Las familias han estado protestando ante la sede de la Caixa en Barcelona y en el pasado pleno municipal exigiendo la implicación municipal
La desesperación y la indignación de los vecinos de la promoción de la Fundació la Caixa de la Porta Nord de l’Hospitalet está llegando a unos límites extremos. El próximo 24 de enero se les cumplen los contratos y la entidad bancaria no tiene la intención de renovarlos sino poner a la venta sus viviendas a un precio inasumible para las familias.
Esta semana los afectados han realizado dos actos para dar visibilidad a su situación y denunciar a la entidad que los quiere echar a la calle. La promoción de la Porta Nord con 168 vecinos ha quedado fuera de la adquisición por parte de la Generalitat de diferentes promociones de viviendas, cerca de 1.700 pisos, propiedad de la Fundació la Caixa en diferentes puntos de Catalunya.
El primer acto lo realizaron el miércoles con una concentración delante de la sede de la Fundació La Caixa en la avenida Diagonal con Carlos III donde se concentraron alrededor de unas 300 personas, afectados y familiares en protesta por la situación en que se encuentran y donde intervinieron varios portavoces del Sindicat de Llogateres i también Daniella Corbo, portavoz de los vecinos de esa promoción de la Porta Nord.
Esta última también intervino el pasado viernes en el pleno del Ajuntamiento de l’Hospitalet y volvió a denunciar, tal y como se hizo en el mes de junio, la situación desesperada en que se encuentran los 168 vecinos de la Porta Nord.
Daniella Corbo manifestó ante todos los grupos municipales: “Ahora nos dicen que nos han excluido del paquete de compra porque estos pisos no están calificados como viviendas de protección oficial. Si el suelo era público, si la Caixa recibió subvenciones públicas para la construcción de los pisos porque se trataba de vivienda asequible, si nosotros debíamos ser solicitantes de viviendas de protección oficial para poder acceder, si el régimen aplicado en nuestros contratos es el de VPO. ¿Por qué no tienen calificación de VPO?”.
Esta última pregunta que hizo ante todos los representantes municipales es la que se hacen muchos inquilinos y vecinos en general, ahora. Puesto que esa es la razón —no tener la calificación de VPO—que ha supuesto que la Generalitat no se haya hecho cargo hasta ahora de esta promoción. Con las promociones que tenían en vigor esa declaración de VPO la Generalitat ha podido adquirir esas viviendas a un precio más que razonable.
Hay que recordar que el 24 de enero de 2014, la Obra Social La Caixa entregó las llaves de las 168 viviendas de alquiler asequible que había construido en la Porta Nord de l’Hospitalet, previo un sorteo donde se habían presentado 2.300 personas solicitantes interesadas en esos pisos. Todo ello tras el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y La Caixa del 29 de febrero de 2008, que fue modificado posteriormente el 12 de enero de 2011.
Una larga historia con preguntas sin responder
Esta modificación de 2011 es la que está generando controversias. El ayuntamiento de l’Hospitalet, cuando Ana Mª Prados, del PSC, era teniente de alcalde de Urbanismo la firmó junto con la Caixa y Foment Immobiliari, sociedad vinculada a la entidad bancaria. Como hemos dicho, los cambios se producían en el convenio de colaboración suscrito por las dos entidades principales (ayuntamiento y la Caixa) para la promoción de un parque de viviendas asequibles en el 2008.
Esta modificación podría haber sido trascendental para el futuro de estas viviendas ya que se produjeron unos cambios significativos sobre el Acuerdo Marco firmado en ese año por ayuntamiento y la Caixa. En el nuevo documento suscrito en el 2011 figuraba que los contratos de arrendamiento se harían por periodos de 5 años y las rentas serían fijadas por la Caixa en base al módulo máximo de Vivienda de Protección Oficial.
Uno de los puntos más polémicos que se fija en esta modificación del convenio marco es el que dice textualmente: “en el periodo de mantenimiento del régimen de alquiler, la Caixa podrá transmitir las viviendas sin limitación de precio y sin aplicación de los derechos de tanteo y retracto previsto en el Convenio Marco a favor del ayuntamiento o Generalitat dado que la finca sobre la que está previsto el desarrollo del proyecto no está calificada de vivienda con protección oficial”.
Asimismo, otra de las clausulas de la modificación del acuerdo afirma que “a partir del séptimo año de vigencia del contrato, la Caixa podrá ofrecer la compra de la vivienda a su arrendatario”. Parece ser que esta cláusula existía previamente, pero con la renovación de los contratos a los cinco años desapareció de la documentación
La documentación se mantiene incompleta y no se sabe con certeza cómo pudieron acordarse estas modificaciones y a quien se notificaron, puesto que los vecinos ahora se han sorprendido totalmente de que la Caixa pudiera hacer lo que está haciendo. Le corresponde al Ayuntamiento, que es quien firmó la modificación del primer convenio, aclarar a los vecinos cómo se produjeron los hechos, más allá incluso de posibilitar que la Generalitat acabe comprando los pisos —a precios igualmente desorbitados si se trata de viviendas de renta asequible— y se acabe resolviendo el problema, puesto que donde hay que poner el acento es en el total desconocimiento que los vecinos tenían de esta situación.
En el pasado pleno, una de las regidoras, tras la exposición del problema por parte de los vecinos, hizo referencia a la contradicción que implica que sea justamente la Obra Social de la Caixa la que vaya a dejar a los vecinos en la calle. Pero lo cierto es que esto jamás podría haber ocurrido si las cosas se hubieran hecho bien desde un principio.