El Incasol asumirá la titularidad de los inmuebles y coordinará la gestión con el Departament de Territori y los ayuntamientos
Los inquilinos de 112 pisos de InmoCaixa, amenazados por la entidad bancaria con la expulsión de sus viviendas, por fin han conseguido no solo mantenerse en las mismas sino integrarse en la red pública de la Generalitat de Catalunya.
La semana pasada, el Departament de Territori de la Generalitat, ha llegado a un acuerdo con La Caixa para la compra en toda Catalunya de 1064 viviendas de alquiler que pasarán a formar parte de la red pública y serán gestionadas por el Incasol. La inversión ha sido de 87,2 millones de euros del erario público y el coste medio por vivienda ha sido de 82.000 euros.
El plan original de La Caixa era la privatización y la expulsión de las personas de las viviendas de protección social “pero no han sido capaces de hacerlo”, según manifiesta en un comunicado el Sindicat de Llogaters, afirmando que se ha conseguido gracias a la presión de los vecinos afectados.
Victoria vecinal tras meses de protesta
La huelga de alquileres promovida por el Sindicat de Llogaters había sido secundada por 71 vecinos quienes han retenido un total de 257.631,73 euros durante los 8 meses que ha durado la protesta. Mientras tanto, están pendientes de resolución dos demandas interpuestas contra la Fundació La Caixa, en una de las cuales se reclama el reembolso de más de 350.000 euros.
Los vecinos de dos promociones de la Obra Social La Caixa, situados en la zona norte de l’Hospitalet, denunciaron en el mes de junio ante el pleno municipal la intención que tenía la entidad bancaria de “expulsar” a los cerca de 330 vecinos que viven en estos edificios desde hace 10 años y que fueron construidos con financiación pública.
Catorce municipios beneficiados
Además de esta promoción, en l’Hospitalet existen otras más. En el mismo pleno municipal fue aprobada una moción conjunta de PSC, ERC-EUiA y L’Hospitalet En Comú Podem en la que se instaba a InmoCaixa a no vender a privados y transmitir las promociones Indo (Av. Carrilet , 114) i carrer Cooperativa, 16-18, Porta Nord (Ctra. Collblanc, 157-159) i Enric Prat de la Riba , 278 al Incasol de la Generalitat de Catalunya.
La operación entre la Generalitat e ImmoCaixa fue anunciada por el president Salvador Illa en la Fira de Sabadell, donde señaló que “el Govern hace una inversión decisiva para ampliar de forma inmediata el parque público de Catalunya”, y añadió que “muchas de estas viviendas estaban a punto de perder la condición de alquiler social y, gracias a esta compra, pasan a ser viviendas protegidas de forma permanente, con rentas acordes a esa condición”.
L’Hospitalet ha sido uno de los municipios beneficiados con 112 pisos integrados en la red social. También ha habido otros municipios que se han podido añadir a la lista: Barcelona (182), Cornellà de Llobregat (81), Mataró (61), Montornès del Vallès (19), Sant Just Desvern (118), Sentmenat (109), Sitges (186), Terrassa (75), Tordera (41), Olot (16), Lleida (49), Tarragona (6) y Sabadell (9). En total 14 municipios. En la mayoría de los casos se trata de viviendas ya ocupadas, que cambiarán de propietario, pero mantendrán el régimen de alquiler.
El precio medio de la vivienda: 82.000 euros
Para Salvador Illa la operación tiene un gran valor social ya que “garantizamos la estabilidad residencial. Las familias podrán continuar viviendo donde viven, pagando la misma renta, sin sobresaltos”. También la consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecológica, Silvia Paneque ha afirmado que “evitamos que estas viviendas salgan del circuito social, las rescatamos a un precio inferior al de construir obra nueva y ampliamos de forma inmediata el parque público.”
El precio medio por vivienda —82.000 euros— representa un “uso eficiente de recursos públicos”,al permitir ampliar el parque de alquiler asequible sin esperar a nuevas promocione El Incasòl asumirá la titularidad de los inmuebles y coordinará la gestión con el Departament de Territori y losayuntamientos, especialmente en zonas con mercados inmobiliarios tensionados.
Con esta compra, las operaciones entre Territori e InmoCaixayasuman másde 1.900 viviendas incorporadas al parque público en el último año. El Govern pretende seguir adquiriendo vivienda que podría dejar de ser de alquiler asequible si la Administración no interviene.
La operación está insertada dentro del Plan 50.000 y que fija como meta que el 15% de las viviendas en Catalunya sean públicas. Y una de las ideas centrales del mencionado plan es la adquisición de viviendas que tienen los grandes tenedores.