La oposición municipal, presente en el debate del Dia Mundial de la Democracia, coincidió en la necesidad de una moratoria urbanística

Un momento del debate

El portavoz del gobierno socialista, como ya viene siendo un clásico, no se dignó en acudir a la mesa redonda y avisó el día anterior que declinaba la invitación

L’Hospitalet necesita una moratoria urbanística y un replanteamiento de la ciudad en muchos niveles: vivienda, servicios sanitarios, zonas verdes, rehabilitación de edificios… hacer una ciudad más sostenible. Esta ha sido una de las conclusiones compartidas por Jaume Graells, de ERC-EUiA, Sonia Esplugas, del PP y Manuel Domínguez, de L’Hospitalet en Comú Podem, participantes en el debate organizado por Foment de la Informació Crítica de l’Hospitalet (FIC) con motivo de la celebración del Día Mundial de la Democracia y celebrado en el Centro Cultural Tecla Sala.

Aunque distantes en la ideología política, los tres portavoces presentes tuvieron elementos comunes en la crítica a la gestión municipal pero también en cómo mejorar l’Hospitalet. Y en todos los casos, con mayor o menor confianza, pensaban que, con el cambio de alcaldía, algunos tics del anterior gobierno como el rechazo a la participación pública en debates políticos, quedarían superados. Ya se vio con la ausencia al debate por parte del portavoz del PSC, Husillos, quien declinó la invitación.

Jaume Graells, portavoz republicano, puso el énfasis en la deriva del urbanismo en la ciudad especialmente en la época de la alcaldesa Marin, cuando la ADU se convirtió más que en un departamento de racionalización del complejo urbanismo de la ciudad, en una entidad municipal al servicio de los promotores, que le hizo insinuar al portavoz que alguna cosa poco clara tenía que haber en ese período de urbanismo desaforado. Por su parte, la representante del PP, Sonia Esplugas, que fue la primera que se atrevió a plantear abiertamente la necesidad de una moratoria urbanística en la ciudad, sentenció de forma contundente que l’Hospitalet se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos como ciudad y que necesita de forma urgente e inmediata, la intervención municipal en todo aquello en lo que el Ayuntamiento tiene competencias: planificación urbanística, zonas verdes, refugios climáticos, planes de vivienda municipal, parques infantiles…

Las cifras que los portavoces ofrecieron en sus distintas intervenciones pusieron de manifiesto todos los récords negativos que soporta l’Hospitalet. Manuel Domínguez, de Comuns afirmó que l’Hospitalet, además de ser una de las ciudades más densas de Europa, es la tercera ciudad en la altura media de los edificios, la que tiene menos metros cuadrados de zonas verdes por habitantes y la que dispone de menos metros cuadrados por habitante en sus viviendas. Cifras, que, junto a la impresión de Graells y el diagnóstico de Esplugas, justificó la idea de urgencia total que vive la ciudad y la necesidad de parar el ritmo de la construcción.

Durante el debate, hubo una enorme coincidencia de posturas en los aspectos clave: hay que parar prácticamente del todo la ocupación de nuevo suelo libre, hay que orientar la actuación urbanística hacia la rehabilitación de edificios y el esponjamiento de los barrios, especialmente de los del Norte, hay que impulsar un Plan municipal de vivienda que garantice el derecho a la vivienda sin comprometer el espacio público, hay que hacer reserva de suelo y comprar suelo para cubrir los déficits actuales y los que se van a generar por la barbaridad constructora de estos últimos años y hay que aplicar políticas de urbanismo de impacto, de urbanismo sostenible y de refugios climáticos para enfrentar los graves problemas de salud pública y de convivencia que ya se vislumbran y garantizar que la ciudad sea segura y habitable. Esplugas insistió mucho, y los otros dos portavoces lo corroboraron, en que hay que evitar que la gente se marche de su ciudad por culpa de la emergencia urbanística en la que el gobierno Marín ha colocado a l’Hospitalet.  

Más adelante, Manuel Domínguez sostuvo que, tras la época del urbanismo reparador de los primeros gobiernos democráticos, en tiempos de Corbacho se incrementó el suelo recalificable y se perdió la oportunidad de recuperar una ciudad que ya había sido muy castigada por la edificación masiva de la época franquista. Un ejemplo que explicó sobre los abusos de las recalificaciones y la volumetría de las promociones fue el caso de Cosme Toda: con Marín en la alcaldía se pasó, en esa planificación, de proyectar 250 viviendas que ya eran una barbaridad, a las 885 actuales, que es todo un escándalo. No solo por la masificación, sino porque representa una bomba potencial de colapso porque no se podrán cubrir de ningún modo los déficits de equipamientos que necesitarán esas familias.

Otro de los problemas que se pusieron sobre la mesa era el número de edificios antiguos construidos antes de los 70, sobre el 50% en palabras de Graells. “Existe una realidad de barraquismo vertical”, defendió el portavoz republicano, que habrá que afrontar en nada, porque esas viviendas están en muy precarias condiciones de mantenimiento. En su opinión, hay que impulsar una política municipal de rehabilitación de viviendas, en la cual se han de implicar todas las administraciones (Generalitat y Administración central). E insistió, como el resto de los portavoces, en la escasa oferta de vivienda pública: “hay que frenar las promociones privadas”, dijo Graells, afirmando que durante los más de 40 años de gobierno socialista en l’Hospitalet se ha ido más a favor de los promotores urbanísticos, que a favor de la ciudadanía.

Otra de las ideas compartidas por los tres portavoces es la necesidad de recuperar y adquirir suelo para servicios como, por ejemplo, la construcción de escuelas. En este punto, Jaume Graells destacó que la ciudad se encuentra en una emergencia educativa y se necesita construir nuevas escuelas para adecuar la ratio de niños por aula “pero nos encontramos que no hay suelo donde ubicarlas”.

Sonia Esplugas fue categórica al respecto: “estamos pagando impuestos de primera con servicios de tercera”, y aprovechó para anticipar la propuesta socialista del pleno del día 23 donde propondrán un aumento del 2,5 % del IBI.

Y en algún momento del denso, interesante y participativo debate —el público pidió la palabra largamente— se llegó a poner el acento en la sensación que tienen los grupos municipales de la ineficacia absoluta de su papel. Al tratarse de ayuntamientos presidencialistas, dijo Graells, la oposición poco puede hacer, puesto que aunque se aprueben mociones de los grupos que no están gobernando, quienes gobiernan no las cumplen y no pasa nada.

Todos ellos lamentaron la ausencia del portavoz del PSC, Jesús Husillos, que había sido invitado a primeros de mes como al resto, y cuyo partido declinó la invitación 27 horas antes. Tampoco estuvo presente el portavoz de VOX, que había sido invitado en la fecha inicial prevista para el jueves 19, pero que tuvo que cambiarse porque la sala del Centro Cultural estaba ocupada y apenas hay salas donde las entidades puedan organizar actos públicos sin tener que pagar el coste de la instalación. Los problemas a la hora de concretar la convocatoria, la falta de respuesta del representante del gobierno y el baile permanente de días para poder hacer el debate, hizo que el representante de VOX no acudiera al acto por culpa del lío generado. Así lo reconoció el moderador de la mesa redonda, durante la sesión. Por cierto, que en algunos ambientes ciudadanos se puso en cuestión que se invitara al representante de VOX, teniendo en cuenta que se trata de la extrema derecha. La propuesta de mesa redonda para conmemorar el Dia Mundial de la Democracia, que es una celebración tradicional de FIC, se debatió en la Junta de la entidad y nadie expresó ningún reparo en invitar a todos los portavoces, incluido VOX, teniendo en cuenta que la mesa redonda pretendía poner a debate temas esenciales de la ciudad y la extrema derecha cuenta con 3 concejales de 27, los mismos que En Comú Podem y más votos que estos últimos. Precisamente, la preservación del sistema democrático, se argumentó entonces en la Junta de FIC, obliga a respetar la representatividad de los elegidos, más allá de su ideario y, en este caso, precisamente por ello.