Los chicos de esta casa —no hay chicas, y eso se nota en demasiadas cosas— me explicaron el otro día una cuestión que, incomprensiblemente, se está convirtiendo en un tema recurrente de actualidad: la renovación del Contrato-Programa de los medios de comunicación municipales que se financian con el dinero de todos. Digo que es incomprensible por varios motivos. Porque la renovación de un contrato es una cosa apestosamente burocrática. Porque los medios de comunicación municipales funcionan en la medida que al gobierno municipal le apetece, y porque detrás de la renovación de ese contrato y de quien lo debe poner en marcha hay una diatriba que supera la tontería concreta.
De hecho, lo que está en juego ni es el contrato, ni es la supervivencia de los medios, ni siquiera la composición de quien lo tiene que validar. Lo que se juega es simplemente un cambio en la mentalidad del funcionamiento de un gobierno que, por primera vez en 46 años, no puede hacer lo que quiere. Y acostumbrar a un gobierno que lleva 46 años haciendo lo que quiere, a tener que acordar qué hacer con el resto de los que ostentan la misma representación que ellos —y un poco más, por eso son mayoría— no es tarea fácil. No ha sido fácil para Pedro Sánchez que está dando encomiables muestras de inteligencia política, ¿cómo va a ser fácil para un equipo que está dando desastrosas muestras de todo lo contrario?.
El problema es que esa inercia lleva aparejadas otro montón de inercias, especialmente las inercias de quienes solo tenían que rendir cuentas a quienes los habían contratado y que ahora descubren que quienes los habían contratado no eran quienes les pagaban sino quienes administraban los recursos de quienes les pagaban de verdad, que es la ciudadanía. Durante 46 años ha habido la tendencia a pensar que los dueños del dinero eran los gobernantes, los hijos políticos de los primeros gobernantes y los primos hermanos de todos aquellos que se han ido sumando al carro de los que querían gobernar, en unos casos por vocación —los menos— y en otros porque para ejercer el poder —y ganarse muy bien la vida— no hace falta más esfuerzo que darle la razón a quien hace las listas.
El caso es que lo que hay detrás de la renovación de un contrato —de ese contrato— es un ejercicio de funambulismo político que se dirime a cinco bandas. Una, que no quiere perder jamás, y otras cuatro que están en el marasmo de la duda permanente. Las que interesan son las de la duda, porque el que no quiere perder jamás tendría que perder esta vez para darse la oportunidad de convertir la intransigencia en inteligencia.
Me voy a explicar claramente. Los de la duda necesitan llegar a la ciudadanía y para eso se esfuerzan en publicitarse todo cuanto pueden para darse a conocer. Para eso tienen las redes sociales, los digitales posibles —este entre ellos— y los medios de comunicación públicos que deberían llegar a todas las casas. Y que, desde luego llegarían, si fueran creíbles. Los otros no llegarán jamás a todas las casas, aunque lo sean…
Y aquí aparece la primera contradicción. Los de la duda dudan de que los medios públicos actuales les favorezcan y sean creíbles, pero dudan todavía más de si les beneficiaría prescindir de ellos. De lo que no dudan es de que las redes sociales y los digitales les favorecen bastante más y hacen el esfuerzo de ser más creíbles, pero conscientes de su imposible crecimiento, dudan de darles el apoyo incondicional al que se han hecho acreedores.
El caso es que se mueven —en unos casos más, en otros menos— entre la consciencia de que los medios de comunicación públicos sirven a los intereses del gobierno, pero que en cambio los profesionales concretos lo hacen todo muy bien y no van a renunciar para nada en seguir saliendo en esos medios y en seguir dorando la píldora a los profesionales.
Mirándolo de lejos, tienen razones de peso para moverse en esa aparente contradicción, porque si bien es cierto que los medios de comunicación públicos sirven a los intereses del gobierno, también es cierto que sirven a los intereses de la ciudadanía y suelen ejercer con profesionalidad. Dicho así, algunos todavía entenderán menos qué está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que se pueden defender los intereses del gobierno, de la ciudadanía y ejercer el compromiso profesional, pero negarse a modificar las pautas de funcionamiento de los prescriptivos controles sociales. ¿Para qué caramba modificar los aparatos colegiales de dirección si las cosas han estado funcionando con cierta normalidad hasta ahora… para qué hacer olas, si el tiempo aconseja tomar el sol comodamente?.
Resulta que justamente de lo que se trata es de enseñarle al gobierno que poder perder votaciones no arroja al caos, sino en muchas ocasiones a todo lo contrario: a concitar acuerdos, a saber escucharse y entenderse, a crecer colaborativamente porque la razón es un aparato muy complejo que se construye a base de muchas verdades parciales.
En definitiva. No hay contrato, como todos saben, porque no hay Consell Executiu —a ver si le explicáis al alcalde la diferencia entre Consell Executiu i Consultiu porque los confundió en la última entrevista— y no hay Consell Executiu porque no se quiere nombrar a ningún representante de L’Estaca, con lo que este modesto ingenio ha conseguido superar todas sus humildes expectativas.
Y los de la duda no quieren asumir, porqué le tienen miedo, el argumento que los periodistas que ejercen en esta ciudad pusieron en su día sobre la mesa. Si hay que elegir a tres periodistas en ese Consejo —que es algo que el reglamento aprobado propone—, que sean representantes de los medios de comunicación que se esfuerzan día a día, en algún caso por puro activismo, para dar una visión modesta pero igualmente responsable y quizás molestamente crítica, de lo que ocurre en la ciudad. A ver si al final se entiende. Se trata de aplicar un CRITERIO, no de imponer vetos o buscar alternativas. Y si se acepta el CRITERIO, es que deben ser representantes de los medios en funcionamiento quienes formen parte de esa propuesta y no otros. No hay más alternativa si se acepta un CRITERIO que se justifica por sí solo. Por qué, ¿quiénes pueden tener más autoridad moral para formar parte de una dirección colegiada de dirección y control de la información que recibe la ciudadanía, que aquellos que ejercen la profesión desde otra alternativa que no es la financiada públicamente y, por lo tanto, que no se ven obligados a rendir cuentas al gobierno de turno?
Ojalá —rendir cuentas al gobierno de turno— no fuera hoy necesario. Pero desgraciadamente lo es, y justamente hay que sentar las bases para que deje de serlo.