Programa para garantizar la alimentación infantil a familias en situación de extrema vulnerabilidad / Fuente: web oficial de Cruz Roja Cataluña
Las personas que requieren de los servicios de la Cruz Roja de L’Hospitalet de Llobregat aumentan de 4.000 en 2019 a más de 7.000 entre los meses de marzo y septiembre de 2020. La actuación de la Cruz Roja constata que no solo se trata de una crisis sanitaria, sino también de una crisis social y económica
17 de diciembre, 2020
Uno de los objetivos centrales de la organización recae en dar respuesta y comprometerse con las situaciones de vulnerabilidad. Los datos del 2019 revelan que de las más de 4.000 personas atendidas por Cruz Roja, 3.000 de ellas se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria del 2020, el número de personas en esta situación ha aumentado. Alfons Molons, coordinador local de la Cruz Roja, alerta que “la crisis sanitaria ha comportado una crisis social y económica que se mantendrá después de que la pandemia termine”.
Los autónomos, las personas en situación laboral precaria y la economía sumergida son los más afectados
Además de las personas usuarias que ya precisaban de la atención de Cruz Roja, tal y como dice Alfons Molons, se han sumado nuevo perfiles de personas usuarias, como autónomos, personas en situación laboral precaria y personas que trabajaban en la economía sumergida, que requieren de las ayudas de la organización a raíz de la crisis del Covid-19. Este hecho es un indicador de la crisis social y económica que acompaña la crisis sanitaria; una crisis que, como indica el coordinador de la entidad, puede extenderse más allá de la pandemia.
Según fuentes de la organización, desde marzo a septiembre Cruz Roja ha atendido a 7.887 personas, un aumento significativo respecto los datos del año 2019 con 4.769 personas asistidas. Asimismo, se han realizado 4.360 llamadas de seguimiento, prevención y sensibilización.
Un nuevo punto de distribución de alimentos desde Tecla Sala
Se han activado programas prioritariamente para cubrir las primeras necesidades. El proyecto más significativo es la cesión de un espacio del Centro de Arte Tecla Sala para habilitar un punto de recogida y distribución de alimentos y material de higiene. El espacio de Tecla Sala ha sido cedido por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, como explica Alfons Molons, “un espacio que garantiza la seguridad de las personas voluntarias, técnicas y usuarias”.
Otro proyecto significativo es la entrega de alimentos y material de higiene a domicilio durante el período de confinamiento a personas mayores o familias monoparentales. Más allá de la entrega, también se ha acompañado a las personas de la tercera edad que viven solas. Entre otras cosas, el acompañamiento ha consistido en facilitar el uso de las nuevas tecnologías para ponerse en contacto con sus familiares.
La situación más extrema de pobreza y exclusión se corresponde con las personas que viven en la calle. En este sentido, y dado que su situación ha sido agravada por la crisis del Covid-19, la ONG ha reforzado las ayudas y el seguimiento hacia este colectivo. Desde mayo hasta septiembre se ha proporcionado un picnic diario a 21 personas sintecho. El programa incluía, además, una ruta semanal donde se facilitaba un seguimiento, información y asesoramiento sobre los recursos disponibles y los servicios a su alcance para ayudar-les en esta situación. La ruta semanal ha permitido atender y hacer el seguimiento de 23 personas.
257 voluntarios movilizados
Con la situación provocada por la crisis sanitaria no solo ha aumentado el número de personas que requieren de las ayudas de la entidad, sino también, como valora Alfons Molons, ha aumentado el número de personas voluntarias y de las aportaciones y donaciones económicas tanto de particulares como de grandes y pequeñas empresas.
Es importante destacar el aumento de las personas voluntarias de L’Hospitalet de Llobregat en la situación excepcional ocasionada por el Covid-19. Sin estas aportaciones, a nivel de tiempo y recursos, no se podría haber llegado a todas las personas que precisaban de ayuda.
Los programas que desarrolla la Cruz Roja responden al compromiso con la transformación social, la utilidad pública, y los valores de la humanidad y la dignidad.
Varias entidades de la sociedad organizada de L’Hospitalet están dando refuerzo a la administración pública por tal de atender todas las necesidades de los ciudadanos
13 de diciembre, 2020
La pandemia por el covid-19 no solo está comportando una crisis sanitaria. Muchas familias también están sufriendo un gran impacto económico y la brecha salarial cada vez es mayor. El municipio de L’Hospitalet es la segunda ciudad de Catalunya con una menor renta neta por cápita —de 10.987 euros al mes—, solo por detrás de Santa Coloma de Gramenet. Es por este motivo que muchos de sus habitantes se encuentran actualmente en la cuerda flojay recurren al apoyo de las administraciones públicas para obtener una respuesta.
Sin embargo, en caso de los servicios básicos,estos están totalmente colapsados. No solamente los que conciernen a la educación y la salud, sino que también los servicios sociales están teniendo muchas dificultades para ofrecer una respuesta rápida a los habitantes del municipio. Actualmente, aunque ya están abiertas sus oficinas y sigue disponible una la línea de atención telefónica, todavía hay vecinos que no encuentran una respuesta y se sienten desamparados.
Ante esta dificultad, varias entidades de L’Espai de Ciutadania han tenido que tomar las riendas y trabajar codo con codo con los servicios sociales para agilizar los trámites y la atención ciudadana. Las entidades de la sociedad organizada siguen siendo, en la mayoría de las ocasiones, el respaldo principal de los habitantes de L’Hospitalet.
El papel esencial y las propuestas del Síndic de Greuges
Este es el caso del Síndic de Greuges de la ciudad, desde el cual valoran positivamente el trabajo realizado por el ayuntamiento durante el confinamiento a raíz del covid-19 y el aumento de demandas, pero no dejan de insistir en que todavía quedan personas fuera del circuito. “Durante la pandemia mucha gente se dirigió a nosotros. Pudimos trabajar muy bien con los servicios sociales, derivándoles casos y haciendo intermediación. De golpe muchas personas quedaron desorientadas, muchas de ellas en paro, con algún familiar en alguna residencia y demás”, explica Merche García, Síndica de L’Hospitalet de Llobregat, quien además durante la primera ola insistió en que se debía establecer una línea directa para la asistencia social. Antes todas las llamadas llegaban al 010 y ellos mismos te derivaban a los servicios sociales (el 70% de los casos). A todo esto, había que añadirle que muchas familias tuvieron grandes dificultades para contactar vía telefónica o mail, debido a que no contaban con conectividad a internet.
Los Síndicos y Defensores Locales endurecen su posición ante la administración
Por otro lado, y para reforzar la actuación de la administración en un futuro y en situaciones similares a la vivida con la pandemia, el conjunto de Síndicos y Defensores Locales de Catalunya ha propuesto un plan con 10 medidas que ellos consideran que se deberían tomar por tal de agilizar los trámites y mejorar la atención por el covid-19. Se trata de unas recomendaciones generales y que no señalan a ningún ayuntamiento en concreto. En ellas se pide que se incrementen los recursos materiales y humanos para poder atender mejor a la ciudadanía, una mejor gestión, comunicación y actuación por parte de los ayuntamientos, la eliminación de las trabas para el empadronamiento y la presencia de los Síndicos de proximidad en todas las ciudades.
Estudi sobre la desatenció de les administracions públiques durant la pandemia. 10 mesures/ Fuente: @LHSindica (Twitter)
La asociación Joves per la Igualtat i la Solidaritat abre sus puertas de par en par
Otra de las entidades que ha tenido que dar refuerzo a los servicios sociales ha sido la organización sin ánimo de lucro Joves per la Igualtat i la Solidaritat, que se encarga de llevar a cabo acciones y proyectos socioeducativos y de inserción laboral para la transformación social. Esta entidad, situada en el barrio de La Torrassa, abrió de nuevo sus oficinas municipales en septiembre. “La persiana de los servicios sociales que daba a la calle estaba cerrada. Nuestras oficinas estan al lado de la misma puerta y la gente nos consultaban todo el tiempo. Nos explicaban que llamaban a servicios sociales y que la centralita les dejaba en espera mucho rato. Les contestaban que les llamarían y no lo hacían. Estaban desesperados”, cuenta Toñi Mercader representante de la asociación. “Los temas de alimentos y vivienda nosotros no los podíamos resolver. Les decíamos que podían hacer una reclamación con una instancia del ayuntamiento y que la llevasen al registro más cercano. También les derivamos a otros servicios como Síndica de Greuges, la Asociación de Vecinos, la Cruz Roja o Cáritas”, añade.
El rol fundamental de Cáritas
En el caso de Cáritas, desde la asociación también han tratado de ayudar todos estos meses en mayor medida a las personas que habitan en pisos de re-alquiler, a las familias cuyos infantes están teniendo dificultades para seguir las clases de manera online, a quienes sufren problemas de salud mental, a personas mayores en situaciones de soledad no deseada etc. “La pandemia solamente ha hecho aflorar lo que ya había, con más intensidad y volumen”, fueron las palabras la portavoz de Cáritas de L’Hospitalet, María Moreu, en el cuarto debate de la Factoría de Ideas de FIC sobre Pandemias y Urbanismo. Para paliar esta situación y agilizar algunos trámites en los servicios sociales, desde Cáritas insisten en la necesidad de poder empadronarse teniendo criterio de residencia y no con una hoja que justifique donde vives, hacer el recuento de personas sin hogar, un aumento de presupuesto en los servicios sociales y más personal dentro de su plantilla de trabajadores, entre otras propuestas.
Un Pacto de Ciudad en marcha
Por último, cabe recalcar que 34.000 personas de la ciudad están en paro o afectadas por un ERTO y los servicios sociales han atendido desde el inicio de la pandemia un 43% más de personas que el año pasado durante este periodo. Es por ello, y para reducir las consecuencias del covid-19, que la alcaldesa Núria Marín, portavoces de los grupos municipales, y representantes de entidades y agentes sociales y económicos de la ciudad presentaron en noviembre un Pacto de Ciudad con un presupuesto de10 millones de euros para 2021. En el ámbito urbano se apuesta por favorecer nuevas formas de movilidad sostenible. En el aspecto social, por construir infraestructuras comunitarias —educación, cultura, deportes— y garantizar el acceso a los servicios y los derechos de la gente grande. En cuanto a la economía, se quiere impulsar la ocupación en sectores estratégicos, reforzar el estado del bienestar y explorar la economía circular.
La crisis profunda que vive el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en l’Hospitalet, por el escándalo en el Consell Esportiu, se ha cobrado la primera víctima. Cristóbal (Cris) Plaza ha presentado su dimisión como concejal en el Ayuntamiento. Todo ello sucede días después que la alcaldesa Nuria Marín fuera a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional
En una escueta nota de prensa, emitida desde el departamento del Ayuntamiento de la ciudad, se informa que. “Cris Plaza ha presentado a la alcaldesa, Núria Narín, su renuncia como concejal del l’Ajuntament de L’Hospitalet. Plaza quiere de esta manera facilitar la investigación judicial sobre la entidad privada Consell Esportiu”.
Cristóbal Plaza estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia. Lo cierto es que, seis meses después de ser despedido el PSC lo fichó como asesor y dos años más tarde lo hace concejal. Si, finalmente, se demuestra que el despido estuvo arreglado se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal y a la Seguridad Social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente.
Este, sin embargo, sería sólo uno de los posibles delitos incluidos en la trama del Consell Esportiu de l’Hospitalet que investiga la UDEF, la que se sustentaría en actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. Y Plaza, durante su etapa como director y, por tanto, de máximo gestor, sería uno de los beneficiarios, según la documentación en posesión de la UDEF, o incluso familiares suyos.
Todo este asunto ya ha salpicado a la propia alcaldesa y a su vez presidenta de la Diputació y el jueves declaró ante la UDEF durante tres horas quien le acusa por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión de perseguir el delito.
Aunque los grupos municipales de En Comú Podem y ERC han pedido su dimisión, Núria Marín manifestó en una rueda de prensa tras la declaración ante la policía que no dimitiría “porque no hay motivos” y pedirá declarar voluntariamente a la juez del caso. Ha explicado que ante las preguntas de la Policía decidió responder, sin acogerse al derecho a no declarar.
La alcaldesa desmintió haber tenido un papel pasivo cuando tuvo conocimiento de los hechos y explicó que, el pasado mes de febrero el entonces concejal de Educación, Jaume Graells, le informó de unas presuntas irregularidades dentro de la contabilidad del Consell Esportiu en las que estaban implicados los también concejales Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza.
Beatriz Cantero en las XIV Jornadas sobre Violencias Machistas y VIH en marzo de 2019.
Charla sobre violencia de género durante la “Setmana de la Solidaritat”
12 de diciembre, 2020
La irrupción de la pandemia ha llevado a 129.000 mujeres españolas a recurrir a líneas de atención contra la discriminación de género, denunciando el abuso de su propia pareja. Aun así, la emergencia provocada por el Covid no ha significado tanto un aumento de la violencia machista, sino más bien la visibilización de una situación que lleva tiempo sucediendo tras la puerta del domicilio. Estas fueron, entre otras, algunas de las preocupaciones manifestadas el pasado lunes 30 de noviembre, en la charla online contra la violencia de género, que tuvo lugar durante la programación de la Setmana de la Solidaritat. Este fue el último de un conjunto de actos telemáticos celebrados por la organización, que impulsa en l’Hospitalet l’Espai de Ciutadania. Con el título “No deixarem que el maltractament es confini a casa”, la periodista Montse Santolino y la activista Beatriz Cantero de Mujeres Pa’lante dieron voz al acto, dirigido a sensibilizar a la población acerca de la violencia sufrida por muchas mujeres durante los meses de confinamiento.
Este año han sido 41 las mujeres asesinadas por violencia machista. La crisis social derivada de la emergencia sanitaria, junto a la crisis económica y las restricciones de contacto con el exterior han supuesto una combinación clave ante la violencia de género, según recordó Montse Santolino. Aunque las denuncias no han crecido, ha habido un aumento del 60% en llamadas realizadas a líneas de atención, especialmente entre los meses de marzo y abril. En estas, la mayoría de mujeres declaraban sufrir violencia psicológica, y hasta un 40% testificaba la violencia física. Aun así, ha sido por el incremento de contactos vía online (es decir, a través de redes sociales y mail) donde se ha constatado la gravedad de esta situación. Asimismo, cabe mencionar la especial vulnerabilidad de las mujeres migradas, gran parte de las cuales se dedica al sector doméstico y de los cuidados, y que han sufrido una violencia mayor durante los meses de pandemia.
La activista Beatriz Cantero, que es además bioquímica y especialista en diferentes temas sobre género y ciencia, recordó que “la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado”, si no que “se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad en la sociedad”. Por tanto, es importante conocer que la opresión de la que se habla no es un sinónimo de violencia directa: se trata de una estructura transversal de violencia implícita, que no solamente abraza el ámbito de la pareja, sino también el institucional, el laboral y el comunitario. Las condiciones de nacer con sexo femenino o masculino son determinantes, porque es a partir de estas donde se asignan (de manera predeterminada) los roles de género, constituyendo una estructura de opresión. Es así como se han formado sesgos en la percepción del género, que suponen una inclinación de predilección errónea hacia el género femenino en este caso. A modo de ejemplo, la visión androcéntrica que existe sobre la población, significa que las categorías y los conceptos de estudio aplicados en la sociedad no tengan perspectiva de género, de modo que se favorece el uso de contenidos sexistas en estudios de población, así como la ausencia de mecanismos legales que puedan proteger a la mujer. El resultado es un sistema de vasta desigualdad, que va desde el ámbito de la salud, donde se mide erróneamente el impacto de las enfermedades en función del género, hasta la normalización de expresiones sexistas, como el hecho preguntar a una mujer si trabaja por aburrimiento o por necesidad.
En relación a esto, la ponente Bea Cantero manifestó que existen buenos profesionales en la materia, pero que el sistema actual carece de una regulación pertinente y que dé una respuesta efectiva al problema. Además, la activista sostuvo que la actual Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pese a ser pionera en España, no es completamente resolutiva, puesto que solo analiza la violencia en el espectro de la relación sentimental. De este modo, se obvian las demás áreas y situaciones donde entra en juego la discriminación de género, como es el acoso callejero, así como también los actos que atañen a las formas invisibles de violencia, entre los que se encuentra el humor y el lenguaje sexista y los micromachismos.
En cuanto a la violencia de género en el ámbito de la pareja, que ha sido la más denunciada durante los meses de confinamiento domiciliario, Bea Cantero expuso la necesidad de remitirse a las causas primarias, que radican en una idea del amor romántico y utópico. Esta idea, culturalmente muy extendida, se basa en una educación errada en materia interpersonal, donde se muestran concepciones irreales de relaciones sentimentales y se promueven mitos como el de pensar que el amor verdadero duele. De esta forma, se fomentan relaciones donde hay un carácter de dominación y de dependencia grandes, suscitando la violencia psicológica. Esto puede ser realmente peligroso para una mujer, puesto que resulta difícil de ver a simple vista, y por ende, también de erradicar. De acuerdo a un estudio de psicología social realizado en la Universidad de Barcelona, es difícil para las mujeres maltratadas interrumpir sus relaciones, porque deben percibir que tienen los medios y el apoyo social e institucional necesarios para dar el paso, por lo que se tarda un promedio de 5 años en pedir ayuda.
Es por esto que las relaciones deberían basarse en una ética de cuidados, donde haya una interdependencia de afecto y donde las diferencias sirvan para enriquecerse, y no para someter. Aunque hoy en día está más aceptada la idea de la igualdad y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de pareja, sobre todo entre las mujeres más jóvenes, sigue siendo necesario replantear este modelo de relación y construir un pacto más igualitario, según afirmó la ponente. Es sustancial que desde el exterior se den respuestas comunitarias y de solidarización ante los casos de violencia. Desde la asociación de mujeres migradas Mujeres Pa’lante, que forma parte de una plataforma unitaria contra las violencias de género en Cataluña, se realizan cursos de prevención y acompañamiento contra estas violencias.
Por otra parte, Bea Cantero hizo hincapié en la especial situación de las mujeres migrantes, muchas de las cuales además se ven afectadas por la violencia institucional, ya que el sistema no proporciona ninguna ayuda a las situaciones de emergencia que muchas viven. La Ley de Extranjería, que limita los recursos estatales para personas migrantes no consideradas ciudadanas, o los centros de internamiento para extranjeros, donde se da el abuso sexual y físico sin restricción, son ejemplos de ello. Paralelamente, es necesario terminar con el mito de que la violencia de género ocurre más entre personas migrantes. Los últimos datos señalan que hasta el 40% de denuncias por violencia machista provienen de parejas mixtas, en las que la víctima es migrante, mientras el agresor es de nacionalidad española.
La imputación policial a Nuria Marín este pasado jueves, después de ser citada para declarar como testigo, resultó tan sorprendente como previsible y amenaza con provocar la hecatombe anunciada. Me explicaré. Fue toda una sorpresa especialmente para ella, su ayuntamiento y su partido, pero sobre todo por dos razones. La primera, que no conocen muy a fondo a la UDEF —la unidad de la policial judicial que investiga los delitos de corrupción—, aunque deberían, y la segunda, porque les resultaba impensable que una simple irregularidad administrativa —como señaló en su día Miquel Iceta— alcanzase de pleno a la niña mimada del socialismo catalán y en consecuencia a su débil corazón —el del PSC, obviamente—, cargado de inseguridades. Desde ese mismo momento, sin embargo, se han desatado, esta vez sí, todas las alarmas. Y no porque ERC haya pedido ya dos mociones de censura, una en el pleno de la Diputación y otra en el municipal, ni porque los comunes hospitalenses y los de Ciudadanos le hayan pedido la dimisión, cuestiones que se podían dar por oficiosas en la medida en que la oposición siempre aprovecha cualquier resquicio allí donde es frágil —y en l’Hospitalet toda la oposición lo es— sino porque una imputación de la juez pone el cargo de la Marín en una auténtica cuarentena.
Tiene que haber gente en l’Hospitalet frotándose las manos, al mismo ritmo que le crecen las dudas a la alcaldesa intocable. La principal de ellas es si va a poder resistir a los cargos judiciales cuando lleguen —que llegarán—, y de ahí que haya optado por demostrar que ella no tiene nada que ver con el asunto clave —la corrupción en el seno del Consell Esportiu—, y se muestre predispuesta a declarar lo más pronto posible y de la manera más transparente ante la juez, como ya lo hizo, sin ocultar nada ,ante la UDEF. Tendría que haber sabido que cuando la UDEF muerde sobre un proceso de corrupción, solo lo suelta cuando ha puesto al sospechoso ante el juez con todas las vergüenzas al aire. Y eso es, probablemente, lo que va a pasar.
La verdad es que el tema era muy complicado desde su inicio y viene muy de lejos, de los problemas por contentar a demasiada gente con aspiraciones: la paz en partidos donde hay mucho por repartir, pasa justamente por repartir equilibradamente, pero ya se sabe que los equilibrios suelen ser arbitrarios y siempre hay gente descontenta que alberga rencores por la falta de reconocimiento o por los agravios comparativos. Y encima, cuando este caso se envenena, se envenena con un par de protagonistas de esos que complican las cosas. Uno, el teniente de alcalde Cristian Alcázar, que es quien manda en la organización local del PSC. Y el otro Cris Plaza que hasta hace cuatro días era el máximo responsable del Consell Esportiu para pasar luego a ser asesor y más tarde concejal, previa una liquidación de 47.000 euros, a todas luces incorrecta además de inmoral, cuyo desconocimiento es imposible que pueda alegar la alcaldesa.
Escribo esto, un par de horas después de que el gabinete de prensa municipal, en sábado, haya dado conocimiento de la dimisión de Plaza para facilitar la investigación judicial sobre el Consell. Hasta ahora todo el mundo hablaba de la consabida presunción de inocencia. Cuando uno dimite, después de resistirse, claro, está reconociendo que algo no se hizo bien. Plaza se resistió y le resistió la alcaldesa. Ahora, la alcaldesa necesita que alguien caiga para que no caiga todo. Me temo que vano intento. Y si no cae Alcázar es porque Alcázar es bastante más que el segundo hombre de la lista municipal: es el primer secretario local y tiene al partido, que lo eligió hace un año, detrás.
Si cae un imputado, sin embargo, nadie va a entender que no caiga el segundo y que después del segundo no caiga el tercero, o sea que aquel incidente administrativo que Graells llevó al juzgado, está amenazando con implosionar el invento socialista local. Decía antes, que debe haber gente en l’Hospitalet frotándose las manos. Si yo fuera Marín se las miraría de reojo a Belver, el primer teniente de alcalde, porque las debe tener bastante rojas…
Y a todo esto Graells sigue en el equipo de gobierno votando todo lo que debe, para garantizar la mayoría absoluta a un grupo municipal en cuyo seno hay gente a la que denunció en el juzgado. Graells no era un cualquiera en el Ayuntamiento. Era el tercer hombre de la lista municipal (el sexto por ser una lista cremallera), de modo que su peso era notable, pero encima es el concejal que hace 14 en un ayuntamiento de 27 regidores. Es decir, él fuera del grupo municipal socialista, se convierte en árbitro de la situación, de modo que nadie puede atreverse demasiado a pedirle la dimisión no sea que se encabrite y en lugar de dimitir ahueque el ala del grupo.
Añádasele a esta sanfaina la reciente sentencia del TSJC sobre el PDU-Gran Vía y habrá motivos para que la Marín pueda hablar de annus horribilis más allá de la pandemia que se ha cargado ya a 659 conciudadanos.
Entrevista a Antoni Garcia, portaveu del Grup Municipal d’ERC
12 de desembre, 2020
1. Els treballs realitzats des del Grup Municipal d’ERC per tal d’impedir que es portés a terme el PDU-Gran Via que el govern municipal volia posar en marxa sense cap consens ha possibilitat una sentència negativa del TSJC que pot aturar provisionalment el projecte. Quins seran les properes passes del Grup Municipal: intentar consensuar un nou projecte?, mantenir l’oposició a qualsevol alternativa?
L’equip de govern ha de rectificar la seva política urbanística i no pot utilitzar els amplis consensos que hi ha per soterrar la Granvia i realitzar el clúster biomèdic per camuflar projectes especulatius que volen destruir la darrera zona agrícola de la nostra ciutat de gran valor ecològic i ambiental.
Aquest PDU no ha tingut ni consens social ni polític a l’Hospitalet, ni al govern, ni a la Generalitat de Catalunya, i el Parlament de Catalunya l’ha rebutjat dues vegades.
Cal que el govern de la ciutat, s’assegui, dialogui amb la ciutadania, amb les entitats, i que inici els tràmits per preservar la totalitat de Cal Trabal i incorporar-lo al Parc Agrari del Baix Llobregat, tal i com volia fer l’any 1997.
2. El PDU queda aturat momentàniament a l’espera dels previsibles recursos del govern municipal i del govern de la Generalitat. Pel que fa al govern de la Generalitat, quines han estat les gestions portades a terme pel GM d’ERC respecte d’aquest projecte en el passat i quines gestions pensa fer a partir d’aquest moment per influir sobre el Departament de Territori? És possible que des de dins del govern de la Generalitat, els republicans puguin evitar el recurs de cassació de l’executiu català?
El conseller Calvet actua de forma uniliteral, utilitza les seves competències com a conseller per afavorir els interessos polítics del seu partit i de la sociovergència i no respecta els acords del Parlament de Catalunya, que en dues vegades va demanar l’aturada del projecte del PDU.
3. Com pensen afrontar des de l’Hospitalet l’enorme contradicció que suposa que Junts apliqui polítiques contràries a les propostes del soci de govern en assumptes d’enorme transcendència per a les polítiques locals dels grups municipals d’ERC, com és el cas de l’Hospitalet, però que es reprodueix a altres indrets de la comarca?
Està clar que Esquerra i Junts tenim diferències en el model territorial de la nostra comarca natural, també el Conseller de Territori ha tirat pel dret sense consensuar el PDU del Delta de Llobregat que ha estat anul·lat per la justícia. Esquerra defensem un model territorial respectuós amb el medi ambient que no coincideix amb el model territorial especulatiu de Junts per Catalunya.
4. Consideren des del GM d’ERC que tindran, juntament amb altres GM i la militància, pes suficient per impedir un futur govern de coalició amb una força política com Junts que expressa a molts municipis idees del tot contràries a les que vostès defensen, especialment en el pla urbanístic i de la defensa dels drets de la ciutadania?
Esperem que el proper de govern de la Generalitat de Catalunya implanti polítiques republicanes i impulsi un model territorial i ambiental sostenible que sàpiga compaginar el respecte i la protecció d’un entorn natural de qualitat, amb el desenvolupament econòmic i faci polítiques actives per canviar l’actual model i poder contribuir a la lluita contra la crisi climàtica que estem patint. Cal un nou govern integrat per les forces d’esquerres independentistes i sobiranistes que faci polítiques republicanes davant el model obsolet de la sociovergència.
5. ERC és indispensable al govern de la Generalitat de Catalunya però també és importantíssim a la Junta de Govern de l’AMB. Veu factible un front comú amb els Comuns en contra del PSC i Junts sobre el projecte PDU-Granvia?
Estic segur que les diferents forces republicanes de l’AMB continuarem sumant esforços i complicitats amb les entitats veïnals, ecologistes i socials tal i com hem fet fins ara.
6. Ara mateix, l’equip de govern socialista, malgrat la majoria absoluta de que disposa a la ciutat, presenta una imatge més fràgil per culpa de la derrota de la sentència sobre el PDU i la seva posició de tàcita condescendència respecte del conflicte al Consell Esportiu. Vostès són la principal força de l’oposició. Veurem alguna embranzida pel que fa a iniciatives ciutadanes per part del GM d’ERC?
El model del ciutat del PSC està esgotat i és incapaç de solucionar els problemes dels veïns i veïnes. Tenim una alcaldessa que està més pendent de presidir la Diputació de Barcelona, i de sortir als mitjans de comunicació, que d’atendre les prioritats de la ciutat.
Les irregularitats del Consell Esportiu és una mostra més que el PSC confon institució amb partit i actua amb tota impunitat. El que està passant en aquesta ciutat és molt greu, tenim ja 15 persones imputades pel presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu, la darrera és l’alcaldessa que està acusada de delictes de prevaricació, malversació i omissió del deure de perseguir un delicte.
Els veïns i veïnes de l’Hospitalet no es mereixen tenir una alcaldessa que està imputada. Cal que Núria Marín dimiteixi pel bé de la institució perquè els ciutadans es mereixen un Ajuntament net i sense cap ombra de corrupció.
Marín ha estat sis mesos sense donar cap tipus d’explicació, no ha actuat amb transparència i ens ha negat accedir a informació relacionada amb el Consell Esportiu.
Recordem que Núria Marín nomena la meitat dels membres de la comissió directiva del Consell Esportiu i que la regidora d’esports és la presidenta d’aquesta entitat.
A més Marín, abans de ser imputada s’ha amagat, no ha donat la cara i ha tapat i mantingut en el seu govern a dos regidors que estan en llibertat amb càrrecs per desviament de subvencions, malversació, blanqueig de capital, falsificació…, per una presumpte caixa B del Consell Esportiu, que servia per pagar sobresous, despeses personals, multes de trànsit, dinars, copes i indemnitzacions indegudes.
L’Hospitalet no es mereix un govern imputat, opac i esgotat que no sap fer front als reptes socials i econòmics que té la ciutat en l’actual context de crisi provocada per la Covid.
7. Com veuen l’Hospitalet del futur? Quina és la seva opinió respecte del sol no edificat a la ciutat? Estan a favor d’aturar la construcció massiva d’habitatge privat? Què en pensen sobre l’esponjament urbà dels barris del nord de la ciutat?
Tenim un govern a la deriva. Necessitem un govern que escolti i que doni solucions als problemes que pateixen els veïns i veïnes com la manca de neteja, els preus abusius de l’habitatge, l’augment de les desigualtats entre barris i famílies.
L’Hospitalet necessita un nou model econòmic que ajudi al comerç, a la petita i mitjana empresa per crear riquesa i ocupació. Cal una aposta per l’economia productiva i no per l’economia especulativa.
L’Hospitalet no el poden planificar les immobiliàries i l’especulació. L’urbanisme no ha de ser mai una planificació immobiliària, és una eina de transformació social. Cal un canvi de paradigma en el model urbanístic en aquesta ciutat. L’urbanisme ha de ser un instrument al servei de les persones, per millorar els barris, fomentar la cohesió social, donar resposta a l’escassetat de zones verdes que pateix la ciutat. És urgent que a la nostra ciutat es fomentin polítiques que garanteixin el dret a l’habitatge digne i que aturin els preus abusius del lloguer i de compra, i que garanteixin vides dignes dins d’aquests habitatges.
L’Hospitalet necessita una aposta decidida per la rehabilitació, perquè tenim un parc d’habitatges envellit que va ser construït a la dècada dels 60 i 70 i que necessita millores per superar les deficiències estructurals.
Mentre definim aquest nou model d’urbanisme, que ha de ser amb criteris de sostenibilitat per fer front a la crisi climàtica, també cal una moratòria urbanística.
8. Estarien a favor d’una moratòria constructiva i de promoure un debat públic sobre el model urbanístic de la ciutat més densa d’Europa?
Estem a favor d’una moratòria urbanística mentre definim un nou model urbanístic basat en criteris socials i ambientals.
9. Moltes entitats de la ciutat que es dediquen al suport a la ciutadania amb més precarietat s’han queixat reiteradament del deteriorament que pateixen els serveis socials de la ciutat, sense capacitat per poder fer front a les necessitats creixents de la ciutadania. Què ha fet i què pensa fer el GM d’ERC per resoldre aquestes mancances?
La crisi sanitària ha posat de manifest les febleses que tenim com a societat, i el treball que hem de desenvolupar per enfortir les polítiques de benestar i garantir vides dignes a tots els nostres veïns i veïnes.
Les desigualtats socials a l’Hospitalet han augmentat i els serveis socials de la ciutat, que tenien manca de finançament municipal, s’han vist superats per la situació. Les entitats socials i les xarxes veïnals han arribat on no arriben les administracions.
Aquesta ciutat necessita destinar més recursos econòmics a serveis socials, a les polítiques d’atenció a les persones i millorar les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.
10. És possible que la propera operació de soterrament del traçat ferroviari a la ciutat alliberi espais. Tenen vostès algun pla sobre com actuar damunt d’aquest espai previsiblement lliure que quedarà a espais estratègics de la ciutat?
Esperem que després de més de 20 anys de reivindicació el govern de l’Estat executi la promesa de soterrar les vies que divideixen la nostra ciutat.
Des d’Esquerra apostem perquè l’espai que guanyem sigui per disposar d’espais públics i zones verdes perquè la ciutadania les pugui gaudir. No entendríem que el govern municipal dediqués aquest espai que guanya la ciutat a promoure noves promocions d’habitatges.
Entrevista con Ana González, portavoz del Grupo Municipal l’Hospitalet-En Comú Podem
11 de diciembre, 2020
1.Ha sido un éxito la resolución del Contencioso sobre el PDU-Gran Vía. De momento se paraliza el procedimiento, la licitación y el comienzo de las obras. ¿Cuáles son los siguientes pasos como Grupo Municipal, en este ámbito.? ¿Vais a promover un debate municipal sobre este proyecto? ¿Vais a intentar negociar con el grupo socialista el futuro de este PDU?
Somos un Grupo Municipal humilde, pero siempre tratamos de avanzar con determinación y no dar pasos en falso. Por eso cuando tomamos una decisión, la llevamos a cabo sin que nos tiemble el pulso. El éxito de la resolución del PDU-Gran Vía nos llena de alegría y nos reafirma en la idea que llevamos tiempo repitiendo: esta ciudad necesita un cambio, un lavado de cara y un plan de futuro ambicioso que nos sitúe en la delantera de la modernización de las ciudades de Europa. No podemos quedarnos anclados en un modelo de ciudad de otra época que se ha demostrado fallido en muchos casos. Para lograr esto, sin lugar a dudas, es imprescindible un debate social y político que el actual equipo de gobierno ha tratado de rehuir durante mucho tiempo. Y no solo sobre el PDU-Gran Vía; vayamos un paso más allá y hablemos acerca de qué ciudad queremos construir en la próxima década.
2. Es muy probable que el Ayuntamiento y la Generalitat presenten un recurso de Casación ante el TSJC y quien sabe, si la legislación lo permite, ante el Supremo. En ese caso, es muy probable que retomen el proyecto en el punto en que el TSJC concentró el defecto formal, que es la tramitación en el Área Metropolitana de Barcelona. ¿Tendrá la suficiente fuerza el GM de ECP para conseguir que los Comunes del AMB se nieguen a la tramitación? ¿Será suficiente la negativa de ECP en el AMB para tramitar de nuevo el proyecto?
Una de las cosas que deja clara la sentencia es que corresponde al AMB ejercer sus competencias en materia de urbanismo. Es en este sentido que el PDU metropolitano se erige como el verdadero instrumento de ordenación y de impulso de las políticas urbanísticas con mirada estratégica y visión integral del conjunto de los 36 municipios que conforman el área. Desde el grupo d’ En Comú Podem entendemos que la única vía para preservar el interés general pasa por desarrollar y consensuar lo más rápido posible este PDU metropolitano y no tramitar proyectos al margen de éste. Insisto, la sentencia nos ha dado la razón en este punto.
3. En la misma línea de la pregunta anterior, teniendo en cuenta los precarios equilibrios en el gobierno del AMB, ¿cúal es la impresión que tenéis ahora mismo, que Colau y el resto del grupo de Podemos en el AMB sabrán resistir o que, por el contrario habrá que confraternizar y acabar negociando un PDU alternativo pero igualmente lesivo para la ciudad?
Creo que nuestra posición es clara al respecto, tal y como le he comentado anteriormente. No tiene sentido desarrollar los PDUs sectoriales que ahora mismo están sobre la mesa en el ámbito del área sin una visión integral. El PDU metropolitano ha de sustituir al actual PGM que ha demostrado estar obsoleto para afrontar los retos del futuro en materia medioambiental, de mercado de vivienda de alquiler asequible, de desarrollo industrial, de amenaza por el cambio climático, etc. En definitiva ha de regir las políticas urbanísticas de al menos los próximos 30 años. Hipotecar esta visión con proyectos ad hoc a los intereses locales no nos parece el camino adecuado. Este será nuestro posicionamiento.
4. La sentencia del TSJC puede servir para paralizar otros megaproyectos que algunos ayuntamientos del Baix Llobregat tramitan con la Generalitat (La pregunta se hizo antes de las últimas sentencias del TSJC que anulan diversos proyectos en el Baix Llobregat). ¿En qué punto se encuentra la posible coordinación de esfuerzos de los grupos municipales de ECP en torno a la dinámica de especulación urbanística que se registra en algunas zonas del área metropolitana?
Nuestro grupo metropolitano d’En Comú Guayem coordina las políticas de urbanismo en el AMB, siempre con una máxima comunicación con los grupos municipales y con el grupo parlamentario. En este sentido, desde las agrupaciones locales y grupos municipales mantenemos contacto con la sociedad civil organizada que lucha por la preservación del territorio. Son muchos los retos que tenemos por delante. La pregunta sería ¿qué estrategias debemos adoptar colectivamente para afrontarlos? Sin duda, más allá de dotarnos de las herramientas, debemos debatir y consensuar las necesidades presentes y futuras en materia de vivienda, espacios de preservación, transporte público, etc. Siempre con el objetivo del bien común.
5. La paralización del PDU-Gran Vía se ha debido a la acción de la justicia pero no directamente a la oposición minoritaria de la ciudadanía indignada con la gestión que hace el Ayuntamiento del suelo libre en la ciudad. ¿A qué adjudicáis la debilidad del movimiento ciudadano y qué alternativas prevéis para que se escuche la voz del activismo vecinal y medioambientalista?
El hecho de que la paralización del PDU-Gran Vía sea consecuencia directa de las acciones judiciales que hemos tomado como grupo municipal no quiere decir necesariamente que el movimiento ciudadano sea débil. Creemos que en l’Hospitalet lleva años gestándose un movimiento ciudadano transversal, con gente comprometida que quiere una ciudad mejor y lucha por ello. Y en L’Hospitalet En Comú Podem somos de la opinión de que si luchas con ahínco por aquello que crees que es justo, consigas o no tus objetivos al final del trayecto, nadie podrá acusarte de debilidad. En el caso concreto de los movimientos que han ejercido la oposición ciudadana al proyecto urbanístico especulativo del PSC de l’Hospitalet, agradecerles el esfuerzo y el trabajo a lo largo de estos años. Son imprescindibles para formar una masa crítica que, por qué no decirlo, sueñe una ciudad mejor y se emocione pensando en un l’Hospitalet con menos rascacielos y más parques. Menos contaminación y más salud. Menos proyectos especulativos y más equipamientos y servicios públicos. Menos políticos que gobiernan de espaldas a la ciudadanía y más gente común que lleva los anhelos de los vecinos y vecinas al ayuntamiento para hacerlos realidad.
6.La paralización definitiva del proyecto PDU-Gran Vía muy probablemente exigirá la colaboración de más grupos municipales. ¿Con qué grupos se puede pactar actualmente una acción conjunta y qué trascendencia puede tener ese acuerdo en los organismos rectores del AMB y de la Generalitat?
Nuestro grupo municipal siempre ha considerado el diálogo como un valor imprescindible en política, y más cuando se trata de defender el bien común y los intereses y derechos de nuestros vecinos y vecinas. De hecho, durante estos años en el consistorio de L’Hospitalet, los grupos municipales de la oposición al completo —desde su diversidad política— se han opuesto de manera contundente al PDU de la Gran Vía, también en la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya que emitió dos resoluciones que solicitaban la paralización del PDU y abogaban por elaborar un proyecto de consenso con la participación de la ciudadanía. Creemos que el camino del diálogo, el consenso y la participación ciudadana en proyectos que afectan de manera tan determinante y tienen un impacto irreversible, como en este caso el PDU de Gran Vía, es la única opción que podría plantearse. Por eso solicitamos al equipo de gobierno del PSC del Ayuntamiento de L’Hospitalet y al Departament de Territori de la Generalitat que desistan de presentar el recurso de casación que han anunciado para impulsar un amplio debate político y ciudadano para decidir entre todos y todas cómo queremos desarrollar nuestro propio territorio.
7.El GM de ECP ha intervenido con decisión en un par de asuntos que han aparecido en los medios y en otro sobre el que se han lanzado algunas dudas importantes. Me refiero a la polémica en torno a la edificación de la Cosme Toda y al escándalo del Consell Esportiu. También en los últimos plenos habéis tenido protagonismo en la solicitud de información respecto a Fira 2000. ¿En qué punto se encuentran estás cuestiones respecto del trabajo de investigación que estáis llevando a cabo?
Como he dicho antes, no nos tiembla el pulso a la hora de defender los intereses de los vecinos y vecinas de l’Hospitalet. Del mismo modo que hemos sido una pieza clave a la hora de tumbar el PDU-Gran Vía, queremos de igual manera contribuir a que se esclarezca el Caso Consell Esportiu. Hemos insistido durante meses y lo seguimos reiterando: la alcaldesa debe salir a dar explicaciones públicas y apartar de sus cargos a los dos regidores investigados por la justicia. El equipo de gobierno, en nuestra opinión, debe dejar atrás su fallida estrategia de huida hacia adelante. Porque por mucho que corras, la realidad siempre te alcanza. Teniendo en cuenta que no se han atendido nuestras peticiones de transparencia en todo este tiempo, hemos propuesto citar a los dos regidores de gobierno del PSC de l’Hospitalet para que den explicaciones en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Nuestra ciudad no merece ni que se cierna sobre ella la sombra de la corrupción ni el silencio indiferente de la alcaldesa respecto a este tema. La gente merece tener toda la información acerca de una cuestión tan relevante. Luchamos y lucharemos para poner en valor la transparencia y los más altos estándares éticos en la política. Sea en el caso del Consell Esportiu o en cualquier otro que afecte a los intereses de los vecinos y vecinas de l’Hospitalet.
8.¿Cúal es vuestra opinión como grupo respecto del modelo de ciudad, la densificación demográfica y la necesidad de la distancia social como se ha visto en esta pandemia?
Nuestra posición acerca del actual modelo de ciudad no es ningún secreto: estamos ante un modelo de ciudad obsoleto que no podemos permitirnos perpetuar en los próximos años. El actual equipo de gobierno parece resistirse a entenderlo. Las ciudades del siglo XXI tienen otras necesidades y se construyen bajo paradigmas nuevos, adaptados al mundo en que vivimos. ¿Tiene sentido construir hoteles y rascacielos faraónicos cuando tenemos un gran déficit de zonas verdes en la ciudad? Desde nuestro punto de vista, no. ¿Tiene sentido edificar alrededor de novecientas viviendas en Cosme Toda con unos centros de atención primaria colapsados? La lógica nos dice que no. ¿Tiene algún sentido seguir consagrados a la cultura del tocho y el pelotazo urbanístico en la ciudad más densamente poblada de Europa? Nuevamente, la respuesta es no. Creo que la pandemia que golpea nuestras sociedades ha acelerado un proceso de cambio y renovación de consensos sociales. Un nuevo sentido común se abre paso y nos coloca justo frente al espejo de nuestro mundo, haciendo evidentes deficiencias del sistema que antes podían pasar un poco más desapercibidas para la gente. Las enseñanzas que extraemos de la pandemia nos indican que una etapa ha llegado a su fin en l’Hospitalet, se oponga quien se oponga. Ahora debemos asistir el nacimiento de una ciudad de futuro: promover la creación de zonas verdes, puesto que las ciudades necesitan pulmones que sean una garantía de salud para sus habitantes. Peatonalizar calles con tal de ganar espacio vital para los vecinos y vecinas. Extender el uso de la bicicleta en trayectos interurbanos para luchar contra la contaminación. Apostar por proteger el derecho a la vivienda digna con un parque público de vivienda que facilite el acceso a un hogar. Hay que cuidar lo público para avanzar en derechos, en protección de la gente y en bienestar colectivo. En definitiva, es hora de ofrecer soluciones reales a problemas reales.
9. ¿Cuál es vuestra opinión como grupo respecto de la carencia de zonas verdes, el esponjamiento de los barrios del norte y la política de vivienda?
Lo hemos repetido desde el comienzo de esta legislatura: el modelo de ciudad aplicado por el actual equipo de gobierno se ha quedado totalmente desfasado. Es un modelo caduco, anclado en el pasado. Desde En Comú Podem de l’Hospitalet tenemos otro proyecto de futuro para la ciudad, otro modelo que garantiza la sostenibilidad de una ciudad que necesita más zonas verdes y menos rascacielos. Por la sencilla razón de que las zonas verdes son sinónimo de salud para los vecinos y vecinas de la ciudad, mientras que los rascacielos suelen ser sinónimo de especulación inmobiliaria.
10. ¿Cúal es vuestra opinión como grupo respecto de la situación de los equipamientos, servicios e infraestructuras a la luz de los miles de nuevos habitantes que se prevén con la edificación de las 11.000 viviendas que se están construyendo?
Nuestro grupo Municipal ha denunciado hasta la saciedad la saturación de los servicios públicos, que son esenciales para nuestros vecinos y vecinas. Los recortes que se han venido efectuando desde el 2008 por gobiernos de marcada tendencia neoliberal han provocado que el sistema de salud público haya perdido medios técnicos, equipamientos sanitarios y profesionales de la salud de manera significativa. Provocando una saturación en la atención primaria con más de cincuenta días de espera para ser atendido por el médico de cabecera, según denuncias de los propios usuarios. Enormes listas de espera para intervenciones quirúrgicas o pruebas médicas importantes para la salud de los pacientes y su calidad de vida. Hacemos hincapié en un hecho injustificable como es la situación de alrededor de 150.000 habitantes de L’Hospitalet que han de desplazarse al municipio de Sant Joan Despí para ser atendidos en el Moisès Broggi, el hospital de referencia que tiene asignado, dado que el Hospital General de L’Hospitalet ha sido prácticamente desmantelado y solo efectúa intervenciones que no precisan hospitalización y atiende consultas externas determinadas.
Destacamos también la escasez de pediatras, con varios ambulatorios de la ciudad sin atención pediátrica continuada y sin servicio de urgencias pediátricas las 24 horas para atender los casos fuera de horario del pediatra de referencia. En una ciudad con aproximadamente 40.000 niños y niñas, resulta injustificable obligar a las familias a desplazarse a un hospital infantil de referencia que pertenece a la sanidad concertada, ubicado en otro municipio y con dificultad de acceso en transporte público.
En esta situación de precariedad y saturación del sistema público de salud ha impactado con fuerza la pandemia de la Covid-19, llegando casi al colapso en los meses más duros de la crisis sanitaria. Estamos convencidas que el impacto de la pandemia se hubiera podido asumir en mejores condiciones si no se hubieran efectuado los brutales recortes, especialmente en cuanto a medios humanos e instalaciones sanitarias. Somos plenamente conscientes del esfuerzo sobre humano que los profesionales de la salud pública han estado realizando desde el inicio de la pandemia; nuestro agradecimiento y reconocimiento a su labor es infinito.
También la escuela pública se encuentra sobrepasada en nuestra ciudad. Con ratios de alumnos por aula que sobrepasan en muchas escuelas las recomendaciones, centros educativos con un déficit serio de instalaciones y medios técnicos para ejercer la docencia con garantías e incluso centros educativos en módulos provisionales a la espera de la construcción de la propia escuela. Hay que destacar que una generación de niños y niñas de la Escuela Ernest Lluc y Paco Candel habrán desarrollado su etapa escolar de primaria en módulos provisionales, con un claro déficit del espacio necesario para desarrollar actividades lectivas imprescindibles.
También en el terreno educativo la falta de plazas de escuelas infantiles de 0 a 3 años obliga a muchas familias de L’Hospitalet a buscar plazas en los municipios cercanos, generalmente en escuelas privadas, ya que las de titularidad pública no cuentan con las suficientes plazas para acoger la demanda.
En este contexto el gobierno del PSC del Ayuntamiento de L’Hospitalet plantea edificar aproximadamente 11.000 viviendas con una proyección de 35.000 habitantes más en un plazo de entre tres y cuatro años. Lo cual consideramos un auténtico despropósito y una absoluta irresponsabilidad, ya que dicho incremento terminará por colapsar los servicios públicos sanitarios y educativos ya de por sí saturados.
Por ello consideramos imprescindible plantear una moratoria urbanística para proyectar la ciudad en su conjunto y al servicio de las personas, nunca para los intereses de las empresas constructoras. El bien común ha de prevalecer por encima de cualquier consideración.
ERC amenaza con presentar moció de censura en la Diputació donde es presidenta
El caso de presunta corrupción en el Consell Esportiu de l’Hospitalet continúa salpicando a más personas. Esta vez a la primera autoridad de la ciudad a la alcaldesa y presidenta de la Diputació, Núria Marin quien ha declarado durante tres horas ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Su comparecencia ha sido en calidad de investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión de perseguir el delito.
De momento han prestado declaración dos concejales en junio y del secretrario de Esports de la Generalitat el mes pasado. La investigación ha avanzado en los últimos meses y actualmente hay 14 personas más investigadas.
Tras la declaración y en una rueda de prensa, Núria Marín ha manifestado que no dimitirà “porque no hay motivos” y pedirá declarar voluntariamente a la juez del caso. Ha explicado que ante las preguntas de la Policía decidió responder, sin acogerse al derecho a no declarar.
No tuvo papel pasivo
La alcaldesa desmintió haber tenido un papel pasivo cuando tuvo conocimiento de los hechos y explicó que el pasado mes de febrero el entonces concejal de Educación Jaume Graells le informó de unas presuntas irregularidades dentro de la contabilidad del Consell Esportiu en las que estaban implicados los también concejales Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza.
Núria Marín ha recordado que el Consell Esportiu es una entidad privada y el Ayuntamiento no puede hacer ninguna auditoría por lo que esta fue encargada por el propio Consell a unos auditores independientes.
Está prevista la comparecencia próximamente en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya a petición de ERC y también Els Comuns para que informe sobre estas presuntas irregularidades.
ERC y Comuns piden la dimisión
La reacción de los grupos municipales ha sido enérgica y contundente. Antonio García manifestó a través de un tweet: “Dimita. Esta situación es del todo insostenible #LHospitalet se merece un ayunamiento limpio y transparente, sin ninguna sombra de corrupción”. ERC ha avisado que presentaría una moción de censura a la Diputació de Barcelona si no lo hacía. Marín ha asegurado que aún no ha hablado con JxCat sobre esta cuestón para mantener su apoyo.
Ana González dels Comuns: “El mal que se le está haciendo a la ciudad de #LHospitalet y a la institución por el caso de presunta corrupción del #consellesportiu es incalculable. Hoy la alcaldesa sale de declarar investigada y con cargos. Pedimos que por el bien de los vecinos y vecinas @nuriamarinlh diita así como los concejales investigados. Ninguna sombra de corrupción puede manchar nuestra ciudad.
Miguel García de Ciutadans ha manifestado: “Las últimas noticias de casos de presunta corrupción del PSC lo inhabilitan como alternativa de gobierno en Cataluña. Así es la vieja política”.
Desde el PSC han ofrecido toda la colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y han manifestado que es necesario respetar la presunción de inocencia de todos los implicados y reiteran la total confianza en la alcaldesa.
Antes de la COVID-19 disfrutábamos de aquella antigua normalidad. No, no es cierto, antigua sí, pero normalidad ni por asomo. Ya estábamos enfangados en el cambio climático, la ultraderecha aprovechaba la mediocridad e ineficacia de los poderes públicos para medrar y aparecía una nueva epidemia. Sí, antes de la pandemia apareció una epidemia, no tan grave, ni mucho menos; infinitamente menor, pero a la que, al menos en L’Hospitalet, no se le han prestado los mecanismos necesarios para su regulación. La epidemia del patinete eléctrico.
Van por la calzada a toda velocidad, de repente se suben a la acera a la misma velocidad, da igual el ancho de la acera, tú, como peatón te apartas; el centro de cualquier superficie es su zona de confort. Ves patinetes portando personas de cualquier edad, solos, en parejas o con niños agarrados al mástil. He visto una madre con dos niños, he visto tres adolescentes, he visto un trabajador con una enorme caja de herramientas dando un ancho de casi un metro. Espero que todo esto se diluya como lágrimas en la lluvia.
Sé que la Guardia Urbana denuncia y multa cuando se lo ponen blanco y en botella, pero no hay manera de controlar una ciudad como esta. A mí, que salgo poco, me han estado a punto de atropellar dos veces por descuido o negligencia de los usuarios, una al doblar una esquina y encontrarme con un patinete a toda velocidad, otra al coincidir, en el mismo punto de una acera estrecha, mi paseo tranquilo con el cruce de dos patinetes en sentido contrario. Hace dos días hubo una tercera ocasión, esta, a mala leche. Un tipo de unos veinte años circulaba a toda velocidad por la calzada de la remodelada calzada de la calle Leonardo da Vinci, en ese tramo de unos doscientos metros solo estábamos él y yo. Al verme se subió a la acera y me enfiló mientras se reía.
¿Cómo un vehículo que alcanza los treinta quilómetros por hora y es insonoro puede circular por la calzada, por la acera y por los carriles para bicicletas, por donde le dé la gana? ¿Puede un ciclomotor circular por todos esos sitios, o solo por la calzada? ¿Puedo circular con mi coche por la acera para evitar atascos?
El 13 de enero de 2020 se publicó un artículo en el que se detallaba una prueba piloto de la Guardia Urbana para controlar a estos vehículos en Collblanc y la Torrassa, con el fin de informar y sancionar a aquellos usuarios de patinetes que circularan por las aceras y con un solo usuario. Estamos en diciembre de 2020. El patinete sigue igual.
Alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. (Fuentet: Cadena SER).
La Policia Nacional ha citado en calidad de testimonio a la alcaldesa por la trama que salpica a dos concejales de su grupo municipal, según NacióDigital
La alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, está citada hoy por la Policía Nacional española en calidad de testigo por el caso Consell Esportiu de l’Hospitalet, según informa NacióDigital. La también presidenta del PSC declara ante la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía por las presuntas irregularidades que salpican dos concejales del grupo municipal.
La trama del Consell Esportiu estalló en junio con la detención y posterior libertad con cargos del segundo teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Cristian Alcázar, el concejal también socialista Cristóbal Plaza y el director del ente deportivo, Eduard Galí, pero la investigación ha ido avanzando y ya hay 14 personas imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales.
Según afirma NacióDigital y citando fuentes cercanas a la alcaldesa, Marín tiene intención de declarar ante la UDEF, como ya hizo recientemente el secretario general de l’Esport, Gerard Figueras. Marín ha afirmado siempre que colaborará con la justicia para esclarecer el caso. También ha manifestado su intención de asistir el Parlamento para dar explicaciones, después de que la cámara catalana se lo reclamara a petición de ERC. Sin embargo, hasta ahora ha evitado referirse a ella en público y ha justificado que no cesara del gobierno municipal a los dos concejales encausados, a pesar de la presión de la mayoría de la oposición.
“Cuando haya algún indicio, se tomarán las decisiones necesarias”, ha defendido Marín, que también ha justificado que el Ayuntamiento no se haya personado como acusación particular, aconsejada por los servicios jurídicos. Cuando estalló el caso, la alcaldesa remitió la documentación que tenía en el juzgado, pero el concejal del PSC que le denunció, Jaume Graells -el único que ha abandonado el equipo de gobierno- asegura que le ofreció pruebas de las irregularidades el 4 de febrero que ella declinó recoger.
El núcleo de la investigación, tal como reveló NacióDigital, apunta a una trama en la que el Cosell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. En concreto, el organismo registraría anualmente documentación falsificada al Consell Català de l’Esport -dependiente de la Generalitat- relativa a asambleas que no habrían tenido lugar y con información contable diferente a la entregada realmente a las entidades integrantes del ente y al Ajuntament.
Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y debido a que la Generalitat se le reconocería año tras año unos ingresos y gastos cerca de medio millón superiores a los que se notifica a las entidades del Consell Esportiu. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, una versión que se ha podido contrastar con fuentes de la entidad.
Y es que el Consell Català de l’Esport, además de recibir la información, no la verifica, ya que los consejos deportivos son formalmente entidades privadas sin ánimo de lucro, si bien, en el caso del de l’Hospitalet de Llobregat, recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas -sobre todo, de l¡Ajuntament y, en menor medida, de la Generalitat-. Seis de los doce miembros de su comisión directiva, además, son designados por el gobierno municipal, incluyendo el concejal de Deportes, que actuará de presidente. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.
La documentación entregada a la Generalitat con las cifras supuestamente reales de contabilidad de 2018 iba firmada en todas las páginas para Cristian Alcázar, pero también por el entonces secretario del Consell Esportiu. Al final del informe, firman igualmente la verificación contable del ejercicio tres interventores elegidos por el ente en la anterior asamblea de entre los representantes de las entidades que lo conforman. Estos miembros del Consejo Deportivo han sido también posteriormente imputados durante la investigación, según informa NacióDigital.
Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? NacióDigital manifiesta que según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consejo Deportivo, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.
Esta caja B se nutriría de pagos en metálico de las entidades deportivas y escolares integrantes del ente y también de efectivo retirado de la cuenta corriente, “siempre en fracciones de 3.000 euros”, según declara una testigo a la UDEF. El cuerpo policial, de hecho, intervino cerca de 3.000 euros en el despacho de Galí, lo que “coincide con las manifestaciones realizadas por los denunciantes respecto la existencia de una caja interna”, según ha podido saber NacióDigital del atestado.
Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes, según informa NacióDigital.
Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otros colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Según confirma NacióDigital, entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.
Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en L’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.
Apunta NacióDigital que Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hace concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente, según informa NacióDigital.
La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcalde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno -pero se mantiene de concejal-, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía del Ayuntamiento en 2019, y Galí eran directores. Cristóbal Plaza també estaria sent investigat per haver-se arreglat l’acomiadament com a director del Consell Esportiu, el gener de 2017, després de 16 anys al càrrec, per cobrar una indemnització d’uns 47.000 euros. Són uns ingressos que no hauria hagut de cobrar si hagués deixat la feina per voluntat pròpia, però el cert és que, sis mesos que la majoria del PSC a la comissió directiva l’acomiadés, el partit el va fitxar com a assessor i el va fer regidor dos anys més tard. Ell havia afirmat públicament que deixava el càrrec i, si es confirmés que l’acomiadament formal va estar arreglat, s’hauria pogut incórrer en fraus a la Hisenda estatal i a la seguretat social, a més d’adjudicar-se quasi 50.000 euros il·lícitament.
Por Lluís Berbel
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