Desde que tengo una mínima noción política, siempre he pensado que la única solución que tenía la vivienda es la promoción pública impulsada por las administraciones para combatir los precios tanto de alquiler como de compra.

Como si fuera un erudito, así lo explicaba en mi entorno. Parecía que había descubierto algo que la propia Constitución describe así: en su artículo 47, declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Pero han ido pasando los años, han crecido las canas y las arrugas, y todo sigue igual. Recientemente, un estudio ha recordado, hablando de nuestra ciudad, que el incremento del alquiler en la segunda ciudad de Catalunya ha sido de un 127%. Para contrarestar esta cifra, la inversión en promoción pública tanto de la Generalitat como de nuestro querido Ajuntament ha sido nula, cero patatero.

Y no hablemos del precio de la vivienda de compra, donde el metro cuadrado ha sufrido también incrementos considerables. Solo hay que ver las nuevas promociones de viviendas que se están construyendo en nuestra ciudad donde los precios son inasequibles para la juventud que, a cambio, no tiene alternativa ninguna, sino es alejarse cada vez más del Área Metropolitana.

Fenómenos como el de los pisos turísticos, cuya cercanía a Barcelona no nos beneficia, o la transformación de viviendas, previa expulsión de sus inquilinos, en habitaciones separadas para rentabilizar más las propiedades, ya se están dando en nuestra ciudad.

Uno de los primeros problemas que tiene la ciudadanía y sobre todo los más jóvenes es el acceso a una vivienda. Una pareja joven, lo tiene muy difícil para emanciparse y cada día que pasa lo tiene más complicado.

Los intereses económicos son muy potentes y detrás de ellos están los fondos buitres que impiden que se pueda avanzar hacia el objetivo de que la promoción pública de viviendas y la adquisición de suelo y cesión para la construcción no especulativa, sea la finalidad de cualquier gobierno estatal, autonómico o local. Y, de esta manera, cumplir con la Constitución que, por cierto, algunos quieren reformar ya mismo, sin que todavía se haya desarrollado en su totalidad.