Entrevista con Ana González, portavoz del Grupo Municipal l’Hospitalet-En Comú Podem
11 de diciembre, 2020
1. Ha sido un éxito la resolución del Contencioso sobre el PDU-Gran Vía. De momento se paraliza el procedimiento, la licitación y el comienzo de las obras. ¿Cuáles son los siguientes pasos como Grupo Municipal, en este ámbito.? ¿Vais a promover un debate municipal sobre este proyecto? ¿Vais a intentar negociar con el grupo socialista el futuro de este PDU?
Somos un Grupo Municipal humilde, pero siempre tratamos de avanzar con determinación y no dar pasos en falso. Por eso cuando tomamos una decisión, la llevamos a cabo sin que nos tiemble el pulso. El éxito de la resolución del PDU-Gran Vía nos llena de alegría y nos reafirma en la idea que llevamos tiempo repitiendo: esta ciudad necesita un cambio, un lavado de cara y un plan de futuro ambicioso que nos sitúe en la delantera de la modernización de las ciudades de Europa. No podemos quedarnos anclados en un modelo de ciudad de otra época que se ha demostrado fallido en muchos casos. Para lograr esto, sin lugar a dudas, es imprescindible un debate social y político que el actual equipo de gobierno ha tratado de rehuir durante mucho tiempo. Y no solo sobre el PDU-Gran Vía; vayamos un paso más allá y hablemos acerca de qué ciudad queremos construir en la próxima década.
2. Es muy probable que el Ayuntamiento y la Generalitat presenten un recurso de Casación ante el TSJC y quien sabe, si la legislación lo permite, ante el Supremo. En ese caso, es muy probable que retomen el proyecto en el punto en que el TSJC concentró el defecto formal, que es la tramitación en el Área Metropolitana de Barcelona. ¿Tendrá la suficiente fuerza el GM de ECP para conseguir que los Comunes del AMB se nieguen a la tramitación? ¿Será suficiente la negativa de ECP en el AMB para tramitar de nuevo el proyecto?
Una de las cosas que deja clara la sentencia es que corresponde al AMB ejercer sus competencias en materia de urbanismo. Es en este sentido que el PDU metropolitano se erige como el verdadero instrumento de ordenación y de impulso de las políticas urbanísticas con mirada estratégica y visión integral del conjunto de los 36 municipios que conforman el área. Desde el grupo d’ En Comú Podem entendemos que la única vía para preservar el interés general pasa por desarrollar y consensuar lo más rápido posible este PDU metropolitano y no tramitar proyectos al margen de éste. Insisto, la sentencia nos ha dado la razón en este punto.
3. En la misma línea de la pregunta anterior, teniendo en cuenta los precarios equilibrios en el gobierno del AMB, ¿cúal es la impresión que tenéis ahora mismo, que Colau y el resto del grupo de Podemos en el AMB sabrán resistir o que, por el contrario habrá que confraternizar y acabar negociando un PDU alternativo pero igualmente lesivo para la ciudad?
Creo que nuestra posición es clara al respecto, tal y como le he comentado anteriormente. No tiene sentido desarrollar los PDUs sectoriales que ahora mismo están sobre la mesa en el ámbito del área sin una visión integral. El PDU metropolitano ha de sustituir al actual PGM que ha demostrado estar obsoleto para afrontar los retos del futuro en materia medioambiental, de mercado de vivienda de alquiler asequible, de desarrollo industrial, de amenaza por el cambio climático, etc. En definitiva ha de regir las políticas urbanísticas de al menos los próximos 30 años. Hipotecar esta visión con proyectos ad hoc a los intereses locales no nos parece el camino adecuado. Este será nuestro posicionamiento.
4. La sentencia del TSJC puede servir para paralizar otros megaproyectos que algunos ayuntamientos del Baix Llobregat tramitan con la Generalitat (La pregunta se hizo antes de las últimas sentencias del TSJC que anulan diversos proyectos en el Baix Llobregat). ¿En qué punto se encuentra la posible coordinación de esfuerzos de los grupos municipales de ECP en torno a la dinámica de especulación urbanística que se registra en algunas zonas del área metropolitana?
Nuestro grupo metropolitano d’En Comú Guayem coordina las políticas de urbanismo en el AMB, siempre con una máxima comunicación con los grupos municipales y con el grupo parlamentario. En este sentido, desde las agrupaciones locales y grupos municipales mantenemos contacto con la sociedad civil organizada que lucha por la preservación del territorio. Son muchos los retos que tenemos por delante. La pregunta sería ¿qué estrategias debemos adoptar colectivamente para afrontarlos? Sin duda, más allá de dotarnos de las herramientas, debemos debatir y consensuar las necesidades presentes y futuras en materia de vivienda, espacios de preservación, transporte público, etc. Siempre con el objetivo del bien común.
5. La paralización del PDU-Gran Vía se ha debido a la acción de la justicia pero no directamente a la oposición minoritaria de la ciudadanía indignada con la gestión que hace el Ayuntamiento del suelo libre en la ciudad. ¿A qué adjudicáis la debilidad del movimiento ciudadano y qué alternativas prevéis para que se escuche la voz del activismo vecinal y medioambientalista?
El hecho de que la paralización del PDU-Gran Vía sea consecuencia directa de las acciones judiciales que hemos tomado como grupo municipal no quiere decir necesariamente que el movimiento ciudadano sea débil. Creemos que en l’Hospitalet lleva años gestándose un movimiento ciudadano transversal, con gente comprometida que quiere una ciudad mejor y lucha por ello. Y en L’Hospitalet En Comú Podem somos de la opinión de que si luchas con ahínco por aquello que crees que es justo, consigas o no tus objetivos al final del trayecto, nadie podrá acusarte de debilidad. En el caso concreto de los movimientos que han ejercido la oposición ciudadana al proyecto urbanístico especulativo del PSC de l’Hospitalet, agradecerles el esfuerzo y el trabajo a lo largo de estos años. Son imprescindibles para formar una masa crítica que, por qué no decirlo, sueñe una ciudad mejor y se emocione pensando en un l’Hospitalet con menos rascacielos y más parques. Menos contaminación y más salud. Menos proyectos especulativos y más equipamientos y servicios públicos. Menos políticos que gobiernan de espaldas a la ciudadanía y más gente común que lleva los anhelos de los vecinos y vecinas al ayuntamiento para hacerlos realidad.
6. La paralización definitiva del proyecto PDU-Gran Vía muy probablemente exigirá la colaboración de más grupos municipales. ¿Con qué grupos se puede pactar actualmente una acción conjunta y qué trascendencia puede tener ese acuerdo en los organismos rectores del AMB y de la Generalitat?
Nuestro grupo municipal siempre ha considerado el diálogo como un valor imprescindible en política, y más cuando se trata de defender el bien común y los intereses y derechos de nuestros vecinos y vecinas. De hecho, durante estos años en el consistorio de L’Hospitalet, los grupos municipales de la oposición al completo —desde su diversidad política— se han opuesto de manera contundente al PDU de la Gran Vía, también en la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya que emitió dos resoluciones que solicitaban la paralización del PDU y abogaban por elaborar un proyecto de consenso con la participación de la ciudadanía. Creemos que el camino del diálogo, el consenso y la participación ciudadana en proyectos que afectan de manera tan determinante y tienen un impacto irreversible, como en este caso el PDU de Gran Vía, es la única opción que podría plantearse. Por eso solicitamos al equipo de gobierno del PSC del Ayuntamiento de L’Hospitalet y al Departament de Territori de la Generalitat que desistan de presentar el recurso de casación que han anunciado para impulsar un amplio debate político y ciudadano para decidir entre todos y todas cómo queremos desarrollar nuestro propio territorio.
7. El GM de ECP ha intervenido con decisión en un par de asuntos que han aparecido en los medios y en otro sobre el que se han lanzado algunas dudas importantes. Me refiero a la polémica en torno a la edificación de la Cosme Toda y al escándalo del Consell Esportiu. También en los últimos plenos habéis tenido protagonismo en la solicitud de información respecto a Fira 2000. ¿En qué punto se encuentran estás cuestiones respecto del trabajo de investigación que estáis llevando a cabo?
Como he dicho antes, no nos tiembla el pulso a la hora de defender los intereses de los vecinos y vecinas de l’Hospitalet. Del mismo modo que hemos sido una pieza clave a la hora de tumbar el PDU-Gran Vía, queremos de igual manera contribuir a que se esclarezca el Caso Consell Esportiu. Hemos insistido durante meses y lo seguimos reiterando: la alcaldesa debe salir a dar explicaciones públicas y apartar de sus cargos a los dos regidores investigados por la justicia. El equipo de gobierno, en nuestra opinión, debe dejar atrás su fallida estrategia de huida hacia adelante. Porque por mucho que corras, la realidad siempre te alcanza. Teniendo en cuenta que no se han atendido nuestras peticiones de transparencia en todo este tiempo, hemos propuesto citar a los dos regidores de gobierno del PSC de l’Hospitalet para que den explicaciones en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Nuestra ciudad no merece ni que se cierna sobre ella la sombra de la corrupción ni el silencio indiferente de la alcaldesa respecto a este tema. La gente merece tener toda la información acerca de una cuestión tan relevante. Luchamos y lucharemos para poner en valor la transparencia y los más altos estándares éticos en la política. Sea en el caso del Consell Esportiu o en cualquier otro que afecte a los intereses de los vecinos y vecinas de l’Hospitalet.
8. ¿Cúal es vuestra opinión como grupo respecto del modelo de ciudad, la densificación demográfica y la necesidad de la distancia social como se ha visto en esta pandemia?
Nuestra posición acerca del actual modelo de ciudad no es ningún secreto: estamos ante un modelo de ciudad obsoleto que no podemos permitirnos perpetuar en los próximos años. El actual equipo de gobierno parece resistirse a entenderlo. Las ciudades del siglo XXI tienen otras necesidades y se construyen bajo paradigmas nuevos, adaptados al mundo en que vivimos. ¿Tiene sentido construir hoteles y rascacielos faraónicos cuando tenemos un gran déficit de zonas verdes en la ciudad? Desde nuestro punto de vista, no. ¿Tiene sentido edificar alrededor de novecientas viviendas en Cosme Toda con unos centros de atención primaria colapsados? La lógica nos dice que no. ¿Tiene algún sentido seguir consagrados a la cultura del tocho y el pelotazo urbanístico en la ciudad más densamente poblada de Europa? Nuevamente, la respuesta es no. Creo que la pandemia que golpea nuestras sociedades ha acelerado un proceso de cambio y renovación de consensos sociales. Un nuevo sentido común se abre paso y nos coloca justo frente al espejo de nuestro mundo, haciendo evidentes deficiencias del sistema que antes podían pasar un poco más desapercibidas para la gente. Las enseñanzas que extraemos de la pandemia nos indican que una etapa ha llegado a su fin en l’Hospitalet, se oponga quien se oponga. Ahora debemos asistir el nacimiento de una ciudad de futuro: promover la creación de zonas verdes, puesto que las ciudades necesitan pulmones que sean una garantía de salud para sus habitantes. Peatonalizar calles con tal de ganar espacio vital para los vecinos y vecinas. Extender el uso de la bicicleta en trayectos interurbanos para luchar contra la contaminación. Apostar por proteger el derecho a la vivienda digna con un parque público de vivienda que facilite el acceso a un hogar. Hay que cuidar lo público para avanzar en derechos, en protección de la gente y en bienestar colectivo. En definitiva, es hora de ofrecer soluciones reales a problemas reales.
9. ¿Cuál es vuestra opinión como grupo respecto de la carencia de zonas verdes, el esponjamiento de los barrios del norte y la política de vivienda?
Lo hemos repetido desde el comienzo de esta legislatura: el modelo de ciudad aplicado por el actual equipo de gobierno se ha quedado totalmente desfasado. Es un modelo caduco, anclado en el pasado. Desde En Comú Podem de l’Hospitalet tenemos otro proyecto de futuro para la ciudad, otro modelo que garantiza la sostenibilidad de una ciudad que necesita más zonas verdes y menos rascacielos. Por la sencilla razón de que las zonas verdes son sinónimo de salud para los vecinos y vecinas de la ciudad, mientras que los rascacielos suelen ser sinónimo de especulación inmobiliaria.
10. ¿Cúal es vuestra opinión como grupo respecto de la situación de los equipamientos, servicios e infraestructuras a la luz de los miles de nuevos habitantes que se prevén con la edificación de las 11.000 viviendas que se están construyendo?
Nuestro grupo Municipal ha denunciado hasta la saciedad la saturación de los servicios públicos, que son esenciales para nuestros vecinos y vecinas. Los recortes que se han venido efectuando desde el 2008 por gobiernos de marcada tendencia neoliberal han provocado que el sistema de salud público haya perdido medios técnicos, equipamientos sanitarios y profesionales de la salud de manera significativa. Provocando una saturación en la atención primaria con más de cincuenta días de espera para ser atendido por el médico de cabecera, según denuncias de los propios usuarios. Enormes listas de espera para intervenciones quirúrgicas o pruebas médicas importantes para la salud de los pacientes y su calidad de vida. Hacemos hincapié en un hecho injustificable como es la situación de alrededor de 150.000 habitantes de L’Hospitalet que han de desplazarse al municipio de Sant Joan Despí para ser atendidos en el Moisès Broggi, el hospital de referencia que tiene asignado, dado que el Hospital General de L’Hospitalet ha sido prácticamente desmantelado y solo efectúa intervenciones que no precisan hospitalización y atiende consultas externas determinadas.
Destacamos también la escasez de pediatras, con varios ambulatorios de la ciudad sin atención pediátrica continuada y sin servicio de urgencias pediátricas las 24 horas para atender los casos fuera de horario del pediatra de referencia. En una ciudad con aproximadamente 40.000 niños y niñas, resulta injustificable obligar a las familias a desplazarse a un hospital infantil de referencia que pertenece a la sanidad concertada, ubicado en otro municipio y con dificultad de acceso en transporte público.
En esta situación de precariedad y saturación del sistema público de salud ha impactado con fuerza la pandemia de la Covid-19, llegando casi al colapso en los meses más duros de la crisis sanitaria. Estamos convencidas que el impacto de la pandemia se hubiera podido asumir en mejores condiciones si no se hubieran efectuado los brutales recortes, especialmente en cuanto a medios humanos e instalaciones sanitarias. Somos plenamente conscientes del esfuerzo sobre humano que los profesionales de la salud pública han estado realizando desde el inicio de la pandemia; nuestro agradecimiento y reconocimiento a su labor es infinito.
También la escuela pública se encuentra sobrepasada en nuestra ciudad. Con ratios de alumnos por aula que sobrepasan en muchas escuelas las recomendaciones, centros educativos con un déficit serio de instalaciones y medios técnicos para ejercer la docencia con garantías e incluso centros educativos en módulos provisionales a la espera de la construcción de la propia escuela. Hay que destacar que una generación de niños y niñas de la Escuela Ernest Lluc y Paco Candel habrán desarrollado su etapa escolar de primaria en módulos provisionales, con un claro déficit del espacio necesario para desarrollar actividades lectivas imprescindibles.
También en el terreno educativo la falta de plazas de escuelas infantiles de 0 a 3 años obliga a muchas familias de L’Hospitalet a buscar plazas en los municipios cercanos, generalmente en escuelas privadas, ya que las de titularidad pública no cuentan con las suficientes plazas para acoger la demanda.
En este contexto el gobierno del PSC del Ayuntamiento de L’Hospitalet plantea edificar aproximadamente 11.000 viviendas con una proyección de 35.000 habitantes más en un plazo de entre tres y cuatro años. Lo cual consideramos un auténtico despropósito y una absoluta irresponsabilidad, ya que dicho incremento terminará por colapsar los servicios públicos sanitarios y educativos ya de por sí saturados.
Por ello consideramos imprescindible plantear una moratoria urbanística para proyectar la ciudad en su conjunto y al servicio de las personas, nunca para los intereses de las empresas constructoras. El bien común ha de prevalecer por encima de cualquier consideración.
Por Jesús A. Vila