos, como el de Hospi, que tienen los servicios sociales municipales abandonados. Esos servicios, a los que les corresponde dar auxilio a la ciudadanía y a los que, en una sociedad avanzada, les correspondería obligar al trabajo social a los delincuentes profesionales bajo una estricta supervisión. Si a un delincuente profesional que ha robado el bolso a docenas de ancianas se le obligara durante un año a acompañar a esas mismas ancianas a hacer la compra, acompañarlas al médico o ayudarlas en su soledad bajo vigilancia permanente, probablemente acabarían entendiendo que no se puede convertir en una profesión habitual hacer daño a la gente más vulnerable. Y si después de ese ejercicio de empatía obligada volvieran a delinquir, ya no estaríamos hablando de delincuentes profesionales sino de psicópatas sociales. Y esa es otra figura que reclama otros tratamientos y otras soluciones.
Por último, la multirreincidencia ni es cosa de ahora, ni es exclusiva de l’Hospitalet. Pero por supuesto que si una sociedad desacredita a quienes por ley la tienen que defender, el principal problema está en quien desacredita, no en los desacreditados. El gobierno local tiene a la ciudad patas arriba porque ha dado la espalda a su fuerza policial desde hace años. Y una ciudad que tiene encrespada a la policía local y abandonados a los servicios sociales, crea unas condiciones idóneas para la delincuencia habitual. Ni una cosa ni la otra la puede resolver Bolaños. La tiene que resolver Triple Q y sus amigos. Y si no saben, que pidan ayuda. Pero no para castigar: para gobernar con criterio. Claro que, para eso, lo primero es tener criterio…
Lo peor es —encima, sin darse mucha cuenta—, acercarse a los planteamientos de la derecha extrema. Dejarse llevar, de alguna manera, por el derechismo imperante.