El recurso de casación contra la sentencia del PDU del ayuntamiento de l’Hospitalet apunta al fracaso

_{18 de noviembre, 2020}

Núria Marín, alcaldesa de l’Hospitalet, en cuanto supo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), declarando nulo el Plan Director Urbanístico (PDU), proyecto previsto por el ayuntamiento de l’Hospitalet en la parte Sur de la Gran Vía (entre plaza Europa y el rio Llobregat), manifestó que todo era una cuestión de forma y anunció la presentación de un recurso de casación contra el auto judicial.

Un mínimo de un año, en cualquiera de los supuestos, y con todas las de perder. El recurso de casación se podría presentar ante el Tribunal Supremo. Un mínimo de seis meses para que al final resolviera que quien es competente en este caso es el TSJC ya que Catalunya tiene plenas competencias en Urbanismo.

La segunda posibilidad es que directamente se presente en el TSJC. Este recurso no podría resolverlo la misma sala y tendría que despacharla otra distinta. Mientras que todo esto sucede, otro mínimo de seis meses. Y también en la misma línea que la sentencia. Es de suponer que los letrados que asesoran a la primera autoridad de L’Hospitalet, ya le hayan informado del futuro del recurso.

Núria Marín califica como vital el PDU y los vecinos aplauden la sentencia que lo declara nulo

El resultado del recurso de casación viene fundamentado en los argumentos que dio la sala para dictar la sentencia ante el recurso presentado por En Comú Podem L’Hospitalet, declarando nulo el PDU. El tribunal declaró la nulidad del Plan Urbanístico por “vulneración del principio de jerarquía normativa” y por “una carencia insubsanable de competencia”. Y añade que el hecho que el plan contemple “sinergias y efectos coordinados con infraestructuras sanitarias o de transporte de alcance supra metropolitano” no justifica la anulación de competencias urbanísticas del AMB.

Nuría Marin, hizo una defensa sin paliativos del PDU, manifestada en la rueda de prensa posterior a hacerse pública la sentencia : “Este es un proyecto súper importante para L’Hospitalet y para el conjunto del país y junto con el Departament de Territori trabajaremos para que vea la luz lo más pronto posible”.

La Generalitat aprobó el PDU sin pasar por el AMB.

Hace ya algunos años la Generalitat modificó la legislación sobre Urbanismo para “agilizar” determinados proyectos urbanísticos y, en este caso, el ayuntamiento de l’Hospitalet quiso aprovechar la oportunidad para que  la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, en sesión de 2 de diciembre de 2013 declarara de interés territorial el PDU. Lo cual ha sido calificado por el alto tribunal de Catalunya en los siguientes términos: “Se trató de una justificación más bien insubstancial (magre) y con un alto componente retórico que, más allá del interés superior que pudieran tener las actuaciones dirigidas a mejorar la funcionalidad de la Gran Vía como parte integrante de una vía de comunicación de interés incluso autonómico, no ofrecía ningún dato que permitiera situar las actuaciones añadidas al PDU-GV.LL (propiamente de urbanismo de ciudad) en la noción legal “de especial relevancia social o económica o de características singulares”.

Las especulaciones se centran en la actualidad sobre el componente político que va a tomar este tema donde el PSC va a buscar apoyos en el plenario del AMB para poder aprobar un plan que la alcaldesa define como de cambio para l’Hospitalet y el conjunto del País. Justo al contrario de las organizaciones vecinales y grupos políticos municipales que consideran un éxito y un freno a la construcción de rascacielos de forma masiva, sin precedentes en la ciudad. Además de acabar con el único espacio agrícola que queda.

El PDU planifica una actuación a lo largo de un tramo de 1.000 metros de longitud en el entorno de la vía, entre la Ronda Litoral y el nudo de la Marina, e incluye, además de los 27 rascacielos, la creación de un parque de 27,9 hectáreas y la potenciación de un entorno de investigación biomédica, con el impulso del Hospital de Bellvitge y el Institut Català d’Oncologia.

Por Lluís Berbel