_{20 de diciembre, 2020}

El CE L’Hospitalet de Llobregat ha hecho una primera vuelta de ensueño que los mantiene en los puestos de la promoción de ascenso

El camino aún es largo pero los de Risueño se mantienen como uno de los favoritos para ascender a la segunda división española. En la tarde de hoy, el equipo de la ciudad del Llobregat tiene la posibilidad de proclamarse campeones de invierno, si vencen al FC Andorra quién será el último equipo por enfrentar en este 2020 tan atípico.

Con 13 goles a favor en nueve jornadas, el equipo se sitúa en el top3 de los equipos más goleadores solo siendo superado por el Gimnastic Tarragona y Lleida Esportiu con 17 y 14 goles respectivamente. La zona defensiva sigue siendo uno de los puntos débiles al recibir hasta el momento 12 goles en contra, una media de más de un gol por partido.

El debut en liga no fue el esperado para los recién ascendidos al perder por la mínima diferencia contra Badalona. En las siguientes jornadas con un Manuel Salinas ‘on fire’ y teniendo a Adria Aliaga como una muralla en la portería, se cosecho 3 victorias, 1 empate y 1 una derrota situándolos en los puestos de play-off para el ascenso. Dos de eso triunfos provinieron al vencer a los filiales del Barcelona y Espanyol.

Lamentablemente, en un encuentro que tenía la pinta de ser un duelo parejo por como venían los 2 equipos acabo siendo una decepción para los de Llobregat al ser vapuleados por 5-0 por el Gimnastic y causando la sensación que a nivel defensivo aún hay cosas por mejorar. Hubo un lavado de cara para los comandados por Jonathan Risueño al conseguir dos victorias consecutivas contra UE Olot y AE Prat.

Es así como el equipo más representativo de la ciudad intentará ir por la regularidad que ha mantenido en esta mitad de temporada cuando enfrente al Andorra de Víctor Casadesus y Adria Vilanova para poder seguir en vilo en los puestos de ascenso como también poder proclamarse como campeones de invierno de su grupo.

Por Carlos Angola Mannucci

_{18 de diciembre, 2020}

El histórico militante de l’Hospitalet, Richard Burton, que reside en Londres desde hace unos años y que es el secretario general de la agrupación del PSOE en la capital británica, ha sido propuesto por la secretaria general del PSOE Europa, Isabel Báez Lechuga, para que la Comisión de Listas del PSC lo incluya como candidato a las próximas elecciones al Parlament de Catalunya. La propuesta tiene que ver con el prestigio y la incidencia que tanto Burton como el secretario general de la agrupación socialista de Luxemburgo, el también catalán Ramiro Muñoz, tienen entre los respectivos colectivos de emigrados catalanes en ambas capitales europeas.

Junto a esta recomendación, la secretaria general del PSOE Europa propone que este colectivo socialista europeo pueda participar en la elaboración del programa electoral y en la campaña electoral a través de los actos presenciales u on line que se organicen, y se muestra dispuesta ella misma a participar por ser también catalana.

Richard Burton, que fue secretario general de las juventudes socialistas de l’Hospitalet en los años 80 y que ha participado en la dirección de los socialistas de l’Hospitalet en diversas ocasiones, es ahora el secretario general del PSOE en el Reino Unido e Irlanda y secretario de Ciudadanía Exterior del PSOE Europa. Su nombre sonó también en el año 2018 para incorporarse a las listas municipales de l’Hospitalet aunque al final, los compromisos de quienes elaboraban aquellas listas, lo dejaron fuera de los puestos de salida. Burton mantiene fuertes contactos con la organización local del PSC y participa activamente de sus actividades cuando los numerosos compromisos europeos se lo permiten.

Redacción.

ERC pedirá, en el próximo pleno, una comisión de investigación

El juzgado número 2 de l’Hospitalet ha admitido a la organización En Comú Podem de la ciudad como acusación particular en el litigio abierto por la gestión en el Consell Esportiu  donde hay cerca de una quincena de personas que han prestado declaración.  De momento ya se ha cobrado una víctima con la dimisión el pasado sábado de Cristóbal (Cris) Plaza, uno de los dos concejales encausados por una presunta malversación de fondos, falsedad documental, desviación de subvenciones públicas y blanqueo de capitales.

Hay que recordar que por parte de Els Comuns y Esquerra Republicana de Catalunya ya presentaron una moción al pleno municipal en el mes de junio para que se constituyera una comisión de investigación y también para que el ayuntamiento se presentara como acusación pública en defensa de los intereses de la ciudadanía. En aquel momento, la votación se perdió al abstenerse el grupo municipal de Ciutadans.

ERC de Catalunya ya ha anunciado que en el pleno que se celebrará el próximo dia 23 volverá a solicitar lo mismo. Asi lo ha reflejado en un twit Antonio García, portavoz del grupo: @nuriamarinlh exigim explicacions, crear comissió d’investigació i @LHAjuntamentes personi com acusació particular.

Marín formaliza ante la juez su intención de declarar

Mientras tanto, la alcaldesa, Nuria Marín, ya ha formalizado delante del juzgado su intención de declarar voluntariamente en la causa abierta en el caso del Consell Esportiu raíz de una investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policia Nacional.

Núria Marín no ha querido dimitir como alcaldesa ni como presidenta de la Diputación de Barcelona, defendiendo su inocencia ante el caso de presunta corrupción en el Consell Esportiu. Pero sí que ha puesto sus cargos orgánicos a disposición del partido. Sin ir más lejos, la alcaldesa de L’Hospistalet forma parte de la ejecutiva del PSOE como vocal. Pero Ferraz ha optado por cerrar filas con la dirigente socialista, que consideran que con la información que tienen encima de la mesa no ha sido autora de ninguna conducta ilegal. Lo mismo ha pasado con los cargos que tiene al PSC, ni más ni menos que presidenta de la formación.

El relevo del concejal dimitido, tambien habría cobrado en negro

El relleu del regidor dimitit pel cas Consell Esportiu de l’Hospitalet també hauria cobrat en negreEl nuevo concejal que debería entrar en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat en el lugar del dimisionario Cristóbal Plaza también habría cobrado recursos en negro del ente deportivo, según la documentación que analiza la juez. Lo ha avanzado Catalunya Ràdio y la cantidad percibida rondaría los 4.000 euros y habría sido percibida para escribir un libro, haber ofrecido una charla y haber participado en una actividad deportiva.

Quien ahora tendría que coger el acta que dejará Plaza es Álex Porqueras, quien fue número 15 de la lista del PSC en 2019 como independiente vinculado a Libres. Es ya miembro de la comisión directiva del Consell Esportiu como representante de las Federaciones Catalanas Deportivas y, según explica Línea l’H, está vinculado a diferentes entidades deportivas y educativas relacionadas con el Opus Dei, como la escuela Xaloc o el Club Nargó.

Las personas que requieren de los servicios de la Cruz Roja de L’Hospitalet de Llobregat aumentan de 4.000 en 2019 a más de 7.000 entre los meses de marzo y septiembre de 2020. La actuación de la Cruz Roja constata que no solo se trata de una crisis sanitaria, sino también de una crisis social y económica

_{17 de diciembre, 2020}

Uno de los objetivos centrales de la organización recae en dar respuesta y comprometerse con las situaciones de vulnerabilidad. Los datos del 2019 revelan que de las más de 4.000 personas atendidas por Cruz Roja, 3.000 de ellas se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria del 2020, el número de personas en esta situación ha aumentado. Alfons Molons, coordinador local de la Cruz Roja, alerta que “la crisis sanitaria ha comportado una crisis social y económica que se mantendrá después de que la pandemia termine”. 

Los autónomos, las personas en situación laboral precaria y la economía sumergida son los más afectados

Además de las personas usuarias que ya precisaban de la atención de Cruz Roja, tal y como dice Alfons Molons, se han sumado nuevo perfiles de personas usuarias, como autónomos, personas en situación laboral precaria y personas que trabajaban en la economía sumergida, que requieren de las ayudas de la organización a raíz de la crisis del Covid-19. Este hecho es un indicador de la crisis social y económica que acompaña la crisis sanitaria; una crisis que, como indica el coordinador de la entidad, puede extenderse más allá de la pandemia.

Según fuentes de la organización, desde marzo a septiembre Cruz Roja ha atendido a 7.887 personas, un aumento significativo respecto los datos del año 2019 con 4.769 personas asistidas. Asimismo, se han realizado 4.360 llamadas de seguimiento, prevención y sensibilización.

Un nuevo punto de distribución de alimentos desde Tecla Sala

Se han activado programas prioritariamente para cubrir las primeras necesidades. El proyecto más significativo es la cesión de un espacio del Centro de Arte Tecla Sala para habilitar un punto de recogida y distribución de alimentos y material de higiene. El espacio de Tecla Sala ha sido cedido por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, como explica Alfons Molons, “un espacio que garantiza la seguridad de las personas voluntarias, técnicas y usuarias”.

Otro proyecto significativo es la entrega de alimentos y material de higiene a domicilio durante el período de confinamiento a personas mayores o familias monoparentales. Más allá de la entrega, también se ha acompañado a las personas de la tercera edad que viven solas. Entre otras cosas, el acompañamiento ha consistido en facilitar el uso de las nuevas tecnologías para ponerse en contacto con sus familiares.

La situación más extrema de pobreza y exclusión se corresponde con las personas que viven en la calle. En este sentido, y dado que su situación ha sido agravada por la crisis del Covid-19, la ONG ha reforzado las ayudas y el seguimiento hacia este colectivo. Desde mayo hasta septiembre se ha proporcionado un picnic diario a 21 personas sintecho. El programa incluía, además, una ruta semanal donde se facilitaba un seguimiento, información y asesoramiento sobre los recursos disponibles y los servicios a su alcance para ayudar-les en esta situación. La ruta semanal ha permitido atender y hacer el seguimiento de 23 personas.

257 voluntarios movilizados

Con la situación provocada por la crisis sanitaria no solo ha aumentado el número de personas que requieren de las ayudas de la entidad, sino también, como valora Alfons Molons, ha aumentado el número de personas voluntarias y de las aportaciones y donaciones económicas tanto de particulares como de grandes y pequeñas empresas.

Es importante destacar el aumento de las personas voluntarias de L’Hospitalet de Llobregat en la situación excepcional ocasionada por el Covid-19. Sin estas aportaciones, a nivel de tiempo y recursos, no se podría haber llegado a todas las personas que precisaban de ayuda.

Los programas que desarrolla la Cruz Roja responden al compromiso con la transformación social, la utilidad pública, y los valores de la humanidad y la dignidad.

Por Carme Palacios

Varias entidades de la sociedad organizada de L’Hospitalet están dando refuerzo a la administración pública por tal de atender todas las necesidades de los ciudadanos

_{13 de diciembre, 2020}

La pandemia por el covid-19 no solo está comportando una crisis sanitaria. Muchas familias también están sufriendo un gran impacto económico y la brecha salarial cada vez es mayor. El municipio de L’Hospitalet es la segunda ciudad de Catalunya con una menor renta neta por cápita —de 10.987 euros al mes—, solo por detrás de Santa Coloma de Gramenet. Es por este motivo que muchos de sus habitantes se encuentran actualmente en la cuerda flojay recurren al apoyo de las administraciones públicas para obtener una respuesta.

Sin embargo, en caso de los servicios básicos,estos están totalmente colapsados. No solamente los que conciernen a la educación y la salud, sino que también los servicios sociales están teniendo muchas dificultades para ofrecer una respuesta rápida a los habitantes del municipio. Actualmente, aunque ya están abiertas sus oficinas y sigue disponible una la línea de atención telefónica, todavía hay vecinos que no encuentran una respuesta y se sienten desamparados.

Ante esta dificultad, varias entidades de L’Espai de Ciutadania han tenido que tomar las riendas y trabajar codo con codo con los servicios sociales para agilizar los trámites y la atención ciudadana. Las entidades de la sociedad organizada siguen siendo, en la mayoría de las ocasiones, el respaldo principal de los habitantes de L’Hospitalet.

El papel esencial y las propuestas del Síndic de Greuges 

Este es el caso del Síndic de Greuges de la ciudad, desde el cual valoran positivamente el trabajo realizado por el ayuntamiento durante el confinamiento a raíz del covid-19 y el aumento de demandas, pero no dejan de insistir en que todavía quedan personas fuera del circuito. “Durante la pandemia mucha gente se dirigió a nosotros. Pudimos trabajar muy bien con los servicios sociales, derivándoles casos y haciendo intermediación. De golpe muchas personas quedaron desorientadas, muchas de ellas en paro, con algún familiar en alguna residencia y demás”, explica Merche García, Síndica de L’Hospitalet de Llobregat, quien además durante la primera ola insistió en que se debía establecer una línea directa para la asistencia social. Antes todas las llamadas llegaban al 010 y ellos mismos te derivaban a los servicios sociales (el 70% de los casos). A todo esto, había que añadirle que muchas familias tuvieron grandes dificultades para contactar vía telefónica o mail, debido a que no contaban con conectividad a internet.

Los Síndicos y Defensores Locales endurecen su posición ante la administración

Por otro lado, y para reforzar la actuación de la administración en un futuro y en situaciones similares a la vivida con la pandemia, el conjunto de Síndicos y Defensores Locales de Catalunya ha propuesto un plan con 10 medidas que ellos consideran que se deberían tomar por tal de agilizar los trámites y mejorar la atención por el covid-19. Se trata de unas recomendaciones generales y que no señalan a ningún ayuntamiento en concreto. En ellas se pide que se incrementen los recursos materiales y humanos para poder atender mejor a la ciudadanía, una mejor gestión, comunicación y actuación por parte de los ayuntamientos, la eliminación de las trabas para el empadronamiento y la presencia de los Síndicos de proximidad en todas las ciudades. 

La asociación Joves per la Igualtat i la Solidaritat abre sus puertas de par en par 

Otra de las entidades que ha tenido que dar refuerzo a los servicios sociales ha sido la organización sin ánimo de lucro Joves per la Igualtat i la Solidaritat, que se encarga de llevar a cabo acciones y proyectos socioeducativos y de inserción laboral para la transformación social. Esta entidad, situada en el barrio de La Torrassa, abrió de nuevo sus oficinas municipales en septiembre. “La persiana de los servicios sociales que daba a la calle estaba cerrada. Nuestras oficinas estan al lado de la misma puerta y la gente nos consultaban todo el tiempo. Nos explicaban que llamaban a servicios sociales y que la centralita les dejaba en espera mucho rato. Les contestaban que les llamarían y no lo hacían. Estaban desesperados”, cuenta Toñi Mercader representante de la asociación. “Los temas de alimentos y vivienda nosotros no los podíamos resolver. Les decíamos que podían hacer una reclamación con una instancia del ayuntamiento y que la llevasen al registro más cercano. También les derivamos a otros servicios como Síndica de Greuges, la Asociación de Vecinos, la Cruz Roja o Cáritas”, añade.

El rol fundamental de Cáritas 

En el caso de Cáritas, desde la asociación también han tratado de ayudar todos estos meses en mayor medida a las personas que habitan en pisos de re-alquiler, a las familias cuyos infantes están teniendo dificultades para seguir las clases de manera online, a quienes sufren problemas de salud mental, a personas mayores en situaciones de soledad no deseada etc. “La pandemia solamente ha hecho aflorar lo que ya había, con más intensidad y volumen”, fueron las palabras la portavoz de Cáritas de L’Hospitalet, María Moreu, en el cuarto debate de la Factoría de Ideas de FIC sobre Pandemias y Urbanismo. Para paliar esta situación y agilizar algunos trámites en los servicios sociales, desde Cáritas insisten en la necesidad de poder empadronarse teniendo criterio de residencia y no con una hoja que justifique donde vives, hacer el recuento de personas sin hogar, un aumento de presupuesto en los servicios sociales y más personal dentro de su plantilla de trabajadores, entre otras propuestas.  

Un Pacto de Ciudad en marcha

Por último, cabe recalcar que 34.000 personas de la ciudad están en paro o afectadas por un ERTO y los servicios sociales han atendido desde el inicio de la pandemia un 43% más de personas que el año pasado durante este periodo. Es por ello, y para reducir las consecuencias del covid-19, que la alcaldesa Núria Marín, portavoces de los grupos municipales, y representantes de entidades y agentes sociales y económicos de la ciudad presentaron en noviembre un Pacto de Ciudad con un presupuesto de10 millones de euros para 2021. En el ámbito urbano se apuesta por favorecer nuevas formas de movilidad sostenible. En el aspecto social, por construir infraestructuras comunitarias —educación, cultura, deportes— y garantizar el acceso a los servicios y los derechos de la gente grande. En cuanto a la economía, se quiere impulsar la ocupación en sectores estratégicos, reforzar el estado del bienestar y explorar la economía circular. 

Por Lara Ballesteros

La crisis profunda que vive el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en l’Hospitalet, por el escándalo en el Consell Esportiu, se ha cobrado la primera víctima. Cristóbal (Cris) Plaza ha presentado su dimisión como concejal en el Ayuntamiento. Todo ello sucede días después que la alcaldesa Nuria Marín fuera a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional

En una escueta nota de prensa, emitida desde el departamento del Ayuntamiento de la ciudad, se informa que. “Cris Plaza ha presentado a la alcaldesa, Núria Narín, su renuncia como concejal del l’Ajuntament de L’Hospitalet. Plaza quiere de esta manera facilitar la investigación judicial sobre la entidad privada Consell Esportiu”.

Cristóbal Plaza estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia. Lo cierto es que, seis meses después de ser despedido el PSC lo fichó como asesor y dos años más tarde lo hace concejal. Si, finalmente, se demuestra que el despido estuvo arreglado se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal y a la Seguridad Social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente.

Este, sin embargo, sería sólo uno de los posibles delitos incluidos en la trama del Consell Esportiu de l’Hospitalet que investiga la UDEF, la que se sustentaría en actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. Y Plaza, durante su etapa como director y, por tanto, de máximo gestor, sería uno de los beneficiarios, según la documentación en posesión de la UDEF, o incluso familiares suyos.

Todo este asunto ya ha salpicado a la propia alcaldesa y a su vez presidenta de la Diputació y el jueves declaró ante la UDEF durante tres horas quien le acusa por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión de perseguir el delito.

Aunque los grupos municipales de En Comú Podem y ERC han pedido su dimisión, Núria Marín manifestó en una rueda de prensa tras la declaración ante la policía que no dimitiría “porque no hay motivos” y pedirá declarar voluntariamente a la juez del caso. Ha explicado que ante las preguntas de la Policía decidió responder, sin acogerse al derecho a no declarar.

La alcaldesa desmintió haber tenido un papel pasivo cuando tuvo conocimiento de los hechos y explicó que, el pasado mes de febrero el entonces concejal de Educación, Jaume Graells, le informó de unas presuntas irregularidades dentro de la contabilidad del Consell Esportiu en las que estaban implicados los también concejales Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza.

Charla sobre violencia de género durante la “Setmana de la Solidaritat”

_{12 de diciembre, 2020}

La irrupción de la pandemia ha llevado a 129.000 mujeres españolas a recurrir a líneas de atención contra la discriminación de género, denunciando el abuso de su propia pareja. Aun así, la emergencia provocada por el Covid no ha significado tanto un aumento de la violencia machista, sino más bien la visibilización de una situación que lleva tiempo sucediendo tras la puerta del domicilio. Estas fueron, entre otras, algunas de las preocupaciones manifestadas el pasado lunes 30 de noviembre, en la charla online contra la violencia de género, que tuvo lugar durante la programación de la Setmana de la Solidaritat. Este fue el último de un conjunto de actos telemáticos celebrados por la organización, que impulsa en l’Hospitalet l’Espai de Ciutadania. Con el título “No deixarem que el maltractament es confini a casa”, la periodista Montse Santolino y la activista Beatriz Cantero de Mujeres Pa’lante dieron voz al acto, dirigido a sensibilizar a la población acerca de la violencia sufrida por muchas mujeres durante los meses de confinamiento.

Este año han sido 41 las mujeres asesinadas por violencia machista. La crisis social derivada de la emergencia sanitaria, junto a la crisis económica y las restricciones de contacto con el exterior han supuesto una combinación clave ante la violencia de género, según recordó Montse Santolino. Aunque las denuncias no han crecido, ha habido un aumento del 60% en llamadas realizadas a líneas de atención, especialmente entre los meses de marzo y abril. En estas, la mayoría de mujeres declaraban sufrir violencia psicológica, y hasta un 40% testificaba la violencia física. Aun así, ha sido por el incremento de contactos vía online (es decir, a través de redes sociales y mail) donde se ha constatado la gravedad de esta situación. Asimismo, cabe mencionar la especial vulnerabilidad de las mujeres migradas, gran parte de las cuales se dedica al sector doméstico y de los cuidados, y que han sufrido una violencia mayor durante los meses de pandemia. 

La activista Beatriz Cantero, que es además bioquímica y especialista en diferentes temas sobre género y ciencia, recordó que “la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado”, si no que “se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad en la sociedad”. Por tanto, es importante conocer que la opresión de la que se habla no es un sinónimo de violencia directa: se trata de una estructura transversal de violencia implícita, que no solamente abraza el ámbito de la  pareja, sino también el institucional, el laboral y el comunitario. Las condiciones de nacer con sexo femenino o masculino son determinantes, porque es a partir de estas donde se asignan (de manera predeterminada) los roles de género, constituyendo una estructura de opresión. Es así como se han formado sesgos en la percepción del género, que suponen una inclinación de predilección errónea hacia el género femenino en este caso. A modo de ejemplo, la visión androcéntrica que existe sobre la población, significa que las categorías y los conceptos de estudio aplicados en la sociedad no tengan perspectiva de género, de modo que se favorece el uso de contenidos sexistas en estudios de población, así como la ausencia de mecanismos legales que puedan proteger a la mujer. El resultado es un sistema de vasta desigualdad, que va desde el ámbito de la salud, donde se mide erróneamente el impacto de las enfermedades en función del género, hasta la normalización de expresiones sexistas, como el hecho preguntar a una mujer si trabaja por aburrimiento o por necesidad.

En relación a esto, la ponente Bea Cantero manifestó que existen buenos profesionales en la materia, pero que el sistema actual carece de una regulación pertinente y que dé una respuesta efectiva al problema. Además, la activista sostuvo que la actual Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pese a ser pionera en España, no es completamente resolutiva, puesto que solo analiza la violencia en el espectro de la relación sentimental. De este modo, se obvian las demás áreas y situaciones donde entra en juego la discriminación de género, como es el acoso callejero, así como también los actos que atañen a las formas invisibles de violencia, entre los que se encuentra el humor y el lenguaje sexista y los micromachismos. 

En cuanto a la violencia de género en el ámbito de la pareja, que ha sido la más denunciada durante los meses de confinamiento domiciliario, Bea Cantero expuso la necesidad de remitirse a las causas primarias, que radican en una idea del amor romántico y utópico. Esta idea, culturalmente muy extendida, se basa en una educación errada en materia interpersonal, donde se muestran concepciones irreales de relaciones sentimentales y se promueven mitos como el de pensar que el amor verdadero duele. De esta forma, se fomentan relaciones donde hay un carácter de dominación y de dependencia grandes, suscitando la violencia psicológica. Esto puede ser realmente peligroso para una mujer, puesto que resulta difícil de ver a simple vista, y por ende, también de erradicar. De acuerdo a un estudio de psicología social realizado en la Universidad de Barcelona, es difícil para las mujeres maltratadas interrumpir sus relaciones, porque deben percibir que tienen los medios y el apoyo social e institucional necesarios para dar el paso, por lo que se tarda un promedio de 5 años en pedir ayuda. 

Es por esto que las relaciones deberían basarse en una ética de cuidados, donde haya una interdependencia de afecto y donde las diferencias sirvan para enriquecerse, y no para someter. Aunque hoy en día está más aceptada la idea de la igualdad y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de pareja, sobre todo entre las mujeres más jóvenes, sigue siendo necesario replantear este modelo de relación y construir un pacto más igualitario, según afirmó la ponente. Es sustancial que desde el exterior se den respuestas comunitarias y de solidarización ante los casos de violencia. Desde la asociación de mujeres migradas Mujeres Pa’lante, que forma parte de una plataforma unitaria contra las violencias de género en Cataluña, se realizan cursos de prevención y acompañamiento contra estas violencias.

Por otra parte, Bea Cantero hizo hincapié en la especial situación de las mujeres migrantes, muchas de las cuales además se ven afectadas por la violencia institucional, ya que el sistema no proporciona ninguna ayuda a las situaciones de emergencia que muchas viven. La Ley de Extranjería, que limita los recursos estatales para personas migrantes no consideradas ciudadanas, o los centros de internamiento para extranjeros, donde se da el abuso sexual y físico sin restricción, son ejemplos de ello. Paralelamente, es necesario terminar con el mito de que la violencia de género ocurre más entre personas migrantes. Los últimos datos señalan que hasta el 40% de denuncias por violencia machista provienen de parejas mixtas, en las que la víctima es migrante, mientras el agresor es de nacionalidad española.

Por Patti Elias

ERC amenaza con presentar moció de censura en la Diputació donde es presidenta

El caso de presunta corrupción en el Consell Esportiu de l’Hospitalet continúa salpicando a más personas. Esta vez a la primera autoridad de la ciudad a la alcaldesa y presidenta de la Diputació, Núria Marin quien ha declarado durante tres horas ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Su comparecencia ha sido en calidad de investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión de perseguir el delito.

De momento han prestado declaración dos concejales en junio y del secretrario de Esports de la Generalitat el mes pasado. La investigación ha avanzado en los últimos meses y actualmente hay 14 personas más investigadas.

Tras la declaración y en una rueda de prensa, Núria Marín  ha manifestado que no dimitirà “porque no hay motivos” y pedirá declarar voluntariamente a la juez del caso. Ha explicado que ante las preguntas de la Policía decidió responder, sin acogerse al derecho a no declarar.

No tuvo papel pasivo

La alcaldesa desmintió haber tenido un papel pasivo cuando tuvo conocimiento de los hechos y explicó que el pasado mes de febrero el entonces concejal de Educación Jaume Graells le informó de unas presuntas irregularidades dentro de la contabilidad del Consell Esportiu en las que estaban implicados los también concejales Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza.

Núria Marín ha recordado que el Consell Esportiu es una entidad privada y el Ayuntamiento no puede hacer ninguna auditoría por lo que esta fue encargada por el propio Consell a unos auditores independientes.

Está prevista la comparecencia próximamente en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya a petición de ERC y también Els Comuns para que informe sobre estas presuntas irregularidades.

ERC y Comuns piden la dimisión

La reacción de los grupos municipales ha sido enérgica y contundente. Antonio García manifestó a través de un tweet:  “Dimita. Esta situación es del todo insostenible #LHospitalet se merece un ayunamiento limpio y transparente, sin ninguna sombra de corrupción”. ERC ha avisado que presentaría una moción de censura a la Diputació de Barcelona si no lo hacía. Marín ha asegurado que aún no ha hablado con JxCat sobre esta cuestón para mantener su apoyo. 

Ana González dels Comuns: “El mal que se le está haciendo a la ciudad de #LHospitalet y a la institución por el caso de presunta corrupción del #consellesportiu es incalculable. Hoy la alcaldesa sale de declarar investigada y con cargos. Pedimos que por el bien de los vecinos y vecinas @nuriamarinlh diita así como los concejales investigados. Ninguna sombra de corrupción puede manchar nuestra ciudad.

Miguel García de Ciutadans ha manifestado: “Las últimas noticias de casos de presunta corrupción del PSC lo inhabilitan como alternativa de gobierno en Cataluña. Así es la vieja política”.

Desde el PSC han ofrecido toda la colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y han manifestado que es necesario respetar la presunción de inocencia de todos los implicados y reiteran la total confianza en la alcaldesa.

Por Lluís Berbel

_{La Policia Nacional ha citado en calidad de testimonio a la alcaldesa por la trama que salpica a dos concejales de su grupo municipal, según NacióDigital}

La alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, ​​Núria Marín, está citada hoy por la Policía Nacional española en calidad de testigo por el caso Consell Esportiu de l’Hospitalet, según informa NacióDigital. La también presidenta del PSC declara ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía por las presuntas irregularidades que salpican dos concejales del grupo municipal.

La trama del Consell Esportiu estalló en junio con la detención y posterior libertad con cargos del segundo teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Cristian Alcázar, el concejal también socialista Cristóbal Plaza y el director del ente deportivo, Eduard Galí, pero la investigación ha ido avanzando y ya hay 14 personas imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales.

Según afirma NacióDigital y citando fuentes cercanas a la alcaldesa, Marín tiene intención de declarar ante la UDEF, como ya hizo recientemente el secretario general de l’Esport, Gerard Figueras. Marín ha afirmado siempre que colaborará con la justicia para esclarecer el caso. También ha manifestado su intención de asistir el Parlamento para dar explicaciones, después de que la cámara catalana se lo reclamara a petición de ERC. Sin embargo, hasta ahora ha evitado referirse a ella en público y ha justificado que no cesara del gobierno municipal a los dos concejales encausados, a pesar de la presión de la mayoría de la oposición.

“Cuando haya algún indicio, se tomarán las decisiones necesarias”, ha defendido Marín, que también ha justificado que el Ayuntamiento no se haya personado como acusación particular, aconsejada por los servicios jurídicos. Cuando estalló el caso, la alcaldesa remitió la documentación que tenía en el juzgado, pero el concejal del PSC que le denunció, Jaume Graells -el único que ha abandonado el equipo de gobierno- asegura que le ofreció pruebas de las irregularidades el 4 de febrero que ella declinó recoger.

El núcleo de la investigación, tal como reveló NacióDigital, apunta a una trama en la que el Cosell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. En concreto, el organismo registraría anualmente documentación falsificada al Consell Català de l’Esport -dependiente de la Generalitat- relativa a asambleas que no habrían tenido lugar y con información contable diferente a la entregada realmente a las entidades integrantes del ente y al Ajuntament.

Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y debido a que la Generalitat se le reconocería año tras año unos ingresos y gastos cerca de medio millón superiores a los que se notifica a las entidades del Consell Esportiu. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, una versión que se ha podido contrastar con fuentes de la entidad.

Y es que el Consell Català de l’Esport, además de recibir la información, no la verifica, ya que los consejos deportivos son formalmente entidades privadas sin ánimo de lucro, si bien, en el caso del de l’Hospitalet de Llobregat, recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas -sobre todo, de l¡Ajuntament y, en menor medida, de la Generalitat-. Seis de los doce miembros de su comisión directiva, además, son designados por el gobierno municipal, incluyendo el concejal de Deportes, que actuará de presidente. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.

La documentación entregada a la Generalitat con las cifras supuestamente reales de contabilidad de 2018 iba firmada en todas las páginas para Cristian Alcázar, pero también por el entonces secretario del Consell Esportiu. Al final del informe, firman igualmente la verificación contable del ejercicio tres interventores elegidos por el ente en la anterior asamblea de entre los representantes de las entidades que lo conforman. Estos miembros del Consejo Deportivo han sido también posteriormente imputados durante la investigación, según informa NacióDigital.

Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? NacióDigital manifiesta que según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consejo Deportivo, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.

Esta caja B se nutriría de pagos en metálico de las entidades deportivas y escolares integrantes del ente y también de efectivo retirado de la cuenta corriente, “siempre en fracciones de 3.000 euros”, según declara una testigo a la UDEF. El cuerpo policial, de hecho, intervino cerca de 3.000 euros en el despacho de Galí, lo que “coincide con las manifestaciones realizadas por los denunciantes respecto la existencia de una caja interna”, según ha podido saber NacióDigital del atestado.

Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes, según informa NacióDigital.

Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otros colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Según confirma NacióDigital, entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.

Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en L’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.

Apunta NacióDigital que Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hace concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente, según informa NacióDigital.

La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcalde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno -pero se mantiene de concejal-, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía del Ayuntamiento en 2019, y Galí eran directores.
Cristóbal Plaza també estaria sent investigat per haver-se arreglat l’acomiadament com a director del Consell Esportiu, el gener de 2017, després de 16 anys al càrrec, per cobrar una indemnització d’uns 47.000 euros. Són uns ingressos que no hauria hagut de cobrar si hagués deixat la feina per voluntat pròpia, però el cert és que, sis mesos que la majoria del PSC a la comissió directiva l’acomiadés, el partit el va fitxar com a assessor i el va fer regidor dos anys més tard. Ell havia afirmat públicament que deixava el càrrec i, si es confirmés que l’acomiadament formal va estar arreglat, s’hauria pogut incórrer en fraus a la Hisenda estatal i a la seguretat social, a més d’adjudicar-se quasi 50.000 euros il·lícitament.

Por Lluís Berbel

_{6 de diciembre, 2020}

Las entidades adheridas al movimiento ciudadano SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet piden una moratoria de dos años para toda obra o proyecto urbanístico de vivienda o industrial, en terrenos de uso agrícola o forestal, o que puedan afectar a zonas ecológicas reconocidas. Esta reclamación es como consecuencia de las diferentes sentencias de los tribunales en la que han puesto en cuestión los Planes Urbanísticos en distintas poblaciones de la comarca. Y piden al Àrea Metropolitana de Barcelona que se replantee los objetivos y el alcance del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM).

La última fue conocida el pasado viernes, en el que el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho el  Plan Director Urbanístico (PDU) de ámbitos de actividad económica del Delta del Llobregat, que afectaba a los miunicipios de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Esta se une a las dos sentencias que ese mismo tribunal sentenció contra el PDU de l’Hospitalet de Llobregat.

“Las tres últimas sentencias han dado la razón a las voces que desde hace tiempo están poniendo en el punto de mira la ofensiva de la especulación urbanística en el Baix Llobregat”, dice SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat en un comunicado. Después de la crisis económica del 2008, nuevos proyectos urbanísticos han sido aprobados o se están redactando sin que “se hubiera aprendido la lección que precisamente una de las culpables de la crisis en ese año fue provocado por la economía basada en el crecimiento urbanístico”, añaden.

La moratoria solicitada por SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet debería de permitir un amplio proceso participativo por toda la ciudadanía y decidir un nuevo modelo urbanístico.  El actual territorio que ocupa toda la comarca ya está muy construido y comienza a encontrarse con algunos obstáculos físicos (ríos, rieras, zonas con fuertes pendientes y otros son la conciencia ecológica de la población que vive en estos territorios.  Sobre todo por el poco espacio natural que queda en la comarca para tener una vida plena. Los futuros PDU deberían incorporar criterios ecológicos sensibles a la ocupación de los espacios libres de edificación.

Por Lluís Berbel