El cambio del PGM aprobado por el gobierno socialista de Barcelona sacrifica un 30 % de zona verde y contó con el apoyo de ERC, Junts y Vox
Los grupos municipales de Comuns de l’Hospitalet y de Barcelona se oponen a la modificación del Plan General Metropolitano que afecta a la manzana actualmente ocupada por el concesionario de Citroën y que va a suponer la construcción de un buen número de bloques y nuevas viviendas en una zona calificada como zona verde, en una zona limítrofe entre l’Hospitalet y Barcelona. (Foto: De izquierda a derecha: Ancor Mesa portavox de Comuns al Ajuntament de Barcelona y Manuel Domínguez, y Laura Alzamora de Comuns en el Ajuntament de l’Hospitalet).
Las entidades de los barrios de Sants y de la Bordeta (Barcelona) y de Santa Eulàlia (l’Hospitalet) ya se han manifestado en contra del proyecto y a cambio solicitan que se mantenga la calificación de esos terrenos como zona vede. “El barrio ya se encuentra saturado de viviendas y lo que se necesitan son espacios libres y equipamientos”, ha manifestado uno de los vecinos, que añade “con la recalificación de los terrenos se perderá una oportunidad para resolver estos déficits”.
El cambio del PGM supone el sacrificio de cerca de un 30% de los espacios, calificados como zona verde, y que pasarán a ser edificables para la construcción de viviendas a precio de mercado con bloques de 8, 10 y 12 pisos de altura. El beneficiario es el grupo empresarial Stellantis, propietario del concesionario Citroën.
La modificación del Plan General Metropolitana es el resultado del convenio firmado entre la empresa Stellantis y el ayuntamiento de Barcelona. “Ahora se ha realizado una aprobación inicial”, manifestó Ancor Mesa, regidor de Barcelona en Comú del Districte Sants-Montjuic, y es la consecuencia de “un convenio a medida de la empresa Stallentis con el gobierno de Barcelona” y, por lo que se ve, con el silencio del resto de fuerzas, por lo que Comuns han calificado el acuerdo como una operación especulativa en un barrio ya excesivamente masificado. Los Comuns de ambos municipios han denunciado la falta de legitimidad democrática del convenio, ya que no se hizo ningún tipo de consulta a los vecinos ni tampoco a los grupos políticos. El proceso participativo de la modificación del Plan General que se inició en octubre de 2024 ha resultado ser una farsa, ya que no ha finalizado ni tampoco se han respetado las conclusiones, por lo que explicaron a los medios.
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona aprobó esta modificación del Plan General con los votos favorables de PSC, Junts, ERC y Vox, la abstención del PP, y con el voto en contra de Comuns.
Manuel Domínguez, portavoz de Comuns de l’Hospitalet, ha calificado la modificación del PGM como muy semejante a los que se hacían en los Planes Parciales en tiempos del franquismo, eliminando zonas verdes y convirtiéndolas en zonas edificables y así están ahora ambas ciudades, Barcelona i l’Hospitalet, densificadas y con una pésima calidad de vida. Con este tipo de acuerdos “se está poniendo la alfombra roja a las empresas inmobiliarias, cuando deberían de pensar más en los vecinos que se encuentran en las zonas urbanas más densas de Europa con 50.000 habitantes por kilómetro cuadrado”.
Los Comunes presentarán sus propias alegaciones y ya han manifestado su apoyo a los vecinos que quieran presentar las suyas propias. Para esos grupos municipales de oposición, la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona afecta claramente a l’Hospitalet y por lo tanto se ha de tener en cuenta no solo la opinión de los vecinos de Barcelona, los primeros afectados, sino también a los de l’Hospitalet al encontrarse la manzana en cuestión entre las calles Riera Blanca y Constitución.
Los representantes de los Comunes de l’Hospitalet igual que los de Barcelona, además de defender los intereses de todos los vecinos, consideran que es imprescindible la finalización del proceso participativo, y aseguran que se debe renegociar el convenio con Stelllantis para adaptarlo a los intereses de la ciudadanía y no el interés exclusivo de una empresa privada y aumentar el espacio destinado a equipamientos y a vivienda protegida.