_{Noviembre 2022}

Vayamos pues a la alternativa, como prometí en el artículo de la semana pasada. Iría bien, para fijar la coyuntura, hacer un paralelismo con Barcelona ciudad. Dada la estructura demográfica y sociológica de la población de sus distritos y la experiencia electoral de estos años, costaría entender a priori que el PPC pudiera llegar a gobernar en ese Ayuntamiento. En cambio, no cuesta entender que el PSC, Convergència y adláteres, e incluso la izquierda a la izquierda de los socialistas, como Ada Colau y los suyos ahora mismo, hayan podido formar mayorías absolutas o relativas. ERC y el PSC apuntan para las próximas como posibles ganadores, pero no son descartables los Comuns, que se mueven bien entre las discordancias ajenas. En Barcelona viven muchos catalanes de origen y de adopción, una clase alta bien arraigada, otra clase media amplia acomodada o venida a menos, y una población obrera e inmigrada en barrios periféricos y en el Raval, que decanta las tendencias electorales según los ciclos, hacia una izquierda más moderada o más radical y, muy recientemente, hacia el nacionalismo de signo diverso.

L’Hospitalet es otra cosa. La clase acomodada es muy reducida y sin influencia, la clase media sufre cataclismos de tanto en tanto y se suele sentir huérfana electoralmente, aquí residen catalanes de origen o de adopción —nacionalistas o no—, pero pervive una gran masa de trabajadores e inmigrantes de diversas oleadas que hacen muy difícil que fuerzas como el PPC, los convergentes varios o incluso ERC —y no digamos ya Ciudadanos si resisten—, puedan llegar a gobernar algún día en solitario. Estas fuerzas suelen conocer bien la realidad y la van asumiendo. Lo normal es que el gobierno local se mueva en la órbita socialista o a su izquierda aunque en estos últimos años, con el peso ideológico del procés, se pueda contar para forzar mayorías con el apoyo del independentismo de la CUP o el más digerible de ERC.

Las posibilidades electorales han ido cambiando con el tiempo, especialmente tras la crisis del 2008 con la aparición del movimiento de los indignados y tras la del 2012 con el fenómeno independentista. Los gobiernos municipales han ido cambiando, especialmente en el área metropolitana, gracias al progresivo desgaste de los socialistas y al protagonismo de los nuevos movimientos. En algunos lugares siguen gobernando los de siempre, pero con mayorías obligadas que les han ido forzando al consenso y, en cualquier caso, excepto en algunos municipios bien señalados, han sido sensibles a la necesidad de poner coto al mercado inmobiliario, atendiendo al grado de saturación territorial que todo el mundo sufre. Si en muchas de estas ciudades próximas se han ido modificando los comportamientos, cómo es posible que aquí llevemos 43 años gobernados por los mismos, con la misma arrogancia del primer día.

La explicación parece sencilla, aunque admita una cierta complejidad: el PSC ha conseguido estabilizarse a lo largo del tiempo y la izquierda del PSC no ha sabido superar los condicionantes, sumida en múltiples jaquecas y contradicciones pese a los innegables esfuerzos. La ruptura de los años 80 en el PSUC fue tremendamente traumática no solo porque partió por la mitad una fuerza que había batallado ferozmente por conseguir la hegemonía en la ciudad y a punto estuvo de conseguirla. Fue lacerante porque ni siquiera los que mantuvieron la estructura del partido, los que gobernaron con los socialistas hasta el último día, acertaron con la fórmula para aguantar la debacle y darse tiempo en la autocrítica para volver a convertirse en foco de atracción de los que se habían desgajado. Quedaron tan asombrados por el fracaso, que no supieron reaccionar adecuadamente o quizás perdieron todo interés. Venían de un relativo fracaso electoral anterior que jamás se analizó a conciencia: el partido que había galvanizado la protesta y la movilización ciudadana se quedó a las puertas del éxito total frente a otro partido que se había sumado a la vorágine en los últimos meses, pero que contaba con la ola favorable del felipismo y con el peso brutal de la propaganda anticomunista que había destilado a conciencia la dictadura. Aquel PSUC de los 11 concejales, que terminó con buena parte de sus 11 concejales iniciales removidos por las continuas expulsiones y dimisiones de los primeros de la lista, pudo haber perdido las siguientes elecciones, pero disponía todavía del rédito positivo de lo que contribuyó a poner en marcha en la primera legislatura y un peso todavía considerable en una parte de la militancia activa. Le pudo la dinámica institucionalista y el desaliento, y un error en el que jamás cayeron los socialistas (hasta hace cuatro días, y así les va a ir): el abandono de su propia gente.

Todo aquello ya es historia, pero una historia que no deberíamos olvidar, porque aquel gobierno del 79 al 83 se impuso como objetivo reconstruir una ciudad marchita, crear nuevos servicios y dotar a la ciudad de infraestructuras, y los 27 concejales, incluidos los 4 de la oposición que asumieron elegantemente su papel, trabajaron bastante al unísono —pese a los roces, los malentendidos y las servidumbres— durante 4 años. Si ésta dinámica se hubiera mantenido desde entonces, otro gallo nos hubiera cantado como colectividad. Desde luego, la ciudad no habría caído en el descrédito del mercantilismo inmobiliario, ni la degradación urbana de muchos de los barrios del municipio habría llegado tan lejos. Al PSUC le pareció que a la ciudad le hacía falta un alcalde en 1983 —el eslogan de campaña fue “Aquí lo que hace falta es un alcalde”— cuando lo que realmente la ciudad necesitaba era, sobre todo, mantener el espíritu de colaboración en el gobierno de la ciudad sin olvidar hacer valer la imprescindible influencia social que el partido había conseguido en la lucha antifranquista, junto a la presión de la calle. Despechado el alcalde del PSC y todos los suyos, pusieron a los antiguos coaligados donde según ellos les correspondía: en el desván de la historia municipal. Y allí siguen no ellos, sino todos los herederos que el tiempo ha ido esculpiendo.

Las cosas han ido tan a peor, que 43 años más tarde, las encuestas indican que el PSC sacará en 2023 mayoría absoluta y la izquierda del PSC, otros 3 concejales. Y que el resto irán a parar, como siempre, a las migajas del nacionalismo emergente y a los restos de la derecha españolista. Como siempre, una oposición fragmentada, débil e inevitablemente inoperante en la práctica, aunque la repetición esteril de la dinámica sirva para hacer ver que la democracia funciona. La oposición resulta, en la práctica, inservible para quienes la han elegido. Y a muchos nos gustaría pensar que los elegidos no pueden conformarse con el triste papel subsidiario que el gobierno les otorga. Luego insistiré sobre ello.

En abril del 2020, la entidad probablemente más incómoda de la ciudad para el gobierno local, el Foment de la Informació Crítica, puso en circulación un Manifiesto en el que pedía a la izquierda del PSC, incluida toda la izquierda nacionalista, un esfuerzo de reflexión para cambiar las cosas en el Ayuntamiento de la ciudad. La propuesta no pretendía cambiar solo el Ayuntamiento. Jamás como ahora, cambiar el Ayuntamiento significaría tan claramente cambiar el futuro de la ciudad. Cuarenta y tres años después, aquel PSC desorientado de 1979 que ganó las elecciones por sorpresa, ha convertido la ciudad en su finca, el presupuesto público en su particular chequera y buena parte del entramado cívico organizado y el aparato administrativo municipal, en una red clientelar sujeta con mano de hierro por las subvenciones y los puestos de trabajo repartidos durante décadas. Y, sobre todo, ha dejado de tener proyectos como no sean los que van dirigidos a permitir que los promotores inmobiliarios sigan haciendo negocio y a mantener una política de imagen que les saque de la sensación general, fuera de su propio ámbito, de que la ciudad continúa siendo un amasijo irrecuperable.

Hace pocos días, TV3 dedicó un largo reportaje a una sinfonía caótica —como la ciudad misma— que intentaba retratar “sense ficció” una realidad autocomplaciente. Consiguió justo todo lo contrario. El reportaje hablaba de una ciudad desarticulada, pero a la vez ficticia. L’Hospitalet: la ciudad más densa de Europa donde se siguen construyendo miles de nuevos pisos bajo supervisión directa de la Agencia de Depredación Urbana (ADU) que impulsa la concejalía de Urbanismo, junto al invento de un distrito cultural —estilo Brooklyn, insisten— sin dirección estratégica alguna, y una política de cesiones patrimoniales que hipotecará durante décadas el espacio público. No es de extrañar que se haya agotado el imaginario colectivo: para quienes gobiernan, la ciudad solo tiene remedio en la medida en que se venda la pura ficción de su destino esencial e irremediablemente periférico. Ya no saben que inventar para hacer ver que hay un horizonte: hace cuatro días, los hoteles para turistas y el biopol, ahora un Brooklyn de cartón piedra y mañana la liberación de las vías del tren que siguen alimentando en la mente calenturienta de quienes desordenan la ciudad, los sueños de nuevas promociones urbanísticas especulativas.

El esfuerzo de reflexión que se pedía a toda la oposición en aquel Manifiesto de abril, pero de manera muy especial a las fuerzas de izquierda e incluso de centro izquierda, se basaba en una constatación y apuntaba hacia un proyecto común. La constatación era que el PSC local está huérfano de ideas, dividido interiormente, débil orgánica e intelectualmente hablando, y desacreditado como proyecto apasionante para cualquiera que tenga ojos para ver: la pura imagen del desgate. El objetivo del documento era unir esfuerzos para no desperdiciar un solo voto, con cualquier fórmula que permitiera desplazar a un colectivo desestructurado de oportunistas, que no merece conservar unas siglas que hablan de socialismo. El PSC necesita volver a las esencias y seguro que hay en l’Hospitalet gente, incluso en puestos de relieve, que tiene todavía respeto por las esencias. Hay que permitirles, incluso a ellos, ese relevo y eso solo se puede conseguir descabalgando a los dueños del cortijo. Por eso, ese esfuerzo de reflexión que se pedía era transversal, abierto a todo el mundo, incluidos todos los partidos del municipio sin exclusión y a todos aquellos que todavía sienten algo por esta desgraciada ciudad.

Nos consta que se han generado debates, que ha habido colectivos que se han tomado la propuesta en serio. Ha habido incluso reuniones, que partían del desencanto y del pesimismo, pero que han servido para ver más claro. Todo el mundo parecía coincidir en el principal obstáculo para unificar esfuerzos: la inconcebible miopía de los partidos, incapaces de atender a las realidades concretas. Estas no son unas elecciones cualesquiera. En l’Hospitalet es probablemente una de las últimas oportunidades para parar la debacle en la que nos han instalado. O ahora, o esto no habrá quien lo reconduzca. Todas las ciudades tienen su problemática, pero no todas las ciudades tienen la tremenda carga de ser la más densa de Europa, con el índice de zonas verdes más bajo del área metropolitana, con una de las problemáticas más acusadas de inmigración hacinada y sin perspectivas, con barrios depauperados, con infraestructuras míseras, sin cumplir la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con talas de árboles indiscriminados por falta de espacio y de luz en las calles, con una pérdida progresiva de patrimonio local…

Los partidos se presentan para ganar las elecciones en condiciones normales. Pero en  l’Hospitalet no hay condiciones normales. Ningún partido solo, excepto quizás el que lleva 43 años gobernando, va a ganar las elecciones y ningún partido en ningún lugar se enfrenta a una situación de emergencia como la que hay aquí. O los aparatos locales de los partidos hacen ver esta situación de emergencia a las respectivas cúpulas, que de l’Hospitalet solo conocen lo que divulga la política propagandística municipal, o las consecuencias van a ser irreparables porque, los que no lo hagan, van a resultar cómplices de lo que venga. Y lo que vendrá van a ser más rascacielos en el único espacio libre del municipio (disfrazado de biopol), más bloques de pisos en los espacios que dejen libres las vías del tren, más facilidades para los artistas que vengan de fuera, no para los sufridos residentes de los barrios degradados de Collblanc, La Torrassa, Pubilla Casas, etc. Y cualquier cuestión táctica que se les vaya ocurriendo y que solo les beneficie a ellos.

Cómplices de lo que venga. No será fácil asumir la representación de los electores hospitalenses que no voten a los de siempre, si se desperdicia esta oportunidad para ir todos unidos. El gobierno municipal tan cicatero para tantas cosas es sumamente generoso a la hora de comprar voluntades. Los electores no socialistas pierden todas las elecciones pero sus concejales electos y sus partidos, se benefician del reparto de prebendas: retribuciones de más de 70.000 euros para los portavoces y cerca de 20.000 para los concejales de a pie en 2022, dinero de todos los contribuyentes que se reparten con los partidos respectivos. Será sonrojante aceptar tales cantidades en el futuro tras perder la oportunidad de sumar esfuerzos y consensuar un programa común. Muchos no podrán entender las excusas contra la unidad de acción. Muchos quedarán extraordinariamente decepcionados. Y estas decepciones, suelen ser siempre una llamada para la abstención activa.

Ha llegado el momento de que los hospitalenses de todos los partidos se planten ante sus respectivas cúpulas, les convenzan del punto de no retorno y les expliquen que, o vamos todos juntos, o perdemos la mayoría de los ciudadanos. El argumento de las cúpulas siempre remite al “ya se pactará después”, pero aquí el después no existe, porque esa ha sido la fórmula de todas las elecciones y luego, ante las mayorías absolutas o relativas pero demasiado amplias, no hay nada que pactar.

No se pedía a nadie que renunciara ni a su ideología ni a su programa. Se pide a todos que redacten un programa de mínimos, que apasione al personal para ganar las próximas elecciones municipales. Que apasione, es la única característica ganadora. Ninguna candidatura, por sí sola, va a entusiasmar. Se pide algo parecido a una “oposición de concentración” que configure un “gobierno de concentración” para la emergencia. Con todo lo que una, y nada de lo que separe, y con gente de todas las opciones representando a una ciudadanía unida contra los mercaderes. Una plataforma de ciudad, con todos los que amen a esta ciudad detrás, partidos incluidos.

No es fácil. Pero de esta necesidad son conscientes hasta los que han votado socialista en l’Hospitalet desde siempre, los que han participado del empuje del PSC a lo largo de los años. Solo hace falta tomar la iniciativa y movilizarse. Muchos vendrás detrás. Seguro.

A 193 días de las elecciones municipales cuando esto se escribe, todo parecería indicar que las cosas van a cambiar muy poco en l’Hospitalet. La última encuesta que he podido consultar, publicada en la prensa en el pasado mes de agosto, explicaba que “el PSC se muestra imbatible” y que con el 39,6% de los votos, conseguiría los mismos concejales que tiene ahora. Es decir, una nueva mayoría absoluta, a sumar a las otras ocho, de doce elecciones que se han celebrado desde 1979 en las que siempre, siempre, ha ganado el PSC.

Se diría que el l’Hospitalet que hoy tenemos lo ha hecho el PSC, que lleva gobernando, muy cómodamente, a lo largo de toda la historia de la democracia municipal, en un caso insólito si lo comparamos con el resto del área metropolitana de Barcelona. Afirmo que muy cómodamente, porque en las únicas tres elecciones donde no obtuvo mayoría absoluta hasta ahora (1979, 2011 y 2015) consiguió una mayoría consolidada de concejales (11 en 2015, 12 en 1979 y 13 en 2011, de 27) y gobernó con facilidad con Guanyem (2015), con ICV-EUiA (2011) y con el PSUC (1979). Excepto en estas primeras elecciones de 1979, donde la cosa fue más complicada, siempre marcando el ritmo, la política y las decisiones.

En 1979, l’Hospitalet ya era una ciudad extraordinariamente densa. Muchos la comparaban con Calcuta, en la India —yo escribí hace unos años un libro que se titula Acollidora Calcuta y que solo habla de l’Hospitalet. En aquellos años, el PSUC hizo bandera del problema urbano en la ciudad e hizo famoso el slogan electoral de “Ni un bloque más” que era una de las cantilenas más coreadas en las manifestaciones de vecinos durante la Transición. De aquel l’Hospitalet deshilachado y caótico, pero todavía con bastante patrimonio inmobiliario histórico y con notables espacios libres aunque desordenados, se ha pasado a este l’Hospitalet, donde los gobernantes locales en una vorágine que empezó en 1983 y que se ha acentuado gravemente desde 2008, se han comido el territorio que quedaba libre y han despreciado literalmente el patrimonio histórico de la ciudad. Ahora, aquel l’Hospitalet difícil de arreglar, excepto para gobernantes que amaran la ciudad que no ha sido el caso, se ha convertido en la ciudad más densa de Europa, en declive absoluto por lo que respecta a la satisfacción de las necesidades de sus residentes.

Y aun así, las encuestas afirman que el PSC, que ya lleva gobernando la ciudad más que los alcaldes de la dictadura —exactamente 43 años—, “se muestra imbatible”. Se diría, por lo tanto, que los hospitalenses se sienten a gusto viviendo en la ciudad más densa de Europa, con menos metros cuadrados de zona verde por habitante de todo el área metropolitana, a la cola en servicios e infraestructuras, con barrios degradados donde se hacinan crecientes oleadas de emigrantes llegados de todo el mundo con un deseo firme a tenor de los últimos estudios sociológicos realizados en la ciudad: marcharse a otras zonas más habitables en cuanto se presente la primera oportunidad. L’Hospitalet es, para ellos, no un lugar de acogida sino un simple refugio provisional hasta estabilizar su vida y su economía, para encontrar un espacio donde echar verdaderamente raíces. L’Hospitalet no parece ser su ciudad, sino una estación de tránsito provisional. De ahí que, en algunos de esos barrios de urbanismo febril y hacinamiento familiar, se produzcan los índices más considerables de abstencionismo electoral en las elecciones municipales.

Más allá del enorme conglomerado de emigración que trabaja donde puede y solo va a l’Hospitalet a dormir para poder madrugar al día siguiente, tiene que haber en la ciudad muchos ciudadanos satisfechos de ser gobernados por este PSC, porque si no, no se entienden los datos. Es verdad que ya estamos lejos de aquellos porcentajes y votos de los años 80 donde votaron a los socialistas entre 75.000 y 86.000 vecinos. En 2015 solo les votaron 31.000 vecinos, aunque en las últimas, las de 2019, les votaron 12.000 electores más: 43.696, exactamente. Es decir, entre 31.000 y 86.000 votos, es lo que el PSC local se lleva en cada elección. De modo que esos votos son los que en cada elección marcan una mayoría considerable de concejales y, en varios casos, por encima de los 35.000 votos, la mayoría absoluta.

Claro que todo esto es muy relativo, porque lo que cuenta de verdad no son los votos directos sino los porcentajes, y estos se mueven en virtud de los votos válidos emitidos. De modo que en una ciudad como l’Hospitalet, nos gobiernan por mayorías absolutas porcentuales gracias a que la participación ha fluctuado siempre en las elecciones municipales entre el 64,1%, en las de 1987 y el 46,7%, en las de 2007. Es decir, cuando más han votado en la ciudad —en las municipales—, han votado solo 2 de cada 3 vecinos con derecho al voto y cuando menos, ha votado algo menos de 1 de cada 2. Con este dato se hace fehaciente el sentimiento de pertenencia. En general, si te sientes partícipe del futuro de tu ciudad, intentas poner al frente de tu ayuntamiento a gente que te represente lo mejor posible. Si no sientes la ciudad como algo tuyo, si la sientes como algo simplemente provisional, no te muestras concernido en la elección de tus concejales. Toda la política L’H (las siglas que se vendieron como un icono de pertenencia) ha servido para lo que ha servido: la imagen no resuelve los problemas. Los problemas los resuelve la gestión.

En democracia deciden los que votan, es cierto. Y como votar no es obligatorio, los que no votan —y los que votan también— deben someterse al criterio de la mayoría. Pero una democracia donde la gente no vota, no es una democracia fuerte, consolidada, eficaz, aunque nadie se moleste en denunciarlo. En una ciudad donde solo vota un porcentaje bajo de electores, la democracia es débil y el gobierno resultante poco representativo. Cuando eso ocurre durante 43 años seguidos es que algo funciona muy mal.

Un ejemplo concreto. En las últimas municipales de 2019 el PSC fue la fuerza más votada con 43.696 votos válidos. El censo electoral ascendía a casi 177.000 personas con derecho a voto, de un total de casi 265.000 habitantes totales. Con esos resultados, el PSC obtuvo 14 concejales y mayoría absoluta. De hecho, apenas el 25% de la población que podía votar le dio al PSC la mayoría absoluta para hacer lo que le diera la gana en la ciudad durante 4 años. (Sí aplican el programa electoral, nos dirán, no hacen lo que les da la gana. Bien, discrepo de esa posible afirmación: si aplicaran el programa electoral sería comprensible. Lo cierto es que hacen mucho de lo que no aparecía en el programa y dejan de hacer mucho de lo que si aparecía…)

En las elecciones del 2019 se presentaron en la ciudad 16 candidaturas, la vez que mas. Entre todas ellas consiguieron 56.700 votos, es decir un 32% de los votos válidos frente a casi el 25% del PSC. Pues bien, en virtud de la Ley Electoral, esos 56.700 votos se convirtieron de hecho en solo 13 concejales y de las 16 candidaturas solo 5 consiguieron representación. Es verdad que en las candidaturas había de todo desde la perspectiva del arco ideológico y por lo tanto, no son votos homologables. Pero no es menos cierto que todos ellos competían con el PSC para arrebatarle la hegemonía electoral, consiguieron en conjunto más votos pero, de facto, no han podido hacer más que protestar a lo largo de los últimos 4 años. 43.696 votos han dictado la política a seguir frente a 56.700 votantes que no querían que les gobernara el PSC y frente a otros 76.500 vecinos que no se sintieron concernidos en la contienda electoral. De hecho, 44.000 ciudadanos han dictado la política de l’Hospitalet de estos últimos 4 años, repercutiendo sobre la vida de los 265.000 habitantes que ha tenido de promedio la ciudad durante este período. Y esto, este año. Cuando el PSC sacó solo 31.000 votos, pasó exactamente lo mismo. Esta ha sido hasta ahora la cruda realidad.

Resulta del todo insólito que durante más de cuatro décadas, nadie de quienes intentan hacer política en la ciudad se haya preguntado seriamente qué nos está pasando. Malo, si nadie se lo ha preguntado, pero todavía mucho peor si alguien se lo ha preguntado y no ha tratado de profundizar en el relato. La historia es muy elocuente al respecto porque en once elecciones, salvo el PSUC en 1979, ninguna candidatura que no fuera el PSC ha conseguido superar la media docena de concejales. Y quien consiguió ese número de concejales fue el PPC en 2011, es decir la derecha de la ciudad que, con los 2 concejales de la ultraderecha en esas mismas elecciones, obtuvo unas cifras de representación inauditas y que no ha conseguido superar. Con esas cifras, tanto las fuerzas nacionalistas como la derecha o la izquierda transformadora tendrían que haberse interrogado a fondo para ver que estrategia de fondo se hubiera tenido que seguir, con la vista puesta quizás no en las siguientes elecciones sino en un horizonte algo más lejano. No se hizo, y el PP jamás superó los 6 concejales, CiU jamás superó los 5 de 1991, los mismos que ERC en el 2019, Ciudadanos los 4 de 2015 y de 2019, y las fuerzas que con distintas siglas han estado a la izquierda del PSC (desde ICV hasta En Comu Podem) con excepción del PSUC en 1979, jamás han pasado de 4 concejales (los que obtuvieron en 1995).

Teniendo en cuenta la estructura de la población, que ha ido cambiando pero que se mantiene probablemente en el espectro de la clase trabajadora e inmigrada con escasos recursos económicos y una formación elemental, tanto la derecha españolista como las fuerzas nacionalistas lo tienen a priori crudo para conseguir un apoyo suficiente para gobernar con holgura. No es imposible, en línea con las coyunturas cambiantes a nivel general, puesto que en fases de crisis ideológica la derecha españolista suele hacerse fuerte y en fases de radicalismo nacionalista, tanto ERC como CiU —o lo que representa—, pueden adquirir relieve. Pero no es lo más predecible. Lo que sonaría más lógico es que una izquierda alternativa, con solvencia de cuadros y una estrategia política destinada a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y a revertir las políticas de clientelismo, propaganda y de depredación urbana que se ha impuesto con los años, pudiera plantearse seriamente tomar el relevo de la gobernación de la ciudad y dar esperanzas de futuro a la ciudadanía y perspectivas de reconstruir la ciudad.

Nada es gratuito. L’Hospitalet jamás fue una ciudad consolidada en la organización de la rebeldía civíca. Se llegó a la Transición un poco a remolque de la eficacia organizativa de los principales municipios del Baix Llobregat. Se trabajó intensamente entre 1976 y 1979 con mucho talento político colectivo y mucha práctica reivindicativa en la calle, pero todo declinó en 1980 con la ruptura del PSUC y la deriva institucionalista que adquirió la parte más lúcida del eurocomunismo hospitalense. Era normal que la debacle hundiera las perspectivas de los años inmediatos y que se pasara de 11 concejales a 2 entre 1979 y 1983. Lo que ya cuesta más de digerir es que en 1987 y 1991 se sacarán 3 concejales; en 1995, solo 4; en 1999, 1; en 2003, 3; en 2007 y 2011, 2; en 2015 y en 2019, otros 3 con siglas distintas…

Una parte importante del resultado es la poca afinidad demostrable del votante hospitalense, pero no me podrán negar que buena parte del problema radica en la alternativa. Y de la alternativa les quisiera hablar en el próximo artículo de esta serie. Hasta entonces.

Hace un par de días aparecía en la prensa la noticia de que el Ayuntamiento de l’Hospitalet estaba dispuesto a competir con unas cuantas capitales de provincia españolas para que la ciudad fuera la sede de la Agencia Espacial española, una delegación de la Nasa europea que el gobierno central quiere ubicar fuera de Madrid para descentralizar actividades de cierto calado. El último pleno municipal de octubre aprobó de urgencia presentar la candidatura con la única abstención de los concejales de ERC, poniendo de relieve que a casi nadie le disgusta que l’Hospitalet compita con Sevilla, con León, con Palencia, con Ciudad Real, con Huelva, con Teruel, que son capitales de provincia —todas ellas con menor población que l’Hospitalet excepto la  primera— además de con las principales islas canarias (Gran Canaria y Tenerife) y los municipios de Tres Cantos, San Javier, Cebreros, Yebes, Cabanillas, Robledo, Puertollano o Elche —que en su mayoría tienen mucha menos población que algunos de los barrios hospitalenses más poblados.

Las condiciones para ser sede de la agencia espacial tienen en cuenta la posición estratégica (cerca de un aeropuerto internacional y de una línea del AVE) y contar con un espacio superior a les 3.000 metros cuadrados disponibles para esa infraestructura. L’Hospitalet parece tenerlo todo, especialmente una vocación megalómana, de la mano de su principal instigadora, la alcaldesa Marín, que quiere codearse con todas las élites posibles. Tiene de todo excepto, por ejemplo, los mínimos metros cuadrados de espacio verde por habitante que recomienda la OMS (la OMS recomienda entre 10 y 15 m2/hab y l’Hospitalet apenas llega a 4). Es decir, para la Agencia Espacial el ayuntamiento va a buscar 3.000 metros cuadrados libres, pero para sus habitantes ha sido, es y será incapaz de conseguir las zonas verdes que necesitan para poder vivir con dignidad civil y calidad sanitaria. Pero eso no es todo.

El ayuntamiento no encuentra, porque no existe, espacio libre para construir polideportivos (planeaba cargarse un parque en Santa Eulalia para ubicar un polideportivo que reclama el barrio, un hecho insólito que no se recuerda en ningún otro municipio del país), ni espacio libre para ubicar una urgente nueva escuela en La Torrassa, ni un edificio público en condiciones para instalar una biblioteca que ha cerrado también en Santa Eulalia. Va a buscar 3.000 metros cuadrados para la Agencia Espacial pero ha sido, es y será incapaz de dotar a la ciudad de un teatro municipal en condiciones en una zona céntrica (hay uno en Collblanc en un lugar recóndito), de modo que las escuelas que quieren organizar un acto de fin de curso se ven obligadas a solicitar un teatro en Cornellá e incluso en Sant Joan Despí porque en su ciudad no existen esas infraestructuras. En cambio, para el Cirque de Soleil el Ayuntamiento ha tenido espacio, cediéndole casi 20.000 metros cuadrados para que pueda desarrollar sus espectáculos; para el grupo Planeta Formación, un edificio entero donde estaban los antiguos juzgados, con casi 11.000 metros cuadrados para la enseñanza privada, etc.

Pero como que, en definitiva, esta política de escaparate sin fin no le provoca desgastes y solo una epidemia de náuseas a los que lamentan esta destructiva hipoteca del suelo municipal y del escasísimo patrimonio público, ya se han ofrecido al Hermitage para que ubiquen el Museo que no quiso Barcelona en la antigua fábrica Godo y Trias (otros 15.000 metros cuadrados); hace cuatro días ofrecieron las instalaciones públicas de la antigua fábrica Albert Germans (casi 2.000 metros cuadrados) para un centro de formación de Renfe y ahora preparan la candidatura para la delegación española del espacio.

Estos son los últimos capítulos de esa deriva megalómana. Porque lo cierto es que se inició con la cesión de 240.000 metros cuadrados para la ampliación de la Fira de Barcelona en terrenos municipales hace ya unos cuantos años, que se verá ampliada con otros 60.000 metros cuadrados más en 2024, la participación municipal en la sociedad Fira 2000 que hasta ahora solo ha traído a las arcas municipales gastos permanentes y, ya más recientemente, un par de propuestas extemporáneas cuyo alcance todavía resulta incierto aunque cada vez más turbador: el proyecto de distrito cultural en las naves abandonadas del polígono industrial de la Carretera del Mig y allí donde se puede ofrecer suelo barato a galeristas, artistas de vanguardia y productores varios y el proyecto del biopol sanitario estrechísimamente vinculado al desarrollo del último espacio especulativo de gran alcance que le queda al municipio, entre el nus del Llobregat y el hospital de Bellvitge a ambos lados de la autovía.

La pregunta obvia es qué gana la ciudad con todos esos proyectos externos y toda esa cesión de metros cuadrados a negocios que no persiguen ningún beneficio objetivo para la ciudadanía hospitalense, como no sea un beneficio subsidiario (poder ir al estreno del Cirque de Soleil antes que nadie, tener unas cuantas becas en Planeta-Formación y los ingresos del canon que pueden garantizar los gastos crecientes del presupuesto municipal, entre ellos los sueldos astronómicos que cobra el equipo de gobierno y el resto del Consistorio).

La otra gran pregunta, no tan obvia, pero del todo imprescindible es qué gana el equipo de gobierno con todo este aparataje entre programático y propagandístico. Porque si esa política no va dirigida a beneficiar a la ciudadanía, ni a beneficiar a la ciudad infraestructuralmente y en cambio, apuesta decididamente por una hipoteca del desarrollo futuro de l’Hospitalet, ya que el patrimonio cedido estará en manos privadas durante décadas, solo puede tener una explicación: beneficia en exclusiva a quienes la promueven.

Hay un beneficio objetivo que tiene mucho que ver con la megalomanía: haciendo cosas grandes con las élites, acabas convirtiéndote en élite, codeándote con la élite, compartiendo honores con la élite y sintiéndote como si vieras el mundo desde arriba. Esto, para gente que lo único que ha hecho en la vida ha sido apuntarse oportunamente a un partido e ir escalando posiciones hasta la cúpula, tiene que dar una cierta sensación de vértigo y el equívoco de considerarte muy inteligente o muy hábil, o las dos cosas al tiempo. Pero el otro beneficio resulta mucho más viscoso, porque lo cierto es que en todas estas operaciones de proyectos inmobiliarios y cesiones de derechos y de espacios, suele moverse muchísimo dinero. Y este no es precisamente un país donde están proscritos los vicios económicos.

Me hizo pensar en esta parte del beneficio oculto, un ladillo destacado y un párrafo entrecomillado y con negritas, de una crónica que publicó el sábado día 5 un digital conservador: “Es el gran pelotazo que preparamos. Queremos hacer de Hospitalet la capital europea de la biomedicina del sur de Europa”. Ponían esta frase pronunciada desde el ayuntamiento de la ciudad, para explicar el bioclúster Innovación y Salud que impulsa el Ayuntamiento de la mano de la Generalitat y los profesionales sanitarios del Hospital de Bellvitge, el Duran y Reynals,  Sant Joan de Déu, además de unas cuantas universidades, algunos laboratorios, centros de excelencia y hospitales de media Europa. Una zona de 23.000 metros cuadrados más al servicio del negocio, en los que se invertirán 50 millones de euros, que se pondrá en marcha el año que viene y que producirá 700 puestos de trabajo. O eso dicen.

La crónica citada no tenía desperdicio porque apuntaba claramente en una dirección y lo decía expresamente: “El Ayuntamiento de la localidad, limítrofe con la capital catalana, desarrolla una estrategia que pasa por reivindicar todos los proyectos que rechaza Ada Colau”. Y ponía como ejemplo el distrito cultural, donde los productores huyen de los alquileres de Barcelona y del 22@ y l’Hospitalet les ofrece mucho suelo, muy barato y con ayudas fiscales; los hoteles de lujo que Barcelona postergaba y que l’Hospitalet acogió sin demora o los proyectos del Hermitage o del Cirque de Soleil. Todo ello para poner el dedo en el ojo de Colau, ahora que se acercan las elecciones, con los socialistas en Barcelona queriendo sacar tajada de la mojigatería de los Comuns. Una estrategia extraña, teniendo en cuenta que la señora Marín puede que saque mayoría absoluta en su ciudad pero puede que no y que, aunque gane, con quien mejor lo tendrá para gobernar será precisamente con los Comuns de su pueblo. Porque para gobernar con ERC, tendrá que comerse algunos sapos, entre ellos a su cabeza de lista Jaume Graells, el sapo mayor que la acompañaba en la lista socialista del 2019 y que tiene que conocer unas cuantas interioridades divertidas…

De modo que ese gesto contra la Colau (un favor a Collboni) es un poco feo para los Comuns hospitalenses, aunque ya se sabe que la política local hace buenos compañeros de cama siempre que se duerma con una pinza en la nariz.

El caso es que hablar de pelotazo desde el Ayuntamiento o una de dos: o resulta una indiscreción lamentable o demuestra una impunidad sorprendente. En cualquiera de los dos casos pone de manifiesto que la estrategia política de los socialistas hospitalenses piensa en cualquier cosa excepto en beneficiar a la ciudad y a sus ciudadanos. Esto que se ve desde estos modestos anteojos de quien escribe, lo tienen que ver los que se dedican a la política local en la ciudad, que tendrían que estar haciendo malabares para intentar—por lo menos intentar—, derrotar a la candidatura socialista que ha demostrado sobradamente que no tiene política ciudadana, que lo único que le interesa es el escaparate público aunque para ello tenga que hipotecar el patrimonio, comerse el suelo libre y vender el suelo infrautilizado a precio de saldo para que hagan negocio aquellos que podrían hacer negocio en Barcelona pero a los que la señora Colau les pone firmes.

No otra cosa es ese invento del distrito cultural: mucho suelo, suelo barato y prebendas bajo la excusa de la cultura, aunque ya es sabido que la cultura le importa una higa a este equipo de gobierno que es capaz de cerrar una biblioteca y que no proyecta las infraestructuras culturales que la ciudad necesita, ni el soporte técnico y administrativo que la debería impulsar. No otra cosa es el bioclúster: puro negocio inmobiliario con la excusa de la investigación científica en una ciudad que lo que necesita con urgencia es más verde y menos cemento. No otra cosa es el Hermitage (uno de sus impulsores en Barcelona, el socialista Xavier Marcé, es un hospitalense histórico), otro proyecto que en Barcelona tenía un trasfondo inmobiliario y que en l’Hospitalet es una incógnita por el espacio en el que se podría instalar. Iniciativas que tienen una apariencia de ingenio y atrevimiento pero que en el fondo solo muestran escaparate y beneficio.

No puede extrañar entonces que, en un reciente estudio diseñado por Foment de la Informació Crítica de l’Hospitalet y realizado con estudiantes del Institut Can Vilumara sobre el barrio de La Florida, se ponga de manifiesto que el 85% de los jóvenes que allí habitan proyecten marcharse en cuanto puedan. Ese es el rasgo característico del vecino de la ciudad: huir de l’Hospitalet si hay alguna oportunidad. Lo se porque docenas de amigos de mi generación ya no viven allí donde compartimos tantos momentos, en general, todos aquellos que buscaban mejor calidad de vida que la que la ciudad les ofrece. El amable sello de la acollidora que con la LH quería ser un rasgo distintivo de la segunda ciudad de Catalunya, debería complementarse con esa ciudad del pelotazo que ellos mismos confiesan y cuyo objetivo es hacinar a los que no puedan marcharse y expulsar a los que tengan mejores horizontes. Esta es la política auténtica del equipo de gobierno: hacer imposible otro futuro colectivo que no sea el de ellos y el de sus familias. Lejos de l’Hospitalet cuando toque, naturalmente.

Com semblava previsible, perquè no és fàcil que l’alt tribunal de l’Estat revoqui sentències ben articulades d’interpretació de la legislació autonòmica que apliquen els tribunals superiors de justícia de les autonomies, el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que en el seu dia van presentar a mitges l’Ajuntament socialista i la Generalitat d’ERC i Junts, contra el Pla de Desenvolupament Urbanístic Gran Via-Llobregat. A tots aquells als quals el projecte Marín ens semblava una aberració —amb una pila de precedents, desgraciadament— la notícia ha suposat una mena de bàlsam perquè ara es fa més difícil —encara no impossible— perdre per sempre els únics espais lliures del municipi, no ho oblidem, més dens d’Europa. Caldrà que prosperi la sol·licitud de declaració de BCIN que algunes plataformes ciutadanes van posar en marxa no fa gaire, però especialment que s’imposi una altra sensibilitat en el poder municipal que consideri que els bens declarats de l’interès que sigui, local, comarcal o nacional, passin de la pura retòrica a la plasmació real, és a dir, que els bens es conservin —no que s’abandonin, que és el que acostuma a passar— i que, a més, s’utilitzin, es posin al servei de la ciutadania.

La notícia ha estat, doncs, un bàlsam, però convé no perdre de vista la doble lectura. També és l’evidència del fracàs de la política. Uns quants diran: hi ha gent que mai està contenta. Malament si es perd un recurs com aquest i malament si es guanya, com ara ha passat. Permeteu-me una mica més de profunditat per explicar-me. Sóc dels que se n’alegra francament de la resolució del Suprem, però també sóc dels que detesten que assumptes com aquest els hagi d’acabar dirimint la justícia, que penso que està per fer justícia —i ara n’ha fet— però no per substituir la consciència social organitzada. El que trobo a faltar és aquesta consciència social organitzada que és la que hauria d’haver posat en cintura la decisió municipal fins a obligar el govern ha reconèixer que la seva postura envers el patrimoni és una aberració i és imprescindible que la modifiqui.

I modificar-la passa, necessàriament, no només per eliminar el PDU-Gran Via, sinó per canviar radicalment la seva política urbanística, tancar d’una vegada l’Agència de Desenvolupament Urbà, que s’ha convertit de facto en una agència de promoció del sol urbà a favor dels grans inversors i no pas en favor de la qualitat de vida de la ciutadania de l’Hospitalet, i renunciar a seguir ocupant més sol lliure, a requalificar més terreny industrial per convertir-lo en edificable residencial i a seguir facilitant el negoci immobiliari de molts pocs hipotecant el futur de tota la ciutat. Hipotecar el futur equival a mantenir enganyats els nous compradors, perquè ningú els explica que estan comprant ara un pis caríssim —no pas un pis de luxe, perquè un pis de luxe no és possible imaginar-lo en la ciutat més densa d’Europa— i que l’Ajuntament que permet que s’enriqueixin els de sempre no té cap previsió, ni cap terreny de titularitat pública, imprescindibles per poder construir els equipaments que necessitaran els nous residents d’aquí a quatre dies.

És evident que no estem en l’època en que el creixement del polígon de Bellvitge es va aturar al carrer, protestant contra la policia i ocupant la plaça de l’Ajuntament tantes vegades com va caldre, tirant a terra les tanques de les obres tantes vegades com era necessari i ocupant els solars plantant arbres i plantes. Tot allò era possible per dues raons: perquè els veïns estaven organitzats i sobretot perquè eren forts i confiaven en la seva força. L’organització i la força no van caure del cel: responien a una voluntat manifesta, la d’imposar la raó d’allò que era just i que els hi era negada pel pes d’una legalitat que només tenia en compte el dret de les promotores en prejudici directe de les necessitats de la ciutadania. Exactament igual que ara. Només que aleshores, vivíem sota una dictadura i ara vivim sota un monopoli formal del poder, i en tots dos casos, ambdós mantenen una perspectiva semblant sobre la ciutat i els seus ciutadans: la ciutat és patrimoni del poder local —com aleshores— i els seus ciutadans són simples súbdits —també com aleshores— que en l’actualitat poden tenir el dret a la pataleta —faltaria més, estem en una democràcia— però no el dret al control de les pròpies necessitats.

El Suprem, i abans el TSJC, avui han fet justícia, però fent-la, han posat de manifest la debilitat intrínseca de la nostra societat que ha de confiar en els que interpreten la legalitat, perquè el poder és incapaç d’escoltar la raó dels governats i, el que encara resulta més lamentable, perquè els governats no tenen la força necessària per fer-se escoltar. No oblidem que el recurs el va interposar una força d’oposició a l’esquerra del partit que governa. Va fer molt bé interposant el recurs, però resulta dramàtic que s’hagi de recórrer a la justícia perquè no és possible recórrer a la força de la raó organitzada.

No ens enceguem, però: recórrer a la justícia és purament una loteria i tothom que recorre a la justícia, i més en aquest país, ho sap, i ho reconeix. Els jutges interpreten les lleis i no tenen per què coincidir amb les interpretacions, de manera que unes vegades donen la raó als poderosos i altres vegades als febles. Els poderosos ho saben, però ells ho tenen en general molt millor: poden interposar tants recursos com calguin i si són poderosos amb poder local, comarcal o autonòmic, a sobre sense arriscar un sol euro propi. Els febles hem d’esperar un cop de fortuna, en aquest cas en forma de toga. I si es perd, mala sort i a pagar. Per això confiar en que la justícia imparteixi justícia, segons en quina part de l’estructura social t’hagi tocat, sempre és un risc. El que no és un risc és obligar a que s’escoltin els arguments sòlids del dret de ciutadania: el dret a que es respecti la qualitat de vida, la cobertura de les necessitats més peremptòries i la garantia d’estabilitat respecte del futur. I obligar, aquí i ara, és sinònim de força, solidesa, coherència i organització, envers els que vulneren els drets, en aquest cas, els que s’estan venent la ciutat a canvi d’un pressupost que els permeti gastar tan com vulguin en allò que més rendiments els hi doni.

Ja sé que en aquest cas no valen recursos. L’Ajuntament ha perdut el seu PDU, però  nosaltres només haurem guanyat alguna cosa si aprenem la lliçó i la propera vegada no ho confiem tot a la loteria.