Jornada de debate de la Alianza de la Izquierda Republicana de España sobre un tema de gran trascendencia en municipios de la corona metropolitana
Reportaje de Javier Marín Vázquez.
La Alianza de la Izquierda Republicana de España (Aires) acaba de celebrar una exitosa jornada de reflexión y debate sobre los migrantes, su inserción social en la cultura de acogida y la utilización que hace la extrema derecha para intentar convertir este fenómeno social en un problema de inseguridad ciudadana.
Participaron como ponentes 3 ex jefes de policía con largos años de militancia en la izquierda política.
Tomás Gil, Doctor en Derecho y profesor en numerosas instituciones universitarias y policiales resaltó que “las sociedades actuales son plurales, diversas y complejas; una de las causas de esta complejidad es la inmigración, que en los últimos años se ha producido en España como consecuencia de la globalización, de los conflictos bélicos que se han desarrollado en numerosas partes del mundo, de la desigualdad y de la falta de oportunidades en la que se encuentran millones de seres humanos”
“Frente a esta situación la izquierda española tiene la obligación de articular un discurso político que le permita explicar a la ciudadanía la necesidad de ordenar y gestionar debidamente el fenómeno migratorio, discurso político que contemple las diferentes aristas que presenta la inmigración, una de ella es la sensación de inseguridad que genera la inmigración, sensación de inseguridad que es alimentada por la extrema derecha de forma indecente y torticera”
“Necesitamos a los inmigrantes por varios motivos, uno de ellos, fundamental, es el crecimiento demográfico negativo que presenta España y que nos condiciona en nuestro desarrollo económico y social, pero, para poder gestionar de forma óptima el fenómeno migratorio es indispensable desarrollar políticas activas que contribuyan no sólo a formar profesionalmente a las personas llegadas de otros países , es necesario fomentar su integración en nuestra sociedad, implicarlos en nuestras comunidades, acompañarlos y hacerles conocedores de los derechos que les protegen en España y de las obligaciones que se les exige como miembros de nuestra comunidad”
Fernando Pradells, Màster en Estudios Policiales, señaló que en las causas del desbordamiento policial para atender debidamente el creciente fenómeno criminalístico, influye decisivamente el recorte presupuestario de las administraciones públicas, en prevención, reacción, derivación y atención del conjunto de operadores sociales para resolverlos con eficacia, en tiempo y forma, incluyendo aquí la exasperante dilación de los tribunales de justicia.
“No es en sí el fenómeno de la inmigración el que altera la seguridad de los pueblos y, sobre todo, en las grandes ciudades, son los movimientos/desplazamientos desbordados y masivos de personas, sean de donde fueren, los que se muestran difíciles de atender y gestionar y que, a su vez, generan incidencias relevantes y negativas en la seguridad ciudadana”
Pradells aportó datos estadísticos del Ministerio de Interior sobre la criminalidad en España, que demuestran que los delitos graves, como los asesinatos, las violaciones, y los secuestros, están creciendo de forma alarmante:
El número global de infracciones penales ha crecido en los últimos 9 años, desde los 2 millones del año 2015, hasta los 2’5 millones en el 2023.
De la misma forma, el nº de infracciones penales por tráfico de drogas prácticamente se dobló, desde los 12.000 casos de 2012, hasta los 21.000 de 2022:
El nº de agresiones sexuales con penetración se ha disparado exponencialmente, entre los 1.200 casos de 2015 hasta los 4.875 de 2023.
En el cierre, Javier Marín, que fue jefe de policía en varios municipios y posteriormente Asesor de Seguridad Pública en la Delegación de Gobierno de Cataluña, y en la Diputación de Barcelona, aseveró que:
“La SEGURIDAD PÚBLICA forma un binomio inseparable con la LIBERTAD y en un estado democrático de derecho, los poderes públicos han de garantizar el engranaje entre ambos elementos, diseñando políticas públicas que permitan a la ciudadanía ejercer su LIBERTAD en un contexto de SEGURIDAD personal integral.
La INMIGRACIÓN en general, en tanto que uno de los sectores poblacionales mas desfavorecidos y con menores ingresos, alcanza niveles estadísticos muy destacados en las tasas de delincuencia de los países europeos, y muy en concreto en España.
La ausencia de políticas de vivienda y cohesión social, está beneficiado la “guetización” (la aumulación por barrios de la inmigración con menores capacidades económicas)
El crecimiento de la extrema derecha en Europa, guarda una relación directa con la utilización política del fenómeno de la inmigración, desde una perspectiva xenófoba y racista.
Países como Suecia; Holanda; Alemania y Francia; modelos en algún momento para la socialdemocracia europea entre los años 1960 y 1990, por sus altos niveles de integración de la inmigración y cohesión social; han caído en picado.
Han ido perdiendo barrios y ciudades enteras, en las que la relación directa entre inmigración e inseguridad ciudadana las hace inhabitables, hasta tal punto que la población autóctona acaba autoexilándose.
Esas ciudades-guetos generan sus propias mafias internas, con bandas organizadas y armadas, que hacen impracticables sus calles para cualquier patrulla de policía, que abandonan el patrullaje preventivo y solo se atreven a entrar cuando se organizan grandes operativos policiales para situaciones excepcionales. Mientras tanto, se convierten en mini estados fallidos, donde las instituciones de la administración del Estado desaparecen.
Cuando esas administraciones están gobernadas por la derecha política, su inacción da lugar al auge de formaciones de extrema derecha, que tampoco les molestan demasiado, porque al final acaban cogobernando con ellas cuando les son necesarias, cómo ya está pasando en España”
Para demostrar sus aseveraciones Marín mostró datos estadíaticos del Ministerio de Interior aportando datos específicos sobre la población reclusa de origen extranjero y afirmó que: “El volumen de población reclusa extranjera ha aumentado en 654 internos en relación con 2021. Al finalizar 2022, el porcentaje de población reclusa extranjera era del 30,1 %, 0,5 puntos porcentuales más con respecto al año anterior. Cifra que no guarda proporción con el nº de población de origen extranjero en España, que es del 10%
Los internos extranjeros en los centros penitenciarios españoles, que pertenecen al ámbito de los países de la Unión Europea, representan en su conjunto, a 31 de diciembre de 2022, el 15,0 % del total de los internos extranjeros. La población reclusa de Rumanía representa el 7,0 % del conjunto de la población reclusa extranjera.
Por proximidad geográfica se destaca que el porcentaje de internos de Marruecos, respecto del total de internos extranjeros es del 21,6 %.
La población reclusa de Colombia representa el 7,4 % y la población reclusa de Argelia el 4,9 %.
El conjunto de la población reclusa en España ascendió a 55.751 personas
en 2022, manteniéndose en cifras estables desde 2015.
Para dejar clara la relación del aumento de la criminalidad, sobre todo en delitos contra el patrimonio, Marín apuntó que: ”en el período álgido de la crisis económica, 2008-2015, la población reclusa, en su conjunto, alcanzó el pico máximo con 76.079 presos en 2009”
En cuanto a propuestas para el mejor tratamiento y gestión de la Seguridad Pública, en su relación con la población extranjera, Marín aportó diversas ideas aprobadas en el Congreso Constituyente de AIRES:
- Alrededor del 10% de la población española es de nacionalidad no española. Buena parte de estos inmigrantes vienen buscando trabajo y una vida más segura que en sus países de procedencia. Las dificultades en la regularización de estas personas han creado un mercado de trabajo dual y desregulado que repercute en la pérdida de derechos por el conjunto de los trabajadores. Con ello se ha creado una situación propicia para populismos y extremismos nacionalistas que en nada benefician a la cohesión social ni a la progresión de las clases populares y trabajadoras.
- España debe tener soberanía para llevar a cabo su propia política migratoria, estableciendo planes y criterios de recepción de inmigrantes, priorizando países con lazos culturales e históricos, así como colectivos que padezcan cualquier tipo de persecución, ya sea por razones políticas, étnicas, culturales, religiosas o de orientación sexual. Los poderes públicos deben promover, a través de políticas educativas con suficiente dotación presupuestaria, que en los diferentes niveles educativos se impartan clases sobre diversidad cultural, que fomenten el conocimiento y el respeto, por parte de todo el alumnado, de otras culturas y las aportaciones positivas de las mismas, con el objetivo de que progresivamente se vayan erradicando en nuestra sociedad los prejuicios contra tales culturas.
- Las redes de tráfico ilegal de personas son directamente responsables de la muerte de centenares o millares de personas cada año, y por ello deben ser perseguidas con toda la fuerza represiva por parte del Estado. Diferenciando siempre entre las personas responsables de ese tráfico y las que son víctimas del mismo, que no buscan más que una vida mejor para ellas y sus familias.
- Los poderes públicos deben promover de la manera más rápida y efectiva posible la regularización jurídica y laboral de todas aquellas personas que, hallándose en España de manera irregular, desempeñen trabajos productivos y se vean explotadas laboralmente por su condición de irregulares, para evitar de ese modo tanto el dumping social como la proliferación de la economía sumergida y la defraudación a Hacienda y a la Seguridad Social.
- El respeto de los valores de la convivencia democrática, como la libertad religiosa o la igualdad de todas las personas sin discriminación por razón de sexo u orientación sexual, deben ser considerados como requisito indispensable para ser acreedor a la condición legal de residente en España, así como para la adquisición de la nacionalidad.
- Por otra parte, las personas de origen inmigrante que hayan hecho de la delincuencia su modo habitual de vida, o demostrado su falta de respeto hacia los referidos valores de la convivencia democrática, deberán perder con la mayor rapidez posible sus permisos de residencia y trabajo, o impedírseles el obtenerlos si aún los hubiesen conseguido, y tramitarse su expatriación a la mayor brevedad legalmente posible.
Destacó, entre los asistentes, la presencia de Carmen San Miguel, que fue Concejal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Barcelona, y que tomó la palabra al finalizar el acto.
Fotografías del acto, celebrado en la Librería Byron, de Barcelona, el 27/6/2024