Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, y Núria Marín, alcaldesa de la ciudad.
30 de noviembre, 2020
La Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat reformularán el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia para adaptarlo a las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo declaró nulo de pleno derecho.
Este es el acuerdo al que han llegado Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, y Núria Marín, alcaldesa de la ciudad, en una reunión mantenida esta mañana en la sede del Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet.
En declaraciones a los periodistas antes de la reunión, el conseller y la alcaldesa han anunciado la presentación de los recursos de casación y la redacción de un nuevo PDU y adaptarlo a las objeciones hechas por el tribunal en paralelo.
Núria Marín ha afirmado que “se trata del proyecto de reactivación económica y social más importante en marcha en estos momentos en Catalunya con una previsión de creación de 20.000 puestos de trabajo alrededor del sector de la biomedicina”, ”La actual crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia del sector biosanitario y no podemos renunciar a tener en esta zona de l’Hospitalet el clúster biosanitario más importante del sur de Europa”.
“Probablemente para nosotros era tan obvio el interés de país de este proyecto que a lo mejor no dedicamos todos la fuerza a la hora de ponerlo por escrito. No sé si fue un error o un exceso de confianza. En todo caso, ahora sí que reformularemos y justificaremos el interés no solo para la ciudad, el AMB o la provincia de Barcelona, sino para toda Catalunya”, ha insistido la alcaldesa.
Por su parte, Damià Calvet ha dicho que “acatamos las sentencias, pero no las compartimos” y considera que hacen referencia a “temas menores y reparables”. “A partir de ahora” —continuó— , “empezaremos a trabajar para resolver estos problemas de competencias y reforzar el hecho de que estamos ante un proyecto que va más allá del ámbito municipal y metropolitano: es un proyecto de país”.
Con respecto al tema de las zonas verdes, la alcaldesa ha explicado que “se están cuestionando 20.000 m2, menos del 5%, cuando el conjunto de zona verde a todo el ámbito es de 514.000 m2. El proyecto multiplica por diez el número de metros cuadrados de zona verde a que estamos obligados por ley”.
En el transfondo del asunto existen la construcción de una treintena de rascacielos (de lo cual no han hablado ninguna de las dos autoridades) y la desaparición de la última zona agrícola de l’Hospitalet. Una de las ciudades con mayor concentración de población de Europa.
Según ambos responsables, estos trámites pueden provocar una demora de un año, tal y como aseguró l’Estaca con información procedente de fuentes judiciales. Hay que recordar que las obras estaban previsto que arrancaran en 2021.
La sección tercera de la sala contencioso-adminitrativa del TSJC ha tumbado dos veces el Plan, que planea el soterramiento de una parte de la Granvia, la instalación de un clúster biomédico o la creación de un gran parque urbano en la zona de Can Trabal, por motivos de competencias y por considerar que la ubicación de las zonas verdes contraviene la legislación actual.
En concreto, las sentencias señalan que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y no el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, era el organismo competente para aprobar el PDU y que el texto del Plan “no contiene ninguna indicación rigurosa, susceptible de justificar la competencia plena” de la conselleria.
Con la reformulación del PDU, se tendrán que repetir trámites como el de exposición pública o la presentación de alegaciones, un proceso en el que Marín ha asegurado que tratarán de lograr el máximo de participación y de consenso posible.
Fragmento de la portada de la película y del coloquio posterior a ella en zoom. Aparecen Josep Maria Pujol i Boira y Viqui Molins.
28 de noviembre, 2020
La película franco-polaca “Les Innocents”, dirigida por Anne-Fontaine, abrió un debate sobre la iglesia, la maternidad y la violencia hacia las mujeres, entre otros temas, durante la tarde del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). La cinta formó parte tanto de la XVII Mostra de Cinema Espiritual como de la Semana de la Solidaridad 2020. Fue transmitida y comentada por zoom. Inspirada en un hecho real, cuenta la historia de un convento de monjas que fueron atacadas y violadas por el ejército soviético a finales de la Segunda Guerra Mundial (1945). Como consecuencia, algunas de ellas quedaron embarazadas, necesitando recurrir a la ayuda de una enfermera de la Cruz Roja francesa, que además es agnóstica y comunista. Ella se arriesga a ayudarlas por compasión, a pesar de que, en principio, solo se le permite atender a los soldados heridos rusos.
Después de la introducción y posterior proyección de la película, se llevó a cabo un coloquio dirigido por Viqui Molins (Maria Victòria Molins), religiosa Teresiana, escritora y comprometida en el ámbito de la marginación. Ella fue la primera en reflexionar cómo esta historia conecta la fe con varias esferas en torno a la mujer. “Fe ligada a la maternidad, fe ligada a la sociedad”. También habló de cómo la cinta refleja la preocupación por el repudio de la familia y las normas de la sociedad ante estas mujeres como víctimas…. Además de la conclusión de que “no siempre se sabe cómo actuar ante estos casos.”
Relacionado con este último punto, Josep Maria Pujol i Boira, del Fòrum de LH, añadió que le impresionó “el respeto” hacia la religión a pesar de la contraposición de creencias en la película “sobre todo en un mundo en el que vamos tan rápido juzgando”. Joan, un espectador de la película, mencionó que estaba de acuerdo: “Se demuestra la profesionalidad de los médicos. Ya que en un momento se impacientan por curar, pero deben respetar que ellas necesiten un tiempo antes de dejarlos que las ayuden.”
Otros espectadores también añadieron su punto de vista sobre algunos hechos más concretos de la película. Y entre ellos se hizo una reflexión sobre temas como la unión entre las mujeres, la confianza, la fe y el rezo como único mecanismo para superar el duelo entre las monjas. “La enfermera de un modo, ayuda. A veces necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva”, comentó Diego, otro espectador. Y luego se habló de las diferentes actitudes que las víctimas toman delante de una maternidad próxima. Los conflictos, sentimientos y decisiones que manifiestan a partir de esos hechos.
Grupo de alumnos entrenando en The Warriors Martial Arts Club/ Fuente: Jose Silva
Este gimnasio de L’Hospitalet dirigido por Jose Silva ofrece una gran variedad de deportes de defensa personal y artes marciales mientras sigue haciendo frente a la crisis por el covid-19
27 de noviembre, 2020
Las artes marciales y la defensa personal son un deporte, aunque minoritario, de mucho interés para aquellos quienes desean cultivar el cuerpo y la mente. En The Warriors Martial Arts Club, situado en el barrio de Collblanc de L’Hospitalet, ofrecen clases para jóvenes y adultos pero, sobre todo, para gente apasionada.
Boxeo, kick-boxing, MMA y Budo Taijutso son algunas de las modalidades que se imparten en el centro que dirige Jose Silva, con la ayuda de dos chicas de marketing y administración. Allí los alumnos aprenden proyecciones, golpeos, estrangulaciones, luxaciones, controles y armas para saber protegerse en caso de riesgo.
Jose Silva en el mostrador de The Warriors Martial Arts Club/ Fuente: Lara Ballesteros
Las instalaciones están totalmente equipadas con colchonetas, barras de techo, sacos de boxeo, pelotas de pilates y todo el material necesario para aprender a canalizar las emociones negativas y convertirlas en estímulos positivos.
Las instalaciones principales del gimnasio/ Fuente: Lara Ballesteros
Además, The Warriors también organiza eventos fuera del gimnasio para que sus alumnos se conozcan. “Los conocí a través de una clase de defensa personal gratuita y me gustó mucho las ganas que tienen de enseñar y de explicarlo todo con muy buen humor. Se ha convertido en una verdadera familia”, cuenta Raquel Bermúdez, alumna de Budo Taijutso.
Los beneficios del deporte para la salud
Y es que es totalmente imposible negar que el deporte, en cualquiera de sus variantes, tiene un impacto muy positivo en nuestra salud. Además de mantener nuestra forma física y reducir el riesgo de enfermedades y la presión arterial, alivia el estrés y mejora nuestra salud mental. Gracias al movimiento del cuerpo y el establecimiento de rutinas, el ejercicio puede ser útil para sofocar sentimientos de ansiedad y depresión. “El cuerpo humano es como una máquina que, cuando la fuerzas, va mejorando. El cuerpo piensa que está en riesgo y, con el miedo de no volverlo a padecer, mejora físicamente”, nos cuenta Jose.
Socios del club The Warriors durante uno de sus entrenamientos/ Fuente: Jose Silva
La importancia de los valores en el club
Por otro lado, The Warriors también está muy comprometido con la educación de nuestros pequeños quienes, al fin y al cabo, son las generaciones del futuro. Es por este motivo que en el centro tienen muy en cuenta cuáles son los valores que quieren transmitir: Gi (justicia), Yu (coraje), Jin (benevolencia), Rei (respeto), Makoto (honestidad), Meiyo (honor) y Chuugi (lealtad). A pesar de sonar un poco arcaicos, son valores muy efectivos y que forman parte de un proyecto antibullyng, concienciación e igualdad. Todos ellos suponen el núcleo pedagógico del centro, sin dejar de lado la defensa personal.
Tablero con los valores del club/ Fuente: Lara Ballesteros
Y como era de esperar con todas los ideales que transmiten, en el club también son muy conscientes de la todavía existente violencia de género contra las mujeres. Es por este motivo por el que, la defensa personal también supone un aprendizaje para ellas y saber defenderse en caso de cualquier agresión física. “Les da la oportunidad de hacer algo y no quedarse con los brazos cruzados y creerse inferiores. Te da ese empujón a creer más en ti y a tener más confianza”, nos dice Miriam Andrades, quien está de prácticas en The Warriors y se encarga de la administración de tareas, recibir pagos, archivar recibos, dar información a los clientes y demás.
Dos mujeres entrenando en The Warriors/ Fuente: Jose Silva
El covid-19, un bache y una fortaleza
Sin embargo, como muchos otros locales o establecimientos deportivos, la pandemia causada por el covid-19 también ha afectado gravemente a los empleados y socios de The Warriors. Y es que, al tratarse de deportes cuerpo a cuerpo y donde es esencial el contacto con el adversario, ha habido grandes dificultades en el normal desarrollo de las clases. Durante los meses de confinamiento se decidió ofrecer la alternativa de hacer lecciones virtuales desde casa y directos de Instagram, donde la gente se podía conectar para seguir el entrenamiento. En esta ocasión Jose decidió no obligar a pagar quota a aquellos quienes no quisieran.
Grupo mixto entrenando en el club/ Fuente: Jose Silva
Los baches también fueron patentes en la perdida de socios y la reducción de grupos de niños, cuyas familias se vieron afectadas económicamente y con muchos menos recursos. En diciembre del año pasado eran 140 adultos y 40 niños y ahora solamente son 40 adultos y 10 niños. Además, antes de esta crisis se impartían clases de parkoury de baile, destinadas a cualquier edad.
Sin embargo, tal y como ellos mismos defienden: “tan importante es saber afrontar una victoria como una derrota”. Con este lema bien grabado en la mente, The Warriors ha hecho honor a su nombre y ha ido ganando batallas y recuperándose poco a poco. La ilusión y el compromiso por parte de sus trabajadores ha sido esencial en todo este proceso.
Un niño entrenando con un adulto en The Warriors/ Fuente: Jose Silva
Ahora el gimnasio tiene un aspecto mucho más recuperado y no tan vacío, como lo había estado en meses anteriores. A pesar de que las incógnitas que la crisis por el coronavirus sigue cerniendo sobre nuestra población y que queda mucho por hacer, la esperanza y las ganas por sacar adelante el negocio siguen intactas.
Las poetas slammers Isa García y Alejandra Martínez de Miguel en el directo de JoventutLH (23 de noviembre). Fuente (JoventutLH, Instagram).
27 de noviembre, 2020
Las poetas slammers Isa García y Alejandra Martínez de Miguel iniciaron la Semana de la Solidaridad 2020 en L’Hospitalet de Llobregat con un Live de slam con poemas sobre mujeres en situaciones machistas, conmemorando así la violencia hacia las mujeres. El evento tuvo lugar este lunes a las 20:30 desde la cuenta @Joventutlh en Instagram. Entre estos poemas hubo propios y también de otras autoras. Martínez interpretó “Hola, soy mi representante”, “Soy mujer”, “Florecemos” y una creación poética de un fragmento de Bernarda Alba (de su propio poemario Báilatelo sola); “Hola soy la chica de las poesías, además de “A la verde, verde oliva” (Pez en la tierra de Margarita Ferreras). E Isa García recitó algunas de sus creaciones, entre ellas “Ay, hermanas!” que había cantado a dos voces con la poeta slammer Adriana Bertran, para continuar con el de “herederas” (Amnesia colectiva de Koleka Putuma) y otro de la poeta Blanca Varela.
La intención de ambas en este streaming también era dar voz a mujeres poetas de las que hasta ahora no se ha hablado tanto. Hubo un momento en que Alejandra Martínez de Miguel mencionó su apego por la generación del 97 y la falta de referentes mujeres de aquella época dentro de lo que le explicaron en el colegio. “Nos han contado la mitad de esta historia, de esta cultura. Yo me autoengaño que las cosas han mejorado un montón, pero no sé”.
García y Martínez también aprovecharon la ocasión para hablar un poco del poetry slam, un formato competición entre entre poesía oral y poesía escénica en el que los poetas tienen 3 minutos para su interpretación, sin poder utilizar atrezzo. Cabe añadir que en España hay más de 30 ciudades donde se celebra un slam cada mes. Isa García, galardonada con el premio nacional, representará la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat en Zaragoza el próximo marzo de 2021 y Alejandra Martínez es ganadora del poetry slam 2017 y representante actual de Madrid.
El propósito de realizar la iniciativa de la Semana de la Solidaridad era para conmemorar esta temática antes y después del 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia Machista, como expuso Laura Magnota, regidora de Igualdad y Joventud de L’H, en una breve introducción al recital. Desde el año pasado ya existía la intención de continuar el tema en 2020 y realizar las actividades que no se llevaron a término por falta de tiempo. Al final, se han realizado adaptándose a las circunstancias extraordinarias de la pandemia. La regidora añadió que “tal vez sirva para llegar a personas online a las que no se pudo llegar de manera presencial”.
Y es que la semana, organizada por muchas entidades de l’Espai de ciutadania, llamó a que las actividades sirviesen para extender por las redes sociales, grupos de Whatsapp el mensaje de “no estás sola” y, tal y como señaló Magnota, “pueda llegar a las personas que necesitan escucharlo”.
Puedes visualizar el directo de Isa García y Alejandra Martínez desde el IGTV del Instagram de JoventutLH haciendo click aquí.
Gerard Figueras, secretario d’Esports, declara ante la UDEF por estar acusado de los delitos de malversación y tráfico de influencias
26 de noviembre, 2020
Gerard Figueras, secretario d’Esports de la Generalitat, ha prestado declaración ante el grupo de la Unitat de Delinqüencia Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y puesto en libertad en el marco de la investigación por la trama de desvío de fondos en las subvenciones públicas al Consell Esportiu de l’Hospìtalet, según ha informado NacióDigital. Tras la declaración fue puesto en libertad, a la espera de ser citado por el juez acusado de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Núria Marín, citada al Parlament per abordar el cas
La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, deberá comparecer en el Parlamento para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de l’Hospitalet, junto con los dos concejales del PSC encausados y el que denunció los hechos. Así lo ha aprobado este miércoles la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, con el apoyo de todos los grupos excepto el socialista.
Tal como reveló Nació Digital, de hecho, la UDEF de la Policía Nacional entró en la secretaría general d’Esports de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputación de Barcelona para requerir documentación en relación con las transferencias hechas al Consell Esportiu, en especial con respecto a las subvenciones recibidas de estos organismos.
El Consell Esportiu es una entidad privada pero en el que la concejalía de Deportes ostenta la presidencia y el gobierno municipal designa la mitad de los miembros de la comisión directiva. Su principal ingreso público es del Ayuntamiento de l’Hospitalet, de 210.000 euros en 2018, mientras que ese año en llegaron 107.000 de la secretaría general d’Esports y tan sólo 2.092,26 de la Diputació.
La investigación de la UDEF avanza y las últimas semanas se han producido ocho nuevas imputaciones, por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales, los mismos por los que están encausados desde junio el primer secretario del PSC en L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que es todavía teniente de alcalde al Ajuntament, el todavía concejal y ex director del Consell, Cristóbal Plaza, y el actual director, Eduard Galí.
Según la presunta trama denunciada por Jaume Graells, aunque concejal del PSC, el Consell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. Algunos de los beneficiarios serían Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza, quien además está siendo investigado por arreglarse presuntamente el despido de cuando era director del ente por cobrar de manera fraudulenta hasta 47.000 euros.
El projecte de Pla Director Gran Via-Llobregat 2020
25 de novembre, 2020
El ple municipal de l’Hospitalet va rebutjar, en la seva darrera sessió de novembre, una moció presentada pel Grup Municipal de l’Hospitalet En Comú Podem, instant l’Ajuntament a acatar la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava el PDU Gran Via-Llobregat amb els únics vots del partit socialista, com era d’esperar, perquè ja havien anunciat el recurs de Cassació davant els tribunals dies enrere.
Els arguments formals van ser els mateixos que sostenien el projecte. A saber: que es tracta d’un pla director que inclou el soterrament de la Gran Via, la recuperació d’un espai lliure de 30Ha i la construcció hipotètica d’un clúster biomèdic, aspectes sobre els quals és difícil que ningú pugui estar en contra, malgrat que segur que poden existir matisos considerables que potser caldria tractar amb més detall el dia que es pugui parlar sense l’amenaça d’un Pla Director que contempla bastants altres coses, a banda de les esmentades. En la defensa, per tant, de la posició del PSC local en prou feines va haver-hi sorpreses, com no sigui que el recurs es presentarà davant les vies judicials autonòmica i estatal si hi ha recorregut, i és va aprofitar per inflar la retòrica, cosa que ja d’entrada posa de manifest la inseguretat dels arguments per defensar una cosa que, hores d’ara, resulta ja indefensable fins i tot pel propi dissenyador del disbarat.
L’argument retòric és el que sempre que s’acaben les explicacions raonables fa servir l’equip de govern: que el projecte representa un motor econòmic, un motor econòmic que representarà 20.000 nous llocs de feina i la possibilitat de més ingressos per les arques municipals que serviran per cobrir les enormes necessitats que té la ciutat en tots els ordres. Argument retòric, perquè es basa en una pura especulació de futur: no se sap hores d’ara si el que es vol fer representarà un atractiu suficient per un hipotètic clúster biomèdic i si això comportarà llocs de feina. Ni tampoc és cap garantia que en cas que sigui possible el clúster biomèdic, el motor econòmic tingui repercussió local, els 20.000 llocs de feina afavoriran especialment els ciutadans de l’Hospitalet, ni tampoc que els recursos que l’Ajuntament suma es dediquin prioritàriament a equilibrar la ciutat, a adjudicar recursos a qui més els necessita i a reinvertir, en suma.
Sura, en el fons de l’argumentari, la qüestió essencial que —pels dissenyadors del Pla Directiu—, és la manca de recursos per fer polítiques d’inversió. El primer tinent d’alcalde va repetir al ple la cantarella habitual: i això qui ho paga? Si la Generalitat expropia Can Trabal i paga el soterrament de la Gran Via, ja no caldrà parlar del PDU… És a dir, sense voler-ho, s’està reconeixent l’enorme operació especulativa que hi ha al darrere. Per què es pagui l’expropiació de Can Trabal i el soterrament de la Gran Via cal que algú en tregui les plusvàlues necessàries. I l’Ajuntament reconeix tàcitament que es plega al gran negoci dels promotors i els especuladors del sol per fer les inversions públiques que li calen.
El problema és que els negocis immobiliaris no son passatgers i l’ocupació de l’espai acostuma a ser per sempre. És a dir, l’equip de govern del PSC accepta l’efectiva i constatable barbaritat constructiva de 26 gratacels en espai lliure per aconseguir un parc públic al costat del riu, el soterrament de la Gran Via i diners anuals per anar gastant en polítiques sobre les quals els socialistes al govern són els que, fa quaranta anys, fixen les prioritats. I no es pot dir que les prioritats hagin convertit la ciutat en un exemple d’equilibri social, de qualitat de vida i de serveis i equipaments suficients, com és ben palès per a qualsevol que escolti les entitats del tercer sector o es passegi pels barris més decrèpits de la ciutat.
És a dir, aquests arguments ja no colen. De fet, cap argument colaria suficientment per defensar polítiques irreversibles de sol, com les que hem vist a aquesta ciutat al menys des de principis dels anys 90.
La realitat és que els raonaments retòrics cada vegada tenen menys pes, per això els esforços per argumentar acaben descobrint les veritables raons ocultes d’aquest tipus de política de campanari. Potser l’alcaldessa no hauria d’haver reargumentat al passat ple perquè, sense pretendre-ho, va exposar allò que forma part de l’ADN d’aquest equip de govern. Va defensar un projecte que, en paraules literals, “va més enllà de la pròpia ciutat”. Doncs aquí rau el problema: si alguna cosa precisa la ciutat més densa d’Europa i amb dèficits hores d’ara monumentals és no fer cap projecte “que vagi més enllà de la pròpia ciutat”. És possible que l’Hospitalet li caigui petit a l’alcaldessa o als que dissenyen l’urbanisme local. Doncs bé, això té solució. No seria la primera vegada que un alcalde de l’Hospitalet arriba a ministre —i després desapareix—, però la ciutat no és mereix un recorregut històric lamentable per alimentar carreres polítiques. La senyora Marín va dir que el Cluster biomèdic que actua com “la zanahoria que justifica lo injustificable” —segons la portaveu dels Comuns— serà un “referent del sud d’Europa”. Doncs potser als ciutadans de l’Hospitalet no els hi cal “un clúster referent del sud d’Europa”. Potser en tenen prou amb escoles sense barracons, barris amb zones verdes, CAPS en condicions per atendre les necessitats mes peremptòries dels ciutadans, Serveis Socials municipals amb àmplia disponibilitat o espais de lleure adequats per fer realitat la ciutat educadora de la que tant ens vanem.
I tot això qui ho paga?, diria el senyor Belver… Doncs els que ho paguem sempre: els contribuents. Tot surt de la mateixa butxaca senyor Belver: també les inversions públiques i, sense cap mena de dubte —i només és un exemple, però prou il·lustratiu— el seu sou, un sou, recordem-ho, sobre el qual no hi ha limitacions legals i que es posen vostès mateixos sense contrastar-ho amb la ciutadania…
O sigui, preguntar qui paga el que cal fer, es una altra pregunta retòrica perquè el problema no és qui paga, sinó com s’administren els recursos, com és gestiona el capital públic, com es prioritzen les necessitats. I això és justament la política: la gestió dels recursos públics amb la màxima cura, al servei de la ciutadania i amb l’objectiu d’equilibrar el teixit social i donar-li respostes de qualitat.
No deixen de ser importants alguns reconeixements implícits d’aquests darrers dies. El reconeixement que la ciutat necessita espais lliures, el reconeixement que cal esponjar els barris de la ciutat, el reconeixement —superlatiu— que les accions urbanístiques que estem veient avui als carrers de la ciutat són producte de les actuacions de fa uns quants anys enrere (o sigui, que potser ara no es farien). Els hi calen, però, uns quants reconeixements més: que haurien d’intervenir en la mesura de les possibilitats reals sobre els projectes urbanístics en marxa, que haurien de plantejar-se un model de ciutat consensuat amb els grups polítics i la ciutadania de cara a l’immediat futur, que haurien de considerar prioritària la política de rehabilitació de barris i no la política de rehabilitació de la imatge de marca de la ciutat, que els afecta a vostès (polítics locals)… però no a nosaltres (humils ciutadans).
És veritat que la gestió ha comptat poquet a l’hora de renovar les fidelitats polítiques. Si hagués estat així, fa temps que vostès estarien a l’oposició. El que ha comptat per vostès han estat les fidelitats clientelars i l’absència d’una alternativa eficaç i creïble (creïble fins i tot per ells mateixos). De tota manera, el seu govern és legal, però ara que està tan de moda divertir-se sobre el que es legal i el que és legítim, no haurien d’oblidar que governen amb majoria absoluta de regidors i gairebé 44.000 vots, però que un total de 76.000 veïns amb dret a vot es van quedar a casa o van votar nul o blanc.
I una cosa més, sobre l’esponjament dels barris del nord de la ciutat, perquè el senyor Belver en un debat recent va deixar una pregunta a l’aire de fàcil resposta. Va preguntar: i que fem amb els veïns que espongem dels barris del nord? I es va autocontestar: perquè si els hem de fer fora del barri jo hi estic en contra. I tothom, senyor Belver. Esponjar un barri no és expulsar veïns: és buscar solucions sense expulsar veïns perquè tots els veïns i veïnes visquin millor. Si vostè creu que esponjar un barri és sinònim d’expulsar veïns, és que no ha consultat l’abundant literatura existent sobre les actuacions al Raval de Barcelona en l’època del seu correligionari Maragall. Segur que es podria haver millorat l’experiment, però per això estan vostès, que poden convertir els nous barris del nord en un clúster d’experiències socials capaç de ser estudiat a les millors universitats del món.
Cuarta mesa redonda. Foment de la Informació Critica de L’Hospitalet ha organizado un nuevo debate, el último sobre “Pandemias y masificación demográfica: el modelo urbanístico y la salud pública” En esta charla del ciclo, hemos invitado una representación de las entidades de la ciudad para que den su visión del problema desde los que directamente lo padecen. Tendrá lugar el próximo martes día 24 de noviembre a las 18.45 de modo online. Para participar en este último encuentro debes inscribirte con tu nombre y correo electrónico a fic.lhospitalet@gmail.com y te enviaremos el enlace de Zoom.
En esta cuarta charla y última hemos invitado una representación de las entidades de la ciudad para que den su visión del problema desde los que directamente lo padecen.
En el primer debate online quedó patente que la densificación de los barrios de la Torrassa, La Florida, Collblanc y Pubilla Cases ayuda a la transmisión del Covid-19. En el segundo, con los partidos representados en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, los políticos coincidieron en la oportunidad que supone el soterramiento de las dos líneas ferroviarias que atraviesan la ciudad para esponjar l’Hospitalet y compensar la falta de zonas verdes. En el tercer debate fue el sector empresarial el que coincidió en la urgencia de estrechar la colaboración público-privada y que las Administraciones tengan en cuenta la necesidad de renovar el espacio urbano y rehabilitar los barrios y las viviendas con un plan popular de reformas.
¿Cómo vive la ciudadanía la masificación demográfica? ¿Cuáles son los aspectos más urgentes en el modelo urbanístico que habría que modificar para hacer frente al riesgo de contagio en las ciudades? ¿Qué me exigir a los poderes públicos para conseguir ciudades más saludables?
PARTICIPANTES:
Pau Jesús Navarro, representante de SOS Baix Llobregat
Cristóbal Ortega, representante de SOS l’Hospitalet
Núria Muñoz, representante de Espai de Ciutadania
Maria Moreu, responsable de Caritas de L’Hospitalet
Julia Nueno, del Sindicat de Llogaters
PRESENTARÁ A LOS PONENTES:
Patti Elias, periodista de L’Estaca, revista de l’Hospitalet
MODERARÁ EL DEBATE:
Jesús A. Vila, periodista y miembro de la Junta Directiva de FIC
Imagen del registro al Consell Esportiu de l’Hospitalet, en junio/ACN.
Las investigaciones pretenden esclarecer el volumen de recursos real de que disponía la entidad municipal, que gestionaba una caja opaca de medio millón de euros y varias contabilidades paralelas.
22 de noviembre, 2020
La investigación en torno al caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat ha llegado ya a instituciones supralocales. Según ha publicado Nació Digital, la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional entró hace dos semanas en la secretaría general de l’Esport de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputació de Barcelona para requerir documentación en relación con las transferencias hechas al Consell Esportiu.
Portavoces de los dos organismos han confirmado esta información y, según concretan, las peticiones de la UDEF se referían especialmente a las subvenciones otorgadas a la entidad local. Es uno de los aspectos por las que la Policía Nacional española se ha interesado en los interrogatorios con los investigados, según fuentes conocedoras del desarrollo del caso. Debido a la doble contabilidad con que trabajaba el Consell Esportiu, la investigación pretende delimitar los recursos de los que disponía y como los justificaban.
Sea como sea, los funcionarios habrían facilitado la información requerida a la UDEF, tanto el día en que se personaron o más tarde, si no se encontraba en el edificio. En cuanto a la tercera institución que pone recursos al Consell Esportiu, l’Ajuntament de l’Hospitalet, no habría recibido ninguna nueva visita policial, ya que aportó toda la documentación de que disponía una vez estalló el caso, el mes de junio, según un portavoz.
Estas actuaciones evidencian que la investigación por irregularidades en la gestión del Consell Esportiu de l’Hospitalet siguen avanzando. Según reveló la semana pasada Nació Digital, se han producido ocho nuevas imputaciones, por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales, los mismos por los que se investiga el primer secretario del PSC en el l’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que es todavía teniente de alcaldía al Ayuntamiento gobernado por Núria Marín, el todavía concejal y ex director del Consell, Cristóbal Plaza, y el actual director, Eduard Galí.
Fuentes de la Diputació, en todo caso, afirman que la UDEF se sorprendió porque encontraron poca documentación relevante en esta institución. Efectivamente, el Consell Esportiu recibe el principal ingreso público de l’Ajuntament de l’Hospitalet, de 210.000 euros en 2018, mientras que llegan 107.000 de la secretaría general de l’Esport y tan sólo 2.092,26 de la Diputación. Así consta tanto en la contabilidad que entrega el consistorio local y las entidades como el que aporta la Generalitat.
Sería en los ingresos provenientes de los participantes en las actividades del Consell Esportiu que esté abultado una caja opaca de hasta medio millón de euros que no constaría en la contabilidad entregada al Ajuntament y a las entidades deportivas y que serviría para pagar en negro numerosas retribuciones a colaboradores y socios y directivos técnicos y políticos. La documentación entregada a la asamblea del Consell Esportiu incluye 88.221,47 euros en ingresos de los participantes, en 2018, los cuales crecen hasta 601.059,92 euros en la contabilidad registrada en la Generalitat.
Esta doble contabilidad respondería a que el ente entregaría a l’Ajuntament la misma información que en las entidades deportivas presentes en la asamblea interna, ya que el consistorio exige justificar todo el presupuesto, aunque tan sólo se subvencione una parte . En cambio, el Consell Esportiu enviaría a la secretaría general de l’Esport de la Generalitat documentos aprobados supuestamente en asambleas que, en realidad, no tuvieron lugar y con un total de recursos contemplados de medio millón de euros superior, ya que el Govern sólo recibe la información, pero no la comprueba ni pide justificantes.
Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y las cantidades económicas reflejadas. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, según consta en el atestado policial y han confirmado a Nació Digital fuentes de la entidad. A pesar de que la divergencia en los ingresos no proviniera de los recursos públicos, sin embargo, la UDEF habría comprobado igualmente que los que constan fueran reales.
El Consell Esportiu es formalmente una entidad privada sin ánimo de lucro, si bien recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas y seis de los doce miembros de su comisión directiva son designados por el gobierno municipal, incluyendo la concejalía de Deportes, que ostenta la presidencia. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.
Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? Según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consell Esportiu, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.
Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes.
Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otras colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.
Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en l’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido, según Nació Digital, cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.
Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hizo concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente.
La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcaldde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno —pero se mantiene de concejal—, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el
Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía de l’Ajuntamet en 2019, y Galí eran directores.
El propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quitó hierro al asunto en una entrevista a Nació Digital, pese a admitir mala praxis: “En nosotros sabemos, lo que se puede haber cometido es algún tipo de irregularidad administrativa. Pero nada que tenga que ver con corrupción “. La alcaldesa y presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, también ha optado por mantener los concejales a gobierno tras las revelaciones del caso.
Por todo ello, el concejal denunciante lamenta el “poco compromiso del aparato del PSC” para investigar el caso. Jaume Graells critica que Iceta no lo consultara y limitara los hechos a “algún tipo de irregularidad administrativa” y asegura que en febrero ofreció pruebas a Núria Marín pero la alcaldesa las rechazó. “Siento que se me ha condenado al ostracismo en mi propio partido y, en cambio, se está apoyando y protegiendo a los que han podido cometer las irregularidades”, afirma.
Membres de l’Associació Educativa Itaca/ Font: @associacio.itaca (Facebook)
Lídia González, subdirectora de l’Associació Educativa Itaca
21 de novembre, 2020
Si la situació provocada per la covid fos una metàfora i ens trobéssim al mig del mar, la societat estaria ara mateix patint el cop de la segona onada (gegant) que està provocant que moltes persones, estiguin a la deriva, nedant a contracorrent o subjectes per un flotador fràgil… algunes d’aquestes persones aconseguiran mantenir-se dalt d’un vaixell que ja trontolla o arribaran a terra ferma amb molt d’esforç o trobaran un vaixell tripulat per algun familiar i/o amic o amiga.
Volem parlar d’aquestes persones però també d’aquelles famílies, les quals abans de començar aquesta situació de pandèmia, ja eren a la deriva, sense vaixell, ni bots, ni flotador ni vaixells d’amic als quals pujar. Si abans de tot això ja estaven en aquesta situació, quin és ara el seu dia a dia?
Són moltes les famílies en situació de precarietat al barri de Collblanc La Torrassa, aquestes famílies abans de la pandèmia ja es trobaven en situacions molt complexes; la seva situació d’irregularitat no els permet tenir contractes regularitzats, el seu dia a dia depèn de si aquell dia treballen o no, literalment treballar un dia o no fer-ho vol dir menjar o no menjar.
Durant el confinament totes aquestes famílies es van quedar amb zero ingressos, el que vol dir que havien de dependre dels bancs d’aliments, saturats on les llistes d’espera superaven el mes.
Aquestes mateixes famílies per la seva situació administrativa viuen, en moltes ocasions pagant el lloguer d’una habitació, en pisos sobre ocupats ja que no poden accedir a contractes de lloguer, o bé perquè no els poden pagar, o bé perquè ningú els hi vol fer el contracte. Aquesta situació, va comportar i comporta encara, l’expulsió d’aquestes persones dels pisos.
Els pisos sobre ocupats, comporten a més a més, situacions d’angoixa en relació amb la transmissió del virus, si un membre de la habitatge era positiu fàcilment i ràpidament s’estenia a la resta d’habitants.
Una altra de les problemàtiques, que es torna a repetir ara, és la cura de menors, quan una família, una mare que no té xarxa de suport ha d’anar a treballar, amb qui es queda el seu fill o filla?, que passa quan no pots escollir quedar-te a casa o fer teletreball? Moltes famílies no poden escollir i no tenen alternatives. Això torna a passar ara, quan els nens i nenes són confinats per positius en els seus grups bombolla.
L’angoixa d’aquestes famílies ha anat augmentant i encara no hi ha pausa, els deutes han anat augmentant i seguiran augmentant, perquè moltes economies familiars encara no s’han reactivat, i quan ho facin, si és que ho fan, els sous precaris moltes vegades no arriben ni per pagar el lloguer.
Un dels fets que més ens preocupa és la salut mental de les famílies, les persones adultes per una banda i els i les menors per l’altre. Fa molts mesos que són sotmesos a una incertesa, una ansietat que no minva, que no té treva, una ansietat que augmenta, a la vegada que augmenten els deutes, les problemàtiques i que disminueixen les oportunitats laborals. No hi ha consol ni lloc (família, amistats, administració…) a on aferrar-se.
Hem pogut observar al llarg d’aquests mesos com els nens i nenes, i sobretot els i les joves perdien aquesta part de relació tan important, la part del joc, del contacte de compartir…i no només estan perdent aquesta part social sinó que la part acadèmica està sent molt i molt complexa.
Sembla que la solució per poder seguir el ritme i el rendiment acadèmic passa per l’ús de dispositius electrònics, per fer classes a distància, però aquest fet, a part d’esborrar la part relacional (imprescindible per tantes coses, com per exemple el benestar emocional), deixa, de nou, una part de la població en un desequilibri d’equitat exagerat respecte l’altre part de la societat; no tots els infants disposen de dispositius per seguir les classes, o de connexió a internet. No totes les famílies tenen el privilegi de dominar les eines tecnològiques, o disposen del temps necessari per acompanyar en aquestes tasques als seus fills i filles, no totes les famílies tenen la sort de poder fer teletreball, d’entendre l’idioma o de disposar dels coneixements necessaris dels continguts de les assignatures.
On són tots els dispositius que es van prometre abans de l’estiu des de l’administració? Encara no han arribat… i ara ens trobem amb un dia a dia en el que constantment s’estan confinant grups bombolla, tothom sabia que a l’octubre hi hauria un rebrot, que això passaria, però ningú s’ha anticipat a cobrir aquesta necessitat, de fet ja ni se’n parla.
La ironia de tot això, és que la majoria de famílies que es troben en aquestes situacions dures i complexes, són les mateixes persones que es dediquen a la cura de la resta de la societat, la majoria de feines que ocupen estan relacionades amb tasques de cura; cura de gent gran, neteges dels hospitals, centres educatius, cura de menors… Les mateixes persones que cuiden de la resta de la societat a la vegada són les mateixes que per la mateixa societat són excloses i literalment aïllades; queden fora de les prestacions econòmiques, se les expulsa dels habitatges… se’ls neguen els drets bàsics i la dignitat.
Volem fer constar, que moltes entitats com la nostra, socials i de base, en moltes ocasions arraigades als territoris, van haver de fer grans inversions durant el confinament, per poder, per exemple, subministrar aliments a famílies que literalment no en tenien, per poder assessorar en matèria de lleis, de prestacions, de normatives… per poder adquirir dispositius electrònics… les entitats del tercer sector han sostingut, més que mai i durant mesos el que l’administració no donava a l’abats per cobrir. Comencem a ressentir-nos econòmicament (i mentalment). Les ajudes que es plantegen per entitats que estem a la trinxera, als barris, són insuficients, és evident que les administracions no sempre són conscients del valor social i capital d’aquestes entitats, de la tasca que fem i de totes aquelles accions que permeten esponjar als serveis municipals que haurien de donar resposta a una quantitat tan gran de necessitats emergents de les famílies que els és inassolible.
No se’ns mira; dues setmanes més tard de començar la nostra activitat encara no disposaven de protocols específics contra la COVID, un servei que precisament concilia la vida familiar i laboral de famílies en situació precària, un servei que està contemplat dins una llei de serveis socials com és en aquest cas, el Centre Obert.
El mar encara no està en calma, ni tan sols podem saber quan sortirà el sol, els recursos socials i econòmics, s’acaben i la possibilitat de generar-ne de nous cada vegada sembla més una utopia. Les entitats que sovint ens convertim en petites illes al mig d’aquest mar negre, seguim treballant per oferir un petit espai on agafar aire, però aquestes illes cada vegada són més petites i els recursos cada vegada més escassos.
Que passarà quan tantes i tantes persones comencin a quedar-se sense habitatges?, sense recursos?, com i quines seran les conseqüències en uns mesos, en uns anys d’aquests nens, nenes i joves, que ja partien des d’uns quants esglaons per sota respecte a altres infants pel que fa a oportunitats, i ara, s’han situat encara molt més a baix?
Per desgràcia tot això no ha acabat, de fet només acaba de començar, i no anticipar-se al que vindrà sabent que arribarà, és una responsabilitat per part de totes aquelles entitats, administracions i governs que tenen la potestat de canviar les coses.
Per part nostre, com sempre hem fet i no deixarem de fer, seguirem donant el millor de nosaltres, com sabem també, que ho farà tot el teixit associatiu, perquè entenem així la nostra raó de ser, ens fem càrrec com a institucions però també com a ciutadans i ciutadanes, de la coresponsabilitat que tenim, per intentar fer d’aquest barri, aquesta societat i aquest món, un lloc més just amb menys desigualtats.
Seguirem remant en aquest immens mar, amb o sense veles.
Liliana Reyes, coordinadora de Comisiones Obreras de l’Hospitalet.
El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) de l’Hospitalet denuncia un aumento considerable de despidos de trabajadoras del hogar, especialmente centroamericanas, gran parte de carácter improcedente, sin contar con indemnización y provocando, en varios casos, situaciones de pobreza extrema.
20 de noviembre, 2020
Si bien las condiciones de las trabajadoras del hogar –en su mayoría inmigrantes centroamericanas irregularizadas– no eran nada favorables, informaciones del sindicato de CCOO de Cataluña y del CITE (Centro de Información para Trabajadores Extranjeros) exponen un agravamiento de la situación. Desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, no solo se ha notificado un aumento de despidos injustificados, sino también situaciones de grave vulneración de derechos laborales y una falta de solidaridad general por parte de los contratantes. La mayoría de las mujeres inmigrantes que trabajan como asistentas del hogar en Barcelona y que han estado asistidas por las líneas de atención del CITE los últimos meses, han declarado que han sido despedidas sin preaviso y que además no han obtenido ninguna indemnización, lo que les supone un grave problema a nivel económico. Asimismo, muchas de las mujeres afirman que las han echado de manera precoz, sin explicación ninguna o meramente por vía telefónica. Y en el peor de los casos, se ha notificado el testimonio de trabajadoras que han perdido su vivienda de un día para otro debido a su condición de internas. Según declaran responsables de las CCOO de l’Hospitalet, el colapso para atender a todas estas mujeres es patente, puesto que cada día se constatan 5 o 6 despidos.
Cabe destacar que algunas mujeres han sido despedidas a raíz de haber sido infectadas de Covid-19, porque no se les había proporcionado el material de protección adecuado en sus lugares de trabajo, una tarea que corresponde a los mismos propietarios. Además, el miedo y el desconocimiento inducidos por la pandemia han conducido a una violación de derechos reiterada, sobre todo para aquellas mujeres que trabajan como internas, que han visto restringidas sus salidas fuera del domicilio, e incluso han sido retenidas durante días por medio de amenazas. Del mismo modo, algunas trabajadoras han manifestado malestar por haber sido obligadas a desinfectar frecuentemente los domicilios, siendo expuestas a productos tóxicos y sin ninguna medida de precaución. Ante tal situación de inferioridad, en la que gran parte de las mujeres reciben un sueldo muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (menos de 8.871 € anuales) y la mayoría está a cargo del mantenimiento de hijos y familiares, ninguna puede permitirse el lujo de perder su empleo. Es por eso que aunque muchas han recurrido a la ayuda o asesoramiento de servicios sociales, solo el 25% decide denunciar y reclamar lo que le corresponde.
En las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, el gobierno de la Generalitat no ha proporcionado ayudas a este sector, que constituye un 38% de las mujeres latinoamericanas en Cataluña, y cuya mayoría tiene dificultades para llegar a fin de mes. Todo esto, junto con el aumento de despidos, la consecuente reducción de ingresos de estas mujeres y la falta de unas leyes o medidas que respondan a las necesidades del colectivo, han llevado a muchas de las trabajadoras a situaciones de miseria y pobreza extrema. Teniendo en cuenta que la mayoría de centros de asistencia social se encuentran colapsados actualmente, varias mujeres han confesado encontrarse sin un lugar donde dormir y viviendo a base de redes de solidaridad.
Esta posición de inferioridad e invisibilización a la que están sometidas las asistentas del hogar, principalmente de origen hondureño o boliviano, se explica por varios factores, según el informe elaborado en junio por el CITE y las CCOO de Cataluña. A parte del factor estructural que vincula estrechamente a las mujeres con el trabajo doméstico, el sector de trabajadores del hogar no está completamente amparado en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supone más facilidad por parte de los propietarios para no proporcionar los contratos o liquidaciones pertinentes a las mujeres empleadas en este caso. Aunque en las reformas de los años 2011 y 2012 se reconocen varios derechos en este sentido, el trabajo del hogar no se ha incluido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ni en el Fondo de Garantía Salarial. Del mismo modo, los sindicatos manifiestan que las leyes referentes a la regularización de extranjeros exigen condiciones de difícil cumplimiento, como la necesidad de tres años de residencia en el territorio español y la posesión de un contrato de trabajo de mínimo un año.
Desde las CCOO de l’Hospitalet se lleva tiempo denunciando esta situación de precariedad y trabajando por promover medidas como la ratificación del Convenio 189 de los derechos mínimos de los trabajadores domésticos. Paralelamente se proporciona asesoramiento laboral e intermediación, dirigidos especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en una situación de desconocimiento de sus derechos. Liliana Reyes, coordinadora de CCOO de la ciudad, afirmaba en este sentido que el hecho de que las trabajadoras no tengan contrato escrito no significa que no tengan derechos laborales, y que hay que reconocer el contrato aunque sea de manera verbal.
Por Patti Elias
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