Desde que tengo una mínima noción política, siempre he pensado que la única solución que tenía la vivienda es la promoción pública impulsada por las administraciones para combatir los precios tanto de alquiler como de compra.
Como si fuera un erudito, así lo explicaba en mi entorno. Parecía que había descubierto algo que la propia Constitución describe así: en su artículo 47, declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Pero han ido pasando los años, han crecido las canas y las arrugas, y todo sigue igual. Recientemente, un estudio ha recordado, hablando de nuestra ciudad, que el incremento del alquiler en la segunda ciudad de Catalunya ha sido de un 127%. Para contrarestar esta cifra, la inversión en promoción pública tanto de la Generalitat como de nuestro querido Ajuntament ha sido nula, cero patatero.
Y no hablemos del precio de la vivienda de compra, donde el metro cuadrado ha sufrido también incrementos considerables. Solo hay que ver las nuevas promociones de viviendas que se están construyendo en nuestra ciudad donde los precios son inasequibles para la juventud que, a cambio, no tiene alternativa ninguna, sino es alejarse cada vez más del Área Metropolitana.
Fenómenos como el de los pisos turísticos, cuya cercanía a Barcelona no nos beneficia, o la transformación de viviendas, previa expulsión de sus inquilinos, en habitaciones separadas para rentabilizar más las propiedades, ya se están dando en nuestra ciudad.
Uno de los primeros problemas que tiene la ciudadanía y sobre todo los más jóvenes es el acceso a una vivienda. Una pareja joven, lo tiene muy difícil para emanciparse y cada día que pasa lo tiene más complicado.
Los intereses económicos son muy potentes y detrás de ellos están los fondos buitres que impiden que se pueda avanzar hacia el objetivo de que la promoción pública de viviendas y la adquisición de suelo y cesión para la construcción no especulativa, sea la finalidad de cualquier gobierno estatal, autonómico o local. Y, de esta manera, cumplir con la Constitución que, por cierto, algunos quieren reformar ya mismo, sin que todavía se haya desarrollado en su totalidad.
Ningún alcalde se ha planteado la reforma de esa parte de la ciudad, la zona norte, proyectando un plan de remodelación que debería ser similar al realizado en su dia en Ciutat Vella de Barcelona.
Imagen de un edificio en el barrio de La Florida.
La nefasta planificación de la ciudad es cada vez más notable, y nadie pone freno a este desorbitado crecimiento demográfico, amparado, sobre todo, en la liberalización de suelo para construir nuevas viviendas sin tener en cuenta un aumento de los servicios (escuelas, centros sanitarios, hospitales, bibliotecas, aulas de estudio, entre otros).
No hace muchos días pudimos comprobar como la sección de CC.OO. de L’Hospitalet solicitaba que la ciudad debía declararse en emergencia educativa ya que determinadas aulas tenían ratios superiores a las de la media de Catalunya; que el fracaso escolar también estaba en el nivel más alto de la Comunidad y que era necesaria la construcción de varias escuelas (cuatro, en concreto, y un instituto).
Los centros sanitarios, aproximadamente lo mismo, con largos tiempos de espera, ambulatorios abarrotados que no dan más de sí y aun así siguen aguantando. Ir de urgencias a uno de los dos hospitales (Cruz Roja o Bellvitge) es esperar una media de 4 horas. Eso, si no te derivan al Hospital Moisès Broggi que también se ha quedado corto en atención, en el poco tiempo que lleva funcionando.
En toda la ciudad, a partir de las 8 de la tarde, si no quieres ir de urgencias a cualquier hospital, solo hay un centro entre el CAP y el hospital. El denominado CUAP (Centro de Urgencias de Asistencia Primaria) al cual ha de acudir toda la ciudadanía para ser visitada cuando lo necesita, aunque los tiempos de espera son similares, en la práctica, a los de un centro sanitario de referencia.
Toda la zona industrial se está deshabilitando como tal y los solares que quedan libres se están dedicando a construir más edificios, previamente a haberles cambiado su calificación urbanística. Poco terreno, por no decir ninguno, para la construcción de zonas de servicios o para destinarlo a zonas verdes. Ya no digamos para vivienda social: un sueño de una noche de verano, como dirían algunos. En julio de 2023, Generalitat y Ayuntamiento firmaron un acuerdo para la promoción de 179 viviendas de alquiler asequible. Una cifra ridícula teniendo en cuenta la necesidad de la ciudad, aunque es la tónica general del Estado: un 2’5 por ciento de vivienda social.
A todo ello hay que sumar la prevista construcción de grandes edificios en la parte de Gran Vía Sud, en el patético aunque gran nombre que se le ha dado “plan Biopol”, con varios enormes edificios de entre 8 y 25 plantas.
Esta ciudad necesita, y no tiene, una preocupación social del todo evidente. Ya no digamos la necesidad a nivel urbanístico de esponjar la parte norte (barrios de Pubilla Casas y La Florida), un auténtico polvorín, y la más densa de la ciudad, no solo a nivel del Estado español sino también a nivel europeo. Ningún alcalde se ha planteado la reforma de esa parte de la ciudad, proyectando un plan de remodelación que debería ser similar al que se hizo en Ciutat Vella de Barcelona.
No se vislumbra que eso alguien lo pueda hacer, ni lo quiera hacer cuando es, sin ninguna duda, lo más necesario que tiene esta ciudad.
Mientras que las cúpulas de los diferentes partidos (ERC, PSC, JxC, Comuns y CUP), tras las elecciones y en vista de los resultados, están intentando llegar a un acuerdo político para formar un gobierno… un gobierno entre dos alternativas: un pacto de izquierdas o un acuerdo entre independentistas para conseguir la independencia ¿? o un referéndum de autodeterminación, en l’Hospitalet el debate es otro. Hay algunos que se preguntan si Nuria Marín finalizará el año como alcaldesa de la ciudad. Las elecciones autonómicas y la campaña han hecho como una nebulosa y han tapado durante unos días el conflicto que existe por las irregularidades económicas detectadas en el Consell Esportiu. El punto más álgido del asunto llegará el próximo 9 de abril, donde la primera autoridad municipal tiene que declarar ante la titular del juzgado número 2.
Aún así, los socialistas en l’Hospitalet han conseguido practicamente mantener los votos (con respecto a las elecciones autonómicas anteriores). Entre los diferentes partidos ha sido el único que ha aumentado su porcentaje en gran escala, a excepción de VOX, claro, que ha sido la fuerza revelación en estos comicios. Los tres socialistas de la ciudad que se encontraban en las listas del PSC serán próximos diputados en el Parlament. Al igual que la candidata de los Comuns y también la de Ciudadanos.
Pero en esa campaña ha habido una gran ausente. Dicen que decidido por ella misma, Núria Marín… Sólo intervino en dos actos electorales de su partido. Uno tuvo lugar el pasado 29 de enero. En el mismo intervinieron alcaldes y cargos municipales junto al candidato Salvador Illa. Otro, el 11 de febrero, donde la alcaldesa ejerció de anfitriona en un míting en el barrio de Bellvitge con la número dos de la lista, Eva Granados, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Y esa “ausencia”, anunciada ya por l’Estaca antes de iniciarse la campaña, lo fue en todos los ámbitos. También en la vida política en general. Ha pasado desapercibido un encuentro, según informan algunos medios, al máximo nivel entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Núria Marín en la Moncloa. Parece ser que trataron temas de la ciudad. Algunos medios han manifestado que Sánchez ha querido mantener la distancia con la alcaldesa durante todo este tiempo.
Todo el asunto del Consell Esportiu ha salpicado al PSC de l’Hospitalet y aunque parecía que la alcaldesa iba a quedar impoluta, al final no ha resultado ser así. Los que han salido señalados por la justicia han sido dos de sus concejales: Cristian Alcázar, primer secretario del PSC y teniente de alcalde; y Cristóbal Plaza, concejal de deportes y el único que ha presentado la dimisión hasta ahora.
Núria Marín además de alcaldesa ostenta la presidencia de los socialistas de la ciudad y también de la Diputación de Barcelona. Precisamente hace un año, en febrero de 2020, Pedro Sánchez firmaba un convenio con esta institució para impulsar las energias renovables.
Cuando surgieron los primeros ayuntamientos democráticos, uno de sus primeros objetivos de cara al futuro era establecer un equilibrio entre lo residencial, los equipamientos y el trabajo. Pretendían los partidos políticos de entonces establecer una ciudad dotada de escuelas, ambulatorios, comercio, zona industrial, zonas lúdicas…..querían eliminar el letrero que tenía l’Hospitalet de Ciudad dormitorio…
Ciudad dormitorio porque todo se hacía fuera de la ciudad. Las compras, el trabajo, incluso algunos equipamientos había que buscarlos fuera. Y sólo veníamos a casa para dormir.
Ese mecanismo creado por el franquismo, donde primero se construía y luego se levantaban los equipamientos (escuelas, ambulatorios, transporte público…) que necesitaban todos esos ciudadanos, venidos a la ciudad en busca de una residencia, parece que ahora se repite. Como consecuencia de esa espiral, se llegó en 1981 a casi los 300.000 habitantes y ahora ya estamos nuevamente a punto de llegar a esa cifra
La fiebre constructora que tiene este consistorio es del todo incomprensible y parece que volvemos a aquello que pensábamos que ya había desaparecido: ciudad dormitorio.
Esta semana teníamos conocimiento de la aprobación por parte de la Comisión de Urbanismo Territorial del Àrea Metropolitana de Barcelona de un proyecto para la construcción de 756 viviendas… Pero no es el único. Actualmente, está parado, pero el actual equipo de gobierno quiere eliminar la última zona agraria que queda en la ciudad para levantar 28 bloques-rascacielos. La zona de Cosme Toda se está construyendo más vivienda y entre Josep Tarradellas y las vías de Renfe está prevista otro buen número de edificios.
¿A dónde vamos? No es el modelo de ciudad que los hospitalenses quieren y necesitan. Ya se han levantado movimientos pidiendo STOP al crecimiento desbocado y solicitando Moratorias en la construcción. Esta no es su ciudad.
Empezamos un año, intentando borrar u olvidar el anterior. Pero esta vida, está empecinada a no dejarnos descansar y nos va dando una sorpresa tras otra. Un vikingo que asalta el Capitolio, una tormenta que lleva nombre de mujer poco usual que ha azotado toda la península con gruesos de nieve nunca vistos en ciudades como Madrid, y la COVID-19, que ha cumplido con lo que ya anunciaban los epidemiólogos, con la tercera ola de infecciones y que convierte a l’Hospitalet en una de las 10 ciudades de Catalunya con más infectados.
Pero este año nos va a deparar más noticias. Seguro. Núria Marín, alcaldesa de la ciudad, vive uno de los momentos más críticos desde que el 19 de abril de 2008 fue nombrada alcaldesa, en sustitución de Celestino Corbacho, nombrado entonces Ministro de Trabajo. La alcaldesa revalidó su cargo en el 2011, 2015 y 2019, este último con mayoría absoluta.
El año 2020 fue un “annus horribilis” para todos, pero especialmente para la primera autoridad de l’Hospitalet. Primero, con el affaire del Consell Esportiu donde hay implicadas quince personas entre ellas tres concejales de su equipo: uno, Jaume Graells, denunciando prácticas no honorables y los otros dos, Cristóbal Plaza y Cristian Alcázar, implicados en ellas (se les acusa de los presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales). Contando además con la propia alcaldesa que tuvo que declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la que se le investiga porprevaricación, malversación de dinero público y omisión del deber de perseguir un delito.
Este caso ha creado una crisis interna y enfrentamiento dentro del PSC. Hay que tener en cuenta que uno de los acusados es Cristian Alcázar, primer secretario de la organización en l’Hospitalet. De momento, ya ha habido una dimisión, Cristóbal Plaza, que dejó su cargo tras una reunión con Nuria Marín.
El Consell Esportiu estaba dominado por los socialistas aunque ahora, tras diferentes denuncias por parte de la oposición, se le quiere dar un aire nuevo y desde alcaldía se ha solicitado a los grupos municipales que nombren un representante para formar parte de dicho consejo rector.
Incluso, el grupo municipal socialista ha aceptado, en el último pleno municipal, presentarse como acusación particular en una moción presentada por ERC y aprobada por unanimidad, cuando en el mes de junio fue presentada la misma iniciativa y fue rechazada por el PSC con la ayuda de la abstención de C’s.
La titular del juzgado número 2 de l’Hospitalet tiene ahora la palabra. Suponemos que en los próximos días llamará a declarar a la alcaldesa, quien lo ha solicitado de forma voluntaria para dar su versión sobre los hechos.
Pero no solo ha sido este punto el que ennegreció el año a Núria Marín. Su obra estrella, el Plan Director Urbanístico (PDU) de Gran Vía, se vio frenado por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El proyecto urbanístico dibujaba un clúster sanitario con la potenciación de un núcleo de investigación biomédica, con el impulso del Hospital de Bellvitge y el Institut Català d’Oncología, algunas zonas verdes y la construcción de 28 rascacielos que es lo que parece que menos sale a la luz pública. Todo, a costa de eliminar la última zona agrícola con que contaba l’Hospitalet y sin tener en cuenta que es una de las ciudades más densas de Europa.
Un proyecto que viene desde el 2017 y que fue bendecido por la Generalitat en julio del año pasado. Y respaldado, nuevamente, por el propio Damià Calvet, titular del Departament de Política Territorial i Sostenibilitat en una reunión con la alcaldesa, tras las dos sentencias del TSJC. Por cierto, el conseller pertenece a Junts per Catalunya, partido que ha apoyado a Núria Marin en la Diputación de Barcelona, en una moción presentada por ERC en la que se le solicitaba que dejara el cargo mientras no se aclarara su situación en el affaire del Consell Esportiu de l’Hospitalet.
Las dos sentencias contra el actual proyecto del PDU son claras. Una de ellas manifiesta que nada justifica que el Àrea Metropolitana de Barcelona no dé su opinión cuando, entiende el alto tribunal, que sí lo ha de hacer. La otra, declara que no se pueden contabilizar como zonas verdes las existentes bajo los bucles de las carreteras. Pero el trasfondo de este proyecto creo que está claro: existe la intención municipal de saltar el escollo que puede representar que el máximo órgano metropolitano dé su opinión, a sabiendas que es manifiestamente contraria al mismo o al menos tiene muchas objeciones al respecto.
Aún así, Marín insiste y la Comisión de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya ya se ha puesto en marcha nuevamente para rehacer el proyecto y ajustarse a las dos sentencias y volver a darle al proyecto la dimensión de País, como ha manifestado la alcaldesa, para saltarse al AMB. Tanto el Hospital de Bellvitge como el Institut Català de Oncología, el Institut d’Investigació Biòmedica de Bellvitge, la Universitat de Barcelona o les patronals PIMEC o Foment del Treball ya han emitido cartas dando apoyo al complejo biomédico, sin saber claramente lo que allí se va a proyectar.
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