FIC reclama en el primer Consell de Ciutat presidido por David Quirós que se aplique el vigente reglamento con flexibilidad para que no se veten las intervenciones ciudadanas en los plenos

El alcalde justifica que FIC no pueda vehicular la cesión de la palabra en los plenos municipales a otras entidades por una decisión del nuevo secretario de la corporación, el funcionario Fernando Aragonés Seijo

El ex regidor de ERC Antoni García presidirá la nueva Mesa Sectorial de la Vivienda y el teniente de alcalde Jesús Husillos presenta un presupuesto municipal para 2025 de 352,4 millones de euros

La asociación Foment de la Información Crítica (FIC) ha evocado este martes al poeta Blas de Otero en el primer Consell de Ciutat que ha presidido el alcalde David Quirós, cuando quien firma estas líneas reclamó “que al menos nos quede la palabra a los ciudadanos de l’Hospitalet y que cualquier representante vecinal pueda intervenir en los plenos municipales fruto de una interpretación flexible del actual reglamento de participación ciudadana”.  Máxime cuando se va a invertir todo un año en el proceso de su elaboración hasta que en diciembre de 2025 se apruebe la actualización del Reglamento de Participación Ciudadana en un calendario liderado por la teniente de alcaldía de Ciutat de Drets, Laura García Manota.

Se da la circunstancia de que FIC, que hasta ahora había cedido en varias ocasiones sus peticiones de intervención en los plenos para que hablaran representantes vecinales y sindicales, ahora ya no podrá hacerlo como consecuencia de la estricta interpretación del reglamento realizada por el nuevo secretario municipal, Fernando Aragonés Seijo, según ha informado el propio alcalde. FIC tiene como una de sus misiones precisamente fomentar la palabra como principal herramienta del diálogo y del espíritu crítico, bien a través de medios de comunicación o de los distintos actos y debates que organiza. La petición de FIC de mayor flexibilidad y “que no existan impedimentos para que la participación ciudadana sea real” ha recibido el respaldo en sendas intervenciones de la presidenta del grupo municipal popular, Sonia Esplugas, y de la concejal de ERC Silvia Casola.

También han intervenido otros representantes de las 70 entidades presentes en el Consell de Ciutat del martes, en el sentido de que sus integrantes puedan delegar la asistencia a este organismo consultivo en algún otro miembro de la junta de las asociaciones y no obligatoriamente en otra entidad, como ocurre hasta ahora. También Maite de la Concha, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de l’Hospitalet reclamó que los compromisos adquiridos por el anterior equipo de gobierno presidido por la alcaldesa Núria Marín “deben cumplirse sin que se pospongan las fechas de ejecución”. En otra intervención, De la Concha dijo al alcalde que “le tomamos la palabra al elegir el humanismo frente al urbanismo, porque todos defendemos la igualdad, pero todavía hay barracones en los colegios, faltan residencias de ancianos, escuelas de educación especial y FP y hay que proporcionar estos equipamientos y también los profesionales que cubran estas necesidades”.

El proceso participativo que se prolongará durante todo el año 2025 incluye diversas acciones, tanto presenciales como virtuales, con la voluntad, dijo García Manota, de implicar al máximo de sectores de la población. La edil informó que se están realizando sesiones presenciales en los consejos de distrito, las mesas sectoriales del Consell de Ciutat, de forma que sus miembros puedan aportar propuestas. Manota informó que este calendario “acabará en marzo y después empezaremos con la redacción, y posteriormente con el proceso de aprobación inicial, de alegaciones y aprobación final, por tanto, en diciembre del próximo año tendremos este reglamento ya aprobado y publicado para empezar a hacer uso”, explicó.

Tan prolongado plazo en la reforma del reglamento de participación es otra de las cuestiones que desde la Asociación Fomento de la Información Crítica se ha criticado, ya que el vigente reglamento, elaborado en 2013 “nos obliga a estar un año con la participación ciudadana vetada con un reglamento que es un “caixa o faixa” y que no fomenta la participación”. A Carme Rimbau, presidenta del Centro de Estudios de l’Hospitalet, le parece bien que se actualice el reglamento, aunque ella declaró haber participado en muchos procesos participativos y finalmente “no se concreta nada, no se dan resultados y no sé si ha servido para algo”, afirma.

La concejal también ha informado que se ha habilitado una encuesta online para recoger la opinión de la ciudadanía sobre los aspectos que considera prioritarios en el nuevo Reglamento. Según informa el Ayuntamiento, los resultados de esta encuesta se tendrán en cuenta en la redacción final del texto, prevista para el período entre abril y agosto de 2025. La previsión es que la aprobación del nuevo reglamento se produzca en diciembre de 2025, de manera que no se aplicará hasta 2026.

Del mismo Consell de Ciutat celebrado el martes destaca la constitución de la nueva Mesa Sectorial de Vivienda, que estará presidida por el ex concejal de ERC Antoni García Acero. Este organismo afrontará el problema al que se enfrentan muchos ciudadanos afectados por los precios del alquiler y de compra, en especial los jóvenes, que ven prácticamente imposible acceder a una vivienda digna, máxime, cuando el parque de la vivienda hospitalense está muy envejecido. Por ese motivo “esta comisión tiene como objetivo ser un espacio de reflexión y de debate, de reflexión y de propuestas para poder avanzar hacia un plan de vivienda local”, dijeron los representantes del Ayuntamiento. En ese sentido, Carme Rimbau, que además de ser presidenta del Centro de Estudios de LHospitalet, es miembro de FIC y de la plataforma contra la especulación inmobiliaria y la masificación turística, ha añadido la problemática que algunos barrios como Collblanc y La Torrassa tienen con los pisos turísticos.

El último punto del orden del día del Consell de Ciutat, principal organismo de participación ciudadana para el que se ha elegido al presidente del grupo municipal de ERC; Jaume Graells, como vicepresidente, fue la presentación del presupuesto municipal para 2025, a cargo del teniente de alcaldía de Seguridad y Gobierno Interno, Jesús Husillos. El presupuesto, que todavía no se ha aprobado (parece ser que se convocará una sesión extraordinaria del pleno el día 30 de diciembre con tal fin) asciende a 352,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,5 por ciento (28 millones de euros) respecto al de este año 2024.

Maria Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel (historiadora y activista cultural)

El día en que ocurrieron las más importantes inundaciones en Bellvitge, 21 de septiembre de 1971, yo estaba con mi familia en Daimiel, mi pueblo. Era el último día de vacaciones, cenábamos con mis abuelos cuando oímos las primeras noticias: “Podríais quedaros unos días más”, sugirió alguien, pero mi padre dijo: “No sabemos lo que pasa, pero mañana nos vamos”. Angustiados, acabamos de cenar y nos fuimos pronto a dormir.

Tenía doce años y me había “hecho mujer” esos días. Aquel resultaría ser el último viaje al pueblo que hicimos en familia. A partir de entonces iría yo sola, los meses de agosto, durante bastantes años. En aquel último trayecto familiar en tren, inventábamos juegos, como solíamos hacer con mi padre y hermanos, pero enseguida los dejábamos y pasábamos a contemplar en silencio los paisajes que el expreso arrollaba. 

Llegamos, por tanto, al día siguiente del suceso. Nos encontramos a los vecinos de los “bajos” fuera de las porterías, con sus electrodomésticos y muebles llenos de barro, una imagen penosa que se gravaría en mi memoria. No había luz y subimos andando hasta el piso onceavo donde vivíamos. Ya había subido otras veces a pie, pues la electricidad o el propio ascensor fallaban con frecuencia, pero nunca cargada. Aunque mis padres y mi hermano mayor llevaban lo más pesado, mi hermano pequeño y yo también tuvimos que colaborar, pero no nos quejamos, ante la desgracia mayor de quienes lo perdieron todo -o casi todo.

No hubo muertos porque ocurrió a las nueve de la noche, antes de que la gente fuera a dormir y se pudo avisar a tiempo de que salieran todos y todas.  “Viene el mar”, diría mi vecina Montse Miján, cuatro años menor que yo, cuando vio venir el agua desde su ventana del piso octavo. Lo relató en una entrevista que se le hizo a la familia para la celebración de los cincuenta años del barrio, una visión poderosa que puedo imaginar, “ver” y compartir.

En los días posteriores fuimos a ayudar a limpiar algún local, probablemente los del barracón donde estaba la iglesia de Mare de Déu de Bellvitge y una “guardería” (tal como llamábamos entonces a la escuela infantil).

Los payeses de la zona y algunos técnicos del Ayuntamiento ya advirtieron a la empresa que edificaba los bloques de pisos, la Inmobiliaria Ciudad Condal (ICC), que aquello podía ocurrir, que no hicieran los semisótanos ya que el río Llobregat se desbordaba con asiduidad, pero las ganancias de unos pocos primaron y 80 familias fueron desalojadas, 96 perdieron todos sus enseres, como algunos de los negocios que se instalaban en los locales comerciales.

Desde 1969 los afectados por la deficiente evacuación de las aguas residuales ya se reunían en la parroquia de Mare de Déu de Bellvitge, ya que, tanto ésta como la de Sant Joan Evangelista, también en un barracón de obra, eran los únicos locales en los que se podían celebrar reuniones, pero a partir de 1971 se empezarán a reunir más asiduamente creando un grupo compacto con Francisco Polonio como representante. Aunque recibieron muchas presiones de la Inmobiliaria e intentaron desunirlos ofreciendo soluciones parciales, este grupo, se mantuvo firme y, con el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, se querelló contra la ICC, no cesando su lucha hasta los años 80 en que llegan a un acuerdo entre el nuevo Ayuntamiento, la ICC y los afectados.

Las inundaciones de 1971 (hubo más, pero éstas fueron las más importantes) marcaron un antes y un después en el barrio. Si en los primeros años en que llegamos los primeros habitantes nos encontramos unos bloques de cemento y hormigón que se alzaban entre campos que se seguían cosechando mientras se pudo, a partir de entonces el barrio se llenó de barro y escombros, todo se veía muy sucio, infectado, imposible de transitar en ocasiones. Una de mis pesadillas recurrentes era verme atrapada en el fango, como solía ocurrir. 

Y es que, como por fin aceptaron que el nivel del terreno es muy bajo respecto el nivel del mar, intentaron subirlo unos metros trayendo escombros de obras de Barcelona y alrededores. Si la Marina había sido en tiempos la despensa de Barcelona, Bellvitge fue, en esa época, el vertedero de Barcelona. 

A ello se sumó el desvío al Canal de la Infanta que traía residuos tóxicos del Llobregat. Las acequias y canales se convirtieron, durante unos años, en cloacas a cielo abierto. Hasta los años 80 no se resolvería el problema de las aguas residuales con el gran colector de la Rambla Marina.

Son aspectos de nuestro barrio que hemos podido entender a partir de la historia que ha ido saliendo a la luz con la celebración de los cincuenta años. Es bueno conocer la historia, aunque inevitablemente se sigue repitiéndo..

Aunque nuestros recuerdos personales se avivan con lo ocurrido recientemente en Valencia, la catástrofe levantina impide cualquier comparación. No podemos comparar las trágicas consecuencias, pero sí sus causas y en ambas encontramos la desidia de unos gobernantes que no ponen freno a las ansias acumulativas del capitalismo salvaje. Entonces eran tiempos franquistas, ahora son tiempos inciertos en los que prima la especulación y el desconocimiento.

Acabo con otra imagen que mi memoria guarda. Un par de años después del desastre de la presa de Tous (1982) en Valencia y parte de Murcia, fuimos a ver a unos amigos que aún vivían en el barracón donde los alojaron. Fuera de la minúscula y “provisional” vivienda, no nos faltó una buena paella valenciana, pero antes habíamos visitado la zona: por encima de la presa y su catástrofe, la hermosa y gran finca del ingeniero que la construyó. 

(En recuerdo a las víctimas y a quienes ayudan como pueden)

Entre les ciutats demogràficament més importants, l’Hospitalet incompleix la resolució d’expedients d’empadronament en el termini preceptiu

Mig any després de l’aprovació d’un document elaborat des del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya sobre el Dret a l’Empadronament a Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet encara no s’hi ha adherit, malgrat que hi ha 37 ajuntaments de Catalunya adherits a data 10 de desembre, inclosos els de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i tres de la comarca del Baix Llobregat. El document elaborat, que s’inclou al final d’aquest text, porta per títol Decàleg per garantir l’empadronament a Catalunya i es basa en l’obligació legal d’empadronar en el seu municipi de residència a totes les persones que viuen a Catalunya.

Un informe que es va fer públic a mitjans de setembre passat, elaborat per les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), revelava que en els municipis que apleguen el 40% de la població de Catalunya, entre els quals i dels quals hi ha constància evident que resideixen al municipi. A l’any 2023 ja s’havia fet una enquesta com la del 2024 amb dades de 37 municipis, però ara s’ha vist que en sis d’aquests municipis, la situació ha empitjorat respecte del 2023. Entre aquests sis municipis està l’Hospitalet de Llobregat. Dels 37 municipis analitzats, en 10, el temps de resolució dels expedients d’empadronament supera els tres mesos que son preceptius. Un d’aquests 10 municipis torna a ser l’Hospitalet de Llobregat.

Entre les traves més habituals que denuncia l’ECAS hi ha la dificultat per aconseguir cita, la reiteració en no empadronar a persones que viuen en habitatges precaris, allà on s’observen moltes persones en una sola residència i en molts casos l’arbitrarietat o la disparitat de criteris per part dels treballadors de l’administració encarregats del tràmit. Entre els principals motius de denegació del padró s’observen les persones que viuen al carrer i no estan inscrites als serveis socials o a alguna entitat, persones en habitacions rellogades, en habitatges okupats, en situació d’infrahabitatge, provisionals o irregulars com ara vehicles, caravanes, barraques, locals buits, etc. I tot plegat, tenint en compte que, en moltes ocasions, el principal requisit per ser atès a Serveis Socials és justament estar empadronat. La crítica s’estén també a alguns municipis on es demanen comprovacions policials de domicilis, comunicacions d’habitatges okupats al jutjat, esperes de fins a 2 mesos per aconseguir cites prèvies o indicis de discriminació per dificultats idiomàtiques.

Per això, la possibilitat que l’Ajuntament de l’Hospitalet s’adhereixi a un document que ha elaborat la pròpia Generalitat s’observa amb força atenció, fins el punt que el Grup de Treball “Facilitar l’Empadronament” de l’Espai de Ciutadania, té previst demanar a l’Ajuntament que s’hi adhereixi el més aviat possible i està culminat l’elaboració d’un estudi per donar solució a un problema que a la ciutat és més que urgent.

Entre les mesures que el grup ha aprovat en les darreres reunions hi figura l’empadronament d’ofici de totes aquelles criatures matriculades a la ciutat que no ho estiguin i, òbviament, dels seus pares, així com una normativa municipal que garanteixi que tots aquells pisos buits propietat de bancs o caixes que porten dos anys en aquesta situació, puguin ser objecte d’un lloguer social i facilitin, conseqüentment, l’empadronament immediat de les famílies que se’n facin càrrec.

Veure aquí el Decàleg per garantir l’empadronament a Catalunya.