La decisión de la titular del juzgado número dos de l’Hospitalet sobre si imputa o no a Núria Marín, alcaldesa de l’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona y del PSC, sobre las irregularidades detectadas en el Consell Esportiu, puede durar todavía unos meses, según han manifestado fuentes jurídicas, tras las últimas declaraciones de diferentes testimonios ante la magistrada, entre ellas la de la primera autoridad municipal.

Esta prolongación de la decisión judicial en el tiempo, rompe las previsiones de Núria Marín, investigada por malversación, prevaricación y omisión al deber de perseguir un delito, que quería una resolución rápida del conflicto y cerrar una compleja etapa, pero todo parece que no va a ser así. Según estas mismas fuentes, hasta final de año previsiblemente la juez no anunciará su decisión: “la UDEF sigue investigando y no ha acabado de cerrar todos los informes”. Estas mismas fuentes han manifestado que “hay base documental para que este caso no sea sobreseído (archivado)”.

Todo ello se fundamenta también en que todavía no se tiene noticias sobre el informe del volcado del móvil de Marín, y al hecho de que  Alcázar ha declarado dos veces en una misma semana ante la juez. La UDEF todavía tiene que entregar nuevos atestados y faltan pasos para cerrar la fase de instrucción.

Con la citación de nuevos testimonios, hasta ahora no convocados, se eleva a 18 los investigados por el caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet.

La alcaldesa manifestó el pasado viernes que una vez que supo de palabras del regidor del PSC, Jaume Graells, de las irregularidades en el Consell Esportiu actuó con celeridad y se entrevistó con los concejales implicados, Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza. Tras ellos, se reunió con la secretaria general del ayuntamiento que le indicó la necesidad de una auditoria y con la interventora, que repasó las justificaciones de las subvenciones a la entidad.

Pero durante las declaraciones de la semana pasada se produjeron también contradicciones sobre los hechos. Graells afirmó que la secretaria general del ayuntamiento le manifestó la necesidad de retirar a Alcázar y a Plaza de la dirección del Consell Esportiu y Marín asegura que a ella no le comunicaron nada. Igual sucede con el imperativo de realizar la auditoría: la alcaldesa afirma que su actitud fue activa desde que conoció las denuncias de las irregularidades mientras que el concejal denunciante aseguró que la actitud de la primera autoridad fue de pasividad total.

Según Nació Digital, el entorno de Marín está satisfecho por el desarrollo del interrogatorio y aseguran que se han desmontado las acusaciones de querer torpedear el esclarecimiento del caso y esperan que la alcaldesa salga absuelta y por lo tanto no tenga que dimitir, como marca el código ético del PSC. De hecho, y así lo anunció la primera autoridad de l’Hospitalet, van a solicitar el archivo de la causa.

Otras fuentes jurídicas sin embargo no opinan lo mismo, sobre todo por la postura adoptada por la magistrada que ha sido desde el principio muy incisiva con Núria Marín dedicándole más tiempo que a otros investigados y requiriendo información relativa a la gestión de las subvenciones que otorgaba el Ayuntamiento.

En Comú Podem, presentada como acusación popular, mantiene, y así lo manifestó su portavoz, Ana González, que se han de depurar responsabilidades políticas por el caso. Y ha denunciado la parálisis que sufre la comisión municipal creada para investigar las irregularidades. El diputado en el Parlament, de esta organización política, David Cid, también asistió el pasado viernes a los interrogatorios y exigió “contundencia” en la clarificación de los hechos. El viernes también se conoció que el Ayuntamiento de l’Hospitalet se ha personado en el caso, tras ser aprobada por unanimidad una moción de ERC para que el consistorio estuviera presente en defensa de los intereses de la ciudad.

Por Lluís Berbel