Las 168 viviendas de Collblanc, excluidas de la operación Incasol de las viviendas de protección oficial
“En su día no se hizo la calificación de pisos protegidos y habría que preguntarle al Ayuntamiento, a la Generalitat y a la Caixa porque unos no lo hicieron, los otros lo aceptaron y los siguientes lo ocultaron”, afirman representantes del Sindicat de Llogueteres que defienden la posición de los vecinos de la Porta Nord de l’Hospitalet en referencia a la promoción de viviendas que La Caixa descartó para pasar a la red pública de viviendas, a través del Incasol.
Cosa que no ha sucedido con la promoción de INDO, que corresponde a las 112 pisos que si han entrado en la red pública, y tienen la calificación de viviendas protegidas.
En total, han sido 168 viviendas de la Promoción de la Obra Social de la Caixa de la Porta Nord de l’Hospitalet que no han entrado en el paquete que la Generalitat ha adquirido a la entidad para convertirlos en pisos públicos que serán gestionados por el Incasol.
Los vecinos están muy preocupados ya que se les acaba el contrato este año y la Obra Social de la Caixa los quiere poner a la venta, a precio de mercado, y expulsar de esta manera a los actuales residentes. Esta actuación no ha sido la esperada por los afectados según se les prometió cuando en el 2014 se les dieron las llaves, en un acto en el teatro Joventut en presencia de la alcaldesa, Núria Marín, y del director general de la Fundación La Caixa, Jaume Lanaspa.
LHEnComunPodem ha denunciado a la Obra Social de La Caixa que no haya incluido en el paquete de venta a la Generalitat la promoción de la Porta Nord de L’Hospitalet. “Los vecinos nos están diciendo que están viendo sus pisos en venta por 400.000 euros y ello conlleva la expulsión de estas 168 familias a las que no se les está renovando el contrato”, ha manifestado Laura Alzamora.
La frustración de estos vecinos les llegó la semana pasada cuando se anunció que la Generalitat se hacía cargo de una serie de promociones que gestionaba hasta ahora ImmoCAixa, en total cerca de 1.700 pisos en toda Catalunya, a un precio medio de compra pública de 82.000 euros. Una de las poblaciones favorecidas era l’Hospitalet con 112 viviendas que pasaban a titularidad pública gestionadas por el Incasol aunque no estaba incluido el grupo de la Pota Nord.
De la alegría a la incertidumbre
El 24 de enero de 2014, la Obra Social La Caixa entregó las llaves de las 168 viviendas de alquiler asequible que había construido en la Porta Nord de L’Hospitalet, previo a un sorteo donde se habían presentado 2.300 personas interesadas en esos pisos. Todo ello tras el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y La Caixa del 29 de febrero de 2008, modificado el 12 de enero de 2011.
Las viviendas, de entre 73 y 79 metros cuadrados, tienen tres habitaciones y el precio inicial de alquiler era de 540 euros al mes incluyendo la plaza de aparcamiento.
El acto de entrega se hizo a bombo y platillo con la participación de la entonces alcaldesa Núria Marin, que calificó el momento como “una de las actuaciones urbanísticas más importantes que se han desarrollado en la ciudad”.
Los contratos eran de cinco años con opción de compra y renovables a otros cinco años más, prorrogables en caso de que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa de protección oficial.
Pasados los primeros cinco años se renovaron los contratos, pero los vecinos aseguran que nunca los vieron. Después, cuando tuvieron acceso, observaron que la opción de compra había desaparecido y se habían incluido cláusulas abusivas. Los responsables de la Caixa no advirtieron de esta circunstancia. Por lo tanto, no pudieron oponerse a los nuevos términos impuestos por la Obra Social. La respuesta de la entidad fue entonces que, o firmaban en aquel momento, o el piso sería adjudicado a otra persona ya que había lista de espera. Así lo que manifestaron los perjudicados en un pleno municipal reciente, donde expusieron su situación a todos los grupos municipales.
Los inquilinos de las diferentes promociones de Catalunya, en parecidas circunstancias, han puesto dos demandas con el apoyo del Sindicat de Llogateres. Una, por 16 cláusulas abusivas en los contratos, y otra reclamando 10 millones de euros en concepto del IBI que no deberían haber pagado y que la Caixa les ha ido cobrando durante estos años.
A todo ello, los afectados de la Porta Nord han denunciado la falta de mantenimiento y el abandono absoluto por parte de la entidad titular. Los vecinos afirmaron que “llevamos cerca de 10 años viviendo en los pisos y soportando problemas diversos porque los servicios de mantenimiento han sido muy deficientes o inexistentes, con fugas continuas que nunca se han resuelto”.
Ahora se cumplen los 10 años y los contratos vencen. Los vecinos están temerosos de que la intención de la Obra Social La Caixa sea intentar vender las viviendas a precio de mercado y por lo tanto puedan ser expulsados de sus pisos.
Los inquilinos han iniciado una huelga de alquileres para presionar a la entidad y a las Administraciones para que busquen una solución.