Hace un par de días aparecía en la prensa la noticia de que el Ayuntamiento de l’Hospitalet estaba dispuesto a competir con unas cuantas capitales de provincia españolas para que la ciudad fuera la sede de la Agencia Espacial española, una delegación de la Nasa europea que el gobierno central quiere ubicar fuera de Madrid para descentralizar actividades de cierto calado. El último pleno municipal de octubre aprobó de urgencia presentar la candidatura con la única abstención de los concejales de ERC, poniendo de relieve que a casi nadie le disgusta que l’Hospitalet compita con Sevilla, con León, con Palencia, con Ciudad Real, con Huelva, con Teruel, que son capitales de provincia —todas ellas con menor población que l’Hospitalet excepto la  primera— además de con las principales islas canarias (Gran Canaria y Tenerife) y los municipios de Tres Cantos, San Javier, Cebreros, Yebes, Cabanillas, Robledo, Puertollano o Elche —que en su mayoría tienen mucha menos población que algunos de los barrios hospitalenses más poblados.

Las condiciones para ser sede de la agencia espacial tienen en cuenta la posición estratégica (cerca de un aeropuerto internacional y de una línea del AVE) y contar con un espacio superior a les 3.000 metros cuadrados disponibles para esa infraestructura. L’Hospitalet parece tenerlo todo, especialmente una vocación megalómana, de la mano de su principal instigadora, la alcaldesa Marín, que quiere codearse con todas las élites posibles. Tiene de todo excepto, por ejemplo, los mínimos metros cuadrados de espacio verde por habitante que recomienda la OMS (la OMS recomienda entre 10 y 15 m2/hab y l’Hospitalet apenas llega a 4). Es decir, para la Agencia Espacial el ayuntamiento va a buscar 3.000 metros cuadrados libres, pero para sus habitantes ha sido, es y será incapaz de conseguir las zonas verdes que necesitan para poder vivir con dignidad civil y calidad sanitaria. Pero eso no es todo.

El ayuntamiento no encuentra, porque no existe, espacio libre para construir polideportivos (planeaba cargarse un parque en Santa Eulalia para ubicar un polideportivo que reclama el barrio, un hecho insólito que no se recuerda en ningún otro municipio del país), ni espacio libre para ubicar una urgente nueva escuela en La Torrassa, ni un edificio público en condiciones para instalar una biblioteca que ha cerrado también en Santa Eulalia. Va a buscar 3.000 metros cuadrados para la Agencia Espacial pero ha sido, es y será incapaz de dotar a la ciudad de un teatro municipal en condiciones en una zona céntrica (hay uno en Collblanc en un lugar recóndito), de modo que las escuelas que quieren organizar un acto de fin de curso se ven obligadas a solicitar un teatro en Cornellá e incluso en Sant Joan Despí porque en su ciudad no existen esas infraestructuras. En cambio, para el Cirque de Soleil el Ayuntamiento ha tenido espacio, cediéndole casi 20.000 metros cuadrados para que pueda desarrollar sus espectáculos; para el grupo Planeta Formación, un edificio entero donde estaban los antiguos juzgados, con casi 11.000 metros cuadrados para la enseñanza privada, etc.

Pero como que, en definitiva, esta política de escaparate sin fin no le provoca desgastes y solo una epidemia de náuseas a los que lamentan esta destructiva hipoteca del suelo municipal y del escasísimo patrimonio público, ya se han ofrecido al Hermitage para que ubiquen el Museo que no quiso Barcelona en la antigua fábrica Godo y Trias (otros 15.000 metros cuadrados); hace cuatro días ofrecieron las instalaciones públicas de la antigua fábrica Albert Germans (casi 2.000 metros cuadrados) para un centro de formación de Renfe y ahora preparan la candidatura para la delegación española del espacio.

Estos son los últimos capítulos de esa deriva megalómana. Porque lo cierto es que se inició con la cesión de 240.000 metros cuadrados para la ampliación de la Fira de Barcelona en terrenos municipales hace ya unos cuantos años, que se verá ampliada con otros 60.000 metros cuadrados más en 2024, la participación municipal en la sociedad Fira 2000 que hasta ahora solo ha traído a las arcas municipales gastos permanentes y, ya más recientemente, un par de propuestas extemporáneas cuyo alcance todavía resulta incierto aunque cada vez más turbador: el proyecto de distrito cultural en las naves abandonadas del polígono industrial de la Carretera del Mig y allí donde se puede ofrecer suelo barato a galeristas, artistas de vanguardia y productores varios y el proyecto del biopol sanitario estrechísimamente vinculado al desarrollo del último espacio especulativo de gran alcance que le queda al municipio, entre el nus del Llobregat y el hospital de Bellvitge a ambos lados de la autovía.

La pregunta obvia es qué gana la ciudad con todos esos proyectos externos y toda esa cesión de metros cuadrados a negocios que no persiguen ningún beneficio objetivo para la ciudadanía hospitalense, como no sea un beneficio subsidiario (poder ir al estreno del Cirque de Soleil antes que nadie, tener unas cuantas becas en Planeta-Formación y los ingresos del canon que pueden garantizar los gastos crecientes del presupuesto municipal, entre ellos los sueldos astronómicos que cobra el equipo de gobierno y el resto del Consistorio).

La otra gran pregunta, no tan obvia, pero del todo imprescindible es qué gana el equipo de gobierno con todo este aparataje entre programático y propagandístico. Porque si esa política no va dirigida a beneficiar a la ciudadanía, ni a beneficiar a la ciudad infraestructuralmente y en cambio, apuesta decididamente por una hipoteca del desarrollo futuro de l’Hospitalet, ya que el patrimonio cedido estará en manos privadas durante décadas, solo puede tener una explicación: beneficia en exclusiva a quienes la promueven.

Hay un beneficio objetivo que tiene mucho que ver con la megalomanía: haciendo cosas grandes con las élites, acabas convirtiéndote en élite, codeándote con la élite, compartiendo honores con la élite y sintiéndote como si vieras el mundo desde arriba. Esto, para gente que lo único que ha hecho en la vida ha sido apuntarse oportunamente a un partido e ir escalando posiciones hasta la cúpula, tiene que dar una cierta sensación de vértigo y el equívoco de considerarte muy inteligente o muy hábil, o las dos cosas al tiempo. Pero el otro beneficio resulta mucho más viscoso, porque lo cierto es que en todas estas operaciones de proyectos inmobiliarios y cesiones de derechos y de espacios, suele moverse muchísimo dinero. Y este no es precisamente un país donde están proscritos los vicios económicos.

Me hizo pensar en esta parte del beneficio oculto, un ladillo destacado y un párrafo entrecomillado y con negritas, de una crónica que publicó el sábado día 5 un digital conservador: “Es el gran pelotazo que preparamos. Queremos hacer de Hospitalet la capital europea de la biomedicina del sur de Europa”. Ponían esta frase pronunciada desde el ayuntamiento de la ciudad, para explicar el bioclúster Innovación y Salud que impulsa el Ayuntamiento de la mano de la Generalitat y los profesionales sanitarios del Hospital de Bellvitge, el Duran y Reynals,  Sant Joan de Déu, además de unas cuantas universidades, algunos laboratorios, centros de excelencia y hospitales de media Europa. Una zona de 23.000 metros cuadrados más al servicio del negocio, en los que se invertirán 50 millones de euros, que se pondrá en marcha el año que viene y que producirá 700 puestos de trabajo. O eso dicen.

La crónica citada no tenía desperdicio porque apuntaba claramente en una dirección y lo decía expresamente: “El Ayuntamiento de la localidad, limítrofe con la capital catalana, desarrolla una estrategia que pasa por reivindicar todos los proyectos que rechaza Ada Colau”. Y ponía como ejemplo el distrito cultural, donde los productores huyen de los alquileres de Barcelona y del 22@ y l’Hospitalet les ofrece mucho suelo, muy barato y con ayudas fiscales; los hoteles de lujo que Barcelona postergaba y que l’Hospitalet acogió sin demora o los proyectos del Hermitage o del Cirque de Soleil. Todo ello para poner el dedo en el ojo de Colau, ahora que se acercan las elecciones, con los socialistas en Barcelona queriendo sacar tajada de la mojigatería de los Comuns. Una estrategia extraña, teniendo en cuenta que la señora Marín puede que saque mayoría absoluta en su ciudad pero puede que no y que, aunque gane, con quien mejor lo tendrá para gobernar será precisamente con los Comuns de su pueblo. Porque para gobernar con ERC, tendrá que comerse algunos sapos, entre ellos a su cabeza de lista Jaume Graells, el sapo mayor que la acompañaba en la lista socialista del 2019 y que tiene que conocer unas cuantas interioridades divertidas…

De modo que ese gesto contra la Colau (un favor a Collboni) es un poco feo para los Comuns hospitalenses, aunque ya se sabe que la política local hace buenos compañeros de cama siempre que se duerma con una pinza en la nariz.

El caso es que hablar de pelotazo desde el Ayuntamiento o una de dos: o resulta una indiscreción lamentable o demuestra una impunidad sorprendente. En cualquiera de los dos casos pone de manifiesto que la estrategia política de los socialistas hospitalenses piensa en cualquier cosa excepto en beneficiar a la ciudad y a sus ciudadanos. Esto que se ve desde estos modestos anteojos de quien escribe, lo tienen que ver los que se dedican a la política local en la ciudad, que tendrían que estar haciendo malabares para intentar—por lo menos intentar—, derrotar a la candidatura socialista que ha demostrado sobradamente que no tiene política ciudadana, que lo único que le interesa es el escaparate público aunque para ello tenga que hipotecar el patrimonio, comerse el suelo libre y vender el suelo infrautilizado a precio de saldo para que hagan negocio aquellos que podrían hacer negocio en Barcelona pero a los que la señora Colau les pone firmes.

No otra cosa es ese invento del distrito cultural: mucho suelo, suelo barato y prebendas bajo la excusa de la cultura, aunque ya es sabido que la cultura le importa una higa a este equipo de gobierno que es capaz de cerrar una biblioteca y que no proyecta las infraestructuras culturales que la ciudad necesita, ni el soporte técnico y administrativo que la debería impulsar. No otra cosa es el bioclúster: puro negocio inmobiliario con la excusa de la investigación científica en una ciudad que lo que necesita con urgencia es más verde y menos cemento. No otra cosa es el Hermitage (uno de sus impulsores en Barcelona, el socialista Xavier Marcé, es un hospitalense histórico), otro proyecto que en Barcelona tenía un trasfondo inmobiliario y que en l’Hospitalet es una incógnita por el espacio en el que se podría instalar. Iniciativas que tienen una apariencia de ingenio y atrevimiento pero que en el fondo solo muestran escaparate y beneficio.

No puede extrañar entonces que, en un reciente estudio diseñado por Foment de la Informació Crítica de l’Hospitalet y realizado con estudiantes del Institut Can Vilumara sobre el barrio de La Florida, se ponga de manifiesto que el 85% de los jóvenes que allí habitan proyecten marcharse en cuanto puedan. Ese es el rasgo característico del vecino de la ciudad: huir de l’Hospitalet si hay alguna oportunidad. Lo se porque docenas de amigos de mi generación ya no viven allí donde compartimos tantos momentos, en general, todos aquellos que buscaban mejor calidad de vida que la que la ciudad les ofrece. El amable sello de la acollidora que con la LH quería ser un rasgo distintivo de la segunda ciudad de Catalunya, debería complementarse con esa ciudad del pelotazo que ellos mismos confiesan y cuyo objetivo es hacinar a los que no puedan marcharse y expulsar a los que tengan mejores horizontes. Esta es la política auténtica del equipo de gobierno: hacer imposible otro futuro colectivo que no sea el de ellos y el de sus familias. Lejos de l’Hospitalet cuando toque, naturalmente.

Com semblava previsible, perquè no és fàcil que l’alt tribunal de l’Estat revoqui sentències ben articulades d’interpretació de la legislació autonòmica que apliquen els tribunals superiors de justícia de les autonomies, el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que en el seu dia van presentar a mitges l’Ajuntament socialista i la Generalitat d’ERC i Junts, contra el Pla de Desenvolupament Urbanístic Gran Via-Llobregat. A tots aquells als quals el projecte Marín ens semblava una aberració —amb una pila de precedents, desgraciadament— la notícia ha suposat una mena de bàlsam perquè ara es fa més difícil —encara no impossible— perdre per sempre els únics espais lliures del municipi, no ho oblidem, més dens d’Europa. Caldrà que prosperi la sol·licitud de declaració de BCIN que algunes plataformes ciutadanes van posar en marxa no fa gaire, però especialment que s’imposi una altra sensibilitat en el poder municipal que consideri que els bens declarats de l’interès que sigui, local, comarcal o nacional, passin de la pura retòrica a la plasmació real, és a dir, que els bens es conservin —no que s’abandonin, que és el que acostuma a passar— i que, a més, s’utilitzin, es posin al servei de la ciutadania.

La notícia ha estat, doncs, un bàlsam, però convé no perdre de vista la doble lectura. També és l’evidència del fracàs de la política. Uns quants diran: hi ha gent que mai està contenta. Malament si es perd un recurs com aquest i malament si es guanya, com ara ha passat. Permeteu-me una mica més de profunditat per explicar-me. Sóc dels que se n’alegra francament de la resolució del Suprem, però també sóc dels que detesten que assumptes com aquest els hagi d’acabar dirimint la justícia, que penso que està per fer justícia —i ara n’ha fet— però no per substituir la consciència social organitzada. El que trobo a faltar és aquesta consciència social organitzada que és la que hauria d’haver posat en cintura la decisió municipal fins a obligar el govern ha reconèixer que la seva postura envers el patrimoni és una aberració i és imprescindible que la modifiqui.

I modificar-la passa, necessàriament, no només per eliminar el PDU-Gran Via, sinó per canviar radicalment la seva política urbanística, tancar d’una vegada l’Agència de Desenvolupament Urbà, que s’ha convertit de facto en una agència de promoció del sol urbà a favor dels grans inversors i no pas en favor de la qualitat de vida de la ciutadania de l’Hospitalet, i renunciar a seguir ocupant més sol lliure, a requalificar més terreny industrial per convertir-lo en edificable residencial i a seguir facilitant el negoci immobiliari de molts pocs hipotecant el futur de tota la ciutat. Hipotecar el futur equival a mantenir enganyats els nous compradors, perquè ningú els explica que estan comprant ara un pis caríssim —no pas un pis de luxe, perquè un pis de luxe no és possible imaginar-lo en la ciutat més densa d’Europa— i que l’Ajuntament que permet que s’enriqueixin els de sempre no té cap previsió, ni cap terreny de titularitat pública, imprescindibles per poder construir els equipaments que necessitaran els nous residents d’aquí a quatre dies.

És evident que no estem en l’època en que el creixement del polígon de Bellvitge es va aturar al carrer, protestant contra la policia i ocupant la plaça de l’Ajuntament tantes vegades com va caldre, tirant a terra les tanques de les obres tantes vegades com era necessari i ocupant els solars plantant arbres i plantes. Tot allò era possible per dues raons: perquè els veïns estaven organitzats i sobretot perquè eren forts i confiaven en la seva força. L’organització i la força no van caure del cel: responien a una voluntat manifesta, la d’imposar la raó d’allò que era just i que els hi era negada pel pes d’una legalitat que només tenia en compte el dret de les promotores en prejudici directe de les necessitats de la ciutadania. Exactament igual que ara. Només que aleshores, vivíem sota una dictadura i ara vivim sota un monopoli formal del poder, i en tots dos casos, ambdós mantenen una perspectiva semblant sobre la ciutat i els seus ciutadans: la ciutat és patrimoni del poder local —com aleshores— i els seus ciutadans són simples súbdits —també com aleshores— que en l’actualitat poden tenir el dret a la pataleta —faltaria més, estem en una democràcia— però no el dret al control de les pròpies necessitats.

El Suprem, i abans el TSJC, avui han fet justícia, però fent-la, han posat de manifest la debilitat intrínseca de la nostra societat que ha de confiar en els que interpreten la legalitat, perquè el poder és incapaç d’escoltar la raó dels governats i, el que encara resulta més lamentable, perquè els governats no tenen la força necessària per fer-se escoltar. No oblidem que el recurs el va interposar una força d’oposició a l’esquerra del partit que governa. Va fer molt bé interposant el recurs, però resulta dramàtic que s’hagi de recórrer a la justícia perquè no és possible recórrer a la força de la raó organitzada.

No ens enceguem, però: recórrer a la justícia és purament una loteria i tothom que recorre a la justícia, i més en aquest país, ho sap, i ho reconeix. Els jutges interpreten les lleis i no tenen per què coincidir amb les interpretacions, de manera que unes vegades donen la raó als poderosos i altres vegades als febles. Els poderosos ho saben, però ells ho tenen en general molt millor: poden interposar tants recursos com calguin i si són poderosos amb poder local, comarcal o autonòmic, a sobre sense arriscar un sol euro propi. Els febles hem d’esperar un cop de fortuna, en aquest cas en forma de toga. I si es perd, mala sort i a pagar. Per això confiar en que la justícia imparteixi justícia, segons en quina part de l’estructura social t’hagi tocat, sempre és un risc. El que no és un risc és obligar a que s’escoltin els arguments sòlids del dret de ciutadania: el dret a que es respecti la qualitat de vida, la cobertura de les necessitats més peremptòries i la garantia d’estabilitat respecte del futur. I obligar, aquí i ara, és sinònim de força, solidesa, coherència i organització, envers els que vulneren els drets, en aquest cas, els que s’estan venent la ciutat a canvi d’un pressupost que els permeti gastar tan com vulguin en allò que més rendiments els hi doni.

Ja sé que en aquest cas no valen recursos. L’Ajuntament ha perdut el seu PDU, però  nosaltres només haurem guanyat alguna cosa si aprenem la lliçó i la propera vegada no ho confiem tot a la loteria.

La setmana passada, una nota de premsa municipal explicava la trobada a la ciutat del grup promotor del clúster biomèdic que l’alcaldessa Marín proposa fer a la ciutat cada vegada que necessita demostrar les immenses capacitats per inventar-se coses que la treguin de la patètica imatge de decrepitud que arrossega. M’estic referint a la ciutat, no a l’alcaldessa, tot i que a ningú li haurà estranyat la confusió si és que l’ha comès. I em refereixo a la ciutat, perquè malgrat la retòrica oficial, cada vegada està prenent més relleu la imatge certa que l’Hospitalet és la ciutat més densa d’Europa justament en uns moments en què la densitat demogràfica, la massificació urbanística i la saturació del territori són qüestions negatives a nivell metropolità, comarcal, autonòmic, nacional i internacional i ho seran més a mesura que la crisi ambiental, l’escassedat energètica, les dificultats de mobilitat, la manca d’equipaments de qualitat, la massificació dels serveis essencials, l’absència d’espais lliures, el perill pandèmic successiu i la previsible crisi econòmica, d’ocupació i de recursos que s’albira, prenguin carta de naturalesa.

La situació seria dramàtica per com estem a l’Hospitalet, si a la ciutat no s’aixequès hores d’ara ni una sola grua, si fes ja almenys un parell de mandats que s’hagués aplicat una moratòria constructiva. Continuaríem molt malament, extraordinàriament densificats i sense poder garantir un mínim de qualitat de vida a la ciutadania. Hem de pensar que si tots els hospitalencs i hospitalenques sortíssim al carrer a l’hora, ens trepitjaríem per les voreres i els vehicles no podrien circular perquè les voreres serien insuficients per assumir el cabal humà existent. Hi ha censades a la ciutat, 260.000 persones més o menys, però els més coneixedors de la realitat expliquen que als barris del nord hi ha no menys de 50.000 passavolants que viuen a l’Hospitalet d’estranquis, entre altres coses perquè les inscripcions al padró es gestionen lentament a propòsit. Ja dic que la situació seria dramàtica si s’haguessin congelat les edificacions en els darrers quatre anys, però seria disculpable pels que haguessin construït la moratòria i l’haguessin recolzat. La realitat és que no solament l’equip de govern ha treballat a favor de la moratòria sinó que en els darrers quatre anys ha omplert la ciutat de grues, està liquidant l’escassíssim espai lliure que queda, i està esforçant-se a recórrer tot allò que els tribunals rebutgen en matèria urbanística. La història dirà de l’alcaldessa Marín, el mateix que la història està dient de l’alcalde Matías de Espanya, que van ser un càstig dels déus per aquest territori, amb l’agreujant que España era un noble feudal que satisfeia les seves megalomanies però servia a la seva classe, mentre que la Marín va néixer modestament a Collblanc però està fent milionària a gent que no trepitjaria aquest barri ni per repartir almoina.

De fet, si som sincers, la Marín només deixa fer, embolicada per discursos més aviat equívocs, em temo. Els que parlen amb els promotors, dibuixen els plànols i fan estudis d’inversió viuen a Sarrià, a Pedralbes o a Sant Cugat. I a ells, el que passi a Gran Via 2, o a Sant Josep o a la Rambla Marina se’ls hi en fot. És possible que mai hagin trepitjat l’indret directament i que mai el trepitgin. Ells fan la feina tècnica i milionària que l’alcaldessa s’encarrega de publicitar, com pot.

Com pot. I és veritat que cada vegada pot menys, perquè cada vegada resulta més aclaparadora la realitat de una ciutat destruïda fins els fonaments. Per això resulta tan sorprenent que encara hi hagin organismes i professionals, que més enllà del resultat final d’aquestes coses que s’inicien —i a l’Hospitalet s’inicien moltes però les úniques que culminen són les immobiliàries— es prestin tan grollerament a l’espectacle sense mesurar fins a quin punt els perjudica.

Em refereixo directament a l’IDIBELL, a l’ICO, a l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS, a la Universitat de Barcelona i a l’Hospital de Sant Joan de Déu que semblen haver-se cregut aquesta comèdia del pool biomèdic, darrere de la qual hi ha en exclusiva el projecte de menjar-se el darrer espai lliure de la ciutat, l´únic espai encara agrícola del terme per edificar, edificar i edificar… i beneficiar als propietaris del sòl i no pas a la ciutadania d’aquesta soferta ciutat.

La nota de premsa municipal ni tan sols s’amaga: “El clúster biomèdic vol contribuir a potenciar i consolidar un ecosistema de salut a Catalunya que afavoreixi una nova economia basada en la innovació i el coneixement al territori metropolità, així com la localització de noves empreses a partir de la transformació urbanística de l’àrea de Bellvitge.”

L’objectiu no te res a veure amb la ciutat i de la ciutat ni tan sols se’n parla. Fan veure que compta Catalunya i el territori metropolità, però sobretot el que compte és transformar urbanísticament l’àrea de Bellvitge. A ningú se li amaga que darrera aquesta floritura hi ha un projecte de 442.000 metres quadrats d’oficines, 126.000 de sostre comercial i 63.000 d’hotels i la resta són escorrialles per fer empassar l’autèntic negoci.

Que això ho faci l’ajuntament de la ciutat és una desgràcia pels hospitalencs i les hospitalenques, però són els hospitalencs i les hospitalenques (43.000 dels 180.000 electors cridats a les urnes el maig del 2019) els que així ho han volgut. Però el descrèdit dels organismes que participen del projecte sense preguntar-se què estan fent en aquesta operació, només els pot reportar desprestigi a nivell estatal i previsiblement a nivell internacional, quan es divulgui que alguns organismes encarregats de la salut pública —i que tant es vanen de l’enorme treball que fan en aquest sentit— estan deixant-se utilitzar com a còmplices d’operacions urbanístiques de la ciutat més densament poblada d’Europa, que vol dir la ciutat amb pitjors condicions objectives de qualitat de vida, amb serveis sanitaris pèssims i amb un pronòstic de futur que esgarrifa.

Caldria que s’ho fessin mirar. Qui es fica al llit amb nens petits, es lleva amb el cul mullat, diu un refrany català. Potser estarà bé recordar-los a aquests representants d’organismes que s’han guanyat el prestigi sobre la base de la seva coherència professional, que les operacions urbanístiques de l’equip de govern són contestades hores d’ara per la totalitat de l’oposició municipal, per una quantitat important d’entitats cíviques i per una ciutadania que malgrat la desestructuració social que l’ajuntament ha propiciat sobre la base del clientelisme, ja comença a mobilitzar-se davant l’escàndol.

Sembla evident que hem entrat en un període d’oportunitats no exempt de contradiccions i de conflictes. I a tots els nivells, pel que fa a la governabilitat de l’Estat, de l’autonomia i dels municipis on es veu a venir una pluja de recursos inimaginable fa només un parell d’anys, però on sembla que s’exigirà rigor i horitzons clars. Almenys amb això amenacen des de l’UE, tot i que jo em compto entre els que tenen molts dubtes sobre la claredat d’idees dels impulsors europeus que han d’afrontar el nou present i l’incert futur. Tothom es mou, ni que sigui per mostrar vigor, però algunes inèrcies de molts anys fan pensar que uns quants dels que es mouen ho fan més de cara a la galeria que no pas amb estratègies elaborades i discutides.

A l’Hospitalet, l’alcaldessa Marín necessita evidenciar que continua pilotant la nau com si res no hagués passat. Però han passat algunes coses greus que posen en qüestió la garantia d’acabar amb èxit la legislatura i, en el seu cas concret, simplement d’acabar-la. Si el jutge que ha d’analitzar el sumari del cas Consell Esportiu li obre judici oral —qüestió gens descartable— el partit es veurà obligat a demanar-li la dimissió. Afortunadament, amb ella hauran d’anar-se cap a casa els altres possibles imputats en actiu, i això evitarà les previsibles ganivetades internes per veure qui la substitueix a l’alcaldia. L’ambiciós aspirant que avui dirigeix el partit a l’Hospitalet ho té magre en aquest sentit, però els seus oposaran resistències segons diverses fonts internes, per impedir que el sogre hereti el càrrec. El primer tinent d’alcalde passarà a ser, probablement durant uns pocs mesos, el president del Consistori però això no li garanteix cap continuïtat. Des de l’ombra del passadís de vestuaris, un ulls ben treballats a Madrid s’ho miren de lluny, prestos a fer els moviments oportuns només quan calgui.

Però mentre tot això arriba, a l’alcaldessa Marín li poden quedar unes quantes setmanes per marejar la perdiu, fer veure que res afecta la normalitat institucional i inflar-se de prestigi, rodejant els seus actes de personalitats i adeptes, com ara l’espai Diàlegs que es va posar en marxa el passat 2 de juny a primera hora de la tarda i que el gabinet de premsa va vendre un parell d’hores més tard com l’activació del lobby empresarial de l’Hospitalet per a la recuperació econòmica i social. Un lobby empresarial, on l’única empresa local present era l’Hospital de Bellvitge, embolicat de fa anys en un projecte que es farà vell als papers de tant parlar-ne, el pool biomèdic, però que no troba més impuls que el que ja té institucionalitzat de fa anys: l’hospital general i l’oncològic, la Universitat com a conseqüència natural i l’Idibell, que estan a l’Hospitalet com podrien estar a Matadepera.

L’aspecte fonamental és exactament aquest: el lobby de l’Hospitalet només està en les paraules de l’alcaldessa. Probablement ni en el seu imaginari estratègic. No existeix res de semblant, com no existeix un Districte Econòmic local, un  Districte Cultural local, ni cap possibilitat de fer realitat un enunciat que resulta patètic sinó fos per la incúria intel·lectual que mostra: l’atractiu turístic de la ciutat.

No hi ha lobby real, però la pregunta és aquesta: què és un lobby? I Per què l’Hospitalet en necessitaria un? Segons les definicions més exactes, un lobby és simplement un grup de pressió amb interessos comuns dirigit a pressionar les administracions públiques perquè prenguin mesures en benefici del que representen els pressionadors. Un lobby empresarial hospitalenc implica un grup d’empreses pressionant l’administració per afavorir els seus interessos. No té cap sentit que sigui la pròpia administració municipal la que formi un lobby empresarial amb empreses alienes a la ciutat… per pressionar a qui? Com no sigui que l’Ajuntament necessiti que algú tingui en compte una ciutat que no pinta res en el context supramunicipal. Crear un lobby és el reconeixement implícit de les fragilitats d’una ciutat sense eixos vertebradors reconeixibles i amb un desenvolupament urbà caòtic.

Al respecte, vaig seguir l’acte (Diàlegs) en streaming i resultava trist i dolorós comprovar la debilitat de recursos de la institució organitzadora. No només pel trist espectacle de les mancances tècniques que fregaven el ridícul. Especialment per l’aparença. Un acte de cartró-pedra amb l’alcaldessa al centre de l’escenari rodejada d’uns quants representants empresarials que si no estiguessin acostumats a aquestes servituds escadusseres s’haurien de preguntar de què serveixen aquests pocs minuts de discursos de palla. Els Diàlegs no van ser diàlegs, van ser respostes a preguntes del Cuní per cobrir tots els expedients possibles, el primer d’ells fer veure que a l’Hospitalet es reflexiona i es treballa, i que a la seva alcaldessa li rellisquen els conflictes —greus i inacabats— amb la justícia.

Mentre tant, les entitats més actives de la ciutat, aplegades en una mena de coordinadora possibilista i amb molt bones intencions però poca efectivitat real, fa temps que reclamen un seguiment del Pacte de Ciutat —l’altra part del lobby indispensable, aquest cop si, el lobby social— que s’ajusti a la feina feta i que respongui a les expectatives pel que fa a compliment, recursos i horitzons. No s’avança. La maquinària municipal és pesada, però encara pesa més quan en lloc d’idees hi ha propaganda, perquè la propaganda ni mobilitza ni entusiasma. La propaganda només compleix un paper subsidiari: omplir el buit estratègic, de paraules i de bones intencions.

A l’Hospitalet el que li cal és repensar-se. Repensar-se com a ciutat, després de la darrera destrucció immobiliària encara en plena activitat i per això hi calen algunes renúncies. La primera d’elles, que el poder s’adoni que està en crisi —en crisi interna i en crisi institucional—, que renuncïi a les filigranes de prestigi que tan li agraden a l’alcaldessa, sobretot ara que hauria de ser tan discreta per l’ombra judicial que l’amenaça i, de manera especial que es mostri (l’alcaldessa, el poder local en el seu conjunt) amb la humilitat suficient per acollir totes les visions, diverses i múltiples, que estan disposades a participar en la construcció del futur.

Són tan greus les perspectives de futur —per fer-se una idea de la gravetat convido el lector a l’acte que organitza FIC aquest dimarts dia 8— que calen totes les voluntats i la màxima generositat per debatre pluralment i aconseguir consensos que ens facin remar tots en la mateixa direcció i no uns contra els altres. Durant anys l’Ajuntament ha popularitzat insistentment la perspectiva acollidora de la ciutat —ben discutible d’altra banda— i ara està en la millor posició per garantir-la: està obligat a acollir la pluralitat, a permetre el debat i a posar-se al servei de les conclusions ciutadanes per fer-les viables.

El lobby hospitalenc —si es que a algú li agrada el concepte— l’ha de formar la gent de la ciutat que vol construir el futur de tothom. Un Ajuntament convençut del seu paper s’hauria de posar al capdavant.

_{24 de març, 2021}

El debat —més que debat, taula rodona— que va preparar on line l’Espai de Ciutadania sobre la situació de la sanitat pública a l’Hospitalet —i que tindrà continuïtat en una segona sessió el proper mes d’abril— ha posat col·lateralment sobre la taula un dels problemes que pateix la ciutat i que no és, contra el que semblava evident, la catastròfica situació de l’atenció primària del sistema públic de salut que patim els hospitalencs, sinó l’evidència de l’absència absoluta de resposta cívica articulada contra aquest estat de coses que amenaça amb la desestabilització absoluta de la convivència a un termini encara inconcret però fàcilment previsible.

No va haver per part dels ponents cap sorpresa. Ni per part dels usuaris directes ni per part dels professionals, es van escatimar impressions i dades per descriure l’absoluta falta d’atenció assistencial en els sectors més desafavorits, el col·lapse progressiu que s’està vivint, la pressió no solament laboral sinó fins i tot psicològica que pateixen els professionals més empàtics que són la gran majoria, l’absència absoluta de gestió per manca de recursos però també per una calculada voluntat de destrucció del sistema públic en benefici del privat, la penúria acumulativa dels malalts crònics abandonats a la desídia del sistema que ni els garanteix l’atenció imprescindible de les seves dolències ni els facilita, ans al contrari, les visites recurrents als especialistes i, tot plegat, salpebrat amb la constatació dels endarreriments endèmics en la construcció i posada en servei dels nous centres assistencials que ja resultaven necessaris fa lustres, al costat dels sous vertiginosos dels gestors del sistema públic i tot plegat en el context d’una ciutat cada vegada més empobrida, cada vegada més envellida i cada vegada més saturada. I jo afegiria modestament, cada vegada més desarticulada, indefensa i maquinal.

Les aportacions dels ponents, previsibles per conegudes, obligaven com va fer la moderadora, a preguntar-se quina havia de ser la perspectiva raonable de cara al futur. El diagnòstic és exacte. No hi ha més que una densitat de matisacions al respecte, però on falten respostes és en com afrontar el problema i en quina direcció avançar per aconseguir solucions.

La qüestió és que el debat es va centrar en la sanitat pública però és ben possible que si en lloc de parlar de la sanitat pública parléssim de l’ensenyament, parléssim de l’habitatge, dels serveis socials, de la desocupació, de la indústria, de la mobilitat, de la contaminació, de l’espai ciutadà i, ampliant l’espectre, de les institucions, dels partits polítics, de la justícia, etc. hi hauria una certa coincidència en els diagnòstics i la mateixa inconcreta urgència en les solucions. De tot plegat, hi ha evidències que van en una mateixa direcció: les mancances, les insuficiències, les dificultats acaben beneficiant a uns quants i perjudicant a la resta i, per tant, les solucions no posen el focus sobre una única realitat territorial sinó sobre el país sencer i la resposta de la ciutadania. L’Hospitalet no és un exemple únic —els problemes són generals— però és un exemple paradigmàtic, perquè en ciutats com aquestes és fàcil dibuixar moltes deficiències acumulades i n’hauria de resultar possible reflexionar sobre les alternatives de solució. Que passen, indefectiblement en la meva opinió, ja no per reconèixer el problema que té una diagnosi transparent en cada àmbit, sinó per activar respostes col·lectives, articulades, raonables i pràctiques. O dit d’una altra manera: per actuar col·lectivament en una direcció consensuada que garanteixi resultats a curt, mitjà i llarg termini.

Actuar no vol dir pronunciar-se. Pronunciar-se és relativament fàcil i precisa pocs esforços. Actuar implica organització, moviment, coordinació, pressió  i horitzons. Actuar reclama temps i perspectives i mirar el futur positivament. I fer una lectura crítica de la realitat per molt que molesti.

En el cas analitzat de la sanitat pública, és evident que la decrepitud de l’assistència primària a la ciutat és responsabilitat supramunicipal, de la Generalitat i del seu govern. Té, per tant, responsables objectius que haurien de ser clarament penalitzats en allò que el ciutadà mitjà té més a l’abast: el seu suport electoral quan toca. Doncs bé, a l’Hospitalet, en les darreres eleccions autonòmiques del 14 de febrer més de 18.500 ciutadans van votar als partits directament responsables del desfici sanitari (i com a rebliment del clau de la incongruència social, gairebé 8.000 ciutadans van votar a l’ultradreta de Vox, que si pogués acabaria amb la sanitat pública tal com avui la coneixem). Em costa creure que aquests més de 25.000 ciutadans siguin aliens a la circumstància catastròfica de la sanitat pública al municipi. Segur que molts d’ells pateixen els dèficits d’una manera sagnant. Que això passi evidencia dos fenòmens: que ens consta identificar el suport electoral amb la gestió concreta de les nostres mancances o beneficis i que vivim en una societat desarticulada on es fomenta la feblesa i el desconcert. Hi ha probablement un cabreig soterrat que cerca alternatives en la demagògia de l’extremisme ultradretà. Per els que coneixen la conseqüència històrica d’aquestes alternatives resulta prou evident el símptoma de confusió que adorna la nostra societat desmobilitzada i infantil.

Qualsevol que conegui la nostra ciutat i observi el seu desenvolupament immediat podrà al·legar que aquest temps de pandèmia ha obert expectatives i que ha estat el mateix ajuntament de la ciutat el que s’ha entestat a posar-les en marxa comptant amb la col·laboració de la ciutadania organitzada a través de les entitats. Se’ns dirà que de fa temps ha actuat sensiblement envers la ciutadania incentivant la participació amb diferents recursos: “l’h on participa”, el consell de ciutat, les taules sectorials i, ara darrerament, el Pacte de Ciutat i els pactes sectorials per avançar en els principals reptes que té plantejats el municipi. Aquests iniciatives són un exponent de les necessitats però no sembla que representin la solució. Primer, perquè les dissenya el mateix ajuntament que no ha dubtat a fomentar l’aclaparadora especulació constructiva en la ciutat més densa d’Europa i segon, perquè són iniciatives que promou, executa, dirigeix i avalua des de la seva determinant autoritat administrativa, sense possibilitats d’esmenes a la totalitat per part de la ciutadania.

La sensació és que aquest ajuntament té l’autoritat real però ha perdut tota autoritat moral per actuar com a representació fidedigna del sentir ciutadà en el seu conjunt. Les urnes atorguen la legitimitat democràtica inqüestionable però no justifiquen la representativitat moral. No arriben a 44.000 els habitants que avalen el govern municipal d’un cens electoral de 176.000 persones, de les quals van votar més de 101.000 ciutadans. Dels que van votar, més de 57.500 van optar per opcions diferents a la que ens governa avui per majoria absoluta. Si tinguéssim una democràcia madura i avançada, el govern municipal actuaria d’acord amb la legitimitat legal que ningú li discuteix, però mirant de reüll la legitimitat moral dels més de 57.500 habitants que li van negar el vot, i no s’atreviria a decidir convertir la ciutat en quelcom inhabitable en l’horitzó del 2040.

Pensant amb aquests més de 100.000 votants actius de l’Hospitalet entre els quals hi ha protagonistes directes de les mancances en sanitat pública, en benestar social, en habitatge, en ensenyament, en desocupació, en mobilitat, en contaminació, en saturació urbana, etc. etc. convindria reflexionar sobre per què ens convé actuar i com fer-ho. Podríem imaginar una mena de convenció social que ens mobilitzi, una conferència ciutadana que ens organitzi, un congrés cívic que ens coordini, una assemblea municipal que ens obri perspectives o un simposi d’activistes que es posi en marxa i afronti totes les realitats que amenacen a malbaratar el nostre futur més immediat. És igual l’instrument. Però l’instrument s’està fent imprescindible i urgeix. I ha d’anar més enllà de proclamar les deficiències, reconèixer el diagnòstic, fugir del col·laboracionisme com a coartada: cal actuar, crear l’eina.

_{19 de gener, 2021}

Ja fa uns quants dies que les informacions sobre el controvertit PDU-Gran Vía i les operacions immobiliàries de present i de futur —no solament a l’Hospitalet, sinó a tota la comarca del Baix Llobregat—, viuen un moment confús: tothom s’adona que les agressions sobre el territori s’estan convertint en un passiu per aquells que les impulsen, però alhora ningú vol —o potser ningú pot—, renunciar a seguir-les impulsant.

És evident que la pandèmia està canviant moltes coses: molts costums, moltes actituds, però també la sensació que el ritme trepidant de destrucció sistemàtica de la natura no pot seguir-se defensant com si res no hagués passat. Ha passat, que la natura és més poderosa que l’espècia humana i que, o convivim amb la natura, o el món es convertirà en un infern per l’home. O sigui que, destruir el paisatge, per exemple, s’està convertint ja en una garantia de mala premsa pels poders públics. I ja ningú a l’Hospitalet pot empassar-se que una operació com el PDU-Gran Vía i tots els altres macroprojectes immobiliaris que estan en marxa, beneficiaran a la ciutat. 

Per molt que l’Ajuntament del PSC vulgui disfressar l’ocupació de més espai lliure per construir habitatges com una operació de prestigi ja no exclusivament municipal sinó de país, no hi ha qui s’ho pugui creure. No és fàcil fer combregar la ciutadania amb gratacels, per molt que anunciïs biopols mèdics que només són fum.

Deia que les informacions són confuses perquè l’Ajuntament de l’Hospitalet ha passat de l’astorament inicial per la sentència del TSJC, que resultava impensable, a la resignació de reprendre un nou projecte amb modificacions, passant pel cabreig monumental per l’afront que significava treure’ls la raó i donar-la als opositors. Ara han dit, fent costat a la majoria de Junts per Cat a la Generalitat —que són els mateixos que van rebre amb honors l’extint Addelson quan volia portar Eurovegas al Baix Llobregat menjant-se tot el parc agrari i milers d’hectàrees d’espai lliure entre el delta i el Garraf—, que el que volen fer és un nou projecte amb dos eixos definitoris: un, que tingui més zones verdes i dos, que tingui com a eix un pool biomèdic que serà l’orgull de Catalunya. 

No sé si no es donen compte que, com deia Tarradellas, fer el ridícul és el pitjor que pot fer un polític amb una mínima dignitat. Avui pretendre convertir el PDU-Gran Vía en un projecte que enlluerni és, senzillament, pensar que la ciutadania és imbècil. Es pot entendre que costi abandonar un projecte que deu tenir al darrera desenes de compromisos. Es pot entendre que costi anul·lar un projecte que fora de la justícia, no hi havia força humana que pogués aturar, perquè les administracions fan i desfan contra tot i contra tots, sense escoltar ningú i només les atura la resolució d’un Tribunal. Que ja és ben trist. 

Entre parèntesi, en això s’ha convertit la política. La única manera de tombar criteris absoluts a l’hora de governar és portar les decisions a la Justícia i esperar que hi hagi sort. Cosa difícil, però que alguna vegada passa. Les majories absolutes s’han convertit en poders absoluts que no pretenen convèncer: simplement atropellen. Tot es pot entendre quan un poder absolut és corregit. El que no es pot entendre es que ens prengui per idiotes.

Per això resulta tan lamentable el que ha transcendit acompanyant el nou projecte, fent veure que, ara sí, donant suport a la barbaritat prevista es troben institucions que mereixen un profund respecte social com l’Hospital de Bellvitge, el Duran y Reynals, l’IDIBELL i el Col·legi de Metges. Alguns companys de premsa han demanat la documentació de suport que avala aquesta notícia, però no ha estat lliurada, tot i que ha servit per explicar que “la societat civil” està darrera de la revisió del nou PDU. No sabem més del que ha explicat la premsa però em costa digerir el suport d’aquests institucions de salut pública i de recerca científica a un projecte que es menja el darrer espai lliure de la ciutat més densament poblada d’Europa, ara que l’espai lliure, la salut pública, la ciència i les zones naturals no urbanitzades comencen a ser considerats valors absoluts de qualitat de vida. Estaria bé que els dos hospitals, l’IDIBELL i el Col·legi de Metges desmentissin la manipulació soferta o bé assumissin que no tot s’hi val quan hi ha factors essencials per la qualitat de vida en joc. Si no s’hi pronuncien seran, de fet, còmplices de l’estultícia i estaran en risc de perdre el prestigi que han aconseguit a base de rigor i dedicació a la societat.

Un Ajuntament intel·ligent abandonaria el projecte i recompondria la seva actitud envers el territori. Un Ajuntament obcecat intentaria explicar, com està fent, que reprendre la barbaritat, amaga en el fons un enorme servei per la salut dels ciutadans. Ho està fent, però sap que és fals. Els arguments pobres ja no són respectables. I sobretot, fatiguen. En el darrer ple, el primer tinent d’alcalde que sempre mira de sorprendre amb el seu argumentari determinista va explicar que l’Ajuntament no pot més que permetre que es construeixi en parcel·les privades justament per això, perquè són privades i no públiques. Ho va explicar a l’hora de referir-se als blocs de pisos de Rambla Marina davant el Patufet i el Mercè Rodoreda. No podia fer servir el mateix argument pel Parc de la Remonta perquè allà s’ha edificat en terreny públic, tan exageradament com en els solars privats de la carretera del Mig.

Si resulta que és impossible impedir que en solars privats s’edifiqui el que es vulgui, no sé per què els ciutadans hem de mantenir les costoses estructures de l’Administració Pública. És justament l’Administració la que planifica el territori i atorga permisos i les ciutats sobresaturades no responen a la privacitat del sol on s’ha construït sinó a la desídia o als interessos inconfessables dels que ho han permès. Diguem-ho planerament: si a l’Hospitalet se segueix construint no és perquè el sol sigui de propietat privada, sinó perquè l’Ajuntament es sotmet voluntàriament als interessos dels promotors immobiliaris i no pas als interessos de la ciutadania. 

L’Ajuntament ha de canviar de criteri si vol sobreviure perquè la situació és explosiva a la ciutat més densa del continent. Ha de prendre consciència del territori i dels ciutadans sobre els que governa i sobretot ha de fer servir arguments sòlids. Ja no val això que el sol és privat o que el PDU servirà per fer un pool biomèdic. El sol seguirà sent privat si l’Ajuntament no té cap prioritat per les inversions públiques i el PDU seguirà sent una operació immobiliària encara que la vulguin disfressar de solució humanitària i científica. El pitjor no és que ells s’ho creguin. El pitjor és que s’ho pugui creure algú que no siguin ells. Atenció al sector biomèdic del país, no sigui que els enredin…

^{25 de novembre, 2020}

El ple municipal de l’Hospitalet va rebutjar, en la seva darrera sessió de novembre, una moció presentada pel Grup Municipal de l’Hospitalet En Comú Podem, instant l’Ajuntament a acatar la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava el PDU Gran Via-Llobregat amb els únics vots del partit socialista, com era d’esperar, perquè ja havien anunciat el recurs de Cassació davant els tribunals dies enrere. 

Els arguments formals van ser els mateixos que sostenien el projecte. A saber: que es tracta d’un pla director que inclou el soterrament de la Gran Via, la recuperació d’un espai lliure de 30Ha i la construcció hipotètica d’un clúster biomèdic, aspectes sobre els quals és difícil que ningú pugui estar en contra, malgrat que segur que poden existir matisos considerables que potser caldria tractar amb més detall el dia que es pugui parlar sense l’amenaça d’un Pla Director que contempla bastants altres coses, a banda de les esmentades. En la defensa, per tant, de la posició del PSC local en prou feines va haver-hi sorpreses, com no sigui que el recurs es presentarà davant les vies judicials autonòmica i estatal si hi ha recorregut, i és va aprofitar per inflar la retòrica, cosa que ja d’entrada posa de manifest la inseguretat dels arguments per defensar una cosa que, hores d’ara, resulta ja indefensable fins i tot pel propi dissenyador del disbarat. 

L’argument retòric és el que sempre que s’acaben les explicacions raonables fa servir l’equip de govern: que el projecte representa un motor econòmic, un motor econòmic que representarà 20.000 nous llocs de feina i la possibilitat de més ingressos per les arques municipals que serviran per cobrir les enormes necessitats que té la ciutat en tots els ordres. Argument retòric, perquè es basa en una pura especulació de futur: no se sap hores d’ara si el que es vol fer representarà un atractiu suficient per un hipotètic clúster biomèdic i si això comportarà llocs de feina. Ni tampoc és cap garantia que en cas que sigui possible el clúster biomèdic, el motor econòmic tingui repercussió local, els 20.000 llocs de feina afavoriran especialment els ciutadans de l’Hospitalet, ni tampoc que els recursos que l’Ajuntament suma es dediquin prioritàriament a equilibrar la ciutat, a adjudicar recursos a qui més els necessita i a reinvertir, en suma.

Sura, en el fons de l’argumentari, la qüestió essencial que —pels dissenyadors del Pla Directiu—, és la manca de recursos per fer polítiques d’inversió. El primer tinent d’alcalde va repetir al ple la cantarella habitual: i això qui ho paga? Si la Generalitat expropia Can Trabal i paga el soterrament de la Gran Via, ja no caldrà parlar del PDU… És a dir, sense voler-ho, s’està reconeixent l’enorme operació especulativa que hi ha al darrere. Per què es pagui l’expropiació de Can Trabal i el soterrament de la Gran Via cal que algú en tregui les plusvàlues necessàries. I l’Ajuntament reconeix tàcitament que es plega al gran negoci dels promotors i els especuladors del sol per fer les inversions públiques que li calen. 

El problema és que els negocis immobiliaris no son passatgers i l’ocupació de l’espai acostuma a ser per sempre. És a dir, l’equip de govern del PSC accepta l’efectiva i constatable barbaritat constructiva de 26 gratacels en espai lliure per aconseguir un parc públic al costat del riu, el soterrament de la Gran Via i diners anuals per anar gastant en polítiques sobre les quals els socialistes al govern són els que, fa quaranta anys, fixen les prioritats. I no es pot dir que les prioritats hagin convertit la ciutat en un exemple d’equilibri social, de qualitat de vida i de serveis i equipaments suficients, com és ben palès per a qualsevol que escolti les entitats del tercer sector o es passegi pels barris més decrèpits de la ciutat.

És a dir, aquests arguments ja no colen. De fet, cap argument colaria suficientment per defensar polítiques irreversibles de sol, com les que hem vist a aquesta ciutat al menys des de principis dels anys 90.

La realitat és que els raonaments retòrics cada vegada tenen menys pes, per això els esforços per argumentar acaben descobrint les veritables raons ocultes d’aquest tipus de política de campanari. Potser l’alcaldessa no hauria d’haver reargumentat al passat ple perquè, sense pretendre-ho, va exposar allò que forma part de l’ADN d’aquest equip de govern. Va defensar un projecte que, en paraules literals, “va més enllà de la pròpia ciutat”. Doncs aquí rau el problema: si alguna cosa precisa la ciutat més densa d’Europa i amb dèficits hores d’ara monumentals és no fer cap projecte “que vagi més enllà de la pròpia ciutat”. És possible que l’Hospitalet li caigui petit a l’alcaldessa o als que dissenyen l’urbanisme local. Doncs bé, això té solució. No seria la primera vegada que un alcalde de l’Hospitalet arriba a ministre —i després desapareix—, però la ciutat no és mereix un recorregut històric lamentable per alimentar carreres polítiques. La senyora Marín va dir que el Cluster biomèdic que actua com “la zanahoria que justifica lo injustificable” —segons la portaveu dels Comuns— serà un “referent del sud d’Europa”. Doncs potser als ciutadans de l’Hospitalet no els hi cal “un clúster referent del sud d’Europa”. Potser en tenen prou amb escoles sense barracons, barris amb zones verdes,  CAPS en condicions per atendre les necessitats mes peremptòries dels ciutadans, Serveis Socials municipals amb àmplia disponibilitat o espais de lleure adequats per fer realitat la ciutat educadora de la que tant ens vanem.

I tot això qui ho paga?, diria el senyor Belver… Doncs els que ho paguem sempre: els contribuents. Tot surt de la mateixa butxaca senyor Belver: també les inversions públiques i, sense cap mena de dubte —i només és un exemple, però prou il·lustratiu— el seu sou, un sou, recordem-ho, sobre el qual no hi ha limitacions legals i que es posen vostès mateixos sense contrastar-ho amb la ciutadania… 

O sigui, preguntar qui paga el que cal fer, es una altra pregunta retòrica perquè el problema no és qui paga, sinó com s’administren els recursos, com és gestiona el capital públic, com es prioritzen les necessitats. I això és justament la política: la gestió dels recursos públics amb la màxima cura, al servei de la ciutadania i amb l’objectiu d’equilibrar el teixit social i donar-li respostes de qualitat.

No deixen de ser importants alguns reconeixements implícits d’aquests darrers dies. El reconeixement que la ciutat necessita espais lliures, el reconeixement que cal esponjar els barris de la ciutat, el reconeixement —superlatiu— que les accions urbanístiques que estem veient avui als carrers de la ciutat són producte de les actuacions de fa uns quants anys enrere (o sigui, que potser ara no es farien). Els hi calen, però, uns quants reconeixements més: que haurien d’intervenir en la mesura de les possibilitats reals sobre els projectes urbanístics en marxa, que haurien de plantejar-se un model de ciutat consensuat amb els grups polítics i la ciutadania de cara a l’immediat futur, que haurien de considerar prioritària la política de rehabilitació de barris i no la política de rehabilitació de la imatge de marca de la ciutat, que els afecta a vostès (polítics locals)… però no a nosaltres (humils ciutadans).

És veritat que la gestió ha comptat poquet a l’hora de renovar les fidelitats polítiques. Si hagués estat així, fa temps que vostès estarien a l’oposició. El que ha comptat per vostès han estat les fidelitats clientelars i l’absència d’una alternativa eficaç i creïble (creïble fins i tot per ells mateixos). De tota manera, el seu govern és legal, però ara que està tan de moda divertir-se sobre el que es legal i el que és legítim, no haurien d’oblidar que governen amb majoria absoluta de regidors i gairebé 44.000 vots, però que un total de 76.000 veïns amb dret a vot es van quedar a casa o van votar nul o blanc.

I una cosa més, sobre l’esponjament dels barris del nord de la ciutat, perquè el senyor Belver en un debat recent va deixar una pregunta a l’aire de fàcil resposta. Va preguntar: i que fem amb els veïns que espongem dels barris del nord? I es va autocontestar: perquè si els hem de fer fora del barri jo hi estic en contra. I tothom, senyor Belver. Esponjar un barri no és expulsar veïns: és buscar solucions sense expulsar veïns perquè tots els veïns i veïnes visquin millor. Si vostè creu que esponjar un barri és sinònim d’expulsar veïns, és que no ha consultat l’abundant literatura existent sobre les actuacions al Raval de Barcelona en l’època del seu correligionari Maragall. Segur que es podria haver millorat l’experiment, però per això estan vostès, que poden convertir els nous barris del nord en un clúster d’experiències socials capaç de ser estudiat a les millors universitats del món.

I mentre tant, no és no. Zero al consens.

_{14 de novembre, 2020}

Es fa difícil amagar l’alegria per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha anul·lat de ple dret el PDU-Gran Via que pretenia construir 27 gratacels com a suport a un pla especulatiu sense precedents en la última zona lliure de la ciutat. Però l’alegria, malgrat ser inevitable, no ens pot enlluernar. Aquest primer episodi, el que ha aconseguit exclusivament és ajornar de moment allò que havia d’iniciar-se de manera imminent i que ara haurà d’esperar al que dictamini el Tribunal Suprem sobre els recursos de Casació que ja han anunciat l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat. Ha estat una resolució extraordinàriament important però està lluny d’aturar l’amenaça. L’amenaça només l’aturaria la negativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a impulsar un projecte que només interessa al govern PSC de la ciutat, a la majoria PSC de l’AMB, als promotors i propietaris immobiliaris i al govern de la Generalitat, no oblidem, format per Junts per Catalunya i ERC.

Te raó l’Ajuntament de l’Hospitalet que s’ha apressat a dir que la sentència del TSJC no entra en el fons del projecte i només es basa en un defecte formal perquè considera que ha de ser l’AMB qui reguli la planificació urbanística del futur i més ara que s’ha estat treballant de valent en un nou Pla General que ha de substituir l’obsolet dels anys 70 del segle passat. Però aquest defecte de forma, no és un simple accident. No ha estat un oblit, ni una negligència, sinó una ambigüitat calculada per part de l’organisme metropolità que presideix, no ho oblidem, l’alcaldessa de Barcelona que pertany justament al mateix partit que va dur als tribunals la barbaritat del PDU. Colau es va negar a debatre en plenari el projecte hospitalenc però es va tramitar a través de la Comissió d’Urbanisme de l’AMB fins arribar al Departament de Territori de la Generalitat que el va aprovar definitivament aquest passat mes de juliol.

El projecte corre pressa. Els propietaris han pressionat de valent, i l’Agència de Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet, encarregada de ferir de mort el municipi, ha actuat diligentment per tenir-ho tot a punt a través del Consorci que va impulsar, del que forma part l’Ajuntament juntament amb l’Incasol. Aquesta era la principal operació de prestigi del govern Marín que ara s’haurà d’inventar una altra macrooperació en la línia habitual del PSC baixllobregatí: acabar amb els espais lliures a tota la comarca, requalificant zones industrials, forestals i agrícoles en benefici de la urbanització residencial.

El que ara acaba de passar és molt probable que —tret de la ciutadania més motivada de la ciutat, que ja s’havia oposat amb la debilitat consubstancial del moviment veïnal i ecologista i del grup municipal dels Comuns que s’ho va prendre seriosament—, no li hagi alegrat a ningú. Òbviament, cap alegria a l’Ajuntament del PSC, als promotors immobiliaris i als propietaris del sol, a la majoria PSC de l’AMB, als independentistes del govern de la Generalitat que pels assumptes de negocis no tenen diferències amb els socialistes com és ben palés, als republicans municipals i aliens, a l’oposició de Ciutadans i del PP… i fins i tot als Comuns de l’AMB. Jo diria que, especialment a aquests darrers, el que acaba de passar lluny d’assossegar-los els ha de sacsejar notablement. Ells s’han convertit en el bastió essencial del conflicte PDU de l’Hospitalet i fer veure que el tema no s’havia de debatre per no provocar escletxes en el govern metropolità, no ha servit de res. Tindran, tard a d’hora, més d’hora que tard, que enfrontar-se a la necessitat de donar llum verda o d’aturar definitivament el projecte. La veritat és que s’hi juguen moltes qüestions estratègiques a l’AMB com perquè el tema hospitalenc sigui el causant de possibles ruptures. No és previsible que això passi, sobretot ara que els socialistes, immersos en una embogida dinàmica comarcal d’operacions immobiliàries escandaloses a molts municipis de la comarca, hauran observat en la sentència del TSJC un greuge que han de superar sigui com sigui.

Només hi ha un argument de certa rellevància que pot pressionar els Comuns a favor d’una relativa resistència encaminada tímidament a una moratòria urbanitzadora en l’actual conjuntura i és la pèssima fama que està agafant al món occidental la saturació demogràfica en època de pandèmies. Tot aconsella una certa recomposició dels models urbanístics de cara a l’immediat futur. No pot ser, per exemple, que a l’Hospitalet hi hagi actualment 110.000 habitatges censats per una població de 260.000 persones el que equivaldria a dues persones de promig per habitatge, i que encara s’estiguin construint més de 11.000 habitatges nous, amb l’aclaparadora idea que hi ha escassedat residencial. (A Espanya, dades ben recents parlen de 25 milions d’habitatges per una població de 47 milions de persones, xifres que ens haurien d’obligar a repensar el model urbanístic actual arreu).

No pot ser que la merescuda fama que està adquirint l’Hospitalet de ser la ciutat més saturada d’Europa, no obligui el govern municipal actual a reflexionar sobre les conseqüències d’aquesta política de no escoltar la ciutadania preocupada (i una cosa igual haurien de fer els equips PSC —em resisteixo a parlar de socialisme que es un concepte respectable com pocs— del Baix Llobregat perquè la seva condescendència amb l’especulació urbanística s’està convertint en una llosa de difícil digestió). Algú des de dintre dels equips —hi ha d’haver militants de pes amb una perspectiva estratègica que miri més enllà— hauria de impulsar algun canvi de mentalitat. Les ciutats no només són grans pel seu pes demogràfic. Són grans per la seva vitalitat social, per la cohesió interior, per la qualitat de vida. No són grans perquè responguin a iniciatives econòmiques de prestigi com no sigui que aquestes operacions repercuteixin sobre la ciutadania i millorin les seves condicions de vida. És a dir, l’Hospitalet, per exemple, no és important perquè allotgi la part més activa de la Fira de Barcelona a no ser que la Fira de Barcelona li suposi al veí de l’Hospitalet menys impostos, més espais públics, més serveis, etc. Si no hi ha repercussions sobre la ciutadania i només hi ha repercussions sobre l’alcaldessa o l’equip de govern, la Fira de Barcelona només representa un greuge pel veí hospitalenc, un perjudici. No pas cap benefici, sinó més aviat una pèrdua: d’espais, de serveis, d’inversions, etc .

Quan passi l’alegria i el cabreig a cada costat, l’ajornament del PDU-Gran Via només pot servir com esperó per la reflexió pausada. S’ha convertit en una oportunitat per modificar les actituds i per ser més sensibles a les noves dinàmiques que imposa el món trasbalsat que ens acull: ens cal estalvi energètic, un nou model de consum i de mobilitat, un decreixement mesurat que no vol dir empobriment sinó nou repartiment de la riquesa, més espais lliures i zones verdes, esponjament urbanístic, deixar d’escoltar des dels poders públics els cants de sirena dels que només es volen enriquir a base d’especulació i grans negocis.

És potser una de les darreres oportunitats per repensar la irreversible destrucció del territori. Abans era la ciutadania unida la que podia exercir pressió i força. Avui, l’únic fre a la impostura del poder és, malauradament, la justícia. Malauradament perquè la justícia és encara més incontrolable que les masses i amb ella no hi caben les negociacions. Caldria retornar al debat, al consens, no a la norma, i ens estem acostumant a la llei perquè ens estalviem el feixuc esforç de convèncer: resulta molt més fàcil obligar.

En resum: serà la AMB la que tingui sobre la qüestió la darrera paraula i quan aquí parlem de l’AMB estem parlant clarament dels Comuns, no de cap altra força. Així que sobre les seves esquenes —i les nostres, cada cop que ens cridin a participar— recau la responsabilitat d’enterrar per sempre 27 gratacels i la pèrdua de la darrera zona agrícola d’una ciutat que va ser rural fa només un segle i la possibilitat de fer milionaris a uns quants promotors i propietaris que, francament, no necessitaven aquests favors del PSC.

_{26 d’octubre, 2020}

Ara farà un any que un grup d’entitats del Baix Llobregat —caldria acabar d’una vegada amb la diferenciació gratuïta i interessada de l’Hospitalet fora de la seva comarca natural—, van posar-se d’acord per redactar un Manifest fundacional d’una macroentitat que amb la seva apel·lació ja resumia les intencions i el cataclisme: SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet.

“La voracitat sense límits del capital especulatiu ha apostat de nou per la indústria de l’habitatge i Barcelona i el seu entorn en son un objectiu prioritari”, afirmava el Manifest i continuava: “Un sector, el de l´especulació immobiliària, on conflueixen empresaris autòctons sense escrúpols, aliats amb les elits locals i grans grups inversors internacionals, els anomenats fons voltor, que cerquen maximitzar els beneficis d’un tipus d’economia que vol grans rendiments en temps molt curt”.

El document s’esplaiava afirmant que hi havia projectes immobiliaris previstos a la majoria dels municipis de la comarca que sumarien desenes de milers d’habitatges i centenars d’hectàrees de nous polígons industrials, sota l’excusa de la pressió social de la gent que no té sostres assequibles, ignorant que les xifres oficials d’aquelles dates xifraven en més de 30.000 els habitatges buits al Baix Llobregat i que el que s’està construint i està projectat construir no està, ni estarà, a l’abast de la immensa majoria de la població. I hi afegia, per acabar, tres reclamacions concretes: una moratòria de dos anys, un procés participatiu ampli per decidir el model urbanístic i territorial, i una reorientació de l’urbanisme metropolità a partir del projecte de PDU que aleshores estava en exposició pública i sobre el qual s’obrien algunes expectatives de futur.

Ha passat un any i en aquest any han passat un parell de coses que incideixen notablement en el propòsit d’urgència que es defensava aleshores: no s’han aturat els projectes a cap municipi i la pandèmia ha posat de manifest que la densificació demogràfica no beneficia la limitació de la infecció sinó molt a l’inrevés, alhora que ha sacsejat lamentablement la capacitat econòmica de la majoria de la població, de manera especial dels habitants dels barris més precaritzats a molts municipis.

Ara fa un parell de dies que SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet ha organitzat una jornada contra l’especulació urbanística a la qual s’hi han adherit unes quantes organitzacions més i ha reiterat allò que resultava més essencial ja abans de la pandèmia: una moratòria urgent de dos anys com a pas previ per decidir el model urbanístic. És a dir, aglutinar noves forces per seguir defensant el que semblava imprescindible: aturar els projectes i lluitar contra l’especulació.

No s’ha avançat gaire, però una qüestió que cada vegada sembla més essencial és parlar clar: aquí el que s’està produint és un fenomen especulatiu, emparat com sempre, pels poders públics, que beneficia, és clar, a empresaris autòctons sense escrúpols i grans grups inversors internacionals, de manera directa, i… als que donen els permisos, ves a saber com. El manifest i les informacions subsegüents ja apuntaven que la immensa majoria de projectes pertanyen a municipis governats pels socialistes del Baix Llobregat. Però els permisos no depenen en exclusiva d’ells. Molts d’aquests projectes, sinó tots, necessiten el vist i plau de l’AMB i del Departament de Territori de la Generalitat on, a banda del PSC, tenen una presència activa i decisiva tant els Comuns (AMB) com ERC (Generalitat). Els socialistes de la comarca, ben coherentment, no hi són pas a SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet ni segurament se’ls espera, però en canvi sí que hi ha unes quantes organitzacions de base dels republicans i dels Comuns que han de viure, controvertidament, formar part dels antiespeculadors i alhora dels que donen permisos o es tapen els ulls davant dels permisos que demanen els altres. Caldrà finalment reclamar coherència perquè això només ho aturen dues coses: o la majoria social en contra del negoci immobiliari o el col·lapse pandèmic sobre el model de densificació.

Per curar-se en salut, l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB amb el Servei de Redacció del Pla Redactor del PDU (aquell que obria esperances), ja va fer una notòria aportació el passat mes de juliol en defensa de la ciutat densa i compacta en oposició a la dispersa i de baixa intensitat. Per cert, un dels arguments per defensar la ciutat densa és que, hores d’ara, ja no hi ha espai per un model diferent. El cinisme tècnic no coneix límits, però tant important com desenmascarar la coartada especulativa, és denunciar la tibiesa (la dels que, podent, no posen el crit al cel a l’AMB o a la Generalitat) sobre una depredació territorial que no sembla tenir aturador.

_{15 de septiembre 2020}

El passat 3 de juliol, enmig de la voràgine del COVID i en ple període vacacional, el Departament de Territori i Sostenibilitat (SIC) de la Generalitat de Catalunya, per demostrar que el món no s’atura malgrat la pandèmia, va aprovar un dels plans més controvertits de l’àrea metropolitana: la perllongació del soterrament de la Gran Via fins al riu Llobregat que suposa la urbanització del darrer espai lliure de l’Hospitalet, el 8% del terme municipal, encara a dia d’avui —en la ciutat més saturada d’Europa— verge de ciment.

La notícia de l’aprovació s’ha venut com una operació per completar l’entrada a Barcelona per la Gran Via, articulant alhora la zona de l’Hospitalet que voreja el riu on, als anys 70, es van construir dos macro hospitals, el Duran y Reynalds i el de Bellvitge i que contempla l’únic espai encara agrícola, un infernal nus de comunicacions i sol per edificar al menys una dotzena llarga de gratacels i blocs diversos, en el que alguns s’han aventurat a qualificar com el nou Manhattan. Les obres costaran 115 milions d’euros i els hospitalencs diuen que guanyaran un gran parc on ara hi ha camps de carxofes i la possibilitat d’anar del Duran i Reynals a l’Hospital de Bellvitge a peu.

L’entrada a Barcelona per aquest punt resultarà encara més luxosa i acurada del que ara és. El districte financer de l’Hospitalet podrà ampliar-se amb nous gratacels i edficis singulars dedicats a hotels o a residències d’estudiants i si hi ha sort a alguna activitat universitària o biomèdica i l’Ajuntament podrà posar un cartell un cop passat el riu, que avisi al viatger que travessa un terme municipal que probablement no visitarà mai.

El mateix que va passar amb la Fira de Barcelona, que ha suposat una descàrrega d’infraestructures del recinte de Montjuic, al servei —exclusivament— dels que exposen a la Fira i visiten les instal·lacions.

Se suposa que el consistori d’un municipi té un únic doble objectiu: gestionar els recursos en benefici de la ciutadania i convertir l’espai públic en un lloc on els ciutadans puguin desenvolupar les seves necessitats i aconseguir els millors nivells de qualitat de vida. Qualsevol acció municipal tindria que tenir aquestes pretensions i no pas cap altra. En una ciutat malmesa per la història i les circumstàncies com és l’Hospitalet, qualsevol actuació sobre l’espai públic hauria de respondre a una estratègida de futur que passés per millorar les infraestructures, les dotacions i els serveis, en especial aquells que tenen a veure amb la qualitat ambiental i la satisfacció de les necessitats immediates.

Ja fa molts anys, però, que el consistori hospitalenc, sota el mandat de Corbacho i ara de Marín, ha dirigit les seves prioritats a somniar que l’Hospitalet és una gran ciutat que necessita allò que les grans ciutats tenen: espais econòmics de relleu i ara pols d’atracció extemporanis, com si es tractés d’una ciutat ben dibuixada, equilibrada interiorment i amb els recursos urbanístics intactes. És a dir, una ciutat, sense dèficits, amb els serveis i equipaments necessaris per la seva població, incloses les zones verdes imprescindibles per convertir la ciutat en un espai saludable i no pas en un rusc inhabitable, que és el que és, especialment de la via del tren que travessa el terme cap el nord.

Corbacho tenia un somni, que s’assemblava bastant al somni de Matias de España amb 30 anys entre mig: ser alcalde d’una ciutat potent. España volia una ciutat potent pel seu pes demogràfic i Corbacho una ciutat potent per la seva aparença econòmica. España va permetre l’especulació desorbitada i Corbacho va dissenyar el seu somni sobre un territori encara per fer. A tots dos se’ls recordarà per una megalomania inadecuada que lluny de beneficiar la ciutat, l’ha acabat de condemnar. Tots dos van ser uns alcaldes fallits però al menys Corbacho defensava alguna cosa semblant a una estratègia de ciutat: construir una meitat nova, sobre la inevitable base d’abandonar la meitat vella.

Núria Marín viu acomplexada per la manca d’estratègia. Com que no la té, ha deixat que els que sí la tenen vagin fent, a base de vendre teories de futur sense substància. A canvi, acabarà el seu mandat amb milers de noves famílies en llars edificades on fa quatre dies hi havia magatzems logístics en desús i fàbriques històriques que ella ha ajudat a requalificar, deixant pels seus successors la dramàtica evidència de la manca absoluta d’espais on instal·lar els equipaments i els serveis que necessitaran els nous veïns.

¿Per què ho fa? La veritat és que és una incògnita, perquè resulta excessiu imaginar que els seus somnis com alcaldessa només passen per acompanyar autoritats en les inauguracions firals o vendre fum sobre estratègies de futur sense fonament concret, com las que es deixen veure rere l’operació del biopol mèdic i les instal·lacions universitàries vora els hospitals públics. Més clares estan les intencions dels que dibuixen edificis sobre la cartografia municipal: beneficiar els promotors, els propietaris del sol, els traficants immobiliaris. De passada, entre llicències de construció i IBI’s, l’Ajuntament disposa de recursos inacabables per fer bullir l’olla (ara es gastaran uns quants milers d’euros de recursos nostres per arranjar una sala de plens que només fa 40 anys es va construir nova i s’ha remodelat diverses vegades).

D’aquí a un any començaran les obres de la nova Gran Via —ni l’Àrea Metropolitana de la Colau, ni la Generalitat de Torra han posat cap resistència a l’impopular projecte (de la qual cosa ens recordarem alguns hospitalencs)— i no acabo de veure a quin col·lectiu local beneficiarà el sotrac. Beneficiarà, segur, als propietaris d’una part del sol que inclou el projecte —Joan Laporta entre ells—, a uns quants promotores hotelers, qui sap si a algun concessionari d’automòbils i potser algun laboratori farmaceútic, a les multinacionals dels serveis geriàtrics i dels apartaments residencials per estudiants i a tots aquells que van en cotxe cap a Barcelona. També a l’alcaldessa, que ensenyarà les obres a qualsevol VIP que les vulgui veure des de la terrassa de l’Hesperia i segur, segur, a uns quants despatxos d’advocats, d’arquitectes i de constructors que no saben on s’aixeca L’Acollidora ni tenen cap interès per saber-ho.

Això ja no hi ha qui ho pari, com no siguin els veïns que ja han avançat que les màquines trepitjaran els seus carrers i no seran benvingudes…