ERC amenaza con presentar moció de censura en la Diputació donde es presidenta

El caso de presunta corrupción en el Consell Esportiu de l’Hospitalet continúa salpicando a más personas. Esta vez a la primera autoridad de la ciudad a la alcaldesa y presidenta de la Diputació, Núria Marin quien ha declarado durante tres horas ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Su comparecencia ha sido en calidad de investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión de perseguir el delito.

De momento han prestado declaración dos concejales en junio y del secretrario de Esports de la Generalitat el mes pasado. La investigación ha avanzado en los últimos meses y actualmente hay 14 personas más investigadas.

Tras la declaración y en una rueda de prensa, Núria Marín  ha manifestado que no dimitirà “porque no hay motivos” y pedirá declarar voluntariamente a la juez del caso. Ha explicado que ante las preguntas de la Policía decidió responder, sin acogerse al derecho a no declarar.

No tuvo papel pasivo

La alcaldesa desmintió haber tenido un papel pasivo cuando tuvo conocimiento de los hechos y explicó que el pasado mes de febrero el entonces concejal de Educación Jaume Graells le informó de unas presuntas irregularidades dentro de la contabilidad del Consell Esportiu en las que estaban implicados los también concejales Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza.

Núria Marín ha recordado que el Consell Esportiu es una entidad privada y el Ayuntamiento no puede hacer ninguna auditoría por lo que esta fue encargada por el propio Consell a unos auditores independientes.

Está prevista la comparecencia próximamente en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya a petición de ERC y también Els Comuns para que informe sobre estas presuntas irregularidades.

ERC y Comuns piden la dimisión

La reacción de los grupos municipales ha sido enérgica y contundente. Antonio García manifestó a través de un tweet:  “Dimita. Esta situación es del todo insostenible #LHospitalet se merece un ayunamiento limpio y transparente, sin ninguna sombra de corrupción”. ERC ha avisado que presentaría una moción de censura a la Diputació de Barcelona si no lo hacía. Marín ha asegurado que aún no ha hablado con JxCat sobre esta cuestón para mantener su apoyo. 

Ana González dels Comuns: “El mal que se le está haciendo a la ciudad de #LHospitalet y a la institución por el caso de presunta corrupción del #consellesportiu es incalculable. Hoy la alcaldesa sale de declarar investigada y con cargos. Pedimos que por el bien de los vecinos y vecinas @nuriamarinlh diita así como los concejales investigados. Ninguna sombra de corrupción puede manchar nuestra ciudad.

Miguel García de Ciutadans ha manifestado: “Las últimas noticias de casos de presunta corrupción del PSC lo inhabilitan como alternativa de gobierno en Cataluña. Así es la vieja política”.

Desde el PSC han ofrecido toda la colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y han manifestado que es necesario respetar la presunción de inocencia de todos los implicados y reiteran la total confianza en la alcaldesa.

Por Lluís Berbel

_{La Policia Nacional ha citado en calidad de testimonio a la alcaldesa por la trama que salpica a dos concejales de su grupo municipal, según NacióDigital}

La alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, ​​Núria Marín, está citada hoy por la Policía Nacional española en calidad de testigo por el caso Consell Esportiu de l’Hospitalet, según informa NacióDigital. La también presidenta del PSC declara ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía por las presuntas irregularidades que salpican dos concejales del grupo municipal.

La trama del Consell Esportiu estalló en junio con la detención y posterior libertad con cargos del segundo teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Cristian Alcázar, el concejal también socialista Cristóbal Plaza y el director del ente deportivo, Eduard Galí, pero la investigación ha ido avanzando y ya hay 14 personas imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales.

Según afirma NacióDigital y citando fuentes cercanas a la alcaldesa, Marín tiene intención de declarar ante la UDEF, como ya hizo recientemente el secretario general de l’Esport, Gerard Figueras. Marín ha afirmado siempre que colaborará con la justicia para esclarecer el caso. También ha manifestado su intención de asistir el Parlamento para dar explicaciones, después de que la cámara catalana se lo reclamara a petición de ERC. Sin embargo, hasta ahora ha evitado referirse a ella en público y ha justificado que no cesara del gobierno municipal a los dos concejales encausados, a pesar de la presión de la mayoría de la oposición.

“Cuando haya algún indicio, se tomarán las decisiones necesarias”, ha defendido Marín, que también ha justificado que el Ayuntamiento no se haya personado como acusación particular, aconsejada por los servicios jurídicos. Cuando estalló el caso, la alcaldesa remitió la documentación que tenía en el juzgado, pero el concejal del PSC que le denunció, Jaume Graells -el único que ha abandonado el equipo de gobierno- asegura que le ofreció pruebas de las irregularidades el 4 de febrero que ella declinó recoger.

El núcleo de la investigación, tal como reveló NacióDigital, apunta a una trama en la que el Cosell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. En concreto, el organismo registraría anualmente documentación falsificada al Consell Català de l’Esport -dependiente de la Generalitat- relativa a asambleas que no habrían tenido lugar y con información contable diferente a la entregada realmente a las entidades integrantes del ente y al Ajuntament.

Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y debido a que la Generalitat se le reconocería año tras año unos ingresos y gastos cerca de medio millón superiores a los que se notifica a las entidades del Consell Esportiu. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, una versión que se ha podido contrastar con fuentes de la entidad.

Y es que el Consell Català de l’Esport, además de recibir la información, no la verifica, ya que los consejos deportivos son formalmente entidades privadas sin ánimo de lucro, si bien, en el caso del de l’Hospitalet de Llobregat, recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas -sobre todo, de l¡Ajuntament y, en menor medida, de la Generalitat-. Seis de los doce miembros de su comisión directiva, además, son designados por el gobierno municipal, incluyendo el concejal de Deportes, que actuará de presidente. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.

La documentación entregada a la Generalitat con las cifras supuestamente reales de contabilidad de 2018 iba firmada en todas las páginas para Cristian Alcázar, pero también por el entonces secretario del Consell Esportiu. Al final del informe, firman igualmente la verificación contable del ejercicio tres interventores elegidos por el ente en la anterior asamblea de entre los representantes de las entidades que lo conforman. Estos miembros del Consejo Deportivo han sido también posteriormente imputados durante la investigación, según informa NacióDigital.

Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? NacióDigital manifiesta que según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consejo Deportivo, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.

Esta caja B se nutriría de pagos en metálico de las entidades deportivas y escolares integrantes del ente y también de efectivo retirado de la cuenta corriente, “siempre en fracciones de 3.000 euros”, según declara una testigo a la UDEF. El cuerpo policial, de hecho, intervino cerca de 3.000 euros en el despacho de Galí, lo que “coincide con las manifestaciones realizadas por los denunciantes respecto la existencia de una caja interna”, según ha podido saber NacióDigital del atestado.

Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes, según informa NacióDigital.

Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otros colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Según confirma NacióDigital, entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.

Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en L’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.

Apunta NacióDigital que Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hace concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente, según informa NacióDigital.

La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcalde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno -pero se mantiene de concejal-, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía del Ayuntamiento en 2019, y Galí eran directores.
Cristóbal Plaza també estaria sent investigat per haver-se arreglat l’acomiadament com a director del Consell Esportiu, el gener de 2017, després de 16 anys al càrrec, per cobrar una indemnització d’uns 47.000 euros. Són uns ingressos que no hauria hagut de cobrar si hagués deixat la feina per voluntat pròpia, però el cert és que, sis mesos que la majoria del PSC a la comissió directiva l’acomiadés, el partit el va fitxar com a assessor i el va fer regidor dos anys més tard. Ell havia afirmat públicament que deixava el càrrec i, si es confirmés que l’acomiadament formal va estar arreglat, s’hauria pogut incórrer en fraus a la Hisenda estatal i a la seguretat social, a més d’adjudicar-se quasi 50.000 euros il·lícitament.

Por Lluís Berbel

_{6 de diciembre, 2020}

Las entidades adheridas al movimiento ciudadano SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet piden una moratoria de dos años para toda obra o proyecto urbanístico de vivienda o industrial, en terrenos de uso agrícola o forestal, o que puedan afectar a zonas ecológicas reconocidas. Esta reclamación es como consecuencia de las diferentes sentencias de los tribunales en la que han puesto en cuestión los Planes Urbanísticos en distintas poblaciones de la comarca. Y piden al Àrea Metropolitana de Barcelona que se replantee los objetivos y el alcance del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM).

La última fue conocida el pasado viernes, en el que el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho el  Plan Director Urbanístico (PDU) de ámbitos de actividad económica del Delta del Llobregat, que afectaba a los miunicipios de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Esta se une a las dos sentencias que ese mismo tribunal sentenció contra el PDU de l’Hospitalet de Llobregat.

“Las tres últimas sentencias han dado la razón a las voces que desde hace tiempo están poniendo en el punto de mira la ofensiva de la especulación urbanística en el Baix Llobregat”, dice SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat en un comunicado. Después de la crisis económica del 2008, nuevos proyectos urbanísticos han sido aprobados o se están redactando sin que “se hubiera aprendido la lección que precisamente una de las culpables de la crisis en ese año fue provocado por la economía basada en el crecimiento urbanístico”, añaden.

La moratoria solicitada por SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet debería de permitir un amplio proceso participativo por toda la ciudadanía y decidir un nuevo modelo urbanístico.  El actual territorio que ocupa toda la comarca ya está muy construido y comienza a encontrarse con algunos obstáculos físicos (ríos, rieras, zonas con fuertes pendientes y otros son la conciencia ecológica de la población que vive en estos territorios.  Sobre todo por el poco espacio natural que queda en la comarca para tener una vida plena. Los futuros PDU deberían incorporar criterios ecológicos sensibles a la ocupación de los espacios libres de edificación.

Por Lluís Berbel

_{30 de noviembre, 2020}

La Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat reformularán el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia para adaptarlo a las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo declaró nulo de pleno derecho.

Este es el acuerdo al que han llegado Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, y Núria Marín, alcaldesa de la ciudad, en una reunión mantenida esta mañana en la sede del Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet.

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión, el conseller y la alcaldesa han anunciado la presentación de los recursos de casación y la redacción de un nuevo PDU y adaptarlo a las objeciones hechas por el tribunal en paralelo.

Núria Marín ha afirmado que “se trata del proyecto de reactivación económica y social más importante en marcha en estos momentos en Catalunya con una previsión de creación de 20.000 puestos de trabajo alrededor del sector de la biomedicina”, ”La actual crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia del sector biosanitario y no podemos renunciar a tener en esta zona de l’Hospitalet el clúster biosanitario más importante del sur de Europa”.

“Probablemente para nosotros era tan obvio el interés de país de este proyecto que a lo mejor no dedicamos todos la fuerza a la hora de ponerlo por escrito. No sé si fue un error o un exceso de confianza. En todo caso, ahora sí que reformularemos y justificaremos el interés no solo para la ciudad, el AMB o la provincia de Barcelona, sino para toda Catalunya”, ha insistido la alcaldesa.

Por su parte, Damià Calvet ha dicho que “acatamos las sentencias, pero no las compartimos” y considera que hacen referencia a “temas menores y reparables”. “A partir de ahora” —continuó— , “empezaremos a trabajar para resolver estos problemas de competencias y reforzar el hecho de que estamos ante un proyecto que va más allá del ámbito municipal y metropolitano: es un proyecto de país”.

Con respecto al tema de las zonas verdes, la alcaldesa ha explicado que “se están cuestionando 20.000 m2, menos del 5%, cuando el conjunto de zona verde a todo el ámbito es de 514.000 m2. El proyecto multiplica por diez el número de metros cuadrados de zona verde a que estamos obligados por ley”.

En el transfondo del asunto existen la construcción de una treintena de rascacielos (de lo cual no han hablado ninguna de las dos autoridades) y la desaparición de la última zona agrícola de l’Hospitalet. Una de las ciudades con mayor concentración de población de Europa.

Según ambos responsables, estos trámites pueden provocar una demora de un año, tal y como aseguró l’Estaca con información procedente de fuentes judiciales. Hay que recordar que las obras estaban previsto que arrancaran en 2021.

La sección tercera de la sala contencioso-adminitrativa del TSJC ha tumbado dos veces el Plan, que planea el soterramiento de una parte de la Granvia, la instalación de un clúster biomédico o la creación de un gran parque urbano en la zona de Can Trabal, por motivos de competencias y por considerar que la ubicación de las zonas verdes contraviene la legislación actual.

En concreto, las sentencias señalan que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y no el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, era el organismo competente para aprobar el PDU y que el texto del Plan “no contiene ninguna indicación rigurosa, susceptible de justificar la competencia plena” de la conselleria.

Con la reformulación del PDU, se tendrán que repetir trámites como el de exposición pública o la presentación de alegaciones, un proceso en el que Marín ha asegurado que tratarán de lograr el máximo de participación y de consenso posible.

Por Lluís Berbel

_{26 de noviembre, 2020}

Gerard Figueras, secretario d’Esports de la Generalitat,  ha prestado declaración ante el grupo de la Unitat de Delinqüencia Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y puesto en libertad en el marco de la investigación por la trama de desvío de fondos en las subvenciones públicas al Consell Esportiu de l’Hospìtalet, según ha informado NacióDigital.
Tras la declaración fue puesto en libertad, a la espera de ser citado por el juez acusado de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Núria Marín, citada al Parlament per abordar el cas

La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, deberá comparecer en el Parlamento para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de l’Hospitalet, junto con los dos concejales del PSC encausados ​​y el que denunció los hechos. Así lo ha aprobado este miércoles la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, con el apoyo de todos los grupos excepto el socialista.

Tal como reveló Nació Digital, de hecho, la UDEF de la Policía Nacional entró en la secretaría general d’Esports de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputación de Barcelona para requerir documentación en relación con las transferencias hechas al Consell Esportiu, en especial con respecto a las subvenciones recibidas de estos organismos.

El Consell Esportiu es una entidad privada pero en el que la concejalía de Deportes ostenta la presidencia y el gobierno municipal designa la mitad de los miembros de la comisión directiva. Su principal ingreso público es del Ayuntamiento de l’Hospitalet, de 210.000 euros en 2018, mientras que ese año en llegaron 107.000 de la secretaría general d’Esports y tan sólo 2.092,26 de la Diputació.

La investigación de la UDEF avanza y las últimas semanas se han producido ocho nuevas imputaciones, por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales, los mismos por los que están encausados ​​desde junio el primer secretario del PSC en L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que es todavía teniente de alcalde al Ajuntament, el todavía concejal y ex director del Consell, Cristóbal Plaza, y el actual director, Eduard Galí.

Según la presunta trama denunciada por Jaume Graells, aunque concejal del PSC, el Consell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. Algunos de los beneficiarios serían Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza, quien además está siendo investigado por arreglarse presuntamente el despido de cuando era director del ente por cobrar de manera fraudulenta hasta 47.000 euros.

Por Lluís Berbel

Las investigaciones pretenden esclarecer el volumen de recursos real de que disponía la entidad municipal, que gestionaba una caja opaca de medio millón de euros y varias contabilidades paralelas.

_{22 de noviembre, 2020}

La investigación en torno al caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat ha llegado ya a instituciones supralocales. Según ha publicado Nació Digital, la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional entró hace dos semanas en la secretaría general de l’Esport de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputació de Barcelona para requerir documentación en relación con las transferencias hechas al Consell Esportiu.

Portavoces de los dos organismos han confirmado esta información y, según concretan, las peticiones de la UDEF se referían especialmente a las subvenciones otorgadas a la entidad local. Es uno de los aspectos por las que la Policía Nacional española se ha interesado en los interrogatorios con los investigados, según fuentes conocedoras del desarrollo del caso. Debido a la doble contabilidad con que trabajaba el Consell Esportiu, la investigación pretende delimitar los recursos de los que disponía y como los justificaban.

Sea como sea, los funcionarios habrían facilitado la información requerida a la UDEF, tanto el día en que se personaron o más tarde, si no se encontraba en el edificio. En cuanto a la tercera institución que pone recursos al Consell Esportiu, l’Ajuntament de l’Hospitalet, no habría recibido ninguna nueva visita policial, ya que aportó toda la documentación de que disponía una vez estalló el caso, el mes de junio, según un portavoz.

Estas actuaciones evidencian que la investigación por irregularidades en la gestión del Consell Esportiu de l’Hospitalet siguen avanzando. Según reveló la semana pasada Nació Digital, se han producido ocho nuevas imputaciones, por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales, los mismos por los que se investiga el primer secretario del PSC en el l’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que es todavía teniente de alcaldía al Ayuntamiento gobernado por Núria Marín, el todavía concejal y ex director del Consell, Cristóbal Plaza, y el actual director, Eduard Galí.

Fuentes de la Diputació, en todo caso, afirman que la UDEF se sorprendió porque encontraron poca documentación relevante en esta institución. Efectivamente, el Consell Esportiu recibe el principal ingreso público de l’Ajuntament de l’Hospitalet, de 210.000 euros en 2018, mientras que llegan 107.000 de la secretaría general de l’Esport y tan sólo 2.092,26 de la Diputación. Así consta tanto en la contabilidad que entrega el consistorio local y las entidades como el que aporta la Generalitat.

Sería en los ingresos provenientes de los participantes en las actividades del Consell Esportiu que esté abultado una caja opaca de hasta medio millón de euros que no constaría en la contabilidad entregada al Ajuntament y a las entidades deportivas y que serviría para pagar en negro numerosas retribuciones a colaboradores y socios y directivos técnicos y políticos. La documentación entregada a la asamblea del Consell Esportiu incluye 88.221,47 euros en ingresos de los participantes, en 2018, los cuales crecen hasta 601.059,92 euros en la contabilidad registrada en la Generalitat.

Esta doble contabilidad respondería a que el ente entregaría a l’Ajuntament la misma información que en las entidades deportivas presentes en la asamblea interna, ya que el consistorio exige justificar todo el presupuesto, aunque tan sólo se subvencione una parte . En cambio, el Consell Esportiu enviaría a la secretaría general de l’Esport de la Generalitat documentos aprobados supuestamente en asambleas que, en realidad, no tuvieron lugar y con un total de recursos contemplados de medio millón de euros superior, ya que el Govern sólo recibe la información, pero no la comprueba ni pide justificantes.

Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y las cantidades económicas reflejadas. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, según consta en el atestado policial y han confirmado a Nació Digital fuentes de la entidad. A pesar de que la divergencia en los ingresos no proviniera de los recursos públicos, sin embargo, la UDEF habría comprobado igualmente que los que constan fueran reales.

El Consell Esportiu es formalmente una entidad privada sin ánimo de lucro, si bien recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas y seis de los doce miembros de su comisión directiva son designados por el gobierno municipal, incluyendo la concejalía de Deportes, que ostenta la presidencia. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.

Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? Según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consell Esportiu, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.

Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes.

Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otras colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.

Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en l’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido, según Nació Digital, cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.

Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hizo concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente.

La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcaldde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno —pero se mantiene de concejal—, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el

Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía de l’Ajuntamet en 2019, y Galí eran directores.

El propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quitó hierro al asunto en una entrevista a Nació Digital, pese a admitir mala praxis: “En nosotros sabemos, lo que se puede haber cometido es algún tipo de irregularidad administrativa. Pero nada que tenga que ver con corrupción “. La alcaldesa y presidenta de la Diputació de Barcelona, ​​Núria Marín, también ha optado por mantener los concejales a gobierno tras las revelaciones del caso.

Por todo ello, el concejal denunciante lamenta el “poco compromiso del aparato del PSC” para investigar el caso. Jaume Graells critica que Iceta no lo consultara y limitara los hechos a “algún tipo de irregularidad administrativa” y asegura que en febrero ofreció pruebas a Núria Marín pero la alcaldesa las rechazó. “Siento que se me ha condenado al ostracismo en mi propio partido y, en cambio, se está apoyando y protegiendo a los que han podido cometer las irregularidades”, afirma.

Por Lluís Berbel

_{19 de noviembre, 2020}

Nuevo revés judicial contra el Ayuntamiento de l’Hospitalet. La misma sala, la sección tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el mismo objetivo, el Plan Director Urbanístico (PDU) de Gran Vía-Llobregat. Esta vez  ha considerado nulo el proyecto por la ubicación de las zonas verdes que contravienen la legislación actual.

La semana pasada esta misma sala ya habia declarado nulo el PDU de l’Hospitalet por “vulneración del principio de jerarquía normativa” y por “una falta insubsanable de competencia“.

Esta segunda sentencia ha venido provocada por el recurso presentado por ERC, la CUP y Depana contra este mismo proyecto.

Así, además de señalar que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y no el Departament de Territori y Sostenibilitat, era el organismo competente para aprobar el PDU, el nuevo fallo judicial apunta a que la ubicación de las zonas verdes contraviene la legislación actual.

En concreto, el texto señala que buena parte de las zonas verdes incluidas en el plan se ubican en enlaces viarios y rotondas de difícil acceso y apunta que suponen una vulneración de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), al establecer estos espacios “en puntos no susceptibles de satisfacer en condiciones normales la misión atribuida”.

“Tendremos que concluir sin demasiadas dificultades que la localización de una superficie importante de zonas verdes en bucles de enlaces viarios o rotondas constituye una clara contravención de las disposiciones legales”, apunta la sentencia, que remata su argumentación sobre la cuestión señalando que la incorrecta ubicación de las zonas verdes es “una realidad fácilmente aprehensible incluso sin ninguna asistencia pericial“.

Así, el portavoz del grupo municipal de ERC y líder de la oposición en el pleno, Antoni García, ha señalado en un mensaje en su cuenta de Twitter: “Nueva victoria judicial. Hemos salvado Cal Trabal y ganado el contencioso administrativo que presentamos ERC, CUP-PA y Depana contra el PDU Granvia. Una victoria de todas las entidades y de las luchas compartidas por una ciudad verde”.

Cuando el Ayuntamiento de l’Hospitalet estaba a punto de presentar el recurso de casación del primer fallo, el consistorio aún no se ha pronunciado sobre el segundo, aunque la semana pasada, cuando se conoció la primera sentencia que declaraba la nulidad del PDU, la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, ya avanzó que presentarían un recurso y que el proyecto ahora impugnado, era importante para la ciudad y para el país.

Por Lluís Berbel

_{18 de noviembre, 2020}

Núria Marín, alcaldesa de l’Hospitalet, en cuanto supo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), declarando nulo el Plan Director Urbanístico (PDU), proyecto previsto por el ayuntamiento de l’Hospitalet en la parte Sur de la Gran Vía (entre plaza Europa y el rio Llobregat), manifestó que todo era una cuestión de forma y anunció la presentación de un recurso de casación contra el auto judicial.

Un mínimo de un año, en cualquiera de los supuestos, y con todas las de perder. El recurso de casación se podría presentar ante el Tribunal Supremo. Un mínimo de seis meses para que al final resolviera que quien es competente en este caso es el TSJC ya que Catalunya tiene plenas competencias en Urbanismo.

La segunda posibilidad es que directamente se presente en el TSJC. Este recurso no podría resolverlo la misma sala y tendría que despacharla otra distinta. Mientras que todo esto sucede, otro mínimo de seis meses. Y también en la misma línea que la sentencia. Es de suponer que los letrados que asesoran a la primera autoridad de L’Hospitalet, ya le hayan informado del futuro del recurso.

Núria Marín califica como vital el PDU y los vecinos aplauden la sentencia que lo declara nulo

El resultado del recurso de casación viene fundamentado en los argumentos que dio la sala para dictar la sentencia ante el recurso presentado por En Comú Podem L’Hospitalet, declarando nulo el PDU. El tribunal declaró la nulidad del Plan Urbanístico por “vulneración del principio de jerarquía normativa” y por “una carencia insubsanable de competencia”. Y añade que el hecho que el plan contemple “sinergias y efectos coordinados con infraestructuras sanitarias o de transporte de alcance supra metropolitano” no justifica la anulación de competencias urbanísticas del AMB.

Nuría Marin, hizo una defensa sin paliativos del PDU, manifestada en la rueda de prensa posterior a hacerse pública la sentencia : “Este es un proyecto súper importante para L’Hospitalet y para el conjunto del país y junto con el Departament de Territori trabajaremos para que vea la luz lo más pronto posible”.

La Generalitat aprobó el PDU sin pasar por el AMB.

Hace ya algunos años la Generalitat modificó la legislación sobre Urbanismo para “agilizar” determinados proyectos urbanísticos y, en este caso, el ayuntamiento de l’Hospitalet quiso aprovechar la oportunidad para que  la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, en sesión de 2 de diciembre de 2013 declarara de interés territorial el PDU. Lo cual ha sido calificado por el alto tribunal de Catalunya en los siguientes términos: “Se trató de una justificación más bien insubstancial (magre) y con un alto componente retórico que, más allá del interés superior que pudieran tener las actuaciones dirigidas a mejorar la funcionalidad de la Gran Vía como parte integrante de una vía de comunicación de interés incluso autonómico, no ofrecía ningún dato que permitiera situar las actuaciones añadidas al PDU-GV.LL (propiamente de urbanismo de ciudad) en la noción legal “de especial relevancia social o económica o de características singulares”.

Las especulaciones se centran en la actualidad sobre el componente político que va a tomar este tema donde el PSC va a buscar apoyos en el plenario del AMB para poder aprobar un plan que la alcaldesa define como de cambio para l’Hospitalet y el conjunto del País. Justo al contrario de las organizaciones vecinales y grupos políticos municipales que consideran un éxito y un freno a la construcción de rascacielos de forma masiva, sin precedentes en la ciudad. Además de acabar con el único espacio agrícola que queda.

El PDU planifica una actuación a lo largo de un tramo de 1.000 metros de longitud en el entorno de la vía, entre la Ronda Litoral y el nudo de la Marina, e incluye, además de los 27 rascacielos, la creación de un parque de 27,9 hectáreas y la potenciación de un entorno de investigación biomédica, con el impulso del Hospital de Bellvitge y el Institut Català d’Oncologia.

Por Lluís Berbel

_{13 de noviembre, 2020}

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)  ha declarado nulo el Plan Director Urbanístico (PDU),  proyecto previsto por el Ayuntamiento de L’Hospitalet en la parte Sur de la Gran Vía (entre plaza Europa y el rio Llobregat) y que contaba con la construcción de 27 rascacielos en la última zona agrícola que cuenta la ciudad.

La sección 3ª de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha resuelto un recurso presentado por el grupo político L’Hospitalet En Comú Podem para revocar el plan Urbanístico que suponía la práctica desaparición de la zona agrícola de Cal Trabal, con una extensión de 994.000 metros cuadrados . El tribunal ha declarado la nulidad del plan urbanístico por “vulneración del principio de jerarquía normativa” y por “una carencia insubsanable de competencia”.

Para el grupo político de En Comú Podem, esta es una victoria comunitaria de los movimientos sociales y vecinales que han luchado durante más de una década para llegar aquí, y preservar la zona agrícola de la especulación urbanística. Mientras tanto, Núria Marín ha calificado la sentencia de una cuestión de forma y no de fondo, y ha avanzado que presentará un recurso de casación.

Nada justifica la anulación de competencias del AMB

La sentencia afirma que tendría que ser el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que está elaborando el PDU Metropolitano, y no el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat quien dibuje la gran Barcelona del futuro. De hecho, el planeamiento que proyecta el Àrea está destinado a sustituir el antiguo Plan General Metropolitano (PGM). Y añade que el hecho que el plan contemple “sinergias y efectos coordinados con infraestructuras sanitarias o de transporte de alcance supra metropolitano” no justifica la anulación de competencias urbanísticas del AMB.

Así, el texto asevera que el PDU Granvia-Llobregat no contiene ninguna indicación rigurosa “susceptible de justificar la competencia plena de Territori en detrimento de las competencias urbanísticas metropolitanas”, las cuales, según la resolución, se han visto ignoradas a través de un acuerdo a dos bandas –entre Territori y el Ajuntament de L’Hospitalet-.

Diferentes visiones de la ciudad

Desde la asociación No Més Blocs de L’Hospitalet, un movimiento vecinal nacido en el año 2015 con el objetivo de detener el PDU Granvia-Llobregat, han celebrado la noticia y han exigido la disolución inmediata del Consorcio para la reforma de la Granvia por ser “un ente público sin competencias”.

Para Núria Marín: “Este es un proyecto súper importante para L’Hospitalet y para el conjunto del país y junto con el Departament de Territori trabajaremos para que vea la luz lo más bien posible”.

El PDU planifica una actuación a lo largo de un tramo de 1.000 metros de longitud en el entorno de la vía, entre la Ronda Litoral y el nudo de la Marina, e incluye, además de los 27 rascacielos, la creación de un parque de 27,9 hectáreas y la potenciación de un pulso de investigación biomédica, con el impulso del Hospital de Bellvitge y el Institut Català d’Oncologia. 

Por Lluís Berbel

_{25 de septiembre, 2020}

Los  grupos municipales de L’Hospitalet En Comú Podem y ERC se presentarán como acusación popular en la investigación que realiza el juzgado de L’Hospitalet en la denuncia presentada  por las presuntas irregularidades económicas denunciadas en el Consell Esportiu y en la que se detuvo a dos concejales socialistas, puestos posteriormente en libertad, y también al gerente.

Tal y como explica Ana González, de L’Hospitalet En Comú Podem,”nuestra primera intención, y así lo explicamos en el mes de junio en el pleno municipal, era que hubiera sido el propio ayuntamiento el que se personara en defensa de los intereses de todos los ciudadanos de L’Hospitalet, ya que las irregularidades se producen en la gestión pública y en el destino del dinero público. A la vista que no lo va a realizar, lo haremos nosotros”.

Según algunas fuentes, Nuria Marín  ha estado dando apoyo a los encausados  ya que ni los ha quitado como representantes políticos y también algunos de ellos han aparecido públicamente junto a la alcaldesa. Ana González también manifestó que “todo ello no quita que defendamos su presunción de inocencia hasta que no sean encausados por la juez”.

Antonio García de ERC ha manifestado que los concejales que están envueltos en estas irregularidades deberían de haber dimitido y acusan al actual equipo de Gobierno de poca transparencia y claridad a la hora de facilitar la información. Ha añadido que “las cuentas que deberían estar publicadas en la web del Consell Esportiu en su lugar aparece un cartel de ‘pagina en construcción’”. El dirigente de ERC duda la objetividad del citado Consell Esportiu. “Además del a regidora que lo preside el resto son 5 técnicos y el resto son personas cercanas al partido socialista.”

Hay que recordar que en el pleno de mes de junio, ERC solicitó la creación de una comisión de investigación que finalmente fue rechazada por el partido socialista y gracias a la abstención de Ciudadanos.

Por Lluís Berbel