Los grupos municipales de Esquerra Republicana de Catalunya y de L’H-En Comú Podem han vuelto a denunciar lal gobierno municipal del PSC por no convocar la comisión de seguimiento sobre las irregularidades en el Consell Esportiu.

El reglamento de funcionamiento de la comisión establece que se ha de reunir cada mes durante la primera quincena de forma ordinaria.

Tal y como se aprobó de forma unánime por el pleno municipal, en el mes de diciembre, el Ayuntamiento está personado como acusación particular, en la causa abierta en el juzgado numero 2 de l’Hospitalet. Las dos formaciones políticas denuncian que “el abogado contratado por el consistorio ha estado presente en las declaraciones de las personas investigadas e imputadas por el Consell Esportiu sin que “se nos haya informado a las diferentes fuerzas políticas”

.Han recordado ambas organizaciones que si el Ayuntamiento se presenta es para defender los intereses de la ciudad y no los del gobierno municipal del PSC.

Hay que recordar que el pasado 1 de abril ya forzaron una convocatoria extraordinaria de la comisión ya que el PSC se negó a incluir las comparecencias de los implicados entre ellos de la propia alcaldesa, Núria Marín, y también del concejal que denunció las irregularidades, Jaume Graells y también de Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde y primer secretario del PSC en l’Hospitalet y Cris Plaza, ex concejal de Deportes. Estas comparecencias finalmente fueron rechazadas en bloque por socialistas con el apoyo de Ciudadanos.

Antoni García, de ERC, ha manifestado que “Núria Marín lo único que hace es poner palos a las ruedas a la comisión, y esconde información, y tampoco depura responsabilidades políticas”, algo que están pidiendo ambas organizaciones.

Anna González, por su parte, ha denunciado igualmente los hechos como el representante de ERC y ha asegurado que de forma reiterada el gobierno municipal intenta evitar/huir de la comisión de seguimiento del caso del Consell Esportiu. “Estamos aquí para defender los derechos de los vecinos y vecinas y para hacer frente a cualquier obstáculo que nos ponga el gobierno municipal para luchar contra la corrupción”.

La portavoz de L’H-En Comú Podem ha recordado que su organización es la única que está presentada como acusación popular.

Vecinos de las barriadas de Collblanc y de La Torrassa han salido hoy a la calle reivindicando más espacio para los viandantes. La plataforma, “un altre l’Hosptalet és posible”,  había convocado la manifestación que ha consistido en el corte durante unas dos horas de la carretera de Collblanc entre las calles Llobregat y Martí Juliá como una forma de recuperar la vida cotidiana a las Autopistas Urbanas.

La Carretera de Collblanc es uno de los accesos más importantes de l’Hospitalet y es una conexión de la propia ciudad con el Baix Llobregat por un lado y por otro con Barcelona.

Es una de las calles más transitadas de la ciudad y justo en los puntos donde se ha producido el corte es uno de los más conflictivos en las horas punta, al producirse un estrechamiento de la calzada y por el numero de vehículos de carga y descarga que aparcan para poder abastecer el gran número de comercios existentes en esa zona.

Según los datos del Ayuntamiento de l’Hosptalet del 2019, las barriadas de Collblanc y La Torrassa (con 55.327 habitantes) son las segundas con más densidad de población de la ciudad con 58.234 hab. por Km2, solo superada por los barrios de La Florida-Les Planes.

Algunos portavoces han denunciado que con esta densidad de población solo existen tres zonas que dan respiro a las barriadas:  Parc de la Marquesa; plaça Espanyola y el Parc de la Torrassa que ahora se ha visto disminuido su espacio por la construcción de un campo de futbol.

“Pedimos al Ayuntamiento que ceda las calles a la ciudadanía”, ha manifestado un miembro de la plataforma ante los concentrados y perteneciente a la plataforma: ”un altre l’Hospitalet és posible”. Ala vista del éxito, estas acciones volverán a repetirse.

El actual consistorio se ha propuesto llegar a los 300.000 habitantes a costa de lo que sea. En la actualidad ya cuenta con 269.382, la cifra más alta de la ciudad.

La Comisión Territorial de Urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona ha aprobado esta semana de forma definitiva la remodelación del sector Rambla del Mig II de l’Hospitalet. El pleno del ayuntamiento de la ciudad lo había hecho en diciembre del 2020.

En este proyecto se prevé la construcción de una ‘supermanzana’ con 765 nuevas viviendas, de las cuales 516 serán a precio de mercado y el resto, 249, de protección oficial o de precio concertado, El Plan permite transformar el antiguo sector industrial de la Rambla del Mig II en una nueva ‘supermanzana’ residencial con equipamientos y espacios verdes.

La zona se sitúa al suroeste de L’Hospitalet, al norte de la Gran Vía, entre la avenida del Carrilet y la Travesía Industrial, Concretamente el proyecto está delimitado por las calles Cobalt, avinguda Pau Casals, la carretera del Mig y la Rambla Marina, con una superficie de 53.079 metros cuadrados de suelo. De los cuales, 7.210 m² será para equipamientos y 9.265 m² para espacios libres. El resto para viviendas. Entre los usos que se admitirán están los de oficinas, comercial, sanitario, deportivo, recreativo, religioso y cultural, residencial y terciario

El Ayuntamiento ha propuesto desarrollar este sector con un concepto de ‘supermanzana’, que reduzca al máximo el tráfico rodado en su interior, por lo que la ordenación vela por garantizar la relación con la ciudad y las calles circundantes; los itinerarios internos de la propia isla y, finalmente, con la nueva zona verde generada.

ERC amenaza con presentar moció de censura en la Diputació donde es presidenta

El caso de presunta corrupción en el Consell Esportiu de l’Hospitalet continúa salpicando a más personas. Esta vez a la primera autoridad de la ciudad a la alcaldesa y presidenta de la Diputació, Núria Marin quien ha declarado durante tres horas ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Su comparecencia ha sido en calidad de investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión de perseguir el delito.

De momento han prestado declaración dos concejales en junio y del secretrario de Esports de la Generalitat el mes pasado. La investigación ha avanzado en los últimos meses y actualmente hay 14 personas más investigadas.

Tras la declaración y en una rueda de prensa, Núria Marín  ha manifestado que no dimitirà “porque no hay motivos” y pedirá declarar voluntariamente a la juez del caso. Ha explicado que ante las preguntas de la Policía decidió responder, sin acogerse al derecho a no declarar.

No tuvo papel pasivo

La alcaldesa desmintió haber tenido un papel pasivo cuando tuvo conocimiento de los hechos y explicó que el pasado mes de febrero el entonces concejal de Educación Jaume Graells le informó de unas presuntas irregularidades dentro de la contabilidad del Consell Esportiu en las que estaban implicados los también concejales Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza.

Núria Marín ha recordado que el Consell Esportiu es una entidad privada y el Ayuntamiento no puede hacer ninguna auditoría por lo que esta fue encargada por el propio Consell a unos auditores independientes.

Está prevista la comparecencia próximamente en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya a petición de ERC y también Els Comuns para que informe sobre estas presuntas irregularidades.

ERC y Comuns piden la dimisión

La reacción de los grupos municipales ha sido enérgica y contundente. Antonio García manifestó a través de un tweet:  “Dimita. Esta situación es del todo insostenible #LHospitalet se merece un ayunamiento limpio y transparente, sin ninguna sombra de corrupción”. ERC ha avisado que presentaría una moción de censura a la Diputació de Barcelona si no lo hacía. Marín ha asegurado que aún no ha hablado con JxCat sobre esta cuestón para mantener su apoyo. 

Ana González dels Comuns: “El mal que se le está haciendo a la ciudad de #LHospitalet y a la institución por el caso de presunta corrupción del #consellesportiu es incalculable. Hoy la alcaldesa sale de declarar investigada y con cargos. Pedimos que por el bien de los vecinos y vecinas @nuriamarinlh diita así como los concejales investigados. Ninguna sombra de corrupción puede manchar nuestra ciudad.

Miguel García de Ciutadans ha manifestado: “Las últimas noticias de casos de presunta corrupción del PSC lo inhabilitan como alternativa de gobierno en Cataluña. Así es la vieja política”.

Desde el PSC han ofrecido toda la colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y han manifestado que es necesario respetar la presunción de inocencia de todos los implicados y reiteran la total confianza en la alcaldesa.

Por Lluís Berbel

_{La Policia Nacional ha citado en calidad de testimonio a la alcaldesa por la trama que salpica a dos concejales de su grupo municipal, según NacióDigital}

La alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, ​​Núria Marín, está citada hoy por la Policía Nacional española en calidad de testigo por el caso Consell Esportiu de l’Hospitalet, según informa NacióDigital. La también presidenta del PSC declara ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía por las presuntas irregularidades que salpican dos concejales del grupo municipal.

La trama del Consell Esportiu estalló en junio con la detención y posterior libertad con cargos del segundo teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Cristian Alcázar, el concejal también socialista Cristóbal Plaza y el director del ente deportivo, Eduard Galí, pero la investigación ha ido avanzando y ya hay 14 personas imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales.

Según afirma NacióDigital y citando fuentes cercanas a la alcaldesa, Marín tiene intención de declarar ante la UDEF, como ya hizo recientemente el secretario general de l’Esport, Gerard Figueras. Marín ha afirmado siempre que colaborará con la justicia para esclarecer el caso. También ha manifestado su intención de asistir el Parlamento para dar explicaciones, después de que la cámara catalana se lo reclamara a petición de ERC. Sin embargo, hasta ahora ha evitado referirse a ella en público y ha justificado que no cesara del gobierno municipal a los dos concejales encausados, a pesar de la presión de la mayoría de la oposición.

“Cuando haya algún indicio, se tomarán las decisiones necesarias”, ha defendido Marín, que también ha justificado que el Ayuntamiento no se haya personado como acusación particular, aconsejada por los servicios jurídicos. Cuando estalló el caso, la alcaldesa remitió la documentación que tenía en el juzgado, pero el concejal del PSC que le denunció, Jaume Graells -el único que ha abandonado el equipo de gobierno- asegura que le ofreció pruebas de las irregularidades el 4 de febrero que ella declinó recoger.

El núcleo de la investigación, tal como reveló NacióDigital, apunta a una trama en la que el Cosell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. En concreto, el organismo registraría anualmente documentación falsificada al Consell Català de l’Esport -dependiente de la Generalitat- relativa a asambleas que no habrían tenido lugar y con información contable diferente a la entregada realmente a las entidades integrantes del ente y al Ajuntament.

Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y debido a que la Generalitat se le reconocería año tras año unos ingresos y gastos cerca de medio millón superiores a los que se notifica a las entidades del Consell Esportiu. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, una versión que se ha podido contrastar con fuentes de la entidad.

Y es que el Consell Català de l’Esport, además de recibir la información, no la verifica, ya que los consejos deportivos son formalmente entidades privadas sin ánimo de lucro, si bien, en el caso del de l’Hospitalet de Llobregat, recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas -sobre todo, de l¡Ajuntament y, en menor medida, de la Generalitat-. Seis de los doce miembros de su comisión directiva, además, son designados por el gobierno municipal, incluyendo el concejal de Deportes, que actuará de presidente. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.

La documentación entregada a la Generalitat con las cifras supuestamente reales de contabilidad de 2018 iba firmada en todas las páginas para Cristian Alcázar, pero también por el entonces secretario del Consell Esportiu. Al final del informe, firman igualmente la verificación contable del ejercicio tres interventores elegidos por el ente en la anterior asamblea de entre los representantes de las entidades que lo conforman. Estos miembros del Consejo Deportivo han sido también posteriormente imputados durante la investigación, según informa NacióDigital.

Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? NacióDigital manifiesta que según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consejo Deportivo, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.

Esta caja B se nutriría de pagos en metálico de las entidades deportivas y escolares integrantes del ente y también de efectivo retirado de la cuenta corriente, “siempre en fracciones de 3.000 euros”, según declara una testigo a la UDEF. El cuerpo policial, de hecho, intervino cerca de 3.000 euros en el despacho de Galí, lo que “coincide con las manifestaciones realizadas por los denunciantes respecto la existencia de una caja interna”, según ha podido saber NacióDigital del atestado.

Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes, según informa NacióDigital.

Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otros colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Según confirma NacióDigital, entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.

Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en L’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.

Apunta NacióDigital que Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hace concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente, según informa NacióDigital.

La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcalde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno -pero se mantiene de concejal-, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía del Ayuntamiento en 2019, y Galí eran directores.
Cristóbal Plaza també estaria sent investigat per haver-se arreglat l’acomiadament com a director del Consell Esportiu, el gener de 2017, després de 16 anys al càrrec, per cobrar una indemnització d’uns 47.000 euros. Són uns ingressos que no hauria hagut de cobrar si hagués deixat la feina per voluntat pròpia, però el cert és que, sis mesos que la majoria del PSC a la comissió directiva l’acomiadés, el partit el va fitxar com a assessor i el va fer regidor dos anys més tard. Ell havia afirmat públicament que deixava el càrrec i, si es confirmés que l’acomiadament formal va estar arreglat, s’hauria pogut incórrer en fraus a la Hisenda estatal i a la seguretat social, a més d’adjudicar-se quasi 50.000 euros il·lícitament.

Por Lluís Berbel

_{6 de diciembre, 2020}

Las entidades adheridas al movimiento ciudadano SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet piden una moratoria de dos años para toda obra o proyecto urbanístico de vivienda o industrial, en terrenos de uso agrícola o forestal, o que puedan afectar a zonas ecológicas reconocidas. Esta reclamación es como consecuencia de las diferentes sentencias de los tribunales en la que han puesto en cuestión los Planes Urbanísticos en distintas poblaciones de la comarca. Y piden al Àrea Metropolitana de Barcelona que se replantee los objetivos y el alcance del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM).

La última fue conocida el pasado viernes, en el que el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho el  Plan Director Urbanístico (PDU) de ámbitos de actividad económica del Delta del Llobregat, que afectaba a los miunicipios de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Esta se une a las dos sentencias que ese mismo tribunal sentenció contra el PDU de l’Hospitalet de Llobregat.

“Las tres últimas sentencias han dado la razón a las voces que desde hace tiempo están poniendo en el punto de mira la ofensiva de la especulación urbanística en el Baix Llobregat”, dice SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat en un comunicado. Después de la crisis económica del 2008, nuevos proyectos urbanísticos han sido aprobados o se están redactando sin que “se hubiera aprendido la lección que precisamente una de las culpables de la crisis en ese año fue provocado por la economía basada en el crecimiento urbanístico”, añaden.

La moratoria solicitada por SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet debería de permitir un amplio proceso participativo por toda la ciudadanía y decidir un nuevo modelo urbanístico.  El actual territorio que ocupa toda la comarca ya está muy construido y comienza a encontrarse con algunos obstáculos físicos (ríos, rieras, zonas con fuertes pendientes y otros son la conciencia ecológica de la población que vive en estos territorios.  Sobre todo por el poco espacio natural que queda en la comarca para tener una vida plena. Los futuros PDU deberían incorporar criterios ecológicos sensibles a la ocupación de los espacios libres de edificación.

Por Lluís Berbel

_{30 de noviembre, 2020}

La Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat reformularán el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia para adaptarlo a las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo declaró nulo de pleno derecho.

Este es el acuerdo al que han llegado Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, y Núria Marín, alcaldesa de la ciudad, en una reunión mantenida esta mañana en la sede del Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet.

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión, el conseller y la alcaldesa han anunciado la presentación de los recursos de casación y la redacción de un nuevo PDU y adaptarlo a las objeciones hechas por el tribunal en paralelo.

Núria Marín ha afirmado que “se trata del proyecto de reactivación económica y social más importante en marcha en estos momentos en Catalunya con una previsión de creación de 20.000 puestos de trabajo alrededor del sector de la biomedicina”, ”La actual crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia del sector biosanitario y no podemos renunciar a tener en esta zona de l’Hospitalet el clúster biosanitario más importante del sur de Europa”.

“Probablemente para nosotros era tan obvio el interés de país de este proyecto que a lo mejor no dedicamos todos la fuerza a la hora de ponerlo por escrito. No sé si fue un error o un exceso de confianza. En todo caso, ahora sí que reformularemos y justificaremos el interés no solo para la ciudad, el AMB o la provincia de Barcelona, sino para toda Catalunya”, ha insistido la alcaldesa.

Por su parte, Damià Calvet ha dicho que “acatamos las sentencias, pero no las compartimos” y considera que hacen referencia a “temas menores y reparables”. “A partir de ahora” —continuó— , “empezaremos a trabajar para resolver estos problemas de competencias y reforzar el hecho de que estamos ante un proyecto que va más allá del ámbito municipal y metropolitano: es un proyecto de país”.

Con respecto al tema de las zonas verdes, la alcaldesa ha explicado que “se están cuestionando 20.000 m2, menos del 5%, cuando el conjunto de zona verde a todo el ámbito es de 514.000 m2. El proyecto multiplica por diez el número de metros cuadrados de zona verde a que estamos obligados por ley”.

En el transfondo del asunto existen la construcción de una treintena de rascacielos (de lo cual no han hablado ninguna de las dos autoridades) y la desaparición de la última zona agrícola de l’Hospitalet. Una de las ciudades con mayor concentración de población de Europa.

Según ambos responsables, estos trámites pueden provocar una demora de un año, tal y como aseguró l’Estaca con información procedente de fuentes judiciales. Hay que recordar que las obras estaban previsto que arrancaran en 2021.

La sección tercera de la sala contencioso-adminitrativa del TSJC ha tumbado dos veces el Plan, que planea el soterramiento de una parte de la Granvia, la instalación de un clúster biomédico o la creación de un gran parque urbano en la zona de Can Trabal, por motivos de competencias y por considerar que la ubicación de las zonas verdes contraviene la legislación actual.

En concreto, las sentencias señalan que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y no el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, era el organismo competente para aprobar el PDU y que el texto del Plan “no contiene ninguna indicación rigurosa, susceptible de justificar la competencia plena” de la conselleria.

Con la reformulación del PDU, se tendrán que repetir trámites como el de exposición pública o la presentación de alegaciones, un proceso en el que Marín ha asegurado que tratarán de lograr el máximo de participación y de consenso posible.

Por Lluís Berbel