En el último informe de la Sindica de Greuges de l’Hospitalet, registra la ilegalidad de la transformación de las viviendas en pisos turísticos y reclama más vigilancia
El grupo municipal de los Comunes ha solicitado la ampliación del cuerpo de inspección dentro de la lucha por la vivienda digna y contra el crecimiento de los pisos turísticos. Estos pisos inciden directamente en la subida de los alquileres y en la expulsión, a través de la rescisión de sus contratos, de los vecinos de algunos barrios, sobre todo los más limítrofes a Barcelona.
Los Comunes solicitan a la consellera de Territori, Silvia Paneque, que acelere la creación de 100 plazas de inspectores/as para que se pueda aplicar el régimen sancionador en estas irregularidades. Estas plazas son imprescindibles para hacer el seguimiento del decreto aprobado el pasado 1 de abril por el Govern sobre regulación de la vivienda donde está incluida, en el régimen sancionador, una de las infracciones por el uso fraudulento de los contratos para destinarlos a viviendas de alquiler de temporada.
Desde noviembre pasado, el Ayuntamiento de l’Hospitalet aprobó una moratoria de las licencias de pisos turísticos, promovida por los Comunes. El acuerdo llevaba consigo realizar en ese tiempo un plan de usos de la vivienda, que ha de ser lo más restrictivo que permita la legislación actual para evitar las situaciones de expulsión que están afectando a los barrios colindantes a Barcelona.
La moratoria de las licencias de pisos turísticos, que fue planteada en abril del año pasado y que entonces fue rechazada por todos los grupos municipales se aprobó en el mes de noviembre y ha sido pionera en toda España. Incluso bien vista por gobiernos de la derecha como una forma de regular este fenómeno especulativo y que está modificando el hábitat de las zonas donde existen pisos turísticos
En el mes de septiembre los Comunes de l’Hospitalet solicitaron al Govern de la Generalitat que permita a nuestra ciudad la aplicación de recargos en el impuesto de alojamientos turísticos como ha realizado el Ayuntamiento de Barcelona. El grupo parlamentario de los Comunes, el pasado 27 de febrero, consiguió firmar un acuerdo con el Govern de la Generalitat para aplicar esta medida.
“De esta manera estamos frenando la invasión de plazas turísticas en nuestros barrios, especialmente em Collblanc, La Torrassa y Santa Eulàlia, que ha de garantizar que haya más inmuebles destinados a responder a la necesidad de vivienda. También queremos que se reviertan las situaciones que están padeciendo los vecinos de la calle Occidente, 14 y Holanda, 36 y que no aparezcan más casos como estos. Y con los nuevos ingresos, se puede plantear rebajar la presión fiscal para el año próximo”, ha afirmado Manuel Domínguez portavoz de los Comunes.
La aprobación de la moratoria, de un año, conllevaba la elaboración de un Plan de Usos que ha de ser lo más restrictivo que permita la ley para todas las posibilidades de alojamiento turístico y de temporada. “Hemos de conseguir que las viviendas existentes se dediquen a satisfacer derechos, no a proporcionar beneficios a los especuladores”, según Domínguez.
La puesta en marcha de la moratoria produjo una reacción de los propietarios que enseguida presentaron recursos contra este anuncio. Hasta ahora han sido todos desestimados. En estos momentos se ignora si continuará su recorrido en los juzgados.
Los vecinos reclamaron a todas las Administraciones, en la última movilización que tuvo lugar en la barriada de Collblanc, que se adoptaran medidas de todo tipo para paralizar las situaciones que conllevan la rescisión de contratos de alquiler por los fondos de inversión buitres para transformar sus viviendas en pisos turísticos.
Esta situación ha sido investigada por la propia Síndica de l’Hospitalet quien ha obligado a abrir expedientes administrativos a algunos propietarios de viviendas que habían realizado ilegalmente obras para convertirlos en turísticos.
