Entrevista con Miguel García, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en l’Hospitalet

_{15 de enero, 2021}

1. Ustedes han sido muy precavidos a la hora de solicitar la dimisión de los concejales y de la alcaldesa Marín que están siendo investigados por presuntos delitos de corrupción en el caso del Consell Esportiu y no la pedirán hasta que sean realmente imputados por la juez que lleva el caso. Sin embargo, más allá de los cargos que en su momento pueda plantear la juez, lo que si parece claro es que el concejal Plaza dimitido cobró 47.000 euros por su despido como directivo del Consell para ser acto seguido contratado como asesor y enseguida situado en un puesto en las listas del PSC para las pasadas elecciones. Esta actuación, conocida en el seno del Consell, difícilmente pudo ser ignorada por la alcaldesa. ¿No es motivo suficiente este para que ustedes le pidan la dimisión y no únicamente que se aparte temporalmente del cargo?

El listón de la dimisión es muy subjetivo en política. Estamos muy acostumbrados a que sea muy alto cuando afecta a los propios y muy bajo cuando afecta a los otros. Lo vemos con ERC, que le ha faltado tiempo para pedir dimisiones por el caso Consell Esportiu mientras en cada pleno sueltan su letanía de considerar presos políticos a delincuentes condenados por malversación, entre otros graves delitos. O el partido socialista, que justificó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia por la corrupción del PP mientras miraba para otro lado con la corrupción socialista de los ERE. Esto facilita que los ciudadanos acaben viendo la corrupción como una mera arma arrojadiza partidista. En Cs queremos ser rigurosos y poner un listón objetivo para que no pueda caber ninguna duda. Si el despido fue fraudulento es algo que está en fase de investigación. Que hubo procedimiento de despido, lo hubo. Que el mismo fuera fraudulento es lo que está siendo objeto de investigación. Si la alcaldesa conocía ese acto fraudulento, en estos momentos nosotros no disponemos de esa información. Como les decimos, solo se trata de tener un poco de paciencia para no precipitarse. Si la juez encausa a la alcaldesa y le abre juicio oral, no le cabrá excusa para no dimitir.

2. Ustedes han llevado diversos expedientes a la Oficina Antifraude de Catalunya que están todavía pendientes de resolución. ¿Piensa Ciudadanos de l’Hospitalet que ha habido o viene habiendo desde hace tiempo operaciones sospechosas en la gestión municipal? Y si es así, ¿no resulta un tanto contradictorio que este caso, denunciado por un miembro del propio equipo de gobierno, no haya resultado suficiente para pedir que se asuman ya las responsabilidades políticas correspondientes?

En Cs l’Hospitalet consideramos que tras más de 40 años gobernando el mismo partido político en la ciudad, hay dejadez en la gestión municipal y confusión de la administración pública como si fuera patrimonio privado del partido socialista, lo que les lleva a primar en muchas ocasiones los intereses clientelares con fines electoralistas. A partir de aquí, que haya prácticas que sean constitutivas de delito no nos corresponde a nosotros evaluarlo. La responsabilidad política no se limita a pedir dimisiones, sino a acabar con estas prácticas y garantizar una administración pública lo más eficiente posible al servicio de los ciudadanos. Nuestra labor política es la de fiscalizar la actuación del Gobierno municipal, pero no somos ni pretendemos ser jueces. Nosotros detectamos una serie de irregularidades en algunos de los expedientes que examinamos; en su momento entendimos que algunas de estas conductas podrían ser constitutivas de algún ilícito penal. Lo que hicimos entonces fue ponerlo en conocimiento de quien pudiera determinar su justa calificación. En ningún caso se nos ocurrió que nuestra valoración de los hechos eran un juicio sobre mismos y de ello se debería exigir la responsabilidad de nadie.

3. Entre los casos que ustedes llevaron a la Oficina Antifraude se encuentra la adjudicación ilegal del servicio del 010 en la ciudad. Al margen de la legalidad o no del sistema de concesión administrativa, una buena parte de las entidades de l’Hospitalet hace ya tiempo que denuncian el mal funcionamiento del servicio, especialmente en los casos de mayor necesidad de auxilio a raíz de la pandemia. ¿Tienen prevista alguna acción concreta suplementaria que apoye su denuncia de la presunta ligereza con que se puso en marcha la adjudicación? 

Si encontramos nuevos indicios que puedan ser constitutivos de irregularidades, los pondremos en conocimiento de la autoridad que corresponda, naturalmente. Hay que distinguir la mera mala gestión, de la irregularidad y el delito. El gobierno municipal está abonado a la mala gestión por dejadez, falta de pericia e, incluso, interés político, y eso no suele implicar comportamiento delictivo. El objetivo no es encontrar una causa penal con la que acabar con un rival político, sino tratar, con las limitadas herramientas que disponemos desde la oposición, de tener una administración municipal lo más eficiente posible para que los limitados recursos públicos den lo máximo posible al servicio de los ciudadanos.

4. Se encuentran ustedes, como grupo municipal, ante un gobierno de mayoría absoluta socialista y con una oposición en la que les resulta especialmente complicado mantener una unidad de presión a causa de las considerables distancias ideológicas. ¿No creen ustedes que esta estrategia de permanente enfrentamiento con el gobierno y con la oposición desactiva en buena parte su capacidad de influir sobre la acción de gobierno?

En Cs creemos que, especialmente con la pandemia, no es momento de confrontación sino de buscar consensos porque todos tenemos el objetivo compartido de salir de la pandemia salvando el mayor número posible de vidas y empleos. No entendemos la política como un mero juego de tronos en el que todo se reduce a quién llega al poder, sino en un instrumento para hacer una sociedad más justa y próspera. Desde las legítimas y necesarias diferencias ideológicas de los diferentes partidos políticos, hemos de buscar consensos para avanzar como sociedad. Es lo que se está haciendo a nivel europeo, donde socialdemócratas, liberales y conservadores saben encontrar el consenso para avanzar en el proyecto común de la construcción europea. Lo que vale en Europa debería valer en España, pero, desgraciadamente, la mayoría de partidos están abonados a la confrontación porque es lo que consideran que a corto plazo les da rédito electoral en su particular juego de tronos y eso, a la larga, nos perjudica a todos los españoles.

5. Es conocida la actitud del grupo municipal de Ciudadanos sobre su oposición a la política de saturación urbanística que practica el gobierno. ¿Qué mecanismos consideran ustedes que se deberían poner en marcha para frenar el crecimiento demográfico de la ciudad?

Desde Cs l’Hospitalet entendemos que se tendría que hacer un plan ambicioso a largo plazo de renovación urbana que permitiera esponjar los barrios más densamente poblados con nuevos espacios de convivencia y zonas verdes. Ese plan debería elaborarse en colaboración con otras administraciones y con el sector privado y, en cualquier caso, vincular cualquier nueva promoción inmobiliaria en las viejas zonas industriales de la ciudad con la amortización del parque de viviendas más obsoleto y degradado de los barrios más densamente poblados de la ciudad. El partido socialista rechaza este planteamiento porque, efectivamente, implica una actuación compleja y trabajosa del gobierno municipal y prefiere disponer de las plusvalías de las operaciones inmobiliarias para destinarlas a sus políticas clientelares que le dan réditos electorales a corto plazo.

6. Se han pronunciado ustedes a favor de una moratoria en la construcción de nuevas viviendas en l’Hospitalet. ¿De qué manera piensan ustedes que la reciente sentencia del TSJC sobre el proyecto PDU-Gran Via puede abrir alternativas en este sentido?

El proyecto del PDU Granvia-Llobregat se basaba en una previsión de demanda de metros cuadrados de oficinas que en ningún momento se sostenía en ningún estudio económico. No creemos que afecte al propósito del gobierno municipal de facilitar cualquier promoción inmobiliaria de viviendas en la ciudad. La suspensión le brinda al gobierno la excusa para no tener que contrastar con la realidad un proyecto que se sostenía únicamente en el papel. Esta circunstancia puede representar dejar en torno al 10% del término municipal de l’Hospitalet paralizado por un proyecto fantasioso. Tenemos serias dudas de que el devenir de los tiempos empuje a una operación de expansión urbanística de este calado, tanto por las inciertas tendencias de inversión generada por la pandemia como por los actuales paradigmas de sostenibilidad medioambiental. Y, mientras tanto, el acceso al río que le da nombre a la ciudad sigue en una situación degradada que no responde a las expectativas de una ciudadanía cada vez más deseosa de tener una mayor integración con el medio ambiente. Ojalá la suspensión le sirviera al gobierno municipal para repensar estos proyectos faraónicos tan de otra era y plantease actuaciones más localizadas y realistas que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero mucho nos tememos que no lo harán porque lo considerarían el reconocimiento de un fracaso.

7. Es previsible que el anunciado soterramiento del trazado del ferrocarril en la ciudad deje libres muchos espacios necesarios para su desarrollo social. ¿Cuál es el uso que, en su opinión, se debería aplicar a esos espacios libres recuperados?

Ojalá podamos ver el soterramiento de las vías y se aproveche la ocasión para articular mejor la ciudad y crear nuevos espacios verdes, pero tenemos serias dudas de que vayamos a ver el proyecto, al menos, de forma inminente. El gobierno socialista lleva prometiendo el soterramiento como si fuera algo inminente desde hace décadas y así solo logra alimentar la frustración de la ciudadanía. Hay que ser prudentes y, hasta que no veamos empezar las obras no podemos vender la piel del oso. Ahora estamos inmersos en una situación de enorme incertidumbre económica y habrá que ver si este tipo de actuaciones podrán formar parte de las prioridades de inversión del gobierno de España a corto o medio plazo. Es probable que con la inmensa deuda y déficit que ya veníamos acumulando antes de la pandemia y que con el coronavirus no ha hecho más que agravarse, el gobierno de España no pueda llevar a cabo este tipo de proyectos. A partir de aquí, igual deberíamos reflexionar si no habría que explorar alternativas para pacificar los entornos ferroviarios de la ciudad que puedan resultar mucho más asequibles y mejoren las condiciones de vida de los hospitalenses.

8. Se ha visto claramente durante esta pandemia que los barrios del norte de la ciudad han sufrido, mucho más que el resto, la consecuencia de su saturación demográfica, la mayor de Europa con diferencia. ¿Estarían ustedes a favor de impulsar un plan de recuperación de los barrios del norte que esponjen el urbanismo e incrementen la calidad de vida?

Creemos que esta debería ser una de las prioridades de la política municipal y así lo planteamos en los pactos de ciudad. Se debería elaborar un plan ambicioso a largo plazo en el que se centren las inversiones municipales y se busque la colaboración de otras administraciones y el sector privado para esponjar los barrios más densamente poblados de la ciudad con nuevos espacios de convivencia y zonas verdes. Esta es una de las prioridades de Cs de l’Hospitalet y, desgraciadamente, no la comparte el gobierno municipal porque, tras más de 40 años gobernando la ciudad, el PSC de l’Hospitalet se ha convertido en una fuerza conservadora.

9. Una de las quejas reiteradas por parte de la ciudadanía en general se centra en la falta de un servicio adecuado de asistencia social que ponga coto a la precariedad de muchos ciudadanos, sobre todo en el momento actual. ¿Qué políticas defienden ustedes al respecto?

Los servicios sociales es una cuestión compleja porque es una competencia en gran medida autonómica y a estas alturas no debería ser una sorpresa que los gobiernos independentistas han relegado las políticas sociales en aras de su proyecto de división. Cataluña está a la cola en inversión en políticas sociales y desde el Parlament llevamos tiempo denunciándolo, no en balde Cs es el grupo parlamentario que más propuestas sociales ha presentado. Hay que actualizar la cartera de servicios sociales de la Generalitat que lleva una década caducada y cambiar las prioridades de inversión de la Generalitat, más preocupada en sus instrumentos de propaganda, de colocación de afines y de las llamadas “estructuras de Estado” para sus fines independentistas que en prestar los servicios que necesita la ciudadanía. 

En cualquier caso, desde el ámbito local creemos que también se puede hacer mucho más. En primer lugar, por la falta crónica de equipamientos sociales en la ciudad, y, en ese sentido, desde Cs l’Hospitalet hemos insistido en priorizar el escaso suelo municipal para equipamientos sociales, como es el caso de la antigua fábrica modernista Godó i Trias, recinto municipal en desuso y en peligro de degradación que el gobierno municipal cedió a una corporación del gobierno chino para instalar un centro de pseudoterapias que hoy en día está paralizado. En segundo lugar, desde Cs hemos propuesto nuevas políticas sociales como la realización de un censo de personas sin hogar en l’Hospitalet para facilitar su inclusión social o políticas para combatir la soledad no deseada, especialmente de personas mayores, que es una realidad creciente en una ciudad cada vez más envejecida y que son políticas que el gobierno municipal se ha mostrado hasta el momento bastante reacio a llevar a cabo. 

10. Desde hace lustros, una de las críticas más acusadas respecto de la hegemonía política de los socialistas en l’Hospitalet, se refiere a una supuesta red de clientelismo que mantendría satisfechas a unas cuantas entidades y a personas individuales cercanas al PSC, sobre la base del reparto de subvenciones o la contratación laboral en los servicios municipales. ¿Han detectado ustedes algo al respecto? ¿En caso positivo, qué medidas consideran que se deberían tomar para acotar el problema?

Por poner un ejemplo ilustrativo, una de las denuncias que elevamos a la Oficina Antifraude es que acertamos ante notario el nombre de las 7 personas que saldrían elegidas en un proceso de selección de personal del Ayuntamiento antes de que se supieran los nombres de los aspirantes. Hay que realizar medidas en varios sentidos. Procesos de selección independientes y con criterios objetivos. Evitar la concesión directa de subvenciones y hacerla siempre mediante concurso competitivo finalista en función de criterios objetivos orientados al interés general. Garantizar la separación entre administración pública, partido político y sociedad civil, para evitar casos como el caso Consell Esportiu, donde uno de los vicios que ha generado el escándalo es la confusión de una entidad privada con la administración pública y con el partido gobernante desde hace más de 40 años en la ciudad. 

Por Jesús A. Vila