18 de enero, 2021
Empezamos un año, intentando borrar u olvidar el anterior. Pero esta vida, está empecinada a no dejarnos descansar y nos va dando una sorpresa tras otra. Un vikingo que asalta el Capitolio, una tormenta que lleva nombre de mujer poco usual que ha azotado toda la península con gruesos de nieve nunca vistos en ciudades como Madrid, y la COVID-19, que ha cumplido con lo que ya anunciaban los epidemiólogos, con la tercera ola de infecciones y que convierte a l’Hospitalet en una de las 10 ciudades de Catalunya con más infectados.
Pero este año nos va a deparar más noticias. Seguro. Núria Marín, alcaldesa de la ciudad, vive uno de los momentos más críticos desde que el 19 de abril de 2008 fue nombrada alcaldesa, en sustitución de Celestino Corbacho, nombrado entonces Ministro de Trabajo. La alcaldesa revalidó su cargo en el 2011, 2015 y 2019, este último con mayoría absoluta.
El año 2020 fue un “annus horribilis” para todos, pero especialmente para la primera autoridad de l’Hospitalet. Primero, con el affaire del Consell Esportiu donde hay implicadas quince personas entre ellas tres concejales de su equipo: uno, Jaume Graells, denunciando prácticas no honorables y los otros dos, Cristóbal Plaza y Cristian Alcázar, implicados en ellas (se les acusa de los presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales). Contando además con la propia alcaldesa que tuvo que declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la que se le investiga porprevaricación, malversación de dinero público y omisión del deber de perseguir un delito.
Este caso ha creado una crisis interna y enfrentamiento dentro del PSC. Hay que tener en cuenta que uno de los acusados es Cristian Alcázar, primer secretario de la organización en l’Hospitalet. De momento, ya ha habido una dimisión, Cristóbal Plaza, que dejó su cargo tras una reunión con Nuria Marín.
El Consell Esportiu estaba dominado por los socialistas aunque ahora, tras diferentes denuncias por parte de la oposición, se le quiere dar un aire nuevo y desde alcaldía se ha solicitado a los grupos municipales que nombren un representante para formar parte de dicho consejo rector.
Incluso, el grupo municipal socialista ha aceptado, en el último pleno municipal, presentarse como acusación particular en una moción presentada por ERC y aprobada por unanimidad, cuando en el mes de junio fue presentada la misma iniciativa y fue rechazada por el PSC con la ayuda de la abstención de C’s.
La titular del juzgado número 2 de l’Hospitalet tiene ahora la palabra. Suponemos que en los próximos días llamará a declarar a la alcaldesa, quien lo ha solicitado de forma voluntaria para dar su versión sobre los hechos.
Pero no solo ha sido este punto el que ennegreció el año a Núria Marín. Su obra estrella, el Plan Director Urbanístico (PDU) de Gran Vía, se vio frenado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El proyecto urbanístico dibujaba un clúster sanitario con la potenciación de un núcleo de investigación biomédica, con el impulso del Hospital de Bellvitge y el Institut Català d’Oncología, algunas zonas verdes y la construcción de 28 rascacielos que es lo que parece que menos sale a la luz pública. Todo, a costa de eliminar la última zona agrícola con que contaba l’Hospitalet y sin tener en cuenta que es una de las ciudades más densas de Europa.
Un proyecto que viene desde el 2017 y que fue bendecido por la Generalitat en julio del año pasado. Y respaldado, nuevamente, por el propio Damià Calvet, titular del Departament de Política Territorial i Sostenibilitat en una reunión con la alcaldesa, tras las dos sentencias del TSJC. Por cierto, el conseller pertenece a Junts per Catalunya, partido que ha apoyado a Núria Marin en la Diputación de Barcelona, en una moción presentada por ERC en la que se le solicitaba que dejara el cargo mientras no se aclarara su situación en el affaire del Consell Esportiu de l’Hospitalet.
Las dos sentencias contra el actual proyecto del PDU son claras. Una de ellas manifiesta que nada justifica que el Àrea Metropolitana de Barcelona no dé su opinión cuando, entiende el alto tribunal, que sí lo ha de hacer. La otra, declara que no se pueden contabilizar como zonas verdes las existentes bajo los bucles de las carreteras. Pero el trasfondo de este proyecto creo que está claro: existe la intención municipal de saltar el escollo que puede representar que el máximo órgano metropolitano dé su opinión, a sabiendas que es manifiestamente contraria al mismo o al menos tiene muchas objeciones al respecto.
Aún así, Marín insiste y la Comisión de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya ya se ha puesto en marcha nuevamente para rehacer el proyecto y ajustarse a las dos sentencias y volver a darle al proyecto la dimensión de País, como ha manifestado la alcaldesa, para saltarse al AMB. Tanto el Hospital de Bellvitge como el Institut Català de Oncología, el Institut d’Investigació Biòmedica de Bellvitge, la Universitat de Barcelona o les patronals PIMEC o Foment del Treball ya han emitido cartas dando apoyo al complejo biomédico, sin saber claramente lo que allí se va a proyectar.