Lo más interesante, en mi opinión, del reportaje de Sense Ficció que programó TV3 el martes 11 de noviembre por la noche —y del que se ha ido hablando tanto, antes y después de su visionado—, no fueron las zonas inundables urbanizadas, algunas desde los años 60, sino la corrupción instalada en la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha ido permitiendo a lo largo de este siglo XXI la proliferación de estas barbaridades urbanísticas.
Frecuentemente se da al urbanismo depredador de los años 60-70 la culpa de todas las desgracias posteriores, de la saturación urbana, de la mala calidad de los edificios, de la recalificación de los suelos, del caos de los trazados urbanos y, en última instancia, de las catástrofes derivadas de todo tipo, entre ellas, del riesgo de inundación. A menudo, se olvida que aquella época de dictadura férrea estaba construida sobre el derecho de unos cuantos a enriquecerse sin trabas burocráticas o éticas y sobre la base de la explotación de los más pobres a todos los niveles: en el trabajo, en su vida diaria y en el lugar donde residir.
La Transición vino para colocar a España en el mundo, pero sin exigir demasiadas cuentas. Los únicos que podían exigir cuentas eran los pocos que se activaron cuando Europa se puso a nuestro lado, pero tampoco se trataba de hacer ninguna revolución, sino simplemente de hacer lo que se hizo: cambiar alguna cosa para que el resto cambiara muy poco. Entre lo que cambió algo, la posibilidad de elegir directamente a nuestros representantes y, en los ayuntamientos, elegir a la gente que se suponía que sufría nuestras mismas condiciones de vida. Si sufrían nuestros déficits y eran de los nuestros, las ciudades tenían que cambiar necesariamente para bien. Algo se hizo, sobre todo, ordenar el desorden. Y poco más. Los nuestros enseguida aprendieron a ser como los otros y sus déficits pronto dejaron de ser los mismos que nosotros lamentábamos. Sus déficits ya no eran de espacios libres, de edificios insalubres y de pésima calidad de vida, sino de votantes y de honores. Y hacia ahí se inclinaron. Se inclinaron tanto, que descubrieron con el tiempo que nos tenían enfrente.
Construir en cualquier sitio
Y como nos tenían enfrente, actuaron exactamente igual que los que teníamos enfrente en la década de los 60. Trabajaron para que los ricos siguieran especulando y para seguir convirtiendo el suelo de todos en el mercado de los poderosos. Como el suelo es finito —como lo será el petróleo de aquí a nada según se harta de explicar el amigo Turiel— se optó por dejar construir en cualquier sitio, como antes, y entre los sitios en los que se dejó construir estaban las zonas inundables que ya eran inundables entonces pero que ahora han aumentado y se han extremado por el cambio climático y la cada vez más explosiva escasez de suelo.
Había un instrumento que Europa diseñó para evitar catástrofes de futuro y que aquí —en Catalunya— se impuso como se imponen todos los instrumentos, a base de leyes, solo que aquí los instrumentos se modelan y se modulan, a gusto del consumidor. Nació en el año 2000 la Agència Catalana de l’Aigua para determinar técnicamente como preservar suelo peligroso y ahora —ahora no, hace lustros— hemos descubierto que es una agencia corruptible y al servicio de los de siempre.
Hasta ahora mismo. Porque me ha dado por mirar el mapa de Catalunya de zonas inundables en su propia web, y acabo de descubrir que buena parte de la ribera del Llobregat es inundable pero, en l’Hospitalet, la zona inundable se acaba como por ensalmo en Bellvitge y hay un insólito oasis, exactamente donde se piensa construir el Biopol-Gran Via.
Construir en zonas inundables
Los activistas contra la barbaridad del plan especulativo de Gran Vía —Beneficis I Oportunitats Per Operacions Lucratives (Biopol)— ya han avisado de que se va a construir en zona inundable, una zona que tiene exactamente la misma cota de la zona que la rodea y que la sospechosa ACA considera un islote en medio del posible escenario catastrófico del río desatado.
Que la ACA se haya vendido tantas veces apareció como una terrible verdad el otro día en TV3. Que quienes compran los informes favorables del ACA son los mismos que programan el suelo desde los ayuntamientos, lo venimos denunciando desde hace décadas. A ver si las consecuencias de la desgracia de Valencia son capaces de meter el dedo de la justicia en la llaga de la corrupción, en todos los lugares donde hay peligro de muerte cuando el agua se desborda. Si fuera así, las anunciadas obras del plan especulativo de Gran Vía no comenzarían el próximo año. No comenzarían nunca…
