Ahora queda en manos de la Generalitat la aprobación definitiva del cambio del PGM que supone la reducción de un 30% de la zona verde prevista

Los concejales de ERC del ayuntamiento de Barcelona han dado el voto a favor del plan urbanístico de la conocida como “Illa Citroën” que supone la reducción de un 30% de la zona verde prevista en esa zona al ser modificado el Plan General Metropolitano. Los vecinos de la barriada de La Bordeta y de Santa Eulàlia habían realizado protestas en contra de la decisión.

Aunque no necesitaban los votos de ERC ya que el resto de grupos PSC, Junts y Vox ya habían manifestado su posición a favor del proyecto, los republicanos finalmente han dado su apoyo mientras Comuns votaron en contra y el PP se abstuvo.

El último trámite que necesita este proyecto es la validación de la modificación del Plan General Metropolitano por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya que evaluará los criterios técnicos del proyecto. Esta decisión está prevista que se realice en el segundo semestre de este año. Según manifestó, Albert Aixalà, conseller de urbanismo del Distrito de Sants-Montjuic al digital el3 “en principio no tiene que haber ningún tipo de problema”.

Los vecinos, desde el mes de julio pasado, vienen realizando concentraciones y manifestaciones en contra del proyecto, el último de los cuales delante del ayuntamiento de Barcelona. Los afectados llevaban pancartas reivindicando “el cien por cien de la Illa Citroën zona verde”. Y otras en donde se podían leer: “No més blocs” y “Amb el barri no s’especula”.

El proyecto proviene del acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa Stellantis, en el 2023, que no se dio a conocer hasta octubre del 2024 cuando se abrió un proceso participativo que nunca se acabó y tampoco nunca se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos.

Los Comuns, que se han opuesto desde el principio a este proyecto, ya han manifestado en más de una ocasión que “el convenio está realizado a medida de la multinacional Stellantis”. Esta empresa tiene sede social en Amsterdam y es fruto de la fusión de varias empresas automovilísticas como la propia Citroën, Peugeot, Opel/Vauxhal, Fiat, Alfa Romeo, Dodge y Chrysler. Esta compañía busca revalorizar los terrenos que ha ocupado durante décadas, con una operación claramente especulativa bajo el paraguas de la enésima modificación del Plan General Metropolitano. Los vecinos se quejan de la falta de transparencia en todo el proyecto porque se abrió un periodo de alegaciones y propuestas que nunca se tuvieron en cuenta.

El proyecto contempla dos líneas de edificios en los laterales de la Illa. Una, de dos bloques de vivienda pública al lado de la Rambla Badal, y la otra situada al otro lado, junto a la Riera Blanca de vivienda privada.

La línea de vivienda pública tendrá una altura de 9 plantas y la de vivienda privada serán de 12 y 6 pisos, respectivamente. Este último, el más bajo, estará situado junto a la calle Constitución. Entre las dos líneas de edificios existirá un parque y un equipamiento público de planta baja con un aparcamiento público subterráneo con entrada por la calle Riera Blanca. La previsión del calendario es que una vez sea aprobado por la comisión de urbanismo de la Generalitat, la construcción del edificio privado se haga en unos cuatro años y se urbanice toda la zona del parque.

Las usuarias, las más afectadas, ya han realizado protestas solicitando mejoras en las instalaciones, mientras una moción aprobada en noviembre no se ha aplicado

No hace muchos días, las usuarias de las piscinas municipales de l’Hospitalet, las más afectadas, protestaron delante del ayuntamiento por la situación en que se encuentran las instalaciones. Una situación que viene arrastrándose desde el mes de abril del 2024 cuando se produjo un incendio que dañó buena parte del recinto.

Aunque las obras de rehabilitación tenían que haber acabado en el mes de diciembre pasado, la situación sigue siendo muy poco satisfactoria. Los usuarios se quejan de que las obras van lentísimas y la empresa encargada de la rehabilitación ha solicitado una nueva ampliación del plazo de ejecución, que le ha sido denegada por el ayuntamiento.

Buena parte del incendio afectó sobre todo a los vestuarios. Las usuarias se quejan de que la sustitución provisional que se ha planificado, sobre todo en cuanto a los vestuarios femeninos, no es la adecuada. Han de pasar por una especie de túnel exterior que no evita el aire adecuadamente y en invierno esta situación se agrava. Por un lado, por el frío, y por otro, por el suelo existente donde ya han caído algunas personas. Tampoco tienen secadores para el pelo, un elemento importante por cuanto han de salir a la calle necesariamente con el pelo mojado. Además, el espacio no está adaptado para personas con problemas de movilidad o para madres con criaturas y coches de bebé.

A todo esto, hay que añadir que una de las calderas que proporciona agua caliente, estos días se ha averiado. Y los usuarios, o bien se han de duchar con agua fría, o bien han de acabar duchándose en sus casas. Además, en el mes de septiembre, se tuvo que cerrar la piscina prácticamente un mes al tenerse que realizar un tratamiento de choque por cuestiones de salubridad que ya durante el verano fue denunciado en varias ocasiones por los usuarios.

En noviembre pasado, ERC presentó una moción aprobada por todos los grupos políticos incluyendo el partido del gobierno donde se instaba al ejecutivo municipal a realizar un estudio, en el plazo de un año, en el que se incluyera un presupuesto con previsión de tiempos.

La moción hablaba, también, de una ampliación de los horarios de todas las piscinas municipales de l’Hospitalet, sobre todo en los momentos de más calor ya que el cierre se produce aproximadamente a las siete de la tarde, incluso en pleno verano. En este punto concreto, el grupo socialista se abstuvo.

Otra de las demandas era que entre los meses de mayo a septiembre no se programaran cierres técnicos, como ha sucedido en más de una ocasión. Y también se pedía más control, porque hay personas que acceden a los baños con ropa interior y en ropa de calle. Todo eso va acompañado además de robos —que se han registrado y denunciado— dentro de las instalaciones.

Las Piscinas Municipales de l’Hospitalet se construyeron a principios de los años 70 como un equipamiento destinado a la práctica deportiva acuática. Cuenta con 6.100 metros cuadrados, que incorporan piscinas al aire libre, piscinas cubiertas, salas polivalentes, una sala fitness y una sala cardiovascular. No sólo es un espacio para la práctica deportiva y la salud, también es un espacio educativo y formativo y un equipamiento esencial para la ciudad. Un equipamiento, que se encuentra actualmente en una situación preocupante y muy deteriorada y sobre la cual todo son problemas que se alargan sin que el gobierno lo remedie.

Malgrat el vot testimonial, és evident que el malestar pels nivells de densitat demogràfica dels barris que perjudica la qualitat de vida dels ciutadans, creix en l’opinió pública

Per primer cop en molt de temps, els consellers metropolitans de l’Hospitalet inclòs l’alcalde de la ciutat, més enllà dels partits als quals pertanyen, s’han abstingut en la votació del nou Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) que, per segona vegada, es portava a aprovació inicial. Els grups d’aquests consellers, ERC i el PSC, han votat a favor, igual que els Comuns i Junts, i altres formacions de municipis petits, mentre que el PP també s’ha abstingut i Vox ha votat en contra.

Tot i la versatilitat del nou PDUM que ha recollit al voltant del 85% de les 5.184 aportacions rebudes en el seu dia, i de l’exhaustiu treball desenvolupat des del 2010, els quatre consellers hospitalencs han considerat que resulta inassumible per la ciutat, la previsió d’incrementar en més de 6.000 habitatges l’espai residencial. Que el Pla Director prevegui crear 220.000 habitatges més a l’àrea metropolitana per superar l’any 2050 els 3,5 milions d’habitants en aquest territori ja suficientment saturat, només explica l’obsolescència del model de desenvolupament urbanístic que es contempla. Això a ciutats com l’Hospitalet resulta encara més aclaparador si es té en compte que estem parlant de la ciutat més densa de tot Europa amb barris al voltant dels 80.000 habitants per Km² i realitats de pobresa endèmica, pèssimes condicions d’habitabilitat i absoluta manca de serveis i equipaments, conseqüència directe d’aquest urbanisme depredador que només té en compte l’ocupació de més sol lliure i el negoci de promotors immobiliaris i constructors.

És significatiu el pronunciament dels consellers metropolitans de l’Hospitalet que han gosat trencar la disciplina de vot dels seus grups respectius, perquè de les quatre abstencions, tres corresponen a membres de la Junta de Govern local i el quart és el líder de l’oposició. Malgrat ser el gest un pur formalisme, és la primera vegada que govern i oposició a l’Hospitalet presenten una imatge uniforme. Ni tan sols han votat en contra, i era evident que l’aprovació inicial estava assegurada. D’altra banda, l’expressió més fidedigna d’aquest urbanisme que contempla el nou PDUM, és el projecte del nou barri d’habitatges que es projecta a tocar del nou Clínic i el desenvolupament urbanístic de la promoció del Biopol Gran Via, contra la qual s’han pronunciat els Comuns de fa anys, mentre que els altres grups s’ho han anat mirant amb una certa distància, excepte el PSC que és un entusiasta defensor.

És veritat que el que contempla el PDUM per l’Hospitalet es fonamenta, en paraules del portaveu d’ERC-EUiA, Jaume Graells, en “supòsits irreals o cronificats en el temps, com és el soterrament de les vies ferroviàries”, promesa eterna en temps de campanya electoral però convertida en paper mullat cada vegada que l’Administració Central ha d’intervenir. També és una evidència com explicava Graells que “basar el futur de la ciutat en infraestructures que no tenen calendari real és irresponsable”, a l’igual que si el PDUM “no és una eina municipalista, equilibradora i socialment justa i no protegeix la ciutadania de la massificació i de la tensió habitacional, no és el pla que la nostra ciutat necessita”.

La conseqüència d’aquesta coincidència d’intencions que cal saludar obertament ha estat aprofitada per Graells per demanar a l’alcalde “un debat de ciutat sobre el model urbanístic per treballar i consensuar aportacions conjuntes de ciutat al PDUM”, que com es va posar de manifest, està obert a la contribució dels municipis. Més inconcretes son les paraules finals del representant republicà quan comentava que “això demostra que quan a l’Hospitalet anem units en defensa dels nostres interessos com a ciutat, ens fem respectar”. No està gens clar que l’abstenció dels quatre regidors hospitalencs tingui més pes que el purament testimonial, però és una sorpresa que aquesta unitat testimonial s’hagi produït.

D’aquí que calgui posar molta atenció en l’argument final del republicà: “El futur metropolità no es pot construir a costa de sacrificar ciutats com l’Hospitalet”, perquè és evident que l’històric sacrifici de l’Hospitalet comença a pesar força sobre l’opinió pública dels ciutadans.

Parte del patrimonio bibliotecario de la Tecla Sala es ya irrecuperable a consecuencia de las goteras que afectan al equipamiento desde hace meses

La situación de las bibliotecas en nuestra ciudad es lamentable y se encuentran sumidas en un abandono absoluto. Falta personal, entre unas 15 o 20 personas, que ha provocado el cierre temporal de algunos centros. Las instalaciones se encuentran con un gran número de desperfectos como goteras, desprendimiento de techos, fallos en la climatización que provocan una situación, en algunos momentos caótica, que ponen de manifiesto la dejadez que sufren.

La incidencia más reciente se produjo los pasados jueves y viernes en la Biblioteca Central Tecla Sala que se vio obligada a cerrar las instalaciones por la rotura de las cañerías que afectó al sistema eléctrico del recinto. Este mismo centro también tuvo que cerrar un día la semana anterior porque no tenía personal para cubrir ese horario. Los Comunes han exigido al gobierno municipal, a través de una comparecencia de prensa, que destine de forma inmediata presupuesto para casos de emergencia de forma que se puedan reanudar, sin más complicaciones, las actividades de esta biblioteca. Y han exigido al equipo de gobierno que deje de mirar a otro lado y asuma de una vez la responsabilidad en la gestión y el mantenimiento de estos espacios esenciales para la ciudadanía. Su portavoz, Manuel Domínguez, manifestó al respecto que las bibliotecas se encuentran en su peor momento desde los últimos años del franquismo. Las goteras que sufren desde hace años están afectando incluso a su patrimonio bibliotecario que, en algunos casos, se ha convertido en irrecuperable.

“Las bibliotecas no son solo equipamientos, son pilares fundamentales para el acceso a la cultura, a la cohesión social y al derecho a la información”, según los Comunes, y en algunas incluso, se realizan otro tipo de actividades. Algunas bibliotecas como la de la Florida tienen que cerrar los sábados porque no tienen personal para mantenerlas abiertas. “Es el distrito con más problemas sociales y donde se deberían de destinar mayores recursos. A pocos metros de aquí se está hablando a bombo y platillo del Pla del Samontà cuando nos olvidamos de elementos tan esenciales como una biblioteca”, manifestó Manuel Domínguez.

La biblioteca de la plaza Europa es otra que se ve afectada por la falta de personal y algunas mañanas ha de permanecer cerrada, así como otras dos bibliotecas más de la ciudad que abren sábados alternos . “Es una situación insoportable la que viven estos centros”, afirman los Comunes. El barrio de Santa Eulàlia se encuentra sin biblioteca desde el año 2021 y todavía no se sabe nada de su apertura.

La falta de personal es una de las causas que está provocando esta degradación. Faltan por cubrir plazas para que las bibliotecas funcionen con normalidad. Y aunque se han realizado las convocatorias y seleccionado el personal, falta que sean llamadas para su incorporación “y todo ello es responsabilidad del gobierno municipal”. No se están cubriendo bajas, días personales de los bibliotecarios, jubilaciones…”este verano, por este motivo, algunas bibliotecas han tenido que cerrar”, según Domínguez.

La climatización de los locales es otro de los grandes problemas que sufren este tipo de equipamientos. En verano, que podrían ser refugios climáticos, algunas bibliotecas han tenido que cerrar porque no funcionaban los aires acondicionados; pero ahora en invierno es todo lo contrario. Algunos estudiantes han tenido que estar en las bibliotecas con ropa de abrigo al mantenerse las salas con temperaturas inferiores a los 17 grados.

La primera vegada que vaig sentir parlar de la Mercè Olivares deuria ser cap a mitjans de 1973 quan aleshores els corresponsals de premsa als diaris de Barcelona cercàvem les persones que s’estaven convertint en motors de les reivindicacions ciutadanes. Cap a mitjans dels 70, l’alcalde d’aleshores, el carlí Matías de España y Muntadas, va impulsar un pla parcial que deixava sense casa a més de 900 veïns de Collblanc —on la Mercè residia— en un suposat i anacrònic projecte d’esponjament que era irrealitzable, bàsicament per la manca de previsió financera, però que havia commocionat la ciutadania del barri i de part de La Torrassa. Contra aquell projecte, una colla de veïns i veïnes van decidir passar a l’acció i crear la primera associació de veïns de l’Hospitalet, amb la dinàmica social que després imitarien moltes altres.

Entre els membres de la junta promotora estava el Felip Gómez —la seva eterna parella—i, tot i que la Mercè no hi figurava, tothom sabia que allà on hi era el Felip hi era la Mercè, en un tàndem que duraria tota la vida. Ben aviat vam assabentar-nos que el Felip i la Mercè eren membres del PSUC en la clandestinitat i que ambdós havien estat organitzant cèl·lules del partit al sud de Barcelona —i el Felip detingut per la policia franquista— quan ningú s’atrevia a aixecar la veu i menys a mobilitzar accions col·lectives de reivindicació i protesta. Una de les primeres eines de mobilització a la ciutat va ser l’AVV de Collblanc, i el Felip i la Mercè eren, per autoritat moral i per energia, persones de gran impacte, respectades i valorades com corresponia per la seva implicació i el seu compromís.

De la Mercè es coneixia el seu carisma personal que venia reforçat aleshores pel coneixement que un germà seu s’havia convertit en un jove i reconegut dirigent obrer de la Seat durant l’ocupació de la factoria aquell mateix 1971. L’èxit de la mobilització veïnal de Collblanc dels anys 70 va fer que el moviment ciutadà es convertís en la punta de llança a la ciutat de l’antifranquisme militant. Davant d’un sector fabril format bàsicament per petita indústria de tallers, que impedia una mobilització obrera de gran magnitud, el pes de les associacions de veïns va marcar el ritme del que seria el moviment reivindicatiu més substancial de la ciutat i el que afavoriria la presa de consciencia antifranquista en els moments claus de la Transició.

La Mercè i l Felip no solament mai van amagar la seva militància comunista sinó que el seu exemple va ser un esperó perquè molts joves d’aleshores ens incorporéssim al partit. El seu prestigi, juntament amb altres noms de la ciutat vinculats a les entitats o al moviment obrer, van convertir l’estructura del PSUC de l’Hospitalet en una eina de transformació cabdal que es veuria ben aviat limitada per uns resultats electorals no suficientment ajustats als esforços esmerçats i per les batalles internes subsegüents de diversos signes que els van succeir.

Malgrat aquesta adversitat, la Mercè i el Felip es van mantenir ferms en les conviccions, i lleials a l’oficialisme comunista que mai abandonarien. La Mercè havia estat la única hospitalenca que, per mèrits reconeguts, formava part del Comitè Central, no ja del PSUC, sinó del Partit Comunista d’Espanya. Per això la Mercè, que va ser regidora en el primer mandat, després seria una dirigent local més d’ICV i es mantindria sempre dins d’aquesta òrbita, Comuns inclosos, fins al darrer dia. Però més enllà de la militància política, la Mercè i el Felip van fer història dins la Coordinadora de les Associacions de Veïns, en l’impuls inicial de l’entitat L’Hospitalet Antifranquista i dins dels moviments de conscienciació ciutadana que van propiciar el Centre d’Estudis de l’Hospitalet i l’Espai de Ciutadania. En el primer d’ells es va incorporar també la seva filla Josefina Gómez Olivares, fins que una sobtada i dolorosa absència ens va privar del seu entusiasme heretat (una col·leció de llibres del Centre d’Estudis porta des d’aleshores el nom de la Josefina). Uns quants anys més tard, la Mercè es va incorporar a la Junta de 3/4×5/4, una de les entitats més actives del moment, especialment pel que fa al dinamisme cultural. Al març, l’entitat Foment de la Informació Crítica, editora d’aquest digital, la va convidar a la taula en la presentació del llibre de la història del servei de Planificació Familiar que ella i la Pilar Ferran van impulsar des de l’ajuntament durant aquell primer mandat, expressió directe de l’altra aspecte del seu activisme social: el vinculat als moviments d’alliberació de la dona i la lluita feminista. Al juny passat van rebre, ella i el Felip, l’homenatge de la ciutadania en un acte entranyable. Allà tots dos van poder mostrar l’agraïment i la felicitat pel merescut reconeixement públic.

Ara, la Mercè ens ha dit adéu quan encara li sobrava claredat i capacitat d’anàlisi per esperonar-nos a seguir avançant. Va mostrar aquest tarannà des d’aquells remots anys del darrer franquisme fins ara mateix. Li va tocar donar la cara per postures oficialistes quan més complexitat exigia el moment, i ho va fer sense defallir. Va saber mantenir-se ferma a unes conviccions de classe que li venien de lluny, demostrant que una cosa és la conjuntura i una altra de ben diferent els orígens. El seu exemple, i el del Felip, son ja patrimoni dels que estimen la ciutat i el progrés social.

Els veïns reclamen que els Consell de Districte puguin tractar en l’ordre del dia aspectes de l’actualitat dels barris que habitualment no s’inclouen

Ara fa 13 mesos que l’equip de govern va assegurar que abans que acabés el 2025 s’aprovaria un nou reglament de participació ciutadana, adaptat als canvis tecnològics i a les noves propostes de consultes populars, amb la intenció de donar veu a cada vegada més persones i col·lectius. La idea era actualitzar un document que es va aprovar al 2013 per tal d’adequar-lo al nou marc normatiu que s’ha anat fent realitat en els darrers anys, i que volia respondre al desig de l’equip de govern de prestar més atenció a l’opinió ciutadana. En paraules concretes de Laura Garcia, fa més d’un any: “volem governar escoltant la ciutadania, que és una cosa que ja fem, però hem d’ampliar aquesta escolta”.

Per tot plegat es va iniciar un procés de participació, amb sessions als Consells de Districte, —que va costar els seus recursos a les arques municipals— i es va obrir una enquesta en línia que es va tancar a 31 de març de l’any passat per tal que la ciutadania hi pogués expressar les seves opinions i les seves propostes. Posteriorment es va elaborar un document resum que calia aprovar-se provisionalment per tal que es poguessin fer les oportunes al·legacions amb la idea d’aprovar-lo definitivament al desembre i que pogués estar en funcionament actiu a partir de primers d’any.

La realitat és que des de l’estiu que es coneix el document… i fins aquí hem arribat. Ni s’ha aprovat, ni s’ha obert període d’al·legacions ni hi ha cap termini al respecte. Això vol dir que a 14 mesos d’acabar-se l’actual mandat, es manté el mateix reglament de participació del 2013 —de fa 4 mandats enrere—, considerat il·legal en algunes de les seves proposicions per les sindicatures de greuges tant de la ciutat, com del conjunt de Catalunya. I amb la creixent indignació de la ciutadania que ja ha manifestat en diverses ocasions que el govern restringeix la participació especialment pel que fa als Consell de Districte i també a l’hora de preveure les peticions de paraula en els plens municipals.

Una recent roda de premsa del grup municipal d’ERC-EUiA denunciava “el bloqueig del procés participatiu” i la “constant interpretació restrictiva de les normes vigents” que s’han fet velles i que ja no responen a l’interès creixent d’una ciutadania que vol, cada vegada més, mostrar obertament el seu enuig i la seva decepció envers l’equip Quirós.

Pel que fa a als Consells de Districte, fa temps que els grups d’oposició li reclamen al govern que es pugui incloure en l’ordre del dia d’aquests consells, un punt que permeti la intervenció ciutadana sobre qualsevol qüestió d’interès general. Aquesta interpretació restrictiva que s’ha posat de manifest en alguns Consells de Districte ja ha ocasionat protestes dels veïns que han obligat en alguns casos a la intervenció directe dels tinents d’alcalde i del mateix alcalde per evitar conseqüències funestes.

En aquest capítol de la participació restrictiva s’incardinen també les maniobres dilatòries de l’equip Quirós pel que fa als acords sobre l’apertura de Ràdio l’Hospitalet o la reiterada aprovació de mocions que reclamen l’organització de debats polítics oberts a la televisió local.

Mentre tant, l’equip Quirós ha invertit 400.000 euros/any en la contractació de càrrecs directius eventuals, segons va denunciar l’oposició en el darrer ple

Aviat farà un any, segons CCOO de l’Ajuntament, que la Comissió de Teletreball que funciona internament per avaluar el seu funcionament i determinar noves incorporacions a aquest sistema, no s’ha reunit tot i que el seu règim està previst en les modalitats del servei municipal. Això implica que hi ha treballadors i funcionaris que van demanar teletreballar fa més de dos anys i que tenen denegat el permís, mentre Recursos Humans no avalua el teletreball, el culpa del problema de gestió de les àrees i manté una actitud que evidencia que no incorporaran més personal a aquest sistema. És per això que CCOO denuncia que no s’hagi obert el període de sol·licituds, que no s’hagi convocat a la Comissió de Teletreball i que no s’hagi informat a la plantilla de res al respecte.

La secció sindical confia, no obstant que, després del darrer Comunicat del departament del passat novembre, el personal que hores d’ara fa servir aquesta modalitat pugui conservar-lo i, davant del greuge comparatiu amb altre personal de plantilla que el voldria exercir, demana que els treballadors que vulguin teletreballar presentin una instància a Recursos Humans reclamant el dret al teletreball que servirà perquè CCOO ho pugui gestionar directament amb les autoritats municipals.

CCOO, així mateix, denuncia novament la política municipal en l’àmbit de personal reconeixent que els problemes de gestió, innegables, tenen  a veure especialment per la falta de personal en totes les àrees, que els grups municipals de l’oposició no han parat de denunciar als plens municipals des de fa anys, a l’igual que els sindicats. Com a exemple, CCOO explica que és el mateix departament de Recursos Humans el que al·lega que els retards en la concessió del teletreball també tenen a veure amb la manca de personal en aquest departament. No obstant això, no hi ha ple municipal on el govern no doni compta de noves incorporacions de personal directiu, procés sistemàtic que va fer que el representant del grup popular digués en el darrer ple que hi ha més “jefes que indios”.

El sindicat continua denunciant la falta de conveni també aquest any 2026: “no hi ha ni dotació pressupostària en els pressupostos acabats d’aprovar”; no hi ha noves previsions internes: “esperem nomenaments de promoció interna C2 i A2”; no hi ha previsió de cobrament dels deutes endarrerits: “se’ns deu el 0,5% del 2024 i hi ha persones fent hores extres sense cobrar-les des de fa mesos” i es mantenen els problemes d’actualitzacions de salaris: “no s’han actualitzat les taules retributives del 2025 (2,5%), ni es podrà regularitzar l’1,5% del 2026”.

Com a contrapès a la denúncia de CCOO, la darrera Junta del Consell de La Farga, reunit minuts abans del darrer ple, va aprovar el nomenament de la nova gerent de l’empresa municipal, Carme Gual, i en el mateix ple, es va donar compta del nomenament com a nou comissionat d’alcaldia de l’arquitecte Marc Armengol Puig, una nova plaça de personal eventual de confiança, que l’alcalde va explicar com imprescindible per posar en marxa les propostes encaminades al pla estratègic del Samontà.

Pel que van explicar els membres de l’oposició, l’arquitecte Armengol és en l’actualitat regidor del PSC a Terrassa i tindrà uns emoluments superiors als 70.000 euros/any. Els quatre darrers càrrecs eventuals contractats en els darrers mesos suposen una despesa superior als 400.000 euros que el representant del PP va afirmar que, destinats a incorporar nous treballadors municipals, suposarien una millora substancial d’alguns departaments hores d’ara saturats i incapaços d’oferir els serveis que la ciutadania necessita.

Una sentida declaració del representant de la Creu Roja exemplifica el gest mensual dels concentrats cada últim dilluns de mes a l’Hospitalet Centre

Dilluns 26 de gener es va fer una altre vegada una concentració davant de l’Acollidora, a la rambla de Just Oliveras en solidaritat amb les persones refugiades o immigrades. Es tracta d’una iniciativa organitzada des de fa ja uns quants anys per l’Espai de Ciutadania que es convoca cada darrer dilluns de mes.

Enguany l’acte es va obrir amb unes paraules de presentació de l’Enric Roldán que, de fet és l’ànima d’aquestes convocatòries, situant la convocatòria en el context actual. Tot seguit es va fer, com és habitual, la lectura del poema de Joana Raspall, Podries, aquesta vegada a càrrec de Montserrat Monrós, membre del grup Verba.

Carina Pinto, membre de l’Ateneu de Cultura Popular, va iniciar l’acompanyament de l’acte interpretant a la guitarra una peça musical. A continuació, Jesus Solores, de Creu Roja de l’Hospitalet va fer la lectura del manifest que reproduïm:

“Bona nit a tothom!

Gràcies per ser una més aquí, a l’Acollidora, aquest primer mes del 2026 per reivindicar, com diem sempre, que es compleixi l’article 14 de laDeclaració de Drets Humans: ‘En cas de persecució tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n’

Vam acabar l’any 2025, en què les polítiques antimigratòries posaven en risc els drets humans i impulsaven els discursos d’odi. Polítiques que amenacen la convivència i la cohesió social, i que donen ales als discursos i delictes d’odi, la punta de l’iceberg dels quals la hem observat moltes vegades.

No fa un mes que hem començat l’any 2026, que serà decisiu per saber en quin rumb ens trobem. Encara s’està a temps d’impulsar altres polítiques migratòries i altres narratives que posin al centre les persones i acabi l’assenyalament constant que pateixen les persones migrants i refugiades, entre les quals hi ha molts nens i nenes i adolescents sense referents familiars a qui es criminalitza i estigmatitza impunement. La nova Llei d’Asil ha de posar el focus en el manteniment de les garanties ja existents com l’assistència jurídica gratuïta al llarg de tot el procediment i la possibilitat de sol·licitar asil en ambaixades i consolats d’Espanya entre d’altres i que es respecta el principi de no devolució. També ha de reforçar el dret a viure en família perquè moltes persones refugiades que fa anys que esperen, puguin donar-se per fi ‘L’abraçada més esperada’.

El nou Reglament d’Estrangeria que va entrar en vigor al maig, flexibilitza l’arrelament per algunes persones en situació irregular, però exclou del còmput els que hagin vist les seves sol·licituds d’asil rebutjades i els empenyi a romandre dos anys en situació irregular..

L’aprovació de la Iniciativa Legislativa Popular per regularitzar persones migrants pot ser una eina vàlida per donar resposta a les situacions d’irregularitat que queden fora del nou Reglament.

A finals de l’any passat el nombre de persones sol·licitants d’asil se situava en 134.401, un 14% menys que en el mateix període de l’any anterior,

Durant el 2025 també ha baixat el nombre d’arribades per via marítima a costes espanyoles, en gran part a causa dels acords de control i externalització de fronteres amb tercers països com el Marroc, Mauritània i el Senegal. Aquest descens s’ha deixat notar sobretot a l’arxipèlag canari, on han arribat un 60% menys de persones que l’any passat. No obstant això, quan es tanca una ruta se n’obren d’altres, de vegades més llargues i, per tant, més perilloses.

Les crisis de desplaçament a nivell mundial persisteixen, especialment a països com Veneçuela, Afganistan, Ucraïna, Sudan, la regió del Sahel i, especialment, amb el genocidi a Gaza que, des de l’octubre del 2023 s’ha cobrat la vida de més de 71.000 persones palestines per atacs indiscriminats de l’exercit israelià.

El fràgil acord de treva assolit a l’octubre, afavorit pels Estats Units, no ha aconseguit frenar el genocidi més silenciós que pateix el poble palestí. Prop de 400 persones palestines han mort per la ruptura de l’alto el foc, mentre que més d’un miler han resultat ferides. La situació humanitària continua sent crítica: més d’un milió de persones continuen allotjades a refugis improvisats, amb accés limitat a assistència humanitària i enfrontant-se a condicions cada cop més greus al mig d’aquest hivern. Tot i això s’ha despertat una enorme onada de solidaritat cap el poble palestí, per la qual milers de persones arreu del món han alçat les seves veus en defensa dels drets humans, un crit d’esperança que demostra que una pau justa i duradora encara és possible.

També cal destacar l’agreujament de la situació humanitària al Sudan a mesura que s’agreuja el conflicte lluny dels focus mediàtics. Més de 13 milions de persones sudaneses estaven desplaçades de manera forçosa a mitjans del 2025, segons dades d’ACNUR.

El que va passar per exemple a Torre Pacheco al juliol va visibilitzar una realitat que afecta milers de persones: la gran amenaça que representen els delictes i els discursos d’odi, que en la seva immensa majoria continuen invisibilitzats. Milers de persones migrants pateixen diàriament les agressions i discriminacions en diferents àmbits (ocupació, habitatge, padró, etc.) impulsades en molts casos pels discursos d’odi que estan complertament normalitzats.

Aquests fets son denunciables i les condemnes judicials ajuden a visibilitzar injustícies i a impulsar canvis necessaris per a tota la societat.

Tot i això, persisteixen les dificultats perquè moltes persones puguin denunciar i per obtenir justícia i reparació. Per aquest motiu, CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat) i Creu Roja que son dues de les principals ONG a Espanya especialitzades en l’acolliment, la protecció i la integració de sol·licitants d’asil, refugiats i migrants vulnerables, col·laboren amb el Ministeri d’Inclusió per oferir allotjament, atenció sociosanitària i suport jurídic. Aquest any s’ha llançat ‘Alça la veu contra el racisme i la xenofòbia’, que compta amb el finançament del Ministeri d’inclusió i del Fons Social Europeu. L’objectiu és ajudar les persones migrants i refugiades a denunciar aquest tipus de situacion i complementar el Servei d’Assistència a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica, del qual formen  part nombroses organitzacions.

Aquestes accions impulsades per la societat civil estan aconseguint passos importants per lluitar contra el racisme i la xenofòbia, com el nomenament d’una Autoritat independent, que ha estat celebrat per les entitats de l’Aliança per la Llei d’Igualtat de Tracte, alhora que reclamen al govern ser escoltades en la seva regulació.

Perquè l’odi no és una opinió sinó una amenaça per a la convivència. Tant de bo el 2026 sigui el principi de la fi d’aquest auge de l’odi i cada vegada hi hagin més eines perquè no segueixin creixent impunement.

El món sembla haver perdut el rumb del tot, mentre uns líders polítics canvien el drets internacional per la llei del més fort, milions de persones en situació de vulnerabilitat en pateixen les conseqüències a l’Iran, el Sudan, Gaza i tants llocs.

No podem deixar que aquesta onada de barbàrie ens arrossegui com si no poguéssim fer res. Hem d’actuar i cal fer-ho ja o el món serà cada cop més hostil per més i més persones.

Cada gest, explica, i si tots i totes fem el que és a les nostres mans, aquest món serà un lloc molt millor per a milers de persones. Perquè la humanitat, amb humanitat se salva.

Recordem-ho: sense justícia no hi ha pau.

En front de la barbàrie i la brutalitat plantegem solidaritat i humanitat. Fem-ho possible !!!”

Desprès d’aquesta llarga, densa i sentida intervenció d’en Jesús Solores, la concentració que aquest dilluns va aplegar més d’una vintena de persones, es va acomiadar fins el 23 de febrer proper amb les notes del Cant dels Ocells a càrrec de la guitarra de la Carina Pinto.

Este año acababan los contratos de los vecinos y la entidad bancaria estaba dispuesta a ponerlos a la venta de manera inmediata

La Generalitat de Catalunya adquirirá 128 pisos de la Porta Nord de L’Hospitalet de ImmoCaixa, según ha anunciado la consellera de l’Habitatge, Silvia Paneque. Los vecinos de estas viviendas junto con el Sindicat de Llogueteres habían realizado protestas y denuncias contra la Generalitat por quedar excluidos en el primer paquete que compró el organismo autónomo a ImmoCaixa. Los afectados estaban muy preocupados ya que este mes de enero les vencían los contratos. (Foto: Los afectados de la Caixa en un pleno municipal)

La consellera ha manifestado que de esta forma “se garantiza un alquiler asequible y permanente a las familias que viven en estos pisos”. Los dos edificios en cuestión tienen nueve y dieciseis plantas con una superficie útil de las viviendas de unos 81 metros cuadrados: tienen tres habitaciones, y el precio inicial de alquiler era de 540 euros al mes incluyendo la plaza de aparcamiento.

“Este Gobierno vuelve a ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir 128 viviendas de Inmocaixa en l’Hospitalet de Llobregat”, ha destacado la consellera Silvia Paneque quien ha recordado que “esta operación se enmarca en las negociaciones que se iniciaron en la legislatura anterior y que han continuado en la actual”. Y también ha remarcado que “el objetivo del Govern es ampliar el parque de vivienda asequible y estable, especialmente en aquellos municipios donde la presión del mercado es más elevada”.  Con esta operación ya se elevan a 1267, los pisos que la Generalitat adquiere a ImmoCaisa y se incorporan a la red pública.

Los afectados han mostrado una gran alegría después de todo el conflicto que tuvieron con ImmoCaixa y que finalmente se haya resuelto de forma satisfactoria. En un primer momento esta promoción había quedado excluida dentro del primer paquete de adquisición de la Generalitat.

Ha sido una larga lucha que se viene arrastrando desde hace meses al saber que sus contratos finalizaban a primeros de este año. Y aunque la legislación permite la prórroga durante un año, presagiaban un mal futuro ya que La Caixa las había puesto a la venta para ser adquiridas, según parece, por un fondo buitre. Los vecinos quisieron implicar también al ayuntamiento con dos intervenciones en los plenos municipales ya que, en su día, fue la alcaldesa Núria Marín la encargada de darles las llaves en un acto público.

Hay que recordar que el 24 de enero de 2014, la Obra Social La Caixa entregó las llaves de 168 viviendas de alquiler asequible que había construido en la Porta Nord de l’Hospitalet, previo un sorteo donde se habían presentado 2.300 personas interesadas en esos pisos. Todo ello tras el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y La Caixa el 29 de febrero de 2008, modificado el 12 de enero de 2011.

El acto de entrega se hizo a bombo y platillo con la participación de la entonces alcaldesa Núria Marin, que calificó el momento como “una de las actuaciones urbanísticas más importantes que se han desarrollado en la ciudad”.

Los contratos eran de cinco años con opción de compra y renovables a otros cinco años más, prorrogables en caso de que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa de protección oficial.

Pasados los primeros cinco años se renovaron los contratos, pero los vecinos aseguran que nunca vieron los nuevos. Después, cuando tuvieron acceso, observaron que la opción de compra había desaparecido y se habían incluido cláusulas abusivas. Los responsables de La Caixa no advirtieron de esta circunstancia. Por lo tanto, no pudieron oponerse a los nuevos términos impuestos por la Obra Social. La respuesta de la entidad fue entonces que, o firmaban en aquel momento, o el piso sería adjudicado a otra persona ya que había lista de espera. Así lo manifestaron los perjudicados en un pleno municipal reciente, donde expusieron su situación a todos los grupos municipales.

Los inquilinos de las diferentes promociones de Catalunya, en parecidas circunstancias, han puesto dos demandas con el apoyo del Sindicat de Llogateres. Una, por 16 cláusulas abusivas en los contratos, y otra reclamando 10 millones de euros en concepto del IBI que no deberían haber pagado y que La Caixa les ha ido cobrando durante estos años.

A todo ello, los afectados de la Porta Nord han denunciado la falta de mantenimiento y el abandono absoluto por parte de la entidad titular. Los vecinos afirmaron que “llevamos cerca de 10 años viviendo en los pisos y soportando problemas diversos porque los servicios de mantenimiento han sido muy deficientes o inexistentes, con fugas continuas que nunca se han resuelto”.

El proper curs pot arribar a ser caòtic davant la previsible incorporació a l’ensenyament públic dels alumnes procedents dels col·legis Xaloc i Pineda que perden la concertació

La situació educativa a L’Hospitalet és caòtica i dramàtica alhora. És una percepció molt notòria i palpable. Les contínues denúncies de la situació tant per part de les comunitats educatives (pares i professors) com també per part de les organitzacions sindicals, així ho reflecteixen. CC.OO. ho ha plasmat diverses vegades, fins i tot l’any passat sol·licitant la declaració d’emergència per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Ràtios per sobre de la mitjana de Catalunya, no es construeixen escoles, manca de professorat, centres amb una multitud de deficiències que no es reparen, manca de calefacció…

Avui han estat els Comuns de l’Hospitalet els que ho han fet visible, centrant-se a la ciutat, amb una declaració recolzant la propera mobilització de l’11 de febrer, on sindicats de l’Educació i altres entitats reivindiquen millores en les condicions laborals i a favor d’una educació pública de qualitat: reducció de les ràtios, un increment del personal docent i la democràcia als centres entre molts altres punts.

Manuel Domínguez, portaveu dels Comuns, ha denunciat la impassibilitat que hi ha per part de l’actual govern municipal per afrontar la situació. Sobretot davant la falta d’escoles a la ciutat. Actualment hi ha 29 grups extraordinaris (bolets, fora de matrícula) que no tenien aula i se’ls ha hagut d’ubicar en espais destinats a altres activitats escolars.

El portaveu dels Comuns ha demanat a l’ajuntament més pressió a la Generalitat perquè la massificació i la manca de professorat als centres de l’Hospitalet té més incidència a les escoles de la zona nord com és el cas de l’Eduard Fontseré i Joaquim Ruyra, centres d’alta complexitat.

També s’ha posat de manifest la manca de solucions amb el manteniment, de competència municipal, i els dèficits estructurals de moltes escoles, sobretot aquelles que provenen del Pla d’Urgències, una de les quals ha provocat la recent manifestació de professors pares i alumnes de l’Escola Milagros Consarnau.

Des de CCOO, que també comparteix l’anàlisi de la situació, és considerat molt greu tot el que està passant, amb perspectives de futur molt poc encoratjadores. Caldrà tenir en compte, per agreujar encara més la situació, la prevista privatització total dels centres Xaloc i Pineda on prop de 300 nens es trobaran en una situació vulnerable i hauran de buscar plaça a l’escola pública.

CCOO de l’ensenymanet, molt sensible davant la situació escolar de l’Hospitalet, ha manifestat que és molt previsible que el seguiment de la vaga el dia 11 de febrer als centres de la ciutat sigui molt massiu, sobretot a causa de la situació a les escoles i els instituts.

El novembre de l’any passat, aquest sindicat ja va manifestar que organitzaria i participaria a totes les protestes que siguin necessàries per defensar una educació pública, digna, inclusiva i amb recursos reals. Aquesta determinació l’ha adoptat l’organització sindical després d’haver passat més d’un any des de la denúncia de la situació d’emergència educacional, sense que s’hagi realitzat “absolutament res per part de les administracions responsables: Generalitat i Ajuntament”.

La situació laboral dels professionals, d’altra banda, continua sent molt preocupant i no ha variat gens en els darrers exercicis: “el professorat es deixa la pell i treballa en condicions cada cop més difícils i les administracions continuen encara en la inacció sense oferir solucions reals al patiment dels centres i de les famílies. Els docents estan exhausts, saturats i desprotegits, i la resposta política és el silenci”, sentencien des de l’organització sindical.