Cuesta trabajo entender cómo se la han dejado colar porque se veía venir de muy lejos. El jueves, después del “A la mierda” de ese día, me llegó por sorpresa a mi correo el Orden del Día de la primera reunión del Consejo Ejecutivo de los servicios públicos de comunicación y una sencilla nota que me decía: “Candelas, mírate con delicadeza este orden del día y saca conclusiones. No hace falta que te diga mucho más. Confío en tu perspicacia para que observes cómo les enredan”.

Me lo leí con calma porque lo esperable es que se fijará el debate sobre el tema capital para el que se reunieron todas las urgencias en la constitución del organismo: la aprobación del Contrato-Programa que debía estar vigente entre este 2026 i el 2030. Pues resulta que el primer punto de ese orden del día es la constitución del organismo; el segundo “la aprobación” de su régimen interno; el tercero “dar conformidad” a la propuesta de un “Programa de Actuación Transitorio” y el cuarto, “informar” sobre el calendario del contrato-programa.

Todo esto, al común de los ciudadanos se la trae al pairo. ¿A quién carajo le interesan estas nimiedades burocráticas con la que está cayendo en el ámbito de la enseñanza, la crisis climática, la seguridad, la limpieza, la saturación demográfica, la especulación inmobiliaria, etc? Pero es cierto que todo lo que ha venido ocurriendo con la constitución de este Consejo Ejecutivo, ejemplifica sobremanera no solo la crisis del gobierno sino, en mucho mayor grado, la crisis de la oposición. De modo que, ante ambas crisis, la ciudadanía tendría que empezar a plantearse como sorteamos los obstáculos de la memez y alumbramos alguna cosa más coherente, mucho más lúcida y sobre todo más útil.

Ese orden del día lo ejemplifica todo. Resulta que lo que se va a proponer en esa primera reunión es aprobar el régimen interno de funcionamiento del organismo, no sea caso que en lugar de servir para aprobar lo que tiene que aprobar, sirva para debatir lo que se debiera debatir. Y luego, dar conformidad a una cosa inédita que nadie se esperaba: un programa de actuación transitorio para este ejercicio 2026 que luego deberá aprobar el Ayuntamiento, pero que no se indica muy bien cómo: si a través del pleno, si lo debe aprobar directamente el equipo de gobierno…

Más significativo aún es el enunciado de los puntos del orden del día, porque en ningún caso se propone debatir y luego aprobar o dar conformidad, sino directamente ir al grano: aprobar el régimen interior, dar conformidad a la propuesta, que es de lo que se trata. Pero lo grave del asunto es lo que se pide que se apruebe o a lo que se pide dar conformidad. Aprobar el régimen interior que se propone, vuelve a dejar en manos de la dirección de los medios la absoluta manipulación del organismo: desde los períodos de las convocatorias (3 al año), hasta su capacidad de dirimir empates o de acumular votos en representación de los miembros ausentes. Un reglamento de régimen interior, hecho a la medida de la consigna “no molesten” que es de lo que se trata.

La propuesta de Programa Transitorio todavía es más sintomático. Si las prisas y las presiones para la constitución del Consejo Ejecutivo eran porque se debía aprobar el Contrato-Programa con la mayor urgencia, ahora resulta que lo que se propone es exactamente lo que el pleno de enero se negó a aprobar: una prórroga del contrato-programa. Ahora, esa prórroga del contrato-programa que la oposición tumbó porque significaba mantener en el limbo la constitución del Consejo, se le propone al Consejo para que una vez lo apruebe ese organismo, se dé por aprobado y asumido. Es decir, no se sabe muy bien si lo que no aprobó el pleno, ahora lo aprobará el Consejo y lo refrendará el equipo de gobierno, o si volverá al pleno para que este lo apruebe, con lo cual estaremos en las mismas, pero con el aval de un Consejo Ejecutivo que la oposición permitió constituir bajo presión.

Ese Programa Transitorio incluye, según parece, una cláusula administrativa para legalizar el pago de los salarios, lo que pone de manifiesto que no es el contrato-programa lo que garantiza la normalidad laboral de los trabajadores, como se había argumentado para presionar, sino que con una simple cláusula administrativa que se podría haber llevado directamente al pleno, había más que suficiente para despejar la alarma.

Todo ello vuelve a poner sobre la mesa el elemento clave de todo este embrollo que es el contrato programa. Se va a presentar un calendario, lo cual es del todo lógico porque es difícil asumir lo que se hizo con el último contrato programa: se presentó hecho del todo y se aprobó en tres sesiones justo antes de las elecciones del año 23, con una vigencia del año 21 al año 25. O sea, con tres años de retraso. El nuevo se tendría que haber discutido durante el 2025, pero en noviembre del 2024, el equipazo del Quiroseno lo paralizó todo porque no le gustó para nada que la oposición le tosiera. Discutirlo durante este 2026 para aprobarlo justo otra vez antes de las elecciones del 2027, reproduciría la estruendosa imbecilidad del anterior, sobre todo porque el contrato programa está pensado para que no coincida con los mandatos y por eso tiene una vigencia de cinco años que, con este equipazo y con esta estructura de servicios públicos de comunicación ni se cumplen, ni le importa a nadie que se cumplan o no.

Y, por lo tanto, si de lo que se trataba era de presentar un calendario para discutir el contrato-programa, tampoco era tan inmediato ese contrato-programa que debía discutir un Comité Ejecutivo de urgencia.

El engaño ha sido nuevamente mayúsculo y a los profesionales que presionaron desde dentro a la oposición, les van a tener que compensar con algunos carguillos por lo bien que lo hicieron.

Ahora, a esperar lo que deciden los 10 miembros del nuevo Consejo. Ya digo; no es que estas cosas le importen demasiado a la ciudadanía, pero conviene que la ciudadanía no se muestre ajena a este tipo de tejemanejes porque le vuelve a ir en ello un poco de su propio futuro.

Dentro de nada hará 23 años que el recordado José Antonio Labordeta dirigió las palabras que encabezan este artículo durante una comparecencia en el Congreso cuando, siendo diputado de la Chunta Aragonesista, algunos parlamentarios del PP se rieron de él llamándole “cantautor de las narices”. El debate donde se produjo la ignominia, estaba centrado sobre la guerra de Irak, por lo cual el recuerdo no puede ser más actual y oportuno.

En mi caso yo dirijo la misma frase a otro contexto con parecida ignominia, de un modo muchísimo más modesto, puesto que el debate no es sobre ninguna guerra, sino sobre algo que algunos califican como una derrota muy humilde, pero que yo creo que simplemente se trata de una demostración compartida de estupidez. En todo caso, se trata de la afrenta sufrida por la gente que está llevando adelante este digital en la tarde del martes 24 de marzo, cuando 24 concejales de 27, aprobaron con 16 meses de retraso una propuesta tan a gusto del gobierno como la ofrecida en noviembre de 2024 sobre un instrumento ahora mismo tan irrelevante, como el Consejo Ejecutivo de los servicios públicos de comunicación de esta ciudad. Un tema bastante banal pero que se convirtió a lo largo de esos 16 meses en la punta de lanza de la fragilidad de un gobierno que está acostumbrado desde sus orígenes —hará, mañana 3 de abril, 47 años: han pasado unos cuantos concejales, pero las diferencias son mínimas— a que absolutamente nadie le tosa.

El 24 de noviembre del 2024, 14 concejales de la oposición le tosieron y este pasado martes el gobierno finalmente les curó el constipado. Once de ellos dejaron de toser, gracias a los pañuelos con el elixir mágico de la presión que, según ellos mismos, usaron unos cuantos profesionales del periodismo patrio —naturalmente no todos: solo los “magníficos profesionales” que dijo aquel— que fueron en su auxilio.

En este digital se ha explicado sobradamente cómo fue todo. Pasará a los anales de la pequeña necedad local la inútil traición que puso las cosas donde han estado siempre. Yo te explicaré, querido lector, los últimos vericuetos, porque hasta ahora no los ha explicado nadie.

La propuesta del nuevo Consejo Ejecutivo, que es hasta ahora mismo, uno de tantos instrumentos burocráticos al servicio de quien maneja el poder local, tiene que presentarla el alcalde a un Consejo Consultivo que se nombra, un poco antes, para que una vez informado, pase al pleno. Hasta ahora, pasaba al pleno, la oposición que no ha tenido nunca ni idea de qué es ese Consejo Ejecutivo lo aprobaba, y hasta la siguiente. Eso cambió en 2024, y por eso se paralizó el procedimiento.

El Consejo Consultivo tiene 18 miembros: 10 nombrados por el Consell de Ciutat que proceden de diversas entidades ciudadanas, 4 de los grupos de la oposición, 1 del grupo del gobierno y 3 profesionales de la información elegidos a dedo, también por el alcalde. Ese Consejo se reunió el lunes 16 de marzo y, como pasa habitualmente, unos no asisten y otros que no tienen ningún interés, delegan su voto en el gobierno. Ese día asistieron los 5 representantes de los políticos, los tres periodistas y uno de los elegidos por el Consell de Ciutat, en total, exactamente la mitad: 9 miembros. El resultado de la votación sobre la propuesta de nuevo Consejo Ejecutivo fue el siguiente: 6 votos favorables, 4 abstenciones y un voto en contra. Total, 11 votos. ¿Cómo es posible, si solo asistieron 9 miembros?. Pues efectuando lo que se ha solido hacer siempre en esos dos Consejos, el Consultivo y el Ejecutivo: no yendo a la reunión, pero delegando el voto en el gobierno. En este caso los dos votos ausentes, más el que estaba presente, más el voto del gobierno, más el de dos de los tres periodistas, sumaron los 6 votos favorables. Tres de los cuatro representes de la oposición se abstuvieron, el tercer periodista lo mismo y el último representante de la oposición votó en contra.

Pese a lo ilustrativo de lo que ocurrió en el Consejo, las abstenciones de tres de los cuatro grupos de oposición ya hacían prever debilidades y un pronunciamiento favorable en la votación definitiva, que era la del pleno. Allí se confirmó efectivamente, cuando los 11 concejales de esos grupos votaron con el gobierno.

Yo escuché sus argumentos, sentado en la penúltima fila. Las presiones de los trabajadores, del Comité de Empresa de La Farga, que debe ser al único comité de empresa en el Ayuntamiento al que se hace caso, la excusa del miedo a que la ausencia de un Contrato-Programa que regula el procedimiento legal de funcionamiento orgánico y laboral, que el gobierno dejó que caducara en diciembre, complicara el cobro de las nóminas de los “magnificos trabajadores” de los servicios públicos de comunicación y la sensación de que los tres periodistas propuestos resolvían los inconvenientes que se pusieron en su día, decantaron el voto.

Un único argumento es el que se dejó de lado. El veto del equipo Quirós al criterio que podía garantizar que el nuevo Consejo Ejecutivo no estuviera perfectamente controlado por el poder local. El que ha salido ahora no responde al criterio defendido en su momento (el de representantes de los medios activos en la ciudad) y es una incógnita: igual es incontrolable, pero el que se proponía garantizaba bastante más la ausencia de control gubernamental teniendo en cuenta la independencia de algunos de los medios.

Visto con la distancia exigible, a algunos nos cuesta un gran esfuerzo entender cuál ha sido la razón última por la cual la oposición ha aceptado el veto a este medio. Yo, a diferencia del chavalín que ostenta el récord de humillaciones, afrentas, frustraciones y ofensas que el poder y las oposiciones varias han inferido históricamente a uno de los periodistas de esta casa, voy a seguir fustigando a los protagonistas de esta historia mientras me quede aliento. Creo que el Jesusillos, el Quiroseno y su equipazo, el teniente de alcaide, el amic del tete, la popular sonialdemócrata y el Manuel Torrentez, entre otros muchos, se merecen que la política no solo les deje un salario. También un montón de dudas sobre su integridad ética, su capacidad para la lealtad a los principios y a los finales, su análisis objetivo y distanciado de las realidades diversas, su voluntad de entender otras razones que no sean las propias.

Al chavalín sufridor ya le he recomendado un psiquiatra que le ayude. Si es posible, que le envíe al exilio de Waterloo a superar su procés, para que se jubilé de una puta vez y deje de tomarse las cosas tan en serio.

Esta ciudad se merece tomarse las cosas más trascendentales a cachondeo limpio y sublime, porque está demostrado que con este personal que la representa, no da para más. Así que… lo dicho al principio.

Bueno, acabo de enterarme, de que justo en el corazón de La Florida vamos a disponer los afortunados ciudadanos de esta cochambre, de la sala inmersiva de gestión pública más grande de Europa. Ala! Como que es un orgullo de ciudad, el alcalde paseó al rey cuando vino y se puso a fardar de las maravillas del espacio: dos mil metros cuadrados con una sala de doscientos que permite proyecciones de 360 grados y con espacios sobrados para un montón de actividades culturales, exposiciones y otras zarandajas de élite. Entre ellas, muchos espacios de innovación, un lugar de coworking, un fab-lab, un espacio de atención ciudadana y TIC… O sea, un montón de cosas muy útiles en Brooklyn y no sé yo, si también en La Florida, pero no en esta… en la otra.

La cosa se llama La Florida 6.0 pero cuando esté en marcha —dicen que en abril, aunque se inauguró en diciembre— habrá que llamarla ya 7.0 porque todos los puntos cero se aceleran que es una barbaridad. Se le llama Centro de Transformación Digital y a los vecinos les servirá para trámites digitales y resolución de incidencias tecnológicas, para la experimentación a pequeña escala, para talleres experimentales y fabricaciones diversas, además de salas innovadoras para conferencias (será que el conferenciante ya va incorporado), para reuniones abiertas a las entidades del barrio y a todo el tejido productivo, es decir, grandes empresas, enormes corporaciones y gente que sin la tecnología punta no es nadie.

A ver… los grandes aspavientos siempre suelen ocultar o grandes frustraciones, u operaciones encubiertas. En ocasiones, ambas cosas. En este caso, no hay duda. El alcalde Quirós tiene algunas fijaciones elementales. Hasta ahora le conocemos tres muy reiterativas: dos en positivo y una atragantada. Las positivas, la cosa del Samontà y el Silicon Valley a este lado del Atlántico (6.0). En la cara B, FIC. En los tres casos hay frustración, desconocimiento y enredo, a partes iguales. Y en los tres hay una enorme dosis de exageración.

El invento del Samontà oculta la operación inmobiliaria de Can Rigalt, la propagandística de buscar alternativas al hacinamiento de La Florida y el populismo de preocuparse por el lugar donde uno nació. El del 6.0, la ocurrencia de un exagerado polo digital en un lugar que exige más árboles que tecnología y más espacio en las casas que inmersión 360 y, en el lado contrario, la incomodidad de unos intrusos que se han creído con derecho a poner en el candelero a unos expertos en tener poder para decidir lo que se les antoja, como han venido haciendo en los últimos 45 años.

No hay, en ninguno de los tres casos, un mínimo de reflexión. En una vertiente, para no vender motos o para no hacer el ridículo. En la otra, para no darse por enterado de que en un sistema democrático hay que contar con el de en frente, aunque tenga una opinión contraria a la tuya, que es lo habitual.

Y sin reflexión, no hay futuro. Porque, en muchas ocasiones, en los mínimos detalles se van los esfuerzos supremos. Por poner solo un ejemplo. En la pasada reciente reunión de la Mesa Sectorial de Drets de Ciutadania i Cohesió Social, algunos de los presentes se quejaron de que en La Florida 6.0, ese paraíso tecnológico único en Europa, una persona en silla de ruedas no podía coger el ascensor.

Tiene castañas que el barómetro de este año se haya hecho eligiendo a los 1.500 hospitalenses que votan al PSC en las municipales, aunque en lugar de un candidato de carne y hueso con un poco de cerebro, se presente un chimpancé del Zoo. Ellos se quieren a este gobierno por lo que sea. Porque en su día les buscaron curro, porque la hermana es cuñada del concejal o porque los contratan o los subvencionan cuando están a punto de echar el cierre o cansaditos de dormitar.

A saber quien pasó el listado de los 1.500, porque la empresa en cuestión tendría que haber sospechado que eso le podía complicar el prestigio profesional. Hay encuestas que cuestan mucho de creer, algunas del CIS por ejemplo, pero hay otras que son literalmente increíbles. Funcionan muy bien, porque a los que ya no se creen los métodos prostituidos de la sociología, este tipo de resultados les convierte cada vez en más ateos de la cienciología social.

Me dijo un amiguete que había trabajado en una empresa de estudios de opinión y de mercado que ya cerró, muy especializada en sondeos para la administración pública, que con los niveles de confianza del 95% —que no sé muy bien que es eso— los resultados son muy parejos haciendo 500 entrevistas o haciendo 1.000 o 1.500, de manera que aquella empresa certificaba 1.500 entrevistas y en realidad hacía 500 porque las administraciones no supervisan jamás los ficheros ni las grabaciones. En aquella época las encuestas se hacían en papel, me explicaba, y jamás el equipo de calle tuvo que enseñar a nadie los papelitos rellenos. O sea, se hagan 500, 1.000 o 1.500 entrevistas, el resultado es semejante y más si los 500, 1.000 o 1.500 son respondedores de confianza. Y sale bastante más barato y es más rápido, claro.

Sea como sea, los resultados del barómetro que se han dado a conocer es una demostración mayúscula de que a la opinión pública de l’Hospitalet la consideran directamente estúpida. Que, con la que está cayendo, el supuesto barómetro le de al alcalde un 5,3 sobre 10 o que el servicio más valorado sea el de las bibliotecas de la ciudad con un 7,4 por delante de los mercados municipales con un 6,7, lo dice todo. Cuando el gobierno local recibió los resultados, lo primero que tendría que haber hecho —si tuviera una mínima capacidad de reacción—, hubiera sido decirle a la empresa que ha hecho el informe que, por favor, lo corrigiera, porque los ciudadanos se pueden morir de la risa y los gobernantes, si la tuvieran, tendrían que morirse de la vergüenza.

Las bibliotecas son un desastre: en invierno hace frío y en verano demasiado calor, faltan algunas, como la de Santa Eulàlia hace una eternidad, y la principal de la ciudad tiene goteras desde hace meses y ha sufrido pérdidas. Además, tienen que cerrar en algunos horarios porque a todas les falta personal. Es un servicio patético por culpa del Ayuntamiento, no de los trabajadores como es obvio, y resulta incomprensible que el promedio de 1.500 entrevistados obtenga un 7,4 porque eso quiere decir que hay centenares de personas que le dan un 10 o quizás un 20.

Lo segundo mejor valorado son los mercados municipales. Equipamientos que están en la ruina absoluta porque solo hacen que cerrar paradas en la mayoría de ellos por inactividad y donde no cierran paradas hay malestar por la falta de rehabilitación o por las goteras.

Y pese a que nada funciona, como pueden testimoniar los ciudadanos, dos de cada tres entrevistados aprueban la gestión municipal con un 5,5 sobre 10. O sea que, para conseguir un 0, habría que ir apaleando al personal por la calle y aun así la encuesta nos diría que es que los ciudadanos andan mal y se caen de bruces a la mínima.

L’Hospitalet es un caos donde lo mires, pero aun así, casi el 60% de los entrevistados están satisfechos de vivir en la ciudad más densa de Europa, con menos zonas verdes por habitante de Cataluña y con los peores servicios, suciedad por doquier e inseguridad permanente, porcentaje que encima sube cuando se trata de opinar del propio barrio. Esto debe querer decir que en el barrio Centro, donde se vive muy mal, los entrevistados lo deben considerar el paraíso, porque para que dé la media, si alguien se encuentra satisfecho de vivir en Collblanc es porque acaba de llegar directamente de Gaza.

Del plan del Samontà —esa cosa que se inventó el alcalde, que es muy chic— de la que apenas se sabe nada, los entrevistados están contentísimos porque donde ahora hay basura se van a levantar 1.200 viviendas de semilujo que tendrán que ir a buscar escuelas a Esplugues y sanidad a Barcelona.

Y encima, uno de cada tres de los que teóricamente han respondido a las preguntas, dice que es de izquierdas y el 28 % de los entrevistados no acaban de saber de qué son, ni si son de alguna cosa. Pero todos son optimistas, porque tienen el gobierno que se merecen, el mejor del área metropolitana. Que digo, del área metropolitana: el mejor del Estado, que por eso todo lo que sale en la prensa es una maravilla cuando se refiere a esta bellísima ciudad.

Lo peor que le puede pasar a un país, a una ciudad, a un barrio, a una escalera de vecinos… es que quien manda considere idiotas a los que le rodean. Les funciona, porque los que tendrían que considerar a los ciudadanos como lo que son, son tan puros, tan iluminados y tan consecuentes, que no hacen más que permitirle victorias permanentes al gobierno. Los que se llaman socialistas, con este personal y con estos vecinos a los que menosprecian sin que nadie se agite en la silla y salte a la calle como una exhalación, van a tener el gobierno en sus manos otros 50 años. Los vecinos que contesten las encuestas ya no serán los mismos, pero no porque se hayan hecho mayores, sino porque huirán de este triste pesebre en cuanto puedan.

Los chicos de esta casa —no hay chicas, y eso se nota en demasiadas cosas— me explicaron el otro día una cuestión que, incomprensiblemente, se está convirtiendo en un tema recurrente de actualidad: la renovación del Contrato-Programa de los medios de comunicación municipales que se financian con el dinero de todos. Digo que es incomprensible por varios motivos. Porque la renovación de un contrato es una cosa apestosamente burocrática. Porque los medios de comunicación municipales funcionan en la medida que al gobierno municipal le apetece, y porque detrás de la renovación de ese contrato y de quien lo debe poner en marcha hay una diatriba que supera la tontería concreta.

De hecho, lo que está en juego ni es el contrato, ni es la supervivencia de los medios, ni siquiera la composición de quien lo tiene que validar. Lo que se juega es simplemente un cambio en la mentalidad del funcionamiento de un gobierno que, por primera vez en 46 años, no puede hacer lo que quiere. Y acostumbrar a un gobierno que lleva 46 años haciendo lo que quiere, a tener que acordar qué hacer con el resto de los que ostentan la misma representación que ellos —y un poco más, por eso son mayoría— no es tarea fácil. No ha sido fácil para Pedro Sánchez que está dando encomiables muestras de inteligencia política, ¿cómo va a ser fácil para un equipo que está dando desastrosas muestras de todo lo contrario?.

El problema es que esa inercia lleva aparejadas otro montón de inercias, especialmente las inercias de quienes solo tenían que rendir cuentas a quienes los habían contratado y que ahora descubren que quienes los habían contratado no eran quienes les pagaban sino quienes administraban los recursos de quienes les pagaban de verdad, que es la ciudadanía. Durante 46 años ha habido la tendencia a pensar que los dueños del dinero eran los gobernantes, los hijos políticos de los primeros gobernantes y los primos hermanos de todos aquellos que se han ido sumando al carro de los que querían gobernar, en unos casos por vocación —los menos— y en otros porque para ejercer el poder —y ganarse muy bien la vida— no hace falta más esfuerzo que darle la razón a quien hace las listas.

El caso es que lo que hay detrás de la renovación de un contrato —de ese contrato— es un ejercicio de funambulismo político que se dirime a cinco bandas. Una, que no quiere perder jamás, y otras cuatro que están en el marasmo de la duda permanente. Las que interesan son las de la duda, porque el que no quiere perder jamás tendría que perder esta vez para darse la oportunidad de convertir la intransigencia en inteligencia.

Me voy a explicar claramente. Los de la duda necesitan llegar a la ciudadanía y para eso se esfuerzan en publicitarse todo cuanto pueden para darse a conocer. Para eso tienen las redes sociales, los digitales posibles —este entre ellos— y los medios de comunicación públicos que deberían llegar a todas las casas. Y que, desde luego llegarían, si fueran creíbles. Los otros no llegarán jamás a todas las casas, aunque lo sean…

Y aquí aparece la primera contradicción. Los de la duda dudan de que los medios públicos actuales les favorezcan y sean creíbles, pero dudan todavía más de si les beneficiaría prescindir de ellos. De lo que no dudan es de que las redes sociales y los digitales les favorecen bastante más y hacen el esfuerzo de ser más creíbles, pero conscientes de su imposible crecimiento, dudan de darles el apoyo incondicional al que se han hecho acreedores.

El caso es que se mueven —en unos casos más, en otros menos— entre la consciencia de que los medios de comunicación públicos sirven a los intereses del gobierno, pero que en cambio los profesionales concretos lo hacen todo muy bien y no van a renunciar para nada en seguir saliendo en esos medios y en seguir dorando la píldora a los profesionales.

Mirándolo de lejos, tienen razones de peso para moverse en esa aparente contradicción, porque si bien es cierto que los medios de comunicación públicos sirven a los intereses del gobierno, también es cierto que sirven a los intereses de la ciudadanía y suelen ejercer con profesionalidad. Dicho así, algunos todavía entenderán menos qué está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que se pueden defender los intereses del gobierno, de la ciudadanía y ejercer el compromiso profesional, pero negarse a modificar las pautas de funcionamiento de los prescriptivos controles sociales. ¿Para qué caramba modificar los aparatos colegiales de dirección si las cosas han estado funcionando con cierta normalidad hasta ahora… para qué hacer olas, si el tiempo aconseja tomar el sol comodamente?.

Resulta que justamente de lo que se trata es de enseñarle al gobierno que poder perder votaciones no arroja al caos, sino en muchas ocasiones a todo lo contrario: a concitar acuerdos, a saber escucharse y entenderse, a crecer colaborativamente porque la razón es un aparato muy complejo que se construye a base de muchas verdades parciales.

En definitiva. No hay contrato, como todos saben, porque no hay Consell Executiu —a ver si le explicáis al alcalde la diferencia entre Consell Executiu i Consultiu porque los confundió en la última entrevista— y no hay Consell Executiu porque no se quiere nombrar a ningún representante de L’Estaca, con lo que este modesto ingenio ha conseguido superar todas sus humildes expectativas.

Y los de la duda no quieren asumir, porqué le tienen miedo, el argumento que los periodistas que ejercen en esta ciudad pusieron en su día sobre la mesa. Si hay que elegir a tres periodistas en ese Consejo —que es algo que el reglamento aprobado propone—, que sean representantes de los medios de comunicación que se esfuerzan día a día, en algún caso por puro activismo, para dar una visión modesta pero igualmente responsable y quizás molestamente crítica, de lo que ocurre en la ciudad. A ver si al final se entiende. Se trata de aplicar un CRITERIO, no de imponer vetos o buscar alternativas. Y si se acepta el CRITERIO, es que deben ser representantes de los medios en funcionamiento quienes formen parte de esa propuesta y no otros. No hay más alternativa si se acepta un CRITERIO que se justifica por sí solo. Por qué, ¿quiénes pueden tener más autoridad moral para formar parte de una dirección colegiada de dirección y control de la información que recibe la ciudadanía, que aquellos que ejercen la profesión desde otra alternativa que no es la financiada públicamente y, por lo tanto, que no se ven obligados a rendir cuentas al gobierno de turno?

Ojalá —rendir cuentas al gobierno de turno— no fuera hoy necesario. Pero desgraciadamente lo es, y justamente hay que sentar las bases para que deje de serlo.

Imaginaros por un momento que los 14 concejales de la oposición de esta ciudad se sientan en una única mesa para hablar de futuro. Es difícil de imaginar, porque para que se sentaran en una única mesa habría hecho falta antes que la responsable del PP hubiera convencido al portavoz de Vox para que respondiera únicamente a las preguntas que se le hicieran sin añadir demasiados matices y para que el resto de fuerzas de la izquierda se sentaran frente a frente las unas de las otras para poder ignorar lo que se moviera a su extrema derecha.

Echarle imaginación y considerar que ya están sentados y que la portavoz popular pide a los 13 concejales a su alrededor que voten como alcalde al portavoz republicano, naturalmente tapándose la nariz, las vergüenzas y hasta los ojos, si fuera necesario. Para ello tendría que haber convencido previamente a solo tres de ellos, porque ella ya lo está: el que va a ser el alcalde, el que va a ser el segundo teniente de alcalde y el que se va a mantener fuera del gobierno, pero que va a ser escuchado con atención en todos los plenos, al que se le van a votar a favor todas las enmiendas que presente —excepto aquellas que le lleguen vía aparato, que esas van a ser rechazadas—, al contrario de lo que le viene sucediendo hasta ahora, que ni se le escucha, ni se le tiene en cuenta y al que se zahiere cada vez que es posible.

Para que se vote al alcalde, se ha pactado ya el gobierno y se ha pactado ya el programa. Y se ha pactado, sobre todo, el respeto temporal, que quiere decir que, durante los próximos 18 meses, van a ser escrupulosos en lo acordado, pero sobre todo en lo que puede poner en crisis lo acordado: nada de insensateces y mucho menos de provocaciones. Ni siquiera las verbales.

El gobierno es un poco lo de menos, pero van a haber cinco tenientes de alcalde y otros seis concejales de distrito. El primer teniente de alcalde y el cuarto, de los populares, el segundo y el quinto de los Comuns y el tercero, republicano. Los concejales de distrito, repartidos equitativamente entre las tres fuerzas.

Lo importante es el programa y, en 18 meses, el programa tiene que ser un programa de urgencias y de mínimos, sobre todo teniendo en cuenta los equilibrios que implica su realización. Un programa que incluya la búsqueda de solares para nuevas escuelas, la aplicación de las urgencias de mantenimiento en los centros y la adecuación de los patios. En sanidad, el acuerdo para ubicar el nuevo hospital y los trámites para llevarlo a cabo, así como los CAPS en proyecto. En economía y comercio, la urgencia de las obras de los mercados de Collblanc y Bellvitge y campañas municipales de comercio de barrio. En deportes, el acuerdo final para el polideportivo de Santa Eulàlia y la renovación de los contratos de los polideportivos. En urbanismo, la compra de suelo público, la moratoria sobre los permisos de nuevas edificaciones de viviendas libres y la congelación de los acuerdos sobre los proyectos de Can Rigalt y las obras del clúster de la Gran Via. Además, la resolución del contencioso de los vecinos de la Porta Nord para que no tengan que abandonar sus casas. En patrimonio, la recuperación y uso de los espacios hasta ahora cerrados: Albert Germans, Cosme Toda, La Remonta, Can Trinxet, la apertura de los refugios de la guerra civil y la rehabilitación de las pocas masías que todavía quedan en pie. En hacienda pública, la rebaja de la fiscalidad para residentes y comerciantes, el recálculo de la tasa de residuos y nuevos incentivos para el uso de la deixalleria. En seguridad ciudadana: la urgencia de los medios técnicos y de ubicación de la Guardia Urbana, la recuperación de la policía de proximidad y la vigilancia exhaustiva de los espacios públicos (jardines, plazas, parques…) En servicios sociales, un aumento del volumen de trabajadores para atender a la creciente demanda y la aplicación de criterios racionales para el empadronamiento. En la plantilla municipal, un estudio de los servicios y de los chiringuitos, con la readecuación de las direcciones y la reevaluación de las capacidades de las direcciones ejecutivas. En la política de subvenciones, un análisis consensuado de las entidades que requieren soporte y de lo que simplemente son accesorios que benefician el clientelismo social. En política de vivienda, un estudio concienzudo del esponjamiento de los barrios del norte de la ciudad a través de adquisición de solares y edificios, una política de rehabilitación y reubicación del vecindario consensuada y una incentivación del cooperativismo inmobiliario. En participación, un esfuerzo consensuado para ampliar los márgenes de la intervención social en los distritos, en los plenarios y en los instrumentos cívicos de participación (mesas sectoriales, Consell de ciutat, consejos de administración de empresas públicas, etc. En materia informativa, la garantía de una información pública controlada por la sociedad civil y la eliminación de los instrumentos de propaganda al servicio del gobierno local; recuperación de la emisora municipal e intervención televisiva. En mantenimiento ciudadano, el control de la limpieza en las calles, la iluminación de las arterias y el culto de la civilidad. En movilidad, análisis de las necesidades de los barrios en cuanto a carriles bici, aparcamientos y tránsito rodado y adecuación consensuada en cada ámbito. En relaciones exteriores, congelación de aportaciones inútiles —ya está bien de ser el eterno patio trasero de Barcelona— y propuestas convincentes de futuro (Fira 2000, Fira de Barcelona, etc).

Imaginaros un programa elaborado por los políticos —más exhaustivo, seguramente más preciso y ajustado—, no por este humilde comentarista en cinco minutos, pero en esa línea de acuerdos posibles. Dudo mucho que en lo especificado hasta ahora, no estén absolutamente de acuerdo los cuatro grupos de oposición. Tres de ellos podrían demostrarle a la ciudadanía lo mucho que se puede hacer cuando el esfuerzo es compartido y la prosperidad se mide en realidades y no en palabras. El cuarto podría explicar también que no tiene ningún interés en los sillones sino en la política y que, sin su esfuerzo —sin sus tres síes— no hay votos, no hay gobierno y no hay programa.

Y lo más importante. Con 18 meses, este gobierno y este programa, las capacidades que se les suponen y las ganas de acuerdo y no de lo contrario, acabarían demostrando a la ciudadanía que en esos equipos hay futuro. Y para el 2027, otro gallo nos cantaría.

Pues bien, lo que habéis leído es un sueño. En esta ciudad no hay audaces. Jamás los hubo y así nos va…

No sé si os habéis dado cuenta de que vivimos en la era de la palabrería. Algunos dicen que sufrimos de sobreinformación pero de lo que sufrimos auténticamente es de palabrería, de mensajes vacíos donde lo que importa es el continente y para nada el contenido. Lo que importa es lo que quiere significar lo que se dice; en absoluto lo que significa. Y normalmente se trata de ensoñaciones, en general con la intención de sorprender o de generar simpatía, cuando no se trata absolutamente de lo contrario, de repetir y de generar odio o rabia.

Por lo general nos engañan cuando nos hablan de información. Lo que nos llega, apenas nos sirve para estar informados. O sea que no tenemos sobreinformación. Lo que tenemos es sobrepropaganda, sobrepalabrería, sobreensoñación. Consideraciones cortas que solo nos sirven para crear un estado de opinión que no hace falta que tenga nada que ver con la realidad, de modo que nos construyen la realidad sobre artificios que no resisten la mirada objetiva y mucho menos la mirada crítica.

Fijémonos en nuestra historia municipal más reciente. Veníamos de 40 años de dictadura que provocó dos realidades contrapuestas: gente que acudía por la oferta de trabajo y un futuro algo más próspero para sus hijos, y gente que tenía propiedades o recursos a los que intentó sacarles el máximo rendimiento sobre la base de la ausencia de derechos y la necesidad de trabajo y de vivienda de los recién llegados. Se hicieron de oro explotando la mano de obra en las fábricas y se siguieron haciendo de oro recuperando la masa salarial en forma de alquileres, hipotecas y servicios. Unos y otros hablaban de progreso porque el trabajo, la vivienda y los servicios son progreso, pero el auténtico progreso estaba en sus bolsillos. También se hicieron de oro gracias a la ausencia de derechos y libertades que avalaban unos ayuntamientos que no elegía nadie, pero que construían las ciudades para enriquecer a los especuladores con la necesidad de los que estaban llegando.

Toda Barcelona y media área metropolitana se hizo a este ritmo y con estas consecuencias. Hasta que llegó la democracia y entonces, los que se creían el mensaje de las urnas, intentaron poner a los suyos con el incierto, pero esperanzado deseo, de recomponer todo lo destruido, construyendo esas ciudades crecidas a base de mano de obra obrera, para ponerlas al servicio de la ciudadanía y no de quienes habían especulado a mansalva.

Como el mensaje de la construcción y no la destrucción de las ciudades, y el mensaje de la calidad de vida y el progreso era el mensaje de quienes habían luchado contra la dictadura y sus secuaces, y aquello era lo que se reconocía como la izquierda, a partir del triunfo de la democracia, la izquierda tuvo el encargo implícito de arreglar lo que se había destruido. Eso quería decir: parar la especulación urbanística, ofrecer servicios de calidad, reconvertir lo que se había convertido en almacenes de obreros —ciudades dormitorio— de manera que se parecieran a los modelos urbanos reconocidos: con centros de las ciudades definidos y con servicios comerciales, educativos, sanitarios y asistenciales, con zonas verdes y espacios amplios, con equipamientos culturales céntricos y reconocibles, capaces de conservar y enaltecer su patrimonio, capaces de recuperar todo aquello que formaba parte de la historia para integrarlo a la comunidad, etc, etc.

Solo hay que mirar la realidad para observar que la izquierda que debía encargarse de rehacer, ha hecho exactamente lo mismo que habían hecho —y que habrían seguido haciendo— los que destruyeron. Podemos seguir llamándole izquierda, pero esa palabra se ha convertido en un continente sin contenido, en pura palabrería, porque la izquierda jamás fue eso. Porque la izquierda jamás gobernó en esta ciudad, aunque la hayamos llamado como hayamos querido. Gente al servicio de la especulación y de la palabrería, llevan gobernando l’Hospitalet —y muchas ciudades del entorno, con minúsculas excepciones— desde 1939 sin límite de continuidad.

Es duro, pero esa es la realidad, y no hace falta más que salir a la calle y mirar lo que nos rodea. El horizonte inmediato no ayuda al optimismo. La palabrería sigue invadiendo los espacios. Los partidos políticos han dejado de ser instrumentos de cambio para convertirse en benefactores del voto ciudadano. La democracia tampoco es lo que tenemos, porque la democracia es participación y no únicamente delegación de voto. La realidad de lo que ocurre en l’Hospitalet lo discuten 5 o 6, asesoradas por el aparato partidario en el que deben opinar otros tantos. Los partidos, a nivel local, apenas llenarían de militantes un solo autocar y esos apenas cuentan tampoco. Hacia afuera lo que cuenta es la palabrería, mientras que hacia adentro lo importante es sujetar el poder, recibir órdenes y cobrar un buen salario a final de mes. Poca cosa más.

Ahora, a alguien se le ha ocurrido poner en funcionamiento un mecanismo insólito por el cual el alcalde podría irse a su casa con lo puesto y pedirle al aparato un carguillo para no perder poder adquisitivo. Pero ese mecanismo insólito tiene el grave inconveniente de que han de ponerse de acuerdo, en esta ciudad, las derechas y las izquierdas. O sea, los que tienen sobre sus cabezas un paraguas con unas siglas y los que se dicen a sí mismos de izquierdas, pero ya se ha visto. No cuenta para nada la democracia. Van a decidir ellos y quizás, en algunos casos, consulten a los del autocar, por eso de que las izquierdas y las derechas dan juego a los suyos.

Si los que se dicen de izquierdas y los que se dicen de derechas fueran democráticos, lo que de verdad harían sería organizar un referendo popular de urgencia, para ir orientados de lo que quiere la ciudadanía. Igual se llevarían sorpresas, porque la gente lo quiere es menos palabrería y más acción, menos continente y mucho más contenido. Menos izquierda y derecha y más construir una ciudad para todos, bien distinta a esa que han destruido tanto los que se han llamado de izquierdas como los que eren identificados como de derechas.

Más palabra a la gente y participación activa y menos consignas, pureza ideológica y sectarismo irracional.

El 5 de octubre del 2004 hubo un crimen terrible en Bellvitge. Un psicópata con una triste historia asesinó a dos policías en formación, dos mujeres jóvenes de 23 y 28 años, originarias de León que compartían piso cerca de la Rambla Marina. La sanguinaria matanza, acompañada de violación, robo e incendio creó alarma en el vecindario y produjo arduo trabajo a las fuerzas policiales que lograron detener al asesino que pasará de los 80 años cuando salga de prisión, si es que sale algún día.

Ignoro por qué razón el grupo popular presentó ahora —en el pleno de noviembre—una moción reclamando que el pasaje donde se encuentra la vivienda lleve el nombre de las dos jóvenes asesinadas y por qué reclaman una placa conmemorativa en el lugar, pero a mí, personalmente, me da igual. Me da igual que se les haya ocurrido ahora, me da igual que lo proponga el partido popular y hasta me da igual que haya sido una iniciativa extemporánea sin consulta previa a nadie, ni a la comisión del nomenclátor de esta ciudad, ni a los vecinos, ni al resto de grupos municipales que siempre se han mostrado tan sensibles a la violencia de género. Me pareció, cuando la conocí, una propuesta con sentido. El crimen fue tan brutal, por el sadismo y por la juventud de las víctimas, que cualquier recuerdo debiera parecernos sensato y acorde con el dolor. No es posible poner un nombre a las víctimas en cada calle donde se producen los crímenes, pero tampoco me parecería mal un recordatorio escrito del estilo de las stolpersteine, que ahora fijan los lugares donde vivieron las víctimas del terror nazi. Cualquier cosa que recuerde una tragedia producida por el sadismo de los asesinos, para que jamás se olvide que la buena gente tiene que sentirse herida por el mal ajeno y difundirlo a los cuatro vientos, se me antoja razonable. Es una manera de no olvidarse de las víctimas que nos regenera como especie.

Pues bien, la moción del PP no salió adelante, porque 18 de los 27 concejales presentes votaron en contra y solo 8 votaron a favor. Faltaba uno en el recuento y eso pasa muchas veces. Los números solo se supervisan —solo los supervisa el alcalde que es quien puede hacerlo— si es que el gobierno municipal pierde la votación o le empatan, porque de este modo el alcalde puede desempatar gracias a su voto de calidad (a cualquier cosa le llaman calidad). Aquí la mayoría votó en contra y solo los cuatro concejales del PP y los tres de Vox lo hicieron a favor. Pero esos suman 7 y los votos favorables fueron 8.

Sé que L’Estaca preguntó a los responsables del grupo popular si sabían quien se atrevió a ir por libre. Y los populares explicaron que “debió ser alguien con algo de corazón y sentido común”, pero que no había trascendido nada más.

Podría ser que alguno de los 20 concejales de la llamada izquierda sintiera algo así como ternura en un caso tan conmovedor, aunque el Candelas que es un mal pensado de nacimiento, considere que en realidad se trató de un error a la hora de pisar la tecla. Conociendo el percal, cuesta de creer que alguien se salta a la torera lo que dicta la norma: a la derecha, ni agua, aunque a la derecha (con el apoyo de la derechísima) se le haya ocurrido algo tan sustantivo como recordar un crimen de salvaje violencia de género en una ciudad donde, como explicó la portavoz popular, han disminuido los fondos dedicados a la prevención de esta lacra.

Cuando la derecha se dedica a hablar del dictador Sánchez, parece normal tacharla de apocalíptica, extravagante y destructiva y cuando se le ocurre algo que no está tan mal, de lo que se trata es de llamarla oportunista y desde luego huir de sus propuestas, aunque sean cabales y fáciles de apoyar. El PP local también reniega del gobierno sanchista —solo faltaría— y es entonces cuando juega a una bipolarización lamentable que solo sirve para consolidar los parapetos: los propios y los de enfrente. Y así se justifican todos, los unos y los otros.

La moción del PP, pretendiera lo que pretendiera, proponía algo absolutamente defendible. El objetivo era justo, la propuesta viable y sencilla, y el resultado no podía hacerle daño a nadie y sí en cambio garantizaba el agradecimiento de los compañeros y de los familiares y hasta de los vecinos que sintieron el escalofrío de la barbarie hace más de 20 años.

A alguno de los portavoces de la izquierda se le ocurrió, como excusa, que la moción popular no había tramitado su propuesta a la Comisión del Nomenclator de la ciudad, que es quien tiene atribuciones para fijar homenajes en los rótulos de calles. Ignoro quien la compone, pero debieran estar trabajando todos los días para remediar la iniquidad que se mantiene en el nomenclator local. Desde un alcalde franquista de la primera época hasta un regente encargado de bombardear Barcelona cuando le apretaba la presión social; desde un alcalde de la dictadura de Primo, hasta el alcalde que se fue a celebrar junto al río Llobregat con el alcalde de Barcelona, el espolio de la Marina. Para ellos hay un sitio en el callejero que propusieron en su día unas cuantas derechas rancias, y de eso hace décadas sin que estas izquierdas tan radicales de ahora hayan puesto el grito en el cielo o hayan encargado a la Comisión del Nomenclator que revise las placas.

Si las propuestas se alejan del sectarismo y son capaces de tocar el lado bueno de la gente, debiera importar poco quien las promueve. Pero aquí ocurre lo contrario: lo que cuenta es quien propone. La propuesta es lo de menos. Es aquello de los buenos y los malos. Los nuestros, los buenos. El resto, los malos.

Lo más interesante, en mi opinión, del reportaje de Sense Ficció que programó TV3 el martes 11 de noviembre por la noche —y del que se ha ido hablando tanto, antes y después de su visionado—, no fueron las zonas inundables urbanizadas, algunas desde los años 60, sino la corrupción instalada en la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha ido permitiendo a lo largo de este siglo XXI la proliferación de estas barbaridades urbanísticas.

Frecuentemente se da al urbanismo depredador de los años 60-70 la culpa de todas las desgracias posteriores, de la saturación urbana, de la mala calidad de los edificios, de la recalificación de los suelos, del caos de los trazados urbanos y, en última instancia, de las catástrofes derivadas de todo tipo, entre ellas, del riesgo de inundación. A menudo, se olvida que aquella época de dictadura férrea estaba construida sobre el derecho de unos cuantos a enriquecerse sin trabas burocráticas o éticas y sobre la base de la explotación de los más pobres a todos los niveles: en el trabajo, en su vida diaria y en el lugar donde residir.

La Transición vino para colocar a España en el mundo, pero sin exigir demasiadas cuentas. Los únicos que podían exigir cuentas eran los pocos que se activaron cuando Europa se puso a nuestro lado, pero tampoco se trataba de hacer ninguna revolución, sino simplemente de hacer lo que se hizo: cambiar alguna cosa para que el resto cambiara muy poco. Entre lo que cambió algo, la posibilidad de elegir directamente a nuestros representantes y, en los ayuntamientos, elegir a la gente que se suponía que sufría nuestras mismas condiciones de vida. Si sufrían nuestros déficits y eran de los nuestros, las ciudades tenían que cambiar necesariamente para bien. Algo se hizo, sobre todo, ordenar el desorden. Y poco más. Los nuestros enseguida aprendieron a ser como los otros y sus déficits pronto dejaron de ser los mismos que nosotros lamentábamos. Sus déficits ya no eran de espacios libres, de edificios insalubres y de pésima calidad de vida, sino de votantes y de honores. Y hacia ahí se inclinaron. Se inclinaron tanto, que descubrieron con el tiempo que nos tenían enfrente.

Construir en cualquier sitio

Y como nos tenían enfrente, actuaron exactamente igual que los que teníamos enfrente en la década de los 60. Trabajaron para que los ricos siguieran especulando y para seguir convirtiendo el suelo de todos en el mercado de los poderosos. Como el suelo es finito —como lo será el petróleo de aquí a nada según se harta de explicar el amigo Turiel— se optó por dejar construir en cualquier sitio, como antes, y entre los sitios en los que se dejó construir estaban las zonas inundables que ya eran inundables entonces pero que ahora han aumentado y se han extremado por el cambio climático y la cada vez más explosiva escasez de suelo.

Había un instrumento que Europa diseñó para evitar catástrofes de futuro y que aquí —en Catalunya— se impuso como se imponen todos los instrumentos, a base de leyes, solo que aquí los instrumentos se modelan y se modulan, a gusto del consumidor. Nació en el año 2000 la Agència Catalana de l’Aigua para determinar técnicamente como preservar suelo peligroso y ahora —ahora no, hace lustros— hemos descubierto que es una agencia corruptible y al servicio de los de siempre.

Hasta ahora mismo. Porque me ha dado por mirar el mapa de Catalunya de zonas inundables en su propia web, y acabo de descubrir que buena parte de la ribera del Llobregat es inundable pero, en l’Hospitalet, la zona inundable se acaba como por ensalmo en Bellvitge y hay un insólito oasis, exactamente donde se piensa construir el Biopol-Gran Via.

Construir en zonas inundables

Los activistas contra la barbaridad del plan especulativo de Gran Vía —Beneficis I Oportunitats Per Operacions Lucratives (Biopol)— ya han avisado de que se va a construir en zona inundable, una zona que tiene exactamente la misma cota de la zona que la rodea y que la sospechosa ACA considera un islote en medio del posible escenario catastrófico del río desatado.

Que la ACA se haya vendido tantas veces apareció como una terrible verdad el otro día en TV3. Que quienes compran los informes favorables del ACA son los mismos que programan el suelo desde los ayuntamientos, lo venimos denunciando desde hace décadas. A ver si las consecuencias de la desgracia de Valencia son capaces de meter el dedo de la justicia en la llaga de la corrupción, en todos los lugares donde hay peligro de muerte cuando el agua se desborda. Si fuera así, las anunciadas obras del plan especulativo de Gran Vía no comenzarían el próximo año. No comenzarían nunca…

Cuando no hay proyecto, la improvisación es obligada, pero cuando la improvisación es el proyecto, poco hay que decir. No hay problema, reivindicación, necesidad, conflicto o queja que no se solucione por parte de quien se esperan soluciones, con una retahíla de promesas, con un florido ramillete de ensoñaciones. Eso no soluciona nada, obviamente, pero sirve para ganar tiempo. Porque ganar tiempo permite ir viviendo de lo que hay, mientras todo se deteriora y hace que la gente acabe pensando que esto que existe es un desastre y que mejor será lo nuevo desconocido, que lo viejo que ya sabemos de qué va.

En ciudades como esta, a 20 meses de las próximas municipales, lo que puede ocurrir es un enigma completo. Dicen, los que analizan estas realidades que, en las sociedades más desiguales, lo que más crece es el mensaje antisistema que considera que un líder fuerte con un partido intransigente es el que mejor resuelve los problemas, aunque eso incluya comerse los derechos y martillear los deberes. A los más pobres, a los más vulnerables, a los más desiguales, parecen importarles una higa algunos conceptos gastados como la democracia, la izquierda o el progreso. Porque con eso que llaman democracia, con esos que se dicen de izquierdas, con aquellos que promulgan el progreso, su realidad no hace más que empeorar. Por eso nadie sabe lo que va a pasar en ciudades como esta, pero lo que sí parece evidente es que ya nadie es capaz de asegurar que el futuro que viene, vaya a ser como el pasado que se está yendo.

En esta ciudad de obreros temerosos, incluso en los momentos de más intensidad reivindicativa, tenía que ganar aquella izquierda que daba menos temor. Y así fue. Pero después de diez lustros, nada es seguro ya, porque aquellos obreros temerosos engendraron hijos acomodados que fueron dejando espacio a recién llegados que viven bastante peor que sus padres y que ya no se pueden creer las promesas que les envían los que siguen mandando.

Insisto en que resulta bastante insoportable el mensaje vacuo permanente. Los que mandan no saben decir otra cosa que “estamos en ello” y “lo vamos a arreglar” y así llevan años porque con palabras no se arregla nada y estar en ello requiere justamente lo que no hay: capacidad de gestión y proyecto. Pero si esto es dramático porque viene del poder, tan lacerante o más, es lo que viene de la oposición: “esto es un desastre” y “hacemos lo que podemos” resulta tan estéril, como “estamos en ello” y “lo vamos a arreglar”. Unos y otros mensajes resultan igualmente desmoralizantes y la ciudadanía ya está dando sobradas muestras de desapego. La autoorganización es costosa, lenta y desconcertante en ocasiones, pero solo la autoorganización va a poder mover las estructuras si es que poder mover las estructuras es el futuro. Porque bien podría ser que el futuro fuera que el que se mueva no salga en la foto.

Dicho lo cual, habría que insistir también aquí que “el que pueda hacer que haga” porque esto no se sostiene y alguien debiera tomar alguna iniciativa. Por ejemplo: habría que llenar los plenos a rebosar todos los meses para que se viera que la ciudadanía está implicada en el funcionamiento de la ciudad (los funcionarios, los docentes de las escuelas en conflicto, los trabajadores del transporte…). Habría que convocar reiteradas manifestaciones frente a la Casa Consistorial cada vez que se produce un deshaucio, un robo, una molestia vecinal del tipo que sea en el parque de Las Planas, en La Farga o en Famadas. Habría que boicotear cualquier acontecimiento ciudadano donde esté presente el gobierno y sus acólitos. Habría que participar activamente, preguntando y requiriendo información donde está estipulada la presencia pública organizada, en los Consells de Districte, en el Consell de Ciutat, en las taules de todo tipo. Y se debiera articular un organismo unitario de coordinación dispuesto a impulsar la protesta y la reflexión, a partes iguales.

Ya está. Lo dicho. El que pueda hacer que haga. Y el que no quiera hacer, que no moleste.