El Ayuntamiento de l’Hospitalet invertirá todo un año para reformar el reglamento de participación

FIC reclama en el primer Consell de Ciutat presidido por David Quirós que se aplique el vigente reglamento con flexibilidad para que no se veten las intervenciones ciudadanas en los plenos

El alcalde justifica que FIC no pueda vehicular la cesión de la palabra en los plenos municipales a otras entidades por una decisión del nuevo secretario de la corporación, el funcionario Fernando Aragonés Seijo

El ex regidor de ERC Antoni García presidirá la nueva Mesa Sectorial de la Vivienda y el teniente de alcalde Jesús Husillos presenta un presupuesto municipal para 2025 de 352,4 millones de euros

La asociación Foment de la Información Crítica (FIC) ha evocado este martes al poeta Blas de Otero en el primer Consell de Ciutat que ha presidido el alcalde David Quirós, cuando quien firma estas líneas reclamó “que al menos nos quede la palabra a los ciudadanos de l’Hospitalet y que cualquier representante vecinal pueda intervenir en los plenos municipales fruto de una interpretación flexible del actual reglamento de participación ciudadana”.  Máxime cuando se va a invertir todo un año en el proceso de su elaboración hasta que en diciembre de 2025 se apruebe la actualización del Reglamento de Participación Ciudadana en un calendario liderado por la teniente de alcaldía de Ciutat de Drets, Laura García Manota.

Se da la circunstancia de que FIC, que hasta ahora había cedido en varias ocasiones sus peticiones de intervención en los plenos para que hablaran representantes vecinales y sindicales, ahora ya no podrá hacerlo como consecuencia de la estricta interpretación del reglamento realizada por el nuevo secretario municipal, Fernando Aragonés Seijo, según ha informado el propio alcalde. FIC tiene como una de sus misiones precisamente fomentar la palabra como principal herramienta del diálogo y del espíritu crítico, bien a través de medios de comunicación o de los distintos actos y debates que organiza. La petición de FIC de mayor flexibilidad y “que no existan impedimentos para que la participación ciudadana sea real” ha recibido el respaldo en sendas intervenciones de la presidenta del grupo municipal popular, Sonia Esplugas, y de la concejal de ERC Silvia Casola.

También han intervenido otros representantes de las 70 entidades presentes en el Consell de Ciutat del martes, en el sentido de que sus integrantes puedan delegar la asistencia a este organismo consultivo en algún otro miembro de la junta de las asociaciones y no obligatoriamente en otra entidad, como ocurre hasta ahora. También Maite de la Concha, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de l’Hospitalet reclamó que los compromisos adquiridos por el anterior equipo de gobierno presidido por la alcaldesa Núria Marín “deben cumplirse sin que se pospongan las fechas de ejecución”. En otra intervención, De la Concha dijo al alcalde que “le tomamos la palabra al elegir el humanismo frente al urbanismo, porque todos defendemos la igualdad, pero todavía hay barracones en los colegios, faltan residencias de ancianos, escuelas de educación especial y FP y hay que proporcionar estos equipamientos y también los profesionales que cubran estas necesidades”.

El proceso participativo que se prolongará durante todo el año 2025 incluye diversas acciones, tanto presenciales como virtuales, con la voluntad, dijo García Manota, de implicar al máximo de sectores de la población. La edil informó que se están realizando sesiones presenciales en los consejos de distrito, las mesas sectoriales del Consell de Ciutat, de forma que sus miembros puedan aportar propuestas. Manota informó que este calendario “acabará en marzo y después empezaremos con la redacción, y posteriormente con el proceso de aprobación inicial, de alegaciones y aprobación final, por tanto, en diciembre del próximo año tendremos este reglamento ya aprobado y publicado para empezar a hacer uso”, explicó.

Tan prolongado plazo en la reforma del reglamento de participación es otra de las cuestiones que desde la Asociación Fomento de la Información Crítica se ha criticado, ya que el vigente reglamento, elaborado en 2013 “nos obliga a estar un año con la participación ciudadana vetada con un reglamento que es un “caixa o faixa” y que no fomenta la participación”. A Carme Rimbau, presidenta del Centro de Estudios de l’Hospitalet, le parece bien que se actualice el reglamento, aunque ella declaró haber participado en muchos procesos participativos y finalmente “no se concreta nada, no se dan resultados y no sé si ha servido para algo”, afirma.

La concejal también ha informado que se ha habilitado una encuesta online para recoger la opinión de la ciudadanía sobre los aspectos que considera prioritarios en el nuevo Reglamento. Según informa el Ayuntamiento, los resultados de esta encuesta se tendrán en cuenta en la redacción final del texto, prevista para el período entre abril y agosto de 2025. La previsión es que la aprobación del nuevo reglamento se produzca en diciembre de 2025, de manera que no se aplicará hasta 2026.

Del mismo Consell de Ciutat celebrado el martes destaca la constitución de la nueva Mesa Sectorial de Vivienda, que estará presidida por el ex concejal de ERC Antoni García Acero. Este organismo afrontará el problema al que se enfrentan muchos ciudadanos afectados por los precios del alquiler y de compra, en especial los jóvenes, que ven prácticamente imposible acceder a una vivienda digna, máxime, cuando el parque de la vivienda hospitalense está muy envejecido. Por ese motivo “esta comisión tiene como objetivo ser un espacio de reflexión y de debate, de reflexión y de propuestas para poder avanzar hacia un plan de vivienda local”, dijeron los representantes del Ayuntamiento. En ese sentido, Carme Rimbau, que además de ser presidenta del Centro de Estudios de LHospitalet, es miembro de FIC y de la plataforma contra la especulación inmobiliaria y la masificación turística, ha añadido la problemática que algunos barrios como Collblanc y La Torrassa tienen con los pisos turísticos.

El último punto del orden del día del Consell de Ciutat, principal organismo de participación ciudadana para el que se ha elegido al presidente del grupo municipal de ERC; Jaume Graells, como vicepresidente, fue la presentación del presupuesto municipal para 2025, a cargo del teniente de alcaldía de Seguridad y Gobierno Interno, Jesús Husillos. El presupuesto, que todavía no se ha aprobado (parece ser que se convocará una sesión extraordinaria del pleno el día 30 de diciembre con tal fin) asciende a 352,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,5 por ciento (28 millones de euros) respecto al de este año 2024.

No més blocs i 13 col·lectius més, reclamen una moratòria dels plans urbanístics que presenten risc d’inundabilitat com el Biopol GranVia

Un moment de la roda de prensa convocada per catorze col.lectius i plataformes.

En total, de moment, s’han presentat vint requeriments a tot Catalunya per posar els projectes urbanístics amb risc d’inundació sota la lupa

Catorze col·lectius i plataformes ciutadanes, entre les quals figura la hospitalenca No més Blocs van exposar aquest dimarts a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besós una iniciativa conjunta per presentar requeriments de moratòria de 20 plans urbanístics de moment, malgrat que hi ha més organismes ciutadans preparant noves iniciatives al respecte.

Els requeriments s’adrecen a la Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, al director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), als alcaldes i alcaldesses dels municipis on estan previstos aquests perillosos plans bàsicament immobiliaris i també a organismes que tenen molt que veure o molt a dir com ara l’AMB o el Consorci del Besós, per exemple. Com que no hi ha gaire confiança amb que els organismes de l’Administració siguin capaços d’aturar aquests projectes perquè hi ha una contrastada evidència que els poders econòmics influeixen notablement en aquests plans, els col·lectius que impulsen la moratòria han afirmat que si es produeixen danys personals per la negligència a l’hora d’aplicar aquestes prevencions urbanístiques per causa d’inundacions, exigiran responsabilitats immediates en els àmbits administratiu, civil i penal.

Els col·lectius denunciants han posat l’accent en la hipòcrita lamentació dels danys produïts per la Dana de València, quan s’estan tramitant projectes i plans urbanístics en zones amb alt risc d’inundació que els propis promotors coneixen. Els mateixos projectes ja redactats fan menció del risc i incorporen, segons els promotors respectius, mesures de gestió del risc que son, com reconeixen els tècnics independents, simples afegits d’escassa consistència física que no podrien impedir, amb tota seguretat, una inundació de les característiques de la que es va registrar a València. Els col·lectius que demanen la moratòria han explicat que els mateixos plans urbanístics reconeixen el problema i que també d’això n’és conscient l’ACA, malgrat que acaba acceptant les mesures superficials que s’adjunten a les promocions immobiliàries.

Com es va denunciar a la roda de premsa, “Les eines de càlcul del risc d’inundació que utilitzen les Administracions s’han quedat obsoletes i les dades que ofereixen ni estan actualitzades, ni coincideixen amb la realitat”. Per il·lustrar aquesta afirmació, van posar dos exemples concrets: “la zona aeroportuària del Prat de Llobregat, que no consta com a zona amb risc d’inundació, però tothom va veure abnegada per l’aigua fa poques setmanes, o la zona del càmping de Biescas —on el 1996 varen morir 87 persones per una rierada—, que continua sortint als mapes oficials com un territori sense risc d’inundació”.

Les entitats promotores de la moratòria van recordar que “els informes del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), adverteixen que l’impacte del canvi climàtic en les inundacions es multiplicarà per cinc durant aquest segle, amb especial incidència en l’àrea mediterrània. I que la pròpia Agència Catalana de l’Aigua ho recull en el seu informe “La gestió del risc d’inundació a Catalunya-2023”. 

Alhora van assenyalar que caldria recordar “la declaració al Parlament de l’Estat d’Emergència Climàtica del 2019 —segons la qual el govern té l’obligació de detectar projectes que dificultin combatre els efectes del canvi climàtic—, i les directives europees d’Inundacions i marc de l’Aigua” I van reiterar  la petició “als representants polítics perque apliquin la llei i s’evitin els potencials danys irreparables: que es revisin i s’actualitzin conforme a les actuals evidències científiques, s’apliqui l’avaluació preliminar del risc d’inundació, els mapes de perillositat i risc de Catalunya, així com tota la normativa urbanística sobre planificació territorial i urbanística en matèria de risc d’inundabilitat”.

Els 14 col·lectius impulsors han presentat ja requeriments a un total de 20 plans urbanístics, entre els quals el Biopol-Gran Via de l’Hospitalet, però també un a Sant Adrià i Badalona, un a Mollet del Vallès, un a Sabadell, un a Terrassa, un a La Garrotxa, dos a Rubí, set a Cunit, i cinc més al Baix Llobregat (al Prat, dos, i un a Gavà, Cornellà i Sant Just Desvern).

Les entitats presents van recordar que “almenys un 15% del territori urbanitzat català està en risc d’inundació i que, segons informes pericials d’aquest mateix any amb dades del 2022, a Catalunya viuen actualment un total de 325.445 persones en zones amb risc d’inundació (un 6,6% del total de la població)”. A més, com van assenyalar, “al nostre país tenim el nombre més alt d’indústries perilloses i d’equipaments en zones amb risc d’inundació, en comparació amb la resta de la península Ibèrica: 28 indústries amb perill radioactiu; 53 indústries SEVESO (amb alt risc industrial); 46 hospitals; 48 geriàtrics i 71 càmpings”.

Els convocants van posar l’accent en que “l’objectiu és aconseguir que les institucions i càrrecs polítics amb competències en l’àmbit urbanístic es responsabilitzin de les seves decisions i evitin més desgràcies” i van afirmar que “no descarten sortir al carrer a principis d’any”, alhora que fan una crida a totes les associacions o plataformes que tinguin identificats projectes urbanístics amb risc d’inundabilitat, perquè s’uneixin a la iniciativa.

Inundaciones: recuerdos, noticias y algún despunte

Imagen de las inundaciones en Bellvitge de 1971.

Maria Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel (historiadora y activista cultural)

El día en que ocurrieron las más importantes inundaciones en Bellvitge, 21 de septiembre de 1971, yo estaba con mi familia en Daimiel, mi pueblo. Era el último día de vacaciones, cenábamos con mis abuelos cuando oímos las primeras noticias: “Podríais quedaros unos días más”, sugirió alguien, pero mi padre dijo: “No sabemos lo que pasa, pero mañana nos vamos”. Angustiados, acabamos de cenar y nos fuimos pronto a dormir.

Tenía doce años y me había “hecho mujer” esos días. Aquel resultaría ser el último viaje al pueblo que hicimos en familia. A partir de entonces iría yo sola, los meses de agosto, durante bastantes años. En aquel último trayecto familiar en tren, inventábamos juegos, como solíamos hacer con mi padre y hermanos, pero enseguida los dejábamos y pasábamos a contemplar en silencio los paisajes que el expreso arrollaba. 

Llegamos, por tanto, al día siguiente del suceso. Nos encontramos a los vecinos de los “bajos” fuera de las porterías, con sus electrodomésticos y muebles llenos de barro, una imagen penosa que se gravaría en mi memoria. No había luz y subimos andando hasta el piso onceavo donde vivíamos. Ya había subido otras veces a pie, pues la electricidad o el propio ascensor fallaban con frecuencia, pero nunca cargada. Aunque mis padres y mi hermano mayor llevaban lo más pesado, mi hermano pequeño y yo también tuvimos que colaborar, pero no nos quejamos, ante la desgracia mayor de quienes lo perdieron todo -o casi todo.

No hubo muertos porque ocurrió a las nueve de la noche, antes de que la gente fuera a dormir y se pudo avisar a tiempo de que salieran todos y todas.  “Viene el mar”, diría mi vecina Montse Miján, cuatro años menor que yo, cuando vio venir el agua desde su ventana del piso octavo. Lo relató en una entrevista que se le hizo a la familia para la celebración de los cincuenta años del barrio, una visión poderosa que puedo imaginar, “ver” y compartir.

En los días posteriores fuimos a ayudar a limpiar algún local, probablemente los del barracón donde estaba la iglesia de Mare de Déu de Bellvitge y una “guardería” (tal como llamábamos entonces a la escuela infantil).

Los payeses de la zona y algunos técnicos del Ayuntamiento ya advirtieron a la empresa que edificaba los bloques de pisos, la Inmobiliaria Ciudad Condal (ICC), que aquello podía ocurrir, que no hicieran los semisótanos ya que el río Llobregat se desbordaba con asiduidad, pero las ganancias de unos pocos primaron y 80 familias fueron desalojadas, 96 perdieron todos sus enseres, como algunos de los negocios que se instalaban en los locales comerciales.

Desde 1969 los afectados por la deficiente evacuación de las aguas residuales ya se reunían en la parroquia de Mare de Déu de Bellvitge, ya que, tanto ésta como la de Sant Joan Evangelista, también en un barracón de obra, eran los únicos locales en los que se podían celebrar reuniones, pero a partir de 1971 se empezarán a reunir más asiduamente creando un grupo compacto con Francisco Polonio como representante. Aunque recibieron muchas presiones de la Inmobiliaria e intentaron desunirlos ofreciendo soluciones parciales, este grupo, se mantuvo firme y, con el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, se querelló contra la ICC, no cesando su lucha hasta los años 80 en que llegan a un acuerdo entre el nuevo Ayuntamiento, la ICC y los afectados.

Las inundaciones de 1971 (hubo más, pero éstas fueron las más importantes) marcaron un antes y un después en el barrio. Si en los primeros años en que llegamos los primeros habitantes nos encontramos unos bloques de cemento y hormigón que se alzaban entre campos que se seguían cosechando mientras se pudo, a partir de entonces el barrio se llenó de barro y escombros, todo se veía muy sucio, infectado, imposible de transitar en ocasiones. Una de mis pesadillas recurrentes era verme atrapada en el fango, como solía ocurrir. 

Y es que, como por fin aceptaron que el nivel del terreno es muy bajo respecto el nivel del mar, intentaron subirlo unos metros trayendo escombros de obras de Barcelona y alrededores. Si la Marina había sido en tiempos la despensa de Barcelona, Bellvitge fue, en esa época, el vertedero de Barcelona. 

A ello se sumó el desvío al Canal de la Infanta que traía residuos tóxicos del Llobregat. Las acequias y canales se convirtieron, durante unos años, en cloacas a cielo abierto. Hasta los años 80 no se resolvería el problema de las aguas residuales con el gran colector de la Rambla Marina.

Son aspectos de nuestro barrio que hemos podido entender a partir de la historia que ha ido saliendo a la luz con la celebración de los cincuenta años. Es bueno conocer la historia, aunque inevitablemente se sigue repitiéndo..

Aunque nuestros recuerdos personales se avivan con lo ocurrido recientemente en Valencia, la catástrofe levantina impide cualquier comparación. No podemos comparar las trágicas consecuencias, pero sí sus causas y en ambas encontramos la desidia de unos gobernantes que no ponen freno a las ansias acumulativas del capitalismo salvaje. Entonces eran tiempos franquistas, ahora son tiempos inciertos en los que prima la especulación y el desconocimiento.

Acabo con otra imagen que mi memoria guarda. Un par de años después del desastre de la presa de Tous (1982) en Valencia y parte de Murcia, fuimos a ver a unos amigos que aún vivían en el barracón donde los alojaron. Fuera de la minúscula y “provisional” vivienda, no nos faltó una buena paella valenciana, pero antes habíamos visitado la zona: por encima de la presa y su catástrofe, la hermosa y gran finca del ingeniero que la construyó. 

(En recuerdo a las víctimas y a quienes ayudan como pueden)

L’Hospitalet entre els sis pitjors municipis en facilitar l’empadronament de les famílies vulnerables

L’Hospitalet de Llobregat, l’administració, posa traves i dificultats en determinades situacions administratives i socioeconòmiques per empadronar a persones que reclamen el seu dret.

Entre les ciutats demogràficament més importants, l’Hospitalet incompleix la resolució d’expedients d’empadronament en el termini preceptiu

Mig any després de l’aprovació d’un document elaborat des del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya sobre el Dret a l’Empadronament a Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet encara no s’hi ha adherit, malgrat que hi ha 37 ajuntaments de Catalunya adherits a data 10 de desembre, inclosos els de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i tres de la comarca del Baix Llobregat. El document elaborat, que s’inclou al final d’aquest text, porta per títol Decàleg per garantir l’empadronament a Catalunya i es basa en l’obligació legal d’empadronar en el seu municipi de residència a totes les persones que viuen a Catalunya.

Un informe que es va fer públic a mitjans de setembre passat, elaborat per les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), revelava que en els municipis que apleguen el 40% de la població de Catalunya, entre els quals i dels quals hi ha constància evident que resideixen al municipi. A l’any 2023 ja s’havia fet una enquesta com la del 2024 amb dades de 37 municipis, però ara s’ha vist que en sis d’aquests municipis, la situació ha empitjorat respecte del 2023. Entre aquests sis municipis està l’Hospitalet de Llobregat. Dels 37 municipis analitzats, en 10, el temps de resolució dels expedients d’empadronament supera els tres mesos que son preceptius. Un d’aquests 10 municipis torna a ser l’Hospitalet de Llobregat.

Entre les traves més habituals que denuncia l’ECAS hi ha la dificultat per aconseguir cita, la reiteració en no empadronar a persones que viuen en habitatges precaris, allà on s’observen moltes persones en una sola residència i en molts casos l’arbitrarietat o la disparitat de criteris per part dels treballadors de l’administració encarregats del tràmit. Entre els principals motius de denegació del padró s’observen les persones que viuen al carrer i no estan inscrites als serveis socials o a alguna entitat, persones en habitacions rellogades, en habitatges okupats, en situació d’infrahabitatge, provisionals o irregulars com ara vehicles, caravanes, barraques, locals buits, etc. I tot plegat, tenint en compte que, en moltes ocasions, el principal requisit per ser atès a Serveis Socials és justament estar empadronat. La crítica s’estén també a alguns municipis on es demanen comprovacions policials de domicilis, comunicacions d’habitatges okupats al jutjat, esperes de fins a 2 mesos per aconseguir cites prèvies o indicis de discriminació per dificultats idiomàtiques.

Per això, la possibilitat que l’Ajuntament de l’Hospitalet s’adhereixi a un document que ha elaborat la pròpia Generalitat s’observa amb força atenció, fins el punt que el Grup de Treball “Facilitar l’Empadronament” de l’Espai de Ciutadania, té previst demanar a l’Ajuntament que s’hi adhereixi el més aviat possible i està culminat l’elaboració d’un estudi per donar solució a un problema que a la ciutat és més que urgent.

Entre les mesures que el grup ha aprovat en les darreres reunions hi figura l’empadronament d’ofici de totes aquelles criatures matriculades a la ciutat que no ho estiguin i, òbviament, dels seus pares, així com una normativa municipal que garanteixi que tots aquells pisos buits propietat de bancs o caixes que porten dos anys en aquesta situació, puguin ser objecte d’un lloguer social i facilitin, conseqüentment, l’empadronament immediat de les famílies que se’n facin càrrec.

Veure aquí el Decàleg per garantir l’empadronament a Catalunya.

L’informe per la reobertura de Ràdio l’Hospitalet fa 15 dies que s’hauria de conèixer, tal com es va acordar en el darrer Consell Consultiu

L’Hospitalet no té una ràdio municipal pròpia.

El govern Quirós haurà de convocar un ple extraordinari per mirar d’aprovar el pressupost de l’any vinent

Aquest dimarts es compliran dos mesos des de la reunió del Consell Consultiu dels Serveis Públics de Comunicació (SPC) on es va acceptar l’encàrrec de fer un informe de viabilitat per la reobertura de Ràdio l’Hospitalet, assumint l’acord de la moció que es va aprovar en el ple ordinari de febrer de l’Ajuntament en aquest mateix sentit. Aleshores, l’acord al que es va arribar el passat 17 d’octubre és que en el termini d’un mes i mig —que vencia el 2 de desembre— el director dels mitjans de comunicació públics presentaria un informe de viabilitat en una nova reunió del Consell Consultiu que ni tan sols ha estat convocada.

Encara més. En el passat ple de novembre, l’oposició va impedir l’aprovació del nomenament d’un Consell Executiu i de Programació (SPC) que hagués hagut de posar-se en marxa arran de la constitució del nou ajuntament al maig de l’any 2023. L’oposició va votar en contra d’una proposta enllestida per la Junta de Govern, suposadament amb el vist i plau de la direcció dels mitjans, que incloïa entre els professionals que havien de formar-hi part, dos dels mateixos periodistes de mitjans de comunicació generalistes, que formaven part de l’anterior Consell Executiu i que mai van assistir a cap de les reunions convocades però que van delegar els seus respectius vots en el president de l’organisme de manera que abans d’iniciar-se les reunions ja estava garantida la majoria de vots a favor dels convocants. L’oposició es va oposar a repetir l’enganyifa i va demanar que els professionals que s’havien d’incorporar corresponguessin als mitjans de comunicació privats que existeixen a la ciutat, en concret Línia L’Hospitalet i el nostre digital L’Estaca.

Aquesta proposta, malgrat ja s’ha posat sobre la taula en diverses ocasions, encara no ha rebut el vist i plau del govern municipal i, per tant, tot el procediment per posar en marxa els mecanismes de control de la comunicació pública, que ja anaven 17 mesos tard, torna a endarrerir-se. La veritat és que en la Junta de Portaveus d’aquest proper dilluns on el tema es podia desencallar ràpidament no sembla que el govern porti cap nova proposta —de fet, no s’ha debatut res al respecte en la passada Junta de Govern— i, en conseqüència, no hi ha data per recompondre els mecanismes de control democràtic i ciutadà dels SPC.

Per dir-ho clarament. La política pública de comunicació funciona exclusivament sota el control del govern local, cosa que indica que no existeix cap garantia que enlloc d’informació el que es faci arribar a la població sigui simplement propaganda. Afegim-li que tampoc hi ha cap interès per respectar els terminis que els mateixos organismes governamentals fixen, com és el cas de l’informe de la ràdio, i toparem directament amb la crua realitat: la incapacitat del govern per complir res, i el que encara és més greu, el desinterès manifest per complir cap compromís.

Això no és cosa d’ara. Ja passava amb el govern Marín. Només que amb el govern Quirós, alguns esperaven canvis i ja s’ha vist que la voluntat és la mateixa i la capacitat probablement inferior.

Algunes veus indiquen que ara el que importa és exclusivament tirar els pressupostos endavant. Si ja l’any passat els pressupostos es van aprovar en el darrer ple ordinari de l’any, sembla que en aquest 2024, els pressupostos ni tan sols es presentaran en el proper ple de divendres dia 20 perquè al govern no li ha donat temps ni d’enllestir-los ni de negociar-los. Per aprovar-los, caldrà esperar al dilluns 30 de desembre —veurem si hi ha algun grup de l’oposició que s’atreveix a posar-li una catifa vermella a l’equip Quirós—, un dia abans d’acabar l’any i veurem si, en plenes vacances, hi ha algú per retransmetre el ple per streaming…

S’estabilitzen els preus dels lloguers d’habitatges a l’Hospitalet, però disminueixen els contractes signats

Una imatge de l’Hospitalet

Els informes de l’Incasol del tercer trimestre registren les conseqüències dels topalls de preus, però mantenen la incògnita sobre l’oferta i la demanda.

Els preus mitjans dels contractes de lloguer a la ciutat han arribat al tercer trimestre de l’any, als 841,87 euros/mes, una mica inferiors als acumulats del segon trimestre quan estaven al voltant dels 850 euros de mitjana. Al primer trimestre de l’any, estaven a l’entorn dels 880 euros i la baixada forta es va produir durant el segon trimestre del 2024 quan van arribar als 815 euros, xifra que es va incrementar lleugerament durant el tercer trimestre fins als 819,28 euros.

Les xifres posen de manifest que es va produir una contenció dels preus del lloguer a partir del segon trimestre però, com es veurà a continuació pel nombre de contractes, el mercat continua tensionat per manca d’oferta. Això és degut, sobretot, a la deriva cap a lloguers de temporada o lloguers habitacionals que resten habitatges al mercat tradicional, per part de grans propietaris especialment.

Aquestes son les dades que ha lliurat recentment l’Incasol, trimestre per trimestre a tot Catalunya i amb xifres acumulades a les quatre circumscripcions catalanes. La mitjana catalana se situa una mica per sobre de la mitjana de l’Hospitalet (845,27 euros), mentre que la de la província de Barcelona supera els 933 euros de mitjana.

La circumscripció amb els lloguers més baixos és Lleida amb lloguers mitjans inferiors als 500 euros/mes. A tot arreu els lloguers van disminuir durant el segon trimestre per causa de l’entrada en vigor de la limitació del preu dels lloguers que es va aplicar a partir del 16 de març d’aquest any (a 140 municipis de Catalunya), però al llarg dels mesos d’estiu el lloguer mitjà ha tornat a repuntar fins a apropar-se als preus mitjans del primer trimestre. El topall de preus es va incrementar a 131 municipis més a partir del 10 d’octubre del 2024. Son justament aquests 271 municipis en els que es concentren més de 7 milions de persones, el 90 % de la població del país i tots els de l’AMB. És possible, per tant, que en el recompte del quart trimestre es torni a registrar una disminució sensible dels preus de lloguer i molt probablement una davallada també del nombre de contractes, qüestió que no resoldrà el conflicte al voltant del mercat de lloguer.

Pel que fa al nombre de contractes, a l’Hospitalet s’han signat gairebé 3.300 fins a finals de setembre, tot i que han anat disminuint al llarg de l’any (1.309 al primer trimestre, 1.059 al segon i 931 en aquest últim). La dinàmica ha estat gairebé igual a la resta del país. Durant el primer trimestre es van signar més de 34.500 contractes, xifra que va disminuir fins als poc més de 29.300, en el segon, i a gairebé 27.100 en el tercer. En total fins a finals de setembre s’havien signat a Catalunya pràcticament 91.000 contractes de lloguer. D’aquests contractes, gairebé el 60% corresponen a lloguers de les àrees metropolitanes, més de 32.000 al Barcelonès, més de 9.000 al Vallès Occidental, més de 7.300 al Baix Llobregat i poc mes de 5.000 al Maresme.

En molts àmbits es torna a insistir en la necessitat d’ampliar l’oferta d’habitatges de lloguer a base de construir nous habitatges de protecció oficial que no siguin de compra, però també és cert que comencen a plantejar-se alternatives més restrictives que posen l’accent en la cobdícia dels grans propietaris, com ara la possibilitat de limitar per llei el nombre màxim de pisos en propietat, el topall en funció del preu/m2, crear un parc d’habitatges provisionals públics a preu simbòlic, per evitar les okupacions per necessitat, o eliminant els lloguers de temporada inferiors a una mensualitat. Qualsevol opció que no suposi l’ocupació de més sol lliure en zones d’alta densitat de població, podria produir un clar alleugeriment del problema.

El procés de participació del PDU Biopol GranVia, que era preceptiu per aprovar el planejament, va ser un lamentable fracàs

Imatge de la zona on s’ubicarà el conegut Biopol-Gran Vía.

Van participar en total 89 persones i es van recollir 79 intervencions d’un total de 12 sessions informatives i de debat

Els mecanismes de participació ciutadana en els processos d’aprovació definitiva estan regulats per llei a l’article 21 del vigent Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i, per aquesta causa, la documentació relativa al projecte del Biopol-GranVia va incloure en la seva tramitació un procés participatiu que es va portar a terme entre el 17 de març del 2022 i el 28 de novembre del mateix any. Fa pocs dies, en aquest mateix digital, ens referíem al procés de participació que s’està portant a terme per la reforma del Reglament de Participació Ciutadana i ja avançàvem que una cosa és el que es vol posar de manifest i una cosa molt diferent l’efectivitat del fet concret. És a dir, una cosa és fer veure que hi ha un procés participatiu i una cosa molt diferent que, en fecte, el procés participatiu sigui real i que serveixi per alguna cosa.

Aquest digital s’ha entretingut a revisar amb una mica de detall l’informe sobre el procés participatiu que es va portar a terme durant la fase d’aprovació provisional del PDU Biopol-GranVia perquè sense aquest procés participatiu no s’hagués pogut aprovar de manera definitiva, i cal dir que, malgrat que la llei no considera el procés participatiu com un factor vinculant —cosa que ja indica la importància que en el fons el legislador dona a aquesta figura—, l’informe era preceptiu i calia considerar-lo.

El cert és que la pròpia Generalitat que promou la participació no es deuria mirar massa a fons l’informe perquè la veritat és que fa riure. Tot el procés de participació del PDU Biopol-Granvia que planifica el 8% del territori municipal i que garanteix 400.000 metres quadrats de sostre edificable, es va cloure en una dotzena de sessions, a més de 36 participacions on line, de les que es van despendre només 3 intervencions factibles.

En total el procés, a banda de les participacions on line, va constar de tres taules de treball i seguiment del PDU, una sessió en el Consell de Ciutat, dues taules de debat, cinc reunions als Consells de Districte (tret del districte II on na es va fer cap sessió) i una sessió de conclusions.

Segons l’informe, el procés va comptar amb 253 participants que, en total van fer 81 intervencions a tenir en compte. La realitat, no obstant això, va ser molt diferent. El nombre real d’assistents que no eren ni polítics municipals, del govern o de l’oposició, o de tècnics municipals va ser, en realitat, de 89 persones i el nombre d’intervencions aprofitables de 79. Si dividim el nombre de sessions  pel nombre de persones ens dona que en cada sessió va haver en realitat una mitjana de 7 persones i una mitjana d’una intervenció que calia recollir en cada reunió. És a dir, el procés participatiu del PDU Biopol Gran Via va ser, igual com estan sent els processos participatius del Reglament Municipal de Participació, una filfa.

Resulta simptomàtic que en els Consell de Districte que és on, en principi, els processos de participació haurien de ser més intensos, l’informe de participació del Biopol-GranVia, només dona xifres dels del districte 1, 3 i 6. En total 31 persones, al marge de polítics i tècnics que van fer 17 intervencions recollides. Als altres dos districtes no es donen xifres de participants i només es comenta que s’han fet en total 5 intervencions. Allà on va haver més participants per la pròpia composició de l’organisme és el Consell de Ciutat on va haver 29 assistents, però només 4 intervencions al respecte. A les dues taules de debat un total de 22 persones, tret dels tècnics, que van fer en total 19 intervencions recollides.

Malgrat la pobresa en que es va desenvolupar el procés participatiu, que reconeix el mateix informe i que potser hauria d’haver estat qüestionat per la seva debilitat intrínseca, es van posar de manifest moltes de les claus de l’oposició popular al projecte que ja ve de lluny. Remetem al lector a les pàgines 26 i següents de l’informe que adjuntem, on podrà comprovar fidelment les raons al·legades per tal que el PDU Biopol-Granvia estigui qüestionat.

El debat del Reglament de Participació als Consells de Districte, un mecanisme per fer bullir l’olla i deixar les coses igual

La participació ciutadana éss necessaria per la vida de l’Hospitlet.

Modificar el Reglament de Participació implica reformar el redactat dels articles, per fer-lo autènticament útil

Aquestes setmanes, els Consells de Districte de la ciutat han posat en marxa la discussió sobre la reforma del Reglament de Participació Ciutadana (RPC), el teniu al final del text, per ajustar-lo a les necessitats derivades de les noves realitats de les entitats municipals i les crítiques per les mancances observades en el seu desenvolupament. De fet, el Reglament de Participació avui en vigor el va aprovar el ple municipal al gener de l’any 2013, és a dir fa ja gairebé 12 anys i, per tant, s’ha mantingut sense modificacions al llarg dels tres mandats últims. Darrerament s’havien abocat nombroses crítiques sobre la manera com s’aplicava el Reglament, pel fet que, per exemple, era impossible que les reunions dels Consells de Districte servissin per quelcom més que per referendar les propostes municipals que imposava l’equip de govern.

Per fer front a les successives crítiques, el govern municipal va endegar un procés participatiu per l’elaboració del nou Reglament que, amb les reunions que ja s’han fet, estaria encaminat a rebre i debatre propostes que serveixin per aprofundir en un nou model de participació ciutadana al municipi. De moment s’han fet ja algunes sessions i estan convocades unes quantes més amb grups focals dels Consells de Districte per tal d’informar dels procediments, i recollir suggeriments. El procediment emprat consisteix a realitzar una exposició dels principals aspectes tècnics del procés i desenvolupar una dinàmica al voltant de dos eixos: a) quins aspectes dels Consells de Districte van bé i cal mantenir o reforçar al nou Reglament de Participació i 2) quins aspectes cal reorientar, afegir o millorar.

Aquest digital s’ha fet amb l’acta resum de la sessió que es va portar a terme al Grup de Treball de Marina corresponent als districtes 1, 3 i 6, que es va fer el 24 de novembre i en el que van intervenir activament un  total de 15 participants, 7 del districte 1, i 4, respectivament, dels districtes 3 i 6. El mecanisme de reflexió i aportació del Reglament fet amb aquests equips dinàmics (15 persones de mitja ciutat) fa un diagnòstic de quines coses han funcionat i quines no en el Reglament vigent, però la realitat és que no s’entra directament en la matèria del reglament que són els respectius articles, sinó  que es fan valoracions i aportacions genèriques que després algú haurà de tenir en compte en l’elaboració concreta del redactat. És una forma participativa tan evanescent, que res no garanteix que les aportacions es concretin en el redactat que surti del procés participatiu dels Consells de Districte.

La realitat és que la reforma del Reglament exigeix modificar directament el redactat dels diferents articles, més que no pas valorar els aspectes genèrics de la participació a la vista de l’experiència d’aquests anys. L’experiència indica que l’aplicació dels articles del Reglament és justament allò que crea problemes i, per tant, la manera de fer un Reglament de Participació que serveixi exactament per participar, obliga a concretar en l’articulat allò que cal modificar.

Caldrà posar un simple exemple perquè s’entengui: l’Article 6.2 del Reglament de Participació que regula el dret a la informació general diu: “A més del dret a la informació anteriorment esmentat, tots els ciutadans i ciutadanes tindran el dret d’assistir a les sessions del ple, dels Consells de Districte i del Consell Social de Ciutat i de la resta dels òrgans municipals de govern, quan aquestes sessions tinguin la consideració de públiques de conformitat amb el que preveu aquest reglament i la seva normativa reguladora”. És a dir, d’acord amb aquest article, qualsevol ciutadà té el dret d’assistir a una sessió pública dels organismes que, en principi, estan dissenyats per tractar els assumptes públics, cosa absolutament normal perquè, si els assumptes són públics, el dret d’assistència hauria de ser completament lògic. Però el que no indica aquest article és qui pot decidir, per què i com, que qualsevol sessió d’aquests organismes sigui pública o no. O sigui que l’important no és el dret d’assistència sinó que l’important és qui decideix que les sessions siguin públiques. I sobre aquest aspecte no es pronuncia el Reglament. Per tant, un procés participatiu útil hauria d’incidir en com s’inclouen en el Reglament aquests aspectes concrets, és a dir, redactats de nou, perquè no hi hagi dubtes.

Mentre tot el que es discuteixi en les reunions dels grups focals només siguin qüestions genèriques i no s’entri en el moll de l’os, que és la rectificació d’aquells punts concrets que obstaculitzen realment la participació ciutadana, no s’avançarà. Un bon element a tenir en compte, ara que s’estan convocant noves reunions dels grups focals als diferents districtes de la ciutat.

Quirós enceta el seu primer Nadal a la ciutat sense l’avet gegant de la plaça de l’Ajuntament ni els 12 avets dels barris

Els arbres tradicionals d’altres anys a l’Hospitalet. Aquest, junt al mercat de Collblanc.

Un milió quatrecents mil euros era l’import previst per l’enllumenat i uns arbres que, de moment, no hi són

Quan només falten tres setmanes justes per la data de Nadal, l’Ajuntament no ha informat que aquest any la ciutat no tindrà l’avet tradicional de Nadal ni a la plaça de l’Ajuntament ni als 12 enclavaments dels barris de la ciutat que tots els anys l’han lluït.

El passat 29 de novembre quan es va fer l’encesa de les llums de Nadal a la plaça de l’Ajuntament es va informar de totes les activitats previstes i també de l’increment de carrers on aquest any s’ha instal·lat enllumenat: 101 carrers, 20 més que l’any anterior i 19 places, 3 més que al 2023, amb un total de 1.561 peces ornamentals de carrer, més de 600 més que l’any passat i quatre arcs lluminosos a les entrades del municipi. També s’han programat, el calendari d’Advent a la façana de l’Ajuntament, les Fàbriques de Caramels i Joguines al parc de la Marquesa i a l’àrea de Can Trinxet; el Bosc dels Desitjos a Can Buxeres; el Campament Reial al parc de les Planes i el Circ de Nadal a la Feixa Llarga de Bellvitge. La programació també inclou la Fira de Santa Llùçia a la Rambla, la Mostra Pessebrista a les instal·lacions del Museu d’Història, la Zimbomba Solidària al teatre Joventut i els concerts de corals nadalenques, a banda de la tradicional Cavalcada de Reis que aquest any inclourà una carrossa per obrir les commemoracions del centenari de l’obtenció del títol de ciutat per part del rei Alfons XIII.

En aquest mateix digital anunciàvem el passat 25 de juliol

L’Ajuntament es gastarà dos milions d’euros en els llums i arbres de Nadal del 2024 i del 2025

la licitació d’un contracte de subministrament, en règim de lloguer, i suport tècnic per al transport, muntatge, manteniment i desmuntatge dels arbres ornamentals de Nadal i de diferents elements decoratius lumínics per a la campanya de Nadal 2024-2025 i 2025-2026, per un import de 2.785.505 euros, amb caràcter prorrogable durant tres anys més.

Aquest contracte es composava de sis lots que comptaven amb l’arbre monumental de la plaça de l’Ajuntament i 12 arbres més pels diferents barris de la ciutat i tots els elements decoratius lumínics dels sis districtes de la ciutat. L’import d’aquest contracte superava en uns 170.000 euros l’import que l’Ajuntament s’havia gastat en les Festes de Nadal del 2023. Aleshores, però, els 13 avets dels barris eren presents i aquest any sembla que no serà així, sense que s’hagin donat explicacions raonables. El dia 29 de novembre quan es va fer l’encesa de llums ja es va poder observar que faltava l’arbre gegant de la plaça de l’Ajuntament. Aleshores es va dir que un problema tècnic amb l’empresa subministradora havia impedit la instal·lació, però també que durant la següent setmana s’instal·laria el de la plaça de l’Ajuntament i els dels barris i es buscaria un altre dia per tornar a fer l’encesa de llums dels arbres. Ara sembla que aquesta possibilitat s’ha esvaït.

Recavada informació al respecte, l’únic que s’ha pogut treure en clar és que a partir del 2 d’octubre passat, la Junta de Govern no ha fet més que aprovar diverses adjudicacions i, en concret el dia 2 va aprovar “Adjudicar els lots 3,4,5 i 6 del contracte mixt de subministrament, en règim de lloguer i de suport tècnic per al transport, muntatge, manteniment i desmuntatge dels arbres ornamentals de Nadal i de diferents elements decoratius lumínics per a la campanya de Nadal d’aquest any i del proper”.

En dies successius, 23 d’octubre, 30 d’octubre i 6 de novembre, es van aprovar fins a vuit plecs de condicions per l’adjudicació de contractes per les activitats de Nadal i el 6 de novembre, l’adjudicació dels contractes del servei de producció de l’espectacle associat a l’encesa de llums i el servei de producció del Calendari d’Advent.

Més enllà d’aquesta incògnita sobre la raó per la qual l’Hospitalet no tindrà avets aquest any i fins i tot de la seva importància ciutadana, el que si que ja ha transcendit és l’oposició del grup municipal d’ERC a que l’Ajuntament commemori l’obtenció del títol de ciutat ara fa un segle, expressada clarament en el darrer ple municipal. Com ja s’ha fet públic, el primer acte oficial i popular de la commemoració es farà durant la nit del 5 de gener proper a la Cavalcada de Reis. De fet, l’obtenció d’aquell títol es va produir després que la ciutat patís l’espoliació del 43% del seu terme municipal al 1920, amb la pèrdua de la zona agrícola de La Marina, la costa i la platja i probablement com a conseqüència d’aquesta il·legalitat manifesta. A més, la concessió del títol de ciutat va a ser atorgada durant la Dictadura de Primo de Rivera que comptava com a ministre de la Governació amb el general Severiano Martínez Anido, un dels organitzadors del pistolerisme a Barcelona contra l’anarcosindicalisme i les reivindicacions obreres.

El voluntariat que actua sobre el sensellarisme es tem que hagi augmentat respecte de l’últim recompte del 2023 xifrat en més de 160 persones

L’Ajuntament va adjudicar al juny un contracte de redacció del Pla Local per l’Abordatge del Sensellarisme que ha d’estar entregat abans que acabi l’any

Encara sense dades oficials, tot sembla indicar que el nombre de persones sense llar que dormen diàriament als carrers de l’Hospitalet, no ha disminuït. La passada matinada del 20 al 21 de novembre es va efectuar el tercer recompte de persones sense llar i les xifres semblen aclaparadores si es té en compte el registre històric: 92 persones comptabilitzades l’any 2021 en què es va fer el primer recompte i 163 les que es van registrar el mes de maig del 2023. Quan es van oficialitzar les dades de sensellarisme a la ciutat, les organitzacions que vetllen per donar auxili a les persones afectades, especialment les comunitats parroquials, Càritas, la Creu Roja i la Fundació La Vinya de Bellvitge, van explicar que persones sense llar que dormen al ras es detecten a tots els barris de la ciutat, tot i que darrerament s’ha observat un increment de persones joves acabades d’arribar, dones soles i gent gran que, com sembla evident, no tenen feina, no tenen un sostre on aixoplugar-se i el que és més important, no poden mostrar una adreça legal per empadronar-se a la ciutat. Es tracta de l’etern problema del desarrelament que cap organisme públic sembla capaç de resoldre. Si no tenen una adreça i viuen al carrer no tenen cap possibilitat de rebre els beneficis que adjudiquen els drets de ciutadania i si viuen al carrer estan impossibilitats de trobar una feina que els permeti refer la seva situació. Els organismes que des de la ciutat donen auxili només poden fer això: ajudar les persones amb aquest nivell de vulnerabilitat. És a dir, oferir-los menjar, un espai d’higiene, roba i aixopluc en moments puntuals. Un suport encomiable però que no resol el problema, perquè el problema no és una qüestió de beneficència sinó de justícia social.

En aquests casos de justícia social és on les administracions tenen l’obligació de jugar un paper. Per això convindria cridar l’atenció dels serveis socials de l’Ajuntament que estan obligats a resoldre tots i cadascun d’aquests problemes imperatius que se’ls presenten: donant suport administratiu en primer lloc, és a dir, facilitant-los la normalització del seu estatus de ciutadania (empadronant-los i garantint-los els mínims serveis imprescindibles per sortir d’aquesta situació de gran vulnerabilitat); en segon lloc cercant solucions estables de residència (mitjançant la negociació del control dels habitatges buits de la Sareb, per exemple) i en tercer lloc possibilitant la seva integració social mitjançant feines dignes que els permetin sortir de l’estat de misèria.

De moment, però, les entitats de voluntariat es van concentrar el passat divendres a la Plaça del Repartidor en el Dia Europeu de la Persones Sense Llar per tal de mostrar la seva solidaritat, la cruesa del problema amb la lectura d’un Manifest per part dels seus protagonistes i el eslògan de Ningú dormint al carrer, que és simplement un desig si no s’aconsegueix que el govern municipal en primera instància i l’oposició municipal subsidiàriament trobin alternatives viables per fer realitat la solució d’aquesta xacra social.

Se sap que l’Ajuntament vol posar en marxa un Pla local per l’Abordatge del Sensellarisme que hores d’ara està en fase d’adjudicació a l’empresa Ilabso des del 6 de juny i que aquesta està compromesa a entregar abans del 31 de desembre d’aquest any. Aquest Pla Local, adjudicat per la seva redacció, incloïa la Planificació, elaboració de la Diagnosi, la redacció del Pla i l’Avaluació i seguiment del nou Pla, incorporant un cronograma amb la planificació de les accions a realitzar, per un import total de 16.000 euros. Es de suposar que un cop presentat l’estudi es començaran a activar les mesures previstes, de tal manera que a partir de gener de l’any vinent s’haurien d’observar accions concretes per resoldre el drama del sensellarisme a la ciutat.