Esta semana, padres y profesores, realizaron una concentración ante las puertas del centro, situado en el barrio de La Torrassa, y que tiene más de 70 años de historia. También la semana anterior hicieron entrega de más de 3700 firmas al Departamet d’Edicaco solicitando el mantenimiento del centro por las graves consecuencias que tendría para las familias, cuyos hijos tendrían que ser distribuidos por diferentes centros de la ciudad, lejos de sus viviendas y también para el profesorado, que se quedarían sin trabajo. Además de la ciudad, que vería incrementado la ratio de alumnos por clase.

Las protestas de padres y profesores de la Academia Cultura, amenazada con el cierre que la dirección ha presentado ante el Departament d’Educació, continúan. Y no acabarán hasta que consigan su objetivo: la revocación del cese de la actividad de la escuela que afecta a 340 alumnos y 40 profesores. La próxima semana han convocado nuevas movilizaciones

Todo el conflicto se inicia por el incumplimiento continuo de la dirección de la Academia Cultura tanto en el mantenimiento del edificio como en el pago del alquiler al Arzobispado, quien es el titular de todo el bloque y al que se le adeuda un montante total de 51 640 euros.

El Arzobispado envió una carta al centro indicándole que rescindía el contrato a partir del mes de agosto por ambos motivos: impago del alquiler y falta de mantenimiento del edificio. Sobre este último tema, los propietarios del edificio encargaron un informe técnico, indicando el mismo: “los hace totalmente inadecuados para su función y actividad pactada “. 

Mientras la dirección del centro inició los trámites para realizar el cese de actividad que fue admitido por el Departament d’Educació en la resolución EDU/866/2021 y que comportaba el cierre unilateral de la Academia.

Padres y profesores fueron informados el 5 de marzo que la Academia Cultura cerraba y a partir de aquí se inició la movilización de los dos colectivos afectados. Durante este tiempo, se ha intentado abrir una negociación: “Los padres nos hemos comprometido a realizar las mejoras interiores del edificio y el Arzobispado ha accedido a realzar las obras estructurales” asegura una de las profesoras.  Siempre y cuando la dirección del centro abone los alquileres pendientes.

Ante esta oferta, la dirección del centro ha declinado toda responsabilidad y ha pedido que el Departament d’Educació asuma la totalidad de los gastos de alquiler y el coste de las reformas que necesita el edificio, peticiones que la Generalitat ha rechazado, ha comunicado el Arzobispado.

Ante todo ello, CC.OO. de l’Hospitalet, en apoyo a los profesores y familiares,  ha solicitado el rechazo de la resolución del Departament d’Educació, que comporta el cierre unilareral del centro, y pide su retirada en busca de una solución con la responsabilidad necesaria por parte de la titularidad del centro para su continuidad.

Las movilizaciones continuarán en los próximos días y para mañana lunes está prevista una concentración ante el Departament d’Educació con un mensaje claro: “No al tancament. Volem la Nostra Escola”. La campaña de recogida de firmas continúa.

La discriminación institucional, la inexistencia del empadronamiento sin domicilio o la precariedad laboral son algunos de los principales problemas que afrontan los inmigrantes de la ciudad

_{9 de mayo, 2021}

L’Hospitalet de Llobregat es la segunda ciudad de Cataluña con más población extranjera, sólo superada por Barcelona. De acuerdo con el anuario estadístico del ayuntamiento municipal, el 24,03% (66.752) de todos los habitantes que residen, provienen de otros países. América del Sur es el principal lugar de origen, siendo la comunidad boliviana la más predominante, con un total de 6.170 personas según datos del INE. Le siguen Marruecos con 6.138, India con 4.439, Pakistán con 4.409 y Honduras con 4.397. Este porcentaje aumenta sobre todo en barrios del norte como La Florida, La Torrassa y Collblanc, donde las escuelas cuentan en las aulas con más de la mitad de los alumnos extracomunitarios.

Además, el municipio de L’Hospitalet es también la segunda ciudad con más densidad de población de toda la comunidad autónoma y muchas de estas personas se aglutinan en barrios viejos y casas en mal estado.

A pesar de lo que pueda parecer, el fenómeno de la inmigración en el municipio no es una cuestión reciente. Este atiende a un largo proceso histórico que ha supuesto que una gran variedad de etnias se haya ido forjando en la ciudad. Desde las primeras oleadas migratorias en el interior de España a mediados del siglo pasado, hasta la recepción de miles de habitantes extranjeros en los 90 y los 2000, todo ello ha provocado que la población liderada por Núria Marín presente una amplia mezcla multicultural y haya experimentado una gran variación socioeconómica.

Los principales problemas

Una de las asociaciones cuya labor principal es apoyar a la comunidad de inmigrantes en la ciudad es Espíritu de Santa Cruz de la Sierra, conformada por bolivianos. Además de trabajar codo con codo con otras entidades hermanadas, también se encarga de organizar eventos culturales, sociales, deportivos y gastronómicos con el propósito de fortalecer las relaciones entre Bolivia y España. 

No obstante, a pesar de todos los esfuerzos en la sociedad, el presidente de la entidad, Cambalàn Alejandro Moreno i Oliva, asegura que “todavía existe una discriminación institucional del colectivo entre algunos funcionarios públicos y trabajadores, seguramente por desconocimiento”. Además, expone que, a la hora de organizar eventos culturales, desde la organización municipal, muchas veces no se les ha hecho caso y se han sentido ignorados.

Esta situación también se extiende a su economía. “Más del 70% del comercio del empresario boliviano en todo Catalunya está afincado en L’Hospitalet. Pese a esto, tampoco se nos avisó para la ruta de las tapas que organizó el ayuntamiento de la ciudad”, añade Moreno i Oliva. “Se debería tomar más en cuenta al comercio de la diversidad”, sentencia.

Otra de las cuestiones que pone sobre la mesa esta entidad es la del empadronamiento sin domicilio. Se trata de un trámite clave para las personas inmigrantes y que ya se está llevando a cabo en algunas ciudades como Barcelona. Los individuos que normalmente lo solicitan suelen ser, en general, colectivos vulnerables que quieren tener derecho a sanidad o educación, por ejemplo. Desde Santa Cruz de la Sierra se pide que se haga lo mismo en L’Hospitalet.

El reto de ser mujer e inmigrante

El hecho de ser mujer y lo que esto comporta dentro de la sociedad, se vive siempre de manera transversal en todos los ámbitos posibles. Si a esto le sumamos ser además inmigrante, los retos se multiplican. Por suerte, gracias a asociaciones como Mujeres Pa’lante, en la segunda ciudad de Catalunya ya se está brindando soporte a este colectivo. Des de la entidad se les ofrece asesoría laboral y legal, acompañamiento psicológico y varios cursos de idiomas o formación digital, entre otros. Además, también se promueven talleres de temas como el empoderamiento o la gestión emocional.

Sobre el caso particular de las mujeres migrantes en L’Hospitalet, Belén Frugoni, coordinadora de acogida de la entidad, cuenta que “lo que sucede con estas personas es que muchas no tienen papeles y están en vías de regularizarse a nivel administrativo”, a lo que añade que “ninguna es ilegal” y que “el proceso es complicado”. Esto provoca que la mayoría no puedan acceder a prestaciones de desempleo, seguros o bajas y que las condiciones laborales sean muy precarias para ellas.

Cabe añadir que, hay algunos países de procedencia, como es el caso de África, en los que es más común que sea el hombre el que empiece el proceso migratorio para que su familia pueda acompañarle más tarde al país de destino. En este caso, las mujeres quedan entonces muy dependientes de la figura de su marido, que es quien ha empezado la burocratización y, a nivel económico, están atadas a él. En consecuencia, estas mujeres pierden el contacto con la sociedad catalana y quedan marginadas de la esfera social.

Propuestas de mejora

Por tal de mejorar la situación de toda la población extranjera en L’Hospitalet y reforzar las políticas ciudadanas y municipales de inmigración, desde la entidad Santa Cruz de la Sierra se pide la creación de un Consejo Municipal de Inmigración y una oficina contra la No Discriminación. De este modo se pretende también dar dignidad a la nueva ciudadanía y que se acompañe y ayude a todas las generaciones de personas migrantes en sus diferentes dinámicas como ciudadanos, entidades, empresas, emprendedores y comercios. 

“En una década se ha logrado la primera fase rumbo a la ciudadanía plena, pero hay que seguir trabajando para lograr la inclusión completa en los diferentes órganos de participación no solo para calentar sillas, rellenar programas o escenarios, sino también con voz y voto de manera normal y permanente en todos los niveles y sectores de la ciudad”, explica la entidad boliviana en un comunicado oficial.

Por Lara Ballesteros