¿Pero hay pisos vacíos en Hospi?

Doña Elsa y doña Núria, de acuerdo en todo.

15 de septiembre 2019

Hace ahora casi un año que la alcaldesa Marín y la que entonces era Consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, se reunían en l’Hospitalet para firmar un convenio por el cual el Ayuntamiento se encargaba de detectar e inventariar los pisos vacíos de la ciudad para que definitivamente en l’Hospitalet dejará de haber “casas sin gente y gente sin casa”. La propia alcaldesa reconocía por esas fechas que había en la ciudad un millar de casas vacías y más de 300 familias pendientes de una vivienda con alquiler social y que era urgente, lo más urgente, poner coto a esta injusticia. Cuando escribo estas líneas, hace 46 días que una mujer y su hijo de seis años viven y duermen en una tienda de campaña a las puertas del ayuntamiento, sin que la alcaldesa Marín y su flamante equipo de bien pagados concejales hayan resuelto el problema.

Ingrid y su hijo fueron desahuciados el 31 de julio porque la propietaria del inmueble donde encontró refugio, Kutxabank, se negó a facilitarle un alquiler social en un piso que llevaba vacío hasta que Ingrid y la PAH lo ocuparon tras otro desahucio por impago de alquiler. Ingrid se quedó sin empleo tras una subida de alquiler unilateral y no tuvo alternativa hasta que la PAH le consiguió un techo que ahora nuevamente la justicia le ha negado. Las leyes están para que se cumplan. Exactamente para que las cumplan algunos y las puedan incumplir otros, porque la Ley 24/2015 que nació tras los escándalos de la crisis, dice en uno de sus artículos que “las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio”. A la vez que impide que se abandone en la vía pública a cualquier familia con menores a cargo.

La verdad es que Ingrid está en la calle con un hijo de seis años y el Ayuntamiento, que ve el problema cada día, es incapaz de resolverlo. El teniente de alcalde de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, Cristian Alcázar, de “la familia que nos gobierna” como pudimos leer este verano en estas mismas páginas y que tiene un sueldo de más de 70.000 euros brutos (por encima del salario de los ministros) sin contar dietas y suplementos por asistencia a reuniones y a plenos, afirmó que para el Consistorio la solución es imposible porque solo hay 326 pisos de alquiler social, todos llenos, y hay más de 300 familias en espera.

¿Y el acuerdo de hace un año para detectar pisos vacíos en manos de la banca?. ¿Y esos 1.000 pisos vacíos ya reconocidos y detectados sobre los que resultaría imprescindible un papel activo de mediación municipal para conseguir alquileres pagables?. ¿Y las multas que la propia ley prevé para las entidades que sustraen esos centenares de pisos al mercado libre de alquileres? ¿Y el compromiso municipal de 2016 de perseguir a esas entidades bancarias en la ciudad —“con contundencia”, dijo la señora Marín entonces— y obligarlas a la cesión forzosa y por tres años de los inmuebles vacíos de aquellas entidades que se cierren en banda a entregarlos, como prevé la ley de emergencia habitacional?

Para Alcázar, demostrar que un piso está vacío, no es tan fácil, como él mismo declaró a la prensa no hace mucho. Quizás que mire el piso donde vivía Ingrid, tapiado tras echarla a la calle el 31 de julio. Ese debe de estar bien vacío. Puede que eso de descubrir pisos vacíos sea un trabajo excepcional que es incapaz de detectar alguien que cobra más de 1.000 euros netos a la semana. Con menos de 40 años y toda la vida laboral vinculada al PSC (menos dos años de cajero en Carrefour, parece) al amigo Cristian le tiene que costar ponerse en la piel de un ciudadano que apenas puede pagar 300 euros al mes para vivir bajo techo.

Hace unos días, Ingrid y 30 activistas de la PAH, intentaron —sin éxito— entrar en el Ayuntamiento para reclamar una solución. La guardia urbana lo impidió, claro. A lo mejor, si en lugar de ser treinta fueran trescientos, o tres mil, el amigo Alcázar y la insigne Marín afinarían la vista y verían más pisos sin gente y más, a la gente sin piso.

La caldera hospitalense

15 de septiembre 2019

En diciembre de hace dos años el Ayuntamiento aprobó un proyecto previo de plan director de arbolado que se convirtió en un informe de más de 130 folios con un objetivo múltiple: beneficiar al arbolado de la ciudad mediante una planificación racional; preservar, mejorar y aumentar el patrimonio arbóreo, incrementar la cobertura vegetal y todo ello fomentando la biodiversidad, proteger los árboles y mejorar sus condiciones mediante un prediseño que permitiera hacerlos compatibles con la trama urbana. Se partía de la convicción de que, en un contexto urbano,  la masa vegetal y los árboles en particular, contribuyen a reducir la contaminación ambiental y acústica, reducen las enfermedades físicas y emocionales de la población, y contribuyen a la calidad de vida en las aglomeraciones demográficas, además de otras ventajas sociales y económicas que el propio informe se encarga de destacar.

Por eso, la OMS recomienda un estándar mínimo de zonas verdes en las áreas urbanas, de entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Un estándar que, en España, solo cumplen 9 capitales de provincia (Lleida la única catalana) y todas, excepto Madrid, León y Vitoria, por debajo de los 15 m2/hab. Si eso lo comparamos con los 5,57 m2/hab de zonas verdes de L’Hospitalet, y su peso demográfico, por encima de los 53.000 hab/Km2, veremos enseguida que esta urbe es cualquier cosa menos una ciudad saludable, de modo que vivir en l’Hospitalet se está convirtiendo en un riesgo cierto para la salud, especialmente en las condiciones de cambio climático en que nos encontramos.

Si esto ya es dramático por definición, la aplicación práctica del plan de arbolado está contribuyendo a sentar las bases para un descontento cada vez mayor en los barrios. Este verano, vecinos de La Florida soliviantados por la actuación de la brigada municipal con su Asociación y la entidad ecologista La Saboga al frente, se opusieron tajantamente a la aplicación de un proyecto que prevé la tala de 6.700 árboles en todos los distritos porque producen interferencias con los edificios y la trama urbana. En La Florida se estaban talando numerosos árboles, pero esta matanza de especies se ha producido desde hace meses en todos los barrios de la ciudad porque es evidente que hay árboles que molestan en aceras inferiores a tres metros y otros causan problemas con sus ramas y alturas, a muchas viviendas de la ciudad. O sea, los árboles molestan —eso es constatable—, en la ciudad donde probablemente harían más falta.

Lo que nos lleva a una conclusión lógica: quizás la trama urbana de l’Hospitalet ha perdido la batalla del verde y precisamente por eso, no se debería permitir bajo ningún concepto ocupar más suelo libre para cualquier cosa que no fuera esponjar el territorio, plantar árboles, hacer zonas verdes y oxigenarlo.

Pues bien, como según el Ayuntamiento ya hay en l’Hospitalet 38.200 árboles en las calles y plazas de la ciudad, debe asumirse la tala de árboles molestos para ser substituidos por otros nuevos, necesariamente más pequeños y mejor ordenados, que se irán plantando a medida que se talen los existentes.

El domingo 15 de septiembre FIC celebró el primer aniversario de este digital que estáis leyendo, en la Plaza de la Libertad de La Florida, rescatada durante la Transición por la lucha de los vecinos contra la especulación inmobiliaria y a la que ellos mismos pusieron nombre. Lo que hoy es la Plaza de la Libertad y los dos inmensos bloques que la circundan, de 180 viviendas cada uno, ocupan el solar de una antigua bóvila que se vendió para especular con el terreno. Debían edificarse tres bloques y los vecinos consiguieron paralizar el del centro y convertirlo en una plaza que urbanizó el primer ayuntamiento de la democracia. Hubiera podido ser una plaza verde, pero otro de los ayuntamientos de la democracia horadó el terreno para convertirla en un párking subterráneo. Hoy, los únicos árboles de la Plaza de la Libertad están en maceteros. Por supuesto, ni dan sombra ni sirven para oxigenar. Son el ejemplo de la derrota de un proyecto de ciudad —si es que alguna vez existió— que ya apenas reivindica zonas verdes, que tímidamente reclama que no se construya ni un solo edificio más en el escasísimo espacio libre que queda. Que se limita a pedir, humildemente, que no le talen los árboles.

No hace falta decir que en La Florida, donde viven casi  30.000 personas en unos escasos 0,38 Km2 (lo que vendría a representar casi 80.000 habitantes por Km2, que no se superan ni en Bangla Desh) volvieron a ganar, como lo han venido haciendo desde 1979, los mismos de siempre. Los que hoy siguen pensando en ordenar la ciudad construyendo unos cuantos miles de viviendas más y dejándonos de momento con unos cuantos centenares de árboles menos. A la espera de las pandemias respiratorias de los próximos años, quizás el último mecanismo perceptible para esponjar la ciudad.