Este año acababan los contratos de los vecinos y la entidad bancaria estaba dispuesta a ponerlos a la venta de manera inmediata
La Generalitat de Catalunya adquirirá 128 pisos de la Porta Nord de L’Hospitalet de ImmoCaixa, según ha anunciado la consellera de l’Habitatge, Silvia Paneque. Los vecinos de estas viviendas junto con el Sindicat de Llogueteres habían realizado protestas y denuncias contra la Generalitat por quedar excluidos en el primer paquete que compró el organismo autónomo a ImmoCaixa. Los afectados estaban muy preocupados ya que este mes de enero les vencían los contratos. (Foto: Los afectados de la Caixa en un pleno municipal)
La consellera ha manifestado que de esta forma “se garantiza un alquiler asequible y permanente a las familias que viven en estos pisos”. Los dos edificios en cuestión tienen nueve y dieciseis plantas con una superficie útil de las viviendas de unos 81 metros cuadrados: tienen tres habitaciones, y el precio inicial de alquiler era de 540 euros al mes incluyendo la plaza de aparcamiento.
“Este Gobierno vuelve a ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir 128 viviendas de Inmocaixa en l’Hospitalet de Llobregat”, ha destacado la consellera Silvia Paneque quien ha recordado que “esta operación se enmarca en las negociaciones que se iniciaron en la legislatura anterior y que han continuado en la actual”. Y también ha remarcado que “el objetivo del Govern es ampliar el parque de vivienda asequible y estable, especialmente en aquellos municipios donde la presión del mercado es más elevada”. Con esta operación ya se elevan a 1267, los pisos que la Generalitat adquiere a ImmoCaisa y se incorporan a la red pública.
Los afectados han mostrado una gran alegría después de todo el conflicto que tuvieron con ImmoCaixa y que finalmente se haya resuelto de forma satisfactoria. En un primer momento esta promoción había quedado excluida dentro del primer paquete de adquisición de la Generalitat.
Ha sido una larga lucha que se viene arrastrando desde hace meses al saber que sus contratos finalizaban a primeros de este año. Y aunque la legislación permite la prórroga durante un año, presagiaban un mal futuro ya que La Caixa las había puesto a la venta para ser adquiridas, según parece, por un fondo buitre. Los vecinos quisieron implicar también al ayuntamiento con dos intervenciones en los plenos municipales ya que, en su día, fue la alcaldesa Núria Marín la encargada de darles las llaves en un acto público.
Hay que recordar que el 24 de enero de 2014, la Obra Social La Caixa entregó las llaves de 168 viviendas de alquiler asequible que había construido en la Porta Nord de l’Hospitalet, previo un sorteo donde se habían presentado 2.300 personas interesadas en esos pisos. Todo ello tras el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y La Caixa el 29 de febrero de 2008, modificado el 12 de enero de 2011.
El acto de entrega se hizo a bombo y platillo con la participación de la entonces alcaldesa Núria Marin, que calificó el momento como “una de las actuaciones urbanísticas más importantes que se han desarrollado en la ciudad”.
Los contratos eran de cinco años con opción de compra y renovables a otros cinco años más, prorrogables en caso de que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa de protección oficial.
Pasados los primeros cinco años se renovaron los contratos, pero los vecinos aseguran que nunca vieron los nuevos. Después, cuando tuvieron acceso, observaron que la opción de compra había desaparecido y se habían incluido cláusulas abusivas. Los responsables de La Caixa no advirtieron de esta circunstancia. Por lo tanto, no pudieron oponerse a los nuevos términos impuestos por la Obra Social. La respuesta de la entidad fue entonces que, o firmaban en aquel momento, o el piso sería adjudicado a otra persona ya que había lista de espera. Así lo manifestaron los perjudicados en un pleno municipal reciente, donde expusieron su situación a todos los grupos municipales.
Los inquilinos de las diferentes promociones de Catalunya, en parecidas circunstancias, han puesto dos demandas con el apoyo del Sindicat de Llogateres. Una, por 16 cláusulas abusivas en los contratos, y otra reclamando 10 millones de euros en concepto del IBI que no deberían haber pagado y que La Caixa les ha ido cobrando durante estos años.
A todo ello, los afectados de la Porta Nord han denunciado la falta de mantenimiento y el abandono absoluto por parte de la entidad titular. Los vecinos afirmaron que “llevamos cerca de 10 años viviendo en los pisos y soportando problemas diversos porque los servicios de mantenimiento han sido muy deficientes o inexistentes, con fugas continuas que nunca se han resuelto”.