Varias entidades de la sociedad organizada de L’Hospitalet están dando refuerzo a la administración pública por tal de atender todas las necesidades de los ciudadanos

_{13 de diciembre, 2020}

La pandemia por el covid-19 no solo está comportando una crisis sanitaria. Muchas familias también están sufriendo un gran impacto económico y la brecha salarial cada vez es mayor. El municipio de L’Hospitalet es la segunda ciudad de Catalunya con una menor renta neta por cápita —de 10.987 euros al mes—, solo por detrás de Santa Coloma de Gramenet. Es por este motivo que muchos de sus habitantes se encuentran actualmente en la cuerda flojay recurren al apoyo de las administraciones públicas para obtener una respuesta.

Sin embargo, en caso de los servicios básicos,estos están totalmente colapsados. No solamente los que conciernen a la educación y la salud, sino que también los servicios sociales están teniendo muchas dificultades para ofrecer una respuesta rápida a los habitantes del municipio. Actualmente, aunque ya están abiertas sus oficinas y sigue disponible una la línea de atención telefónica, todavía hay vecinos que no encuentran una respuesta y se sienten desamparados.

Ante esta dificultad, varias entidades de L’Espai de Ciutadania han tenido que tomar las riendas y trabajar codo con codo con los servicios sociales para agilizar los trámites y la atención ciudadana. Las entidades de la sociedad organizada siguen siendo, en la mayoría de las ocasiones, el respaldo principal de los habitantes de L’Hospitalet.

El papel esencial y las propuestas del Síndic de Greuges 

Este es el caso del Síndic de Greuges de la ciudad, desde el cual valoran positivamente el trabajo realizado por el ayuntamiento durante el confinamiento a raíz del covid-19 y el aumento de demandas, pero no dejan de insistir en que todavía quedan personas fuera del circuito. “Durante la pandemia mucha gente se dirigió a nosotros. Pudimos trabajar muy bien con los servicios sociales, derivándoles casos y haciendo intermediación. De golpe muchas personas quedaron desorientadas, muchas de ellas en paro, con algún familiar en alguna residencia y demás”, explica Merche García, Síndica de L’Hospitalet de Llobregat, quien además durante la primera ola insistió en que se debía establecer una línea directa para la asistencia social. Antes todas las llamadas llegaban al 010 y ellos mismos te derivaban a los servicios sociales (el 70% de los casos). A todo esto, había que añadirle que muchas familias tuvieron grandes dificultades para contactar vía telefónica o mail, debido a que no contaban con conectividad a internet.

Los Síndicos y Defensores Locales endurecen su posición ante la administración

Por otro lado, y para reforzar la actuación de la administración en un futuro y en situaciones similares a la vivida con la pandemia, el conjunto de Síndicos y Defensores Locales de Catalunya ha propuesto un plan con 10 medidas que ellos consideran que se deberían tomar por tal de agilizar los trámites y mejorar la atención por el covid-19. Se trata de unas recomendaciones generales y que no señalan a ningún ayuntamiento en concreto. En ellas se pide que se incrementen los recursos materiales y humanos para poder atender mejor a la ciudadanía, una mejor gestión, comunicación y actuación por parte de los ayuntamientos, la eliminación de las trabas para el empadronamiento y la presencia de los Síndicos de proximidad en todas las ciudades. 

La asociación Joves per la Igualtat i la Solidaritat abre sus puertas de par en par 

Otra de las entidades que ha tenido que dar refuerzo a los servicios sociales ha sido la organización sin ánimo de lucro Joves per la Igualtat i la Solidaritat, que se encarga de llevar a cabo acciones y proyectos socioeducativos y de inserción laboral para la transformación social. Esta entidad, situada en el barrio de La Torrassa, abrió de nuevo sus oficinas municipales en septiembre. “La persiana de los servicios sociales que daba a la calle estaba cerrada. Nuestras oficinas estan al lado de la misma puerta y la gente nos consultaban todo el tiempo. Nos explicaban que llamaban a servicios sociales y que la centralita les dejaba en espera mucho rato. Les contestaban que les llamarían y no lo hacían. Estaban desesperados”, cuenta Toñi Mercader representante de la asociación. “Los temas de alimentos y vivienda nosotros no los podíamos resolver. Les decíamos que podían hacer una reclamación con una instancia del ayuntamiento y que la llevasen al registro más cercano. También les derivamos a otros servicios como Síndica de Greuges, la Asociación de Vecinos, la Cruz Roja o Cáritas”, añade.

El rol fundamental de Cáritas 

En el caso de Cáritas, desde la asociación también han tratado de ayudar todos estos meses en mayor medida a las personas que habitan en pisos de re-alquiler, a las familias cuyos infantes están teniendo dificultades para seguir las clases de manera online, a quienes sufren problemas de salud mental, a personas mayores en situaciones de soledad no deseada etc. “La pandemia solamente ha hecho aflorar lo que ya había, con más intensidad y volumen”, fueron las palabras la portavoz de Cáritas de L’Hospitalet, María Moreu, en el cuarto debate de la Factoría de Ideas de FIC sobre Pandemias y Urbanismo. Para paliar esta situación y agilizar algunos trámites en los servicios sociales, desde Cáritas insisten en la necesidad de poder empadronarse teniendo criterio de residencia y no con una hoja que justifique donde vives, hacer el recuento de personas sin hogar, un aumento de presupuesto en los servicios sociales y más personal dentro de su plantilla de trabajadores, entre otras propuestas.  

Un Pacto de Ciudad en marcha

Por último, cabe recalcar que 34.000 personas de la ciudad están en paro o afectadas por un ERTO y los servicios sociales han atendido desde el inicio de la pandemia un 43% más de personas que el año pasado durante este periodo. Es por ello, y para reducir las consecuencias del covid-19, que la alcaldesa Núria Marín, portavoces de los grupos municipales, y representantes de entidades y agentes sociales y económicos de la ciudad presentaron en noviembre un Pacto de Ciudad con un presupuesto de10 millones de euros para 2021. En el ámbito urbano se apuesta por favorecer nuevas formas de movilidad sostenible. En el aspecto social, por construir infraestructuras comunitarias —educación, cultura, deportes— y garantizar el acceso a los servicios y los derechos de la gente grande. En cuanto a la economía, se quiere impulsar la ocupación en sectores estratégicos, reforzar el estado del bienestar y explorar la economía circular. 

Por Lara Ballesteros