El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) de l’Hospitalet denuncia un aumento considerable de despidos de trabajadoras del hogar, especialmente centroamericanas, gran parte de carácter improcedente, sin contar con indemnización y provocando, en varios casos, situaciones de pobreza extrema.
20 de noviembre, 2020
Si bien las condiciones de las trabajadoras del hogar –en su mayoría inmigrantes centroamericanas irregularizadas– no eran nada favorables, informaciones del sindicato de CCOO de Cataluña y del CITE (Centro de Información para Trabajadores Extranjeros) exponen un agravamiento de la situación. Desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, no solo se ha notificado un aumento de despidos injustificados, sino también situaciones de grave vulneración de derechos laborales y una falta de solidaridad general por parte de los contratantes. La mayoría de las mujeres inmigrantes que trabajan como asistentas del hogar en Barcelona y que han estado asistidas por las líneas de atención del CITE los últimos meses, han declarado que han sido despedidas sin preaviso y que además no han obtenido ninguna indemnización, lo que les supone un grave problema a nivel económico. Asimismo, muchas de las mujeres afirman que las han echado de manera precoz, sin explicación ninguna o meramente por vía telefónica. Y en el peor de los casos, se ha notificado el testimonio de trabajadoras que han perdido su vivienda de un día para otro debido a su condición de internas. Según declaran responsables de las CCOO de l’Hospitalet, el colapso para atender a todas estas mujeres es patente, puesto que cada día se constatan 5 o 6 despidos.
Cabe destacar que algunas mujeres han sido despedidas a raíz de haber sido infectadas de Covid-19, porque no se les había proporcionado el material de protección adecuado en sus lugares de trabajo, una tarea que corresponde a los mismos propietarios. Además, el miedo y el desconocimiento inducidos por la pandemia han conducido a una violación de derechos reiterada, sobre todo para aquellas mujeres que trabajan como internas, que han visto restringidas sus salidas fuera del domicilio, e incluso han sido retenidas durante días por medio de amenazas. Del mismo modo, algunas trabajadoras han manifestado malestar por haber sido obligadas a desinfectar frecuentemente los domicilios, siendo expuestas a productos tóxicos y sin ninguna medida de precaución. Ante tal situación de inferioridad, en la que gran parte de las mujeres reciben un sueldo muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (menos de 8.871 € anuales) y la mayoría está a cargo del mantenimiento de hijos y familiares, ninguna puede permitirse el lujo de perder su empleo. Es por eso que aunque muchas han recurrido a la ayuda o asesoramiento de servicios sociales, solo el 25% decide denunciar y reclamar lo que le corresponde.
En las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, el gobierno de la Generalitat no ha proporcionado ayudas a este sector, que constituye un 38% de las mujeres latinoamericanas en Cataluña, y cuya mayoría tiene dificultades para llegar a fin de mes. Todo esto, junto con el aumento de despidos, la consecuente reducción de ingresos de estas mujeres y la falta de unas leyes o medidas que respondan a las necesidades del colectivo, han llevado a muchas de las trabajadoras a situaciones de miseria y pobreza extrema. Teniendo en cuenta que la mayoría de centros de asistencia social se encuentran colapsados actualmente, varias mujeres han confesado encontrarse sin un lugar donde dormir y viviendo a base de redes de solidaridad.
Esta posición de inferioridad e invisibilización a la que están sometidas las asistentas del hogar, principalmente de origen hondureño o boliviano, se explica por varios factores, según el informe elaborado en junio por el CITE y las CCOO de Cataluña. A parte del factor estructural que vincula estrechamente a las mujeres con el trabajo doméstico, el sector de trabajadores del hogar no está completamente amparado en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supone más facilidad por parte de los propietarios para no proporcionar los contratos o liquidaciones pertinentes a las mujeres empleadas en este caso. Aunque en las reformas de los años 2011 y 2012 se reconocen varios derechos en este sentido, el trabajo del hogar no se ha incluido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ni en el Fondo de Garantía Salarial. Del mismo modo, los sindicatos manifiestan que las leyes referentes a la regularización de extranjeros exigen condiciones de difícil cumplimiento, como la necesidad de tres años de residencia en el territorio español y la posesión de un contrato de trabajo de mínimo un año.
Desde las CCOO de l’Hospitalet se lleva tiempo denunciando esta situación de precariedad y trabajando por promover medidas como la ratificación del Convenio 189 de los derechos mínimos de los trabajadores domésticos. Paralelamente se proporciona asesoramiento laboral e intermediación, dirigidos especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en una situación de desconocimiento de sus derechos. Liliana Reyes, coordinadora de CCOO de la ciudad, afirmaba en este sentido que el hecho de que las trabajadoras no tengan contrato escrito no significa que no tengan derechos laborales, y que hay que reconocer el contrato aunque sea de manera verbal.
Por Patti Elias