La modificación del PGM se aprobó con los votos de PSC, Junts y Vox. ERC se reservó su voto para el Pleno Municipal a celebrar en los próximos días. PP se abstuvo y Comunes votaron en contra
La Comissió d’Urbanisme del Ajuntament de Barcelona dio luz verde al proyecto de la “Illa de Citroën” con los votos de PSC, Junts y Vox que supone la reducción de un 30% de la zona verde prevista en el planeamiento inicial y donde se construirán 110 viviendas. Esquerra Republicana hizo una reserva de voto que se sabrá definitivamente en el pleno municipal y los Comunes votaron en contra, posición que han mantenido desde el inicio del proceso de modificación del Plan General Metropolitano (PGM).
Los vecinos se concentraron el martes pasado en la plaza Sant Jaume, en la misma puerta del Ajuntament de Barcelona mientras que se celebraba la reunión de la Comissió d’Urbanisme. La indignación fue grande cuando finalmente se supo el resultado de las votaciones. Los afectados llevaban pancartas reivindicando “el cien por cien de la Illa Citroën zona verde”. También se podían leer otras con frases como: “No més blocs”; “Amb el barri no s’especula”. Después los afectados se concentraron en la plaza Sant Miquel, en la entrada del edificio municipal donde se celebró la transcendente reunión.
Ancor Mesa, regidor dels Comuns al Ajuntament de Barcelona, considera que, aunque esta votación representa un varapalo para las aspiraciones de los vecinos afectados por esta modificación del PGM, la lucha ha de continuar. Por un lado, se han de entregar toda la recogida de firmas, cerca de 1.500 hasta ahora, cuya campaña de momento se mantiene. Y por otro, se ha de continuar con la presión vecinal. Aunque se apruebe el proyecto, después hay que ejecutarlo. “Las elecciones municipales se celebrarán dentro de un año y si hay un cambio en la aritmética municipal se podría paralizar el plan”, dice el portavoz de los Comuns.
Tal y como hemos ido informando desde L’Estaca, el proyecto proviene del acuerdo realizado entre el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa Stellantis, en el 2023, pero no se dio a conocer hasta octubre del 2024 cuando se abrió un proceso participativo que nunca se acabó ni se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos.
En julio del año pasado fue aprobado inicialmente por la Comissió d’Urbanisme del Ayuntamiento de Barcelona. Aquella vez con los votos del PSC, Junts, ERC y Vox. PP se abstuvo y los Comunes votaron en contra.
El pasado octubre se produjo una nueva votación del proyecto, esta vez en el plenario de Sants-Montjuic, y donde hubo un baile de votos: PSC y Vox votaron a favor; se abstuvieron Junts, ERC y PP. Y sólo los Comunes votaron en contra, grupo que ha mantenido el mismo voto en todo el proceso.
Ancor Mesa, de los Comunes, ya ha manifestado en más de una ocasión que “el convenio está realizado a medida de la multinacional Stellantis”. Esta empresa tiene sede social en Amsterdam y es fruto de la fusión de varias empresas automovilísticas como la propia Citroën, Peugeot, Opel/Vauxhal, Fiat, Alfa Romeo, Dodge y Chrysler. Esta compañía busca revalorizar los terrenos que han ocupado durante décadas, con una operación claramente especulativa bajo el paraguas de la enésima modificación del Plan General Metropolitano.
La modificación del PGM de la Illa Citroën, situada entre la calle Badal de Barcelona y la riera Blanca, limítrofe con l’Hospitalet, supone la reducción de un 30% de la zona verde prevista a cambio de la construcción de unos 12 bloques con un total de 110 viviendas y cuyas fachadas darán a la parte de Santa Eulalia-2.
Manuel Domínguez, portavoz de los Comunes en el Ayuntamiento de l’Hospitalet, y que se han sumado a las protestas ya ha calificado en más de una ocasión que esta modificación del PGM se asemejan a los Planes Parciales en tiempos del franquismo, eliminando zonas verdes y convirtiéndolas en zonas edificables. Ese hecho produjo una masificación de los barrios en detrimento de los equipamientos y de los espacios libres.