El gobierno se muestra incapaz de controlar el clima de crispación que se vive en el barrio y pone obstáculos legales a la participación de los vecinos
La situación en el barrio de Collblanc-La Torrassa es insostenible. Así lo manifestaron varios representantes de entidades vecinales y los grupos políticos de la oposición presentes en un nuevo Consell de Districte extraordinario, el segundo que se realiza en el periodo de un año a petición de los vecinos. Los problemas que subyacen en el barrio volvieron a ser los mismos: inseguridad, convivencia e incumplimientos manifiestos de lo prometido. Algunos de los asistentes pidieron incluso la dimisión del teniente de alcalde, Jesús Husillos, presente en el acto, así como de la regidora del distrito, Olga Gómez.
La sala del Centre Cultural de Collblanc-La Torrassa estaba, una vez más, llena. Como autoridades, estuvieron presentes los dos representantes del gobierno municipal mencionados anteriormente, además de representantes de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra. Por parte de la oposición asistieron representantes de ERC, Comuns, PP y Vox.
La sesión se inició con los datos suministrados por los representantes de los dos cuerpos policiales, quienes manifestaron que globalmente se había producido una reducción de los delitos en este periodo de tiempo comparado con 2025. Estos comentarios provocaron risas entre los vecinos, quienes aseguran que las estadísticas son una cosa y la percepción del día a día es otra. Jesús Husillos añadió que faltan herramientas para poder combatir los delitos. Los vecinos manifestaron que eso mismo ya se comentó en el último pleno extraordinario del distrito celebrado en el mes de septiembre, sin que nada haya cambiado.
A partir de esta primera información estadística intervinieron los representantes vecinales, quienes volvieron a denunciar la existencia de narcopisos sin ningún tipo de intervención policial. “Es más fácil delinquir que cumplir la legalidad”, dijo la la portavoz de la Asociación de Vecinos de Collblanc-La Torrassa. Explicaron también la renuncia de los vecinos a denunciar, Y el nulo funcionamiento del 112. Reclamaron nuevamente el servicio telefónico directo de la Guardia Urbana, actualmente suprimido.
Los vecinos hicieron patente la situación del barrio, cada día más grave y conflictiva. Como ejemplo hablaron de los tiroteos que se habían producido en las últimas semanas con víctimas mortales. Incluso se puso de manifiesto la utilización de catanas en las peleas callejeras: «todo ello es una muestra del nivel de agresividad que redunda en el vecidanrio con un grado de percepción de inseguridad en crecimiento de forma exponencial».
Los vecinos reclamaron la presencia de los cuerpos policiales en las calles. “No se ve ningún agente y necesitamos la policía de proximidad tantas veces prometida”, afirmó otro vecino ante el Pleno.
Las intervenciones de los representantes de las entidades vecinales, inicialmente no previstas, al final fueron permitidas por la regidora “de forma extraordinaria”, argumentando la necesidad del cumplimiento del reglamento de participación ciudadana. La fuerte presión de los vecinos le hizo cambiar de postura.
Carme Rimbau, de la asociación Salvem el Castell de Bellvís, manifestó claramente que “los ciudadanos nos sentimos desprotegidos y no tenemos conexión ni con la Guardia Urbana ni tampoco con los Mossos”. También aludió a la superpoblación del barrio, el más denso de Europa, y denunció que a paser de ello se sigue construyendo pisos.
Desde STOP Degradació, se reclamó la necesidad de un censo de locales musicales conflictivos y se exigió la adopció de medidas contundentes para su cierre.
Uno de los vecinos recordó que el Diari de l’Hospitalet había publicado hasta 85 páginas sobre el soterramiento de las vías, que habían pasado cinco ministros prometiendo esa obra y que, al final, todo parece indicar que nunca se va a llevar a cabo.
También denunció que, como consecuencia de la masificación del barrio sin que hayan crecido los servicios, se producen los colapsos en los centros sanitarios. “La doctora de cabecera que me atiende ha pasado de tener 1.300 cartillas a 1.900”, manifestó este vecino, que sobre el tema de la inseguridad añadió: “la seguridad ha de ser también una prioridad de la izquierda”.
Ya al final de las intervenciones de los vecinos, que estaban concedidas y programadas a través de una instancia presentada en la regidoria del Distrito, quiso hablar un asistente al pleno para reclamar una regidora exclusiva para el Distrito 2. No le fue concedida la palabra por el secretario del Pleno, debido al uso restrictivo del reglamento de participación ciudadana, y al final la inmensa mayoría de los vecinos, en protesta, abandonaron el pleno.
Durante el desarrollo del Consell de Districte, intervinieron los portavoces políticos de la oposición. El primero fue Coque García, de ERC+EUiA, quien llegó a decirle a la regidora que estaba sobrepasada. Manifestó que las explicaciones dadas en ese momento por los representantes policiales y los políticos no eran suficientes: “la realidad en la calle es otra”, afirmó. Abogó por la creación de una Taula de Seguretat i de Convivència, como la existente años atrás cuyo funcionamiento fue muy aceptable, donde deberían estar presentes las entidades del barrio y los grupos políticos para analizar la situación y buscar soluciones rápidas
Manuel Domínguez, de Comuns, agradeció la presencia de los vecinos. Manifestó que el Estado del bienestar en Collblanc-La Torrassa había fracasado: “además de la inseguridad, otros ámbitos como la sanidad y la enseñanza también se encuentran en estado fallido”. Aunque afirmó que el nivel de delincuencia era alto, también situó en la misma categoría a los fondos buitre por la especulación con los pisos turísticos, precisamente en este barrio. Reiteró la necesidad de una policía de proximidad y preventiva, así como la necesidad de más espacios abiertos en la barriada densamente masificada.
Sonia Esplugas, del PP, también reivindicó una policía de proximidad visible en los barrios y prometió que en el próximo pleno volvería a realizar una moción para volver a reclamarla, tal y como se prometió en su día, así como la recuperación del teléfono de la Guardia Urbana: “el 112 no funciona y la gente ya no llama para denunciar actos delictivos e incidentes que se realizan cada día”.