30 de noviembre, 2020
La Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat reformularán el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia para adaptarlo a las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo declaró nulo de pleno derecho.
Este es el acuerdo al que han llegado Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, y Núria Marín, alcaldesa de la ciudad, en una reunión mantenida esta mañana en la sede del Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet.
En declaraciones a los periodistas antes de la reunión, el conseller y la alcaldesa han anunciado la presentación de los recursos de casación y la redacción de un nuevo PDU y adaptarlo a las objeciones hechas por el tribunal en paralelo.
Núria Marín ha afirmado que “se trata del proyecto de reactivación económica y social más importante en marcha en estos momentos en Catalunya con una previsión de creación de 20.000 puestos de trabajo alrededor del sector de la biomedicina”, ”La actual crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia del sector biosanitario y no podemos renunciar a tener en esta zona de l’Hospitalet el clúster biosanitario más importante del sur de Europa”.
“Probablemente para nosotros era tan obvio el interés de país de este proyecto que a lo mejor no dedicamos todos la fuerza a la hora de ponerlo por escrito. No sé si fue un error o un exceso de confianza. En todo caso, ahora sí que reformularemos y justificaremos el interés no solo para la ciudad, el AMB o la provincia de Barcelona, sino para toda Catalunya”, ha insistido la alcaldesa.
Por su parte, Damià Calvet ha dicho que “acatamos las sentencias, pero no las compartimos” y considera que hacen referencia a “temas menores y reparables”. “A partir de ahora” —continuó— , “empezaremos a trabajar para resolver estos problemas de competencias y reforzar el hecho de que estamos ante un proyecto que va más allá del ámbito municipal y metropolitano: es un proyecto de país”.
Con respecto al tema de las zonas verdes, la alcaldesa ha explicado que “se están cuestionando 20.000 m2, menos del 5%, cuando el conjunto de zona verde a todo el ámbito es de 514.000 m2. El proyecto multiplica por diez el número de metros cuadrados de zona verde a que estamos obligados por ley”.
En el transfondo del asunto existen la construcción de una treintena de rascacielos (de lo cual no han hablado ninguna de las dos autoridades) y la desaparición de la última zona agrícola de l’Hospitalet. Una de las ciudades con mayor concentración de población de Europa.
Según ambos responsables, estos trámites pueden provocar una demora de un año, tal y como aseguró l’Estaca con información procedente de fuentes judiciales. Hay que recordar que las obras estaban previsto que arrancaran en 2021.
La sección tercera de la sala contencioso-adminitrativa del TSJC ha tumbado dos veces el Plan, que planea el soterramiento de una parte de la Granvia, la instalación de un clúster biomédico o la creación de un gran parque urbano en la zona de Can Trabal, por motivos de competencias y por considerar que la ubicación de las zonas verdes contraviene la legislación actual.
En concreto, las sentencias señalan que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y no el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, era el organismo competente para aprobar el PDU y que el texto del Plan “no contiene ninguna indicación rigurosa, susceptible de justificar la competencia plena” de la conselleria.
Con la reformulación del PDU, se tendrán que repetir trámites como el de exposición pública o la presentación de alegaciones, un proceso en el que Marín ha asegurado que tratarán de lograr el máximo de participación y de consenso posible.
Por Lluís Berbel