Es previsible un aluvión de enmiendas al anteproyecto antes de su aprobación inicial, prevista para noviembre

El anteproyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (ROPC), presentado ayer en el Consell de Ciutat, organismo consultivo presidido por el alcalde de la ciudad, David Quirós, nace cojo al no modificarse la normativa que regula el funcionamiento y la participación ciudadana en el Pleno municipal, una de las principales peticiones de las entidades y de los grupos políticos. Un jarro de agua fría, ya que era una de las principales reivindicaciones del movimiento asociativo.

Esta inquietud fue manifestada por los representantes de ERC+EUiA, Silvia Casola y Jaume Graells, presentes en la sesión del Consell de Ciutat. Al parecer, muchas de las enmiendas presentadas por esta organización han sido recogidas en el nuevo reglamento. Pero el compromiso existente hasta ahora era que con la nueva normativa de participación también se modificaría la regulación de la intervención de las entidades en el Pleno municipal, que ya no se podrá cambiar ante la proximidad de las elecciones municipales. David Quirós manifestó que el Pleno municipal es un órgano de representación política, para obviar su no inclusión en el ROPC.. 

También el portavoz de los Comuns, Manuel Domínguez, manifestó la necesidad de que las entidades tuvieran acceso al anteproyecto para introducir enmiendas antes de que fuera aprobado inicialmente por el Pleno municipal en noviembre, que es cuando se presentará para su aprobación, según manifestó el alcalde. Veremos qué apoyos tendrá ante la falta de regulación en la intervención de las entidades en el plenario municipal.

Ante esto, Jesús Husillos respondió que, una vez aprobado por el Pleno municipal, habrá treinta días de exposición pública durante los cuales todos (particulares, entidades y grupos políticos) podrán presentar enmiendas al texto antes de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Un proceso de elaboración de casi dos años

El Consell de Ciutat de l’Hospitalet es el principal órgano consultivo de participación ciudadana del Ayuntamiento. Su finalidad es que las entidades, las asociaciones vecinales, los sindicatos, los representantes políticos y otros agentes sociales puedan participar en el debate sobre el presente y el futuro de la ciudad. En resumen, es un espacio en el que la sociedad civil puede trasladar al Ayuntamiento sus preocupaciones, debatir sobre los problemas de l’Hospitalet y formular propuestas sobre las grandes decisiones municipales.

El objetivo de la actualización del ROPC, cuya última versión fue aprobada en 2013, es acomodarlo a las normativas actuales y «adaptarlo a los cambios sociales de nuestro entorno», así como «mejorar los órganos y procesos participativos, reforzar la cultura de participación y fomentar el asociacionismo». Esa fue la presentación de los objetivos del anteproyecto, realizada por Jonatan XX.

Según la explicación realizada, en noviembre de 2024 se inició el proceso para la elaboración del nuevo reglamento con entrevistas y grupos focales con técnicos y grupos municipales, mesas sectoriales y Consells de Districte. También se realizó una consulta previa que duró hasta marzo de 2025.

A partir de esa fecha, se elaboró la memoria de la consulta, cuya redacción se prolongó hasta julio de 2025. Más tarde, hasta octubre de ese año, se elaboraron las propuestas técnicas y la redacción del anteproyecto duró prácticamente un año, hasta septiembre de 2026, periodo en el que se recogieron todas las propuestas de las sesiones participativas y de la consulta pública. Este texto fue presentado a los grupos municipales, que han introducido algunas enmiendas.

Qué regulará el nuevo reglamento

El nuevo ROPC regulará los procesos participativos, los órganos estables de participación, la Iniciativa Ciudadana Popular, las Audiencias Públicas, la Plataforma Telemática Ciudadana, el Fomento del Tejido Asociativo y el Registro de Entidades.

Según la presentación realizada en el Pleno del Consell de Ciutat, corresponde regular mediante otros instrumentos la naturaleza jurídica de los distritos, la división territorial, el acceso a la información pública y la intervención en el Pleno. Sobre este último apartado, los artículos que hablan sobre la participación en el Pleno municipal «quedarán vigentes hasta su regulación en su propio Reglamento Orgánico».

Algunos artículos del reglamento vigente relacionados con la información municipal, la atención ciudadana, el derecho a la información general, la consulta popular por referéndum y la consulta popular no referendaria, quedarán suprimidos, dado que «existe regulación superior».

El nuevo redactado del ROPC establece quién tiene la iniciativa para proponer un proceso participativo, cuál es su estructura y quién lo convoca. Además, indica las diferentes fases del proceso participativo: aportación de propuestas, deliberación, valoración, evaluación y rendición de cuentas.

Cambios en la organización y el funcionamiento

Algunos cambios que introduce el anteproyecto del ROPC en los Consells de Districte son los siguientes: se crea la segunda vicepresidencia, que corresponderá a dos representantes de las entidades miembros de dicho organismo, que se alternarán durante el mandato; se establece el procedimiento y los requisitos para el nombramiento de los miembros del Consell, y se introduce el nombramiento de un titular y un suplente para los representantes de las entidades.

Las sesiones serán de tres tipologías: ordinarias, extraordinarias y deliberativas. La periodicidad de las sesiones ordinarias será cuatrimestral, en los meses de febrero, mayo y octubre. En estos plenarios se podrá solicitar la inclusión de un máximo de dos puntos en el orden del día.

Las sesiones extraordinarias también tendrán su propio procedimiento y se podrán convocar un máximo de tres al año. Asimismo, se establece un procedimiento para las sesiones deliberativas. La participación de los ciudadanos que soliciten la palabra se tramitará mediante un formulario que habilitará la plataforma participativa.

También para el Consell de Ciutat se proponen cambios, como la creación de la segunda vicepresidencia, que corresponderá a dos representantes de las entidades miembros del Plenario del Consell, que se alternarán durante el mandato.

En el nombramiento de los miembros del Plenario se establece el procedimiento y se introduce la designación de un titular y un suplente por entidad. Al Consell de Ciutat se incorporan la Síndica de Greuges de l’Hospitalet, los segundos vicepresidentes de los Consells de Districte, dos representantes de entidades supramunicipales a propuesta de la alcaldía y representantes de las entidades con sus suplentes, hasta un máximo de 50.

Nuevas mesas sectoriales y audiencias públicas

Quedan establecidas las siguientes “taules sectorials”: Deporte; Cultura; Cooperación y Solidaridad; Ocio; Fomento del Asociacionismo y Cohesión Social; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Comercio y Mercados; Salud; Mujer, y Colectivo LGTBIQ+.

Una de las nuevas estructuras que se crean es la de las Audiencias Públicas, como mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se ofrece a las personas, entidades, organizaciones y otras formas de acción colectiva, la posibilidad de debatir propuestas relacionadas con una determinada actuación pública, cuya regulación se incorpora a este ROPC. Algunas fuentes han indicado que este nuevo recurso podría sustituir a la palabra de las entidades en el Pleno, aunque de momento exactamente esta parte sería la única que no quedaría anulada respecto del anterior Reglamento cuando se aprobara este.

Foto: Mesa que presidió el Consell de Ciutat.

Els veïns es queixen que trucar al 112 per unes molèsties no resol el problema i col·lapsa un servei que hauria de ser exclusiu per les emergències

Una part de l’oposició municipal i algunes entitats ciutadanes de l’Hospitalet han reclamat el retorn al telèfon d’atenció de la Policia Local que estava en vigor fins l’1 d’abril de l’any passat, per la ineficàcia que suposa el telèfon general d’emergències 112, quan es tracta de problemes veïnals o d’emergències públiques que requereixen la presència més o menys immediata dels cossos de seguretat.

Quan l’equip Quirós va anunciar el canvi com un avenç en l’atenció ciutadana, en realitat el que s’estava fent era simplificar el sistema d’atenció de la policia local en uns moments en que la plantilla de la GU estava enfrontada al govern local i s’acumulaven baixes laborals i malestar en el cos. Els problemes amb el cos de la GU sembla que estan camí de subsanar-se i alguns veïns han reclamat amb contundència, des de fa setmanes, que es torni al sistema antic que, al menys, suposava el contacte directe amb la policia local i se’ls podia explicar en detall, les raons per les quals calia atenció immediata.

Això és especialment flagrant en el cas dels veïns de Les Planes i de Can Serra que viuen a l’entorn del Parc de Les Planes i que no paren de queixar-se cada setmana per l’abús que una part de la ciutadania comet en aquestes instal·lacions, sense que la policia local hagi aconseguit posar-hi remei. Trucar al 112 és del tot inefectiu, de manera que els veïns acaben per trucar reiteradament, amb perill de col·lapsar el servei, mentre que d’altra banda, les trucades resulten absolutament vanes. En conseqüència, reclamen que es recuperi el telèfon de la GU de sempre, el 934091092 que connectava directament amb la sala d’emergències de la comissaria central del carrer Migdia i que servia igual per trucades d’emergència que per consultes directes que en ocasions anaven dirigides als Mossos d’Esquadra o a la Policia Nacional.

L’altra número que es feia servir era el 092, que és el número assignat a les forces de les policies locals de tot el país i que, si es trucava des de l’Hospitalet, connectava directament amb la Guàrdia Urbana.

Ja hi ha uns quants municipis que s’han adherit al 112 (l’Hospitalet, però també Sant Cugat o Salou) com a telèfon d’emergències de proximitat, quan sembla evident que el volum de queixes creix perquè precisament la proximitat s’aconseguia més fàcilment amb el telèfon directe de 9 xifres o amb el 092. La idea de la Generalitat era justament que els 218 municipis catalans que tenen policia local centralitzessin les emergències en el 112, però alguns municipis grans com Tarragona, Lleida o Girona, mantenen el 092 juntament amb el 112 per garantir que els veïns puguin contactar fàcilment amb la seva policia local. A Barcelona la situació és diferent i el 092 només té, hores d’ara, un caràcter purament informatiu; però això s’explica perquè la GU de Barcelona i els Bombers estan físicament integrats en la mateix plataforma del CAT112, la transmissió de dades és instantània i la geolocalització avançada permet ubicar a l’instant la trucada entrant. Això és exclusiu de Barcelona i no opera igual en la resta de casos.

La conseqüència són sovint les operadores saturades i la lentitud en la resposta, la total falta de coneixement del territori i la sensació que s’està col·lapsant un servei d’emergències bàsic, quan del que es tracta és de denunciar molèsties per sorolls, cotxes mal aparcats, baralles al carrer, etc.

Per tot això, la necessitat d’un telèfon de proximitat de la policia local comença a ser clamorosa, especialment en casos com els dels veïns del Parc de Les Planes, farts de que ningú els faci cas.

Ampliació de la informació d’ahir sobre els endarreriments de la plantilla

L’acord amb Recursos Humans té a veure amb el pagament dels endarreriments del sou de l’any 2025, que era d’un 2,5% per tota la plantilla. Quantitats, per tant que varien, en funció dels sous corresponents i que suposen centenars d’euros. L’altra aspecte és la paga de productivitat a la que fèiem referència a la informació, que son els 28,14 euros per persona, corresponents a les pagues de productivitat que s’han de cobrar al maig de cada any dels anys 2024 i 2025. Per cert, aquests imports son acumulables, de manera que els increments de les pagues de productivitat repercuteixen en els sous anuals de tota la plantilla i, per tant, generen pujades que també caldrà aplicar.

CCOO va amenaçar amb ocupar el ple municipal i el mateix dia es va concertar l’acord

Pel que hem pogut conèixer, hi ha un compromís per part del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de posar-se al dia amb els endarreriments pendents que té la plantilla municipal per les pagues de productivitat dels anys 2024 i 2025. Segons ha denunciat CCOO recentment, l’Ajuntament de l’Hospitalet és una de les darreres administracions que encara no les ha fet efectives. La reclamació es va endegar per via oficial el desembre de l’any 2025, però hores d’ara encara no s’ha resolt malgrat que ara si que sembla que hi ha una data més o menys concreta per fer-se efectiva.

Sota l’amenaça de fer-se presents al ple municipal ordinari de setembre, el director de Recursos Humans va rebre la representació sindical per assegurar-los que, abans del 15 de novembre, s’efectuarà el pagament dels endarreriments en una nòmina complementària a la totalitat dels treballadors.

No es tracta, com és sabut, de quantitats importants, donat que l’acord és d’un 0,5% de la paga per l’any 2024 i d’un 2,5% per l’any 2025, cosa que suposa uns 4,57 euros per treballador, de l’any 2024, i uns 23,57 euros de l’any 2025. En total, un import de 28,14 euros per persona que l’Ajuntament deu als treballadors des de fa molts mesos. Justament perquè es tracta de quantitats irrisòries és per què resulta tan incomprensible el deute. Com es pot veure, no es tracta d’un problema econòmic, sinó clarament d’un problema de gestió. El problema de gestió que s’està convertint en la norma del pèssim funcionament municipal en la majoria de departaments, entre els quals el de Recursos Humans que, per molts dels treballadors i dels representants sindicals, és la imatge mateixa del desastre.

De fet, la totalitat del deute, no supera els 45.000 euros, una quantitat ridícula si es té en compte que la Junta de govern local aprova pràcticament en cada sessió despeses superiors a aquesta quantitat en subvencions directes o nominals o en la contractació de serveis o subministraments, molts d’ells amb l’objecció essencial de la intervenció municipal.

Sense anar més lluny, aquest proper dimecres està previst que la Junta de govern local aprovi, saltant-se la intervenció general, la continuïtat de la prestació del contracte de subministrament d’elements d’infraestructures de carrer, llogats, per actes que l’Ajuntament organitzi o hi doni suport, des de l’1 de novembre d’aquest any fins a la presa de possessió del nou consistori sorgit de les eleccions de maig, inclosa la campanya electoral…

L’Hospitalet preveu la meitat dels funcionaris que necessitaria i li calen un centenar de policies més per arribar a les ràtios

 La darrera Junta de Govern del mes de setembre, l’equip Quirós va aprovar la creació, amortització i modificació de 24 llocs de treball del Catàleg de llocs de treball del personal, funcionari, laboral, directiu i eventual de l’Ajuntament, que era un tema que l’oposició municipal havia demanat en múltiples plens municipals i que no ha estat fins el 9 d’octubre que ha aparegut publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A través d’aquesta publicació hem tingut coneixement de la creació de tres nous llocs de treball, el d’un cap d’unitat d’inspecció, d’un lloc de conservador/a del Museu i d’un cap d’unitat d’atenció presencial de nivell 2 que amortitza el mateix càrrec de nivell 3, la modificació de vint-i-quatre llocs de treball d’auxiliars, tècnics de gestió, tècnics assessors i tècnics mitjans i superiors de diversos nivells, i altres llocs de funcions administratives generals.

El més significatiu, però, és l’aprovació del catàleg general de llocs de feina de caràcter funcionarial i també del personal laboral de plantilla i del personal laboral i eventual. Segons aquest catàleg, el nombre de funcionaris previstos —que no és ni de bon tros el nombre de funcionaris reals que actualment presten servei— és de 1.623, dels quals una mica més d’un miler requereixen accés a través de “concurs específic”, que és una fórmula de proveïment de places mitjançant un procediment de mobilitat interna destinat a funcionaris de carrera que ja presten servei a l’Administració.

No apareixen places de concurs obert, com acostuma a observar-se als catàlegs de llocs de feina, perquè el proveïment de places correspon a les convocatòries concretes i són aquestes les que acaben fixant els procediments, però crida l’atenció que la gran majoria estiguin assignades al concurs específic i més de 130 places al “concurs específic obert a mobilitat interadministrativa” que vol dir que aquestes places queden d’alguna manera reservades a funcionaris provinents d’altres administracions.

Tindria molt de sentit aquest mecanisme —és, per exemple, el que es fa servir per cobrir les places dels càrrecs orgànics procedents dels cossos de l’Estat, secretaris, interventors i càrrecs adjacents— si es tractés d’apropar a algunes places a funcionaris que ja tenen una experiència provada prèvia, però la realitat és que, com és norma a l’Ajuntament de l’Hospitalet des de fa dècades, moltes d’aquestes places funcionarials de relleu, acaben adjudicant-se a funcionaris que provenen d’administracions locals o supralocals del mateix color del partit que governa i, en molts casos, familiars, militants o persones molt properes a l’equip de govern. Aquest mecanisme de funcionaris que ja exerceixen en altres llocs, seria una manera de facilitar la gestió a través de la confiança en l’experiència i les mateixes sintonies ideològiques de servei, si no fos perquè en moltes ocasions es tracta simple i planerament de fer favors, perquè no hi ha cap comprovació superior d’experiència ni de capacitat de gestió d’equips.

La cosa encara es complica més si observem en el present catàleg de l’Ajuntament de l’Hospitalet la presència de 96 llocs de feina que s’adjudiquen per “lliure designació”, 42 dels quals per lliure designació directe i els altres 54 per “lliure designació oberta a mobilitat interadministrativa”. Només 25 de les places contemplades tenen accés mitjançant concurs por mobilitat horitzontal, que afecta exclusivament a la policia local.

En conjunt vol dir que de les 1.623 places establertes, sis de cada cent funcionaris estipulats pel catàleg son de lliure designació i 8 de cada 20 candidats a places de funcionaris, seran provinents d’altres administracions. D’acord amb l’experiència, el proveïment de places funcionarials actua contundentment com a vehicle de clientelisme polític i aquesta evidència no es dissimula ni tan sols en el catàleg de llocs funcionarials, amb les reserves ja expressades a gent de confiança pels equips de govern.

Les xifres s’accentuen si es contemplen els 16 llocs directius que estableix el catàleg de llocs de feina, tots ells de lliure designació amb mobilitat interadministrativa, a banda dels 20 càrrecs eventuals que és personal de confiança directa dels polítics municipals —en aquest cas inclosos els assessors municipals de l’oposició—. En total dels 1.623 llocs funcionarials i els 41 llocs de feina entre laborals, directius i eventuals, 252 llocs catalogats no són de lliure concurrència. És a dir, 15 treballadors de cada 100, corresponen a la designació dirigida i, en la majoria d’aquests casos tenen a veure amb col·locacions a dit, d’alt relleu salarial.

El més normal, pel que L’Estaca ha pogut esbrinar, és que el catàleg de llocs de treball municipal respongui a criteris exclusius de bona gestió, experiència en la resolució de problemes i capacitat de negociació i de direcció. La crítica permanent pel que fa al funcionament intern de l’Ajuntament és exactament la contrària. No només pel que afirmen els sindicats en les seves notes informatives, sinó pel clima laboral intern que es respira, on és molt fàcil escoltar per part dels treballadors de la majoria de serveis que no hi ha ningú marcant el rumb de la gestió municipal. D’altra banda, sovint el catàleg de llocs de feina s’intenta negociar i consensuar amb la representació sindical per tal d’evitar un malestar endèmic a la plantilla i, en moltes ocasions l’oposició municipal acostuma a donar suport a aquesta negociació per evitar la paralització de la gestió municipal. Tampoc no sembla que hagi estat aquest el cas.

Finalment, les ràtios homologables de treballadors municipals a Catalunya per nombre d’habitants, situen les xifres entre 10 i 15 treballadors per cada 1.000 habitants. Això, en el cas de l’Hospitalet situaria el catàleg de llocs de treball municipal al voltant de les 3.000/4.000 places en front de les 1.600 actuals. Pel que fa a la policia local, les ràtios parlen d’un policia i mig per cada 1.000 habitants. A l’Hospitalet caldrien uns 450 agents, sobre una plantilla actual que no arriba als 300 policies. I tot plegat en situacions d’estabilitat de serveis. En una ciutat tan carregada de conflictes com és l’Hospitalet actual, fins i tot aquestes xifres es queden curtes. I no serà per falta de recursos públics. En els últims exercicis, cal recordar-ho, hi ha hagut superàvits de desenes de milions d’euros que han anat directament a eixugar deute als bancs.

Les obres, que es van haver d’aturar temporalment al maig per una ocupació de la via pública sense llicència, continuen generant alarma per les mesures de seguretat i salubritat

Els treballs d’enderrocament de l’antiga fàbrica Vanguard, situada al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet, continuen generant pols i preocupació entre el veïnat. La proximitat dels habitatges i de diversos centres escolars ha tornat a posar el focus en les mesures de seguretat aplicades durant les obres i en les molèsties que poden ocasionar a les persones que viuen a l’entorn.

Des de l’inici dels treballs, les obres han estat objecte de queixes veïnals per la polseguera i per les condicions en què s’estaven duent a terme. El passat mes d’abril, el grup municipal d’ERC+EUiA ja va denunciar públicament aquestes afectacions i va expressar la seva preocupació per la possible presència de materials potencialment perillosos a les antigues instal·lacions industrials, com ara el fibrociment, que requereix mesures específiques per a la seva retirada.

Al maig, els treballs es van haver d’aturar temporalment després que l’Ajuntament advertís la promotora que s’estava ocupant la via pública sense disposar de la llicència corresponent. La paralització es va mantenir a l’espera que la constructora obtingués l’autorització necessària per dur a terme aquesta ocupació.

Malgrat aquesta aturada, els enderrocs han continuat i la presència de pols ha tornat a generar preocupació. ERC+EUiA assegura que el govern municipal li havia comunicat que els treballs estaven aturats, però que posteriorment ha pogut comprovar que continuaven.

El portaveu del grup municipal, Jaume Graells, considera que cal extremar les precaucions, tenint en compte la proximitat dels habitatges i dels centres escolars. Per aquest motiu, reclama que es comprovi si s’estan aplicant totes les mesures necessàries per evitar riscos per a la salut pública i que s’aclareixi quins materials i residus encara hi ha a les instal·lacions.

Una altra de les qüestions que preocupa el veïnat és la informació sobre les mesures de seguretat adoptades. Segons ERC+EUiA, l’Ajuntament s’havia compromès a reunir-se amb els veïns i veïnes abans de reprendre els treballs per explicar-los les mesures previstes, però aquesta trobada encara no s’hauria produït.

El grup municipal reclama que s’intensifiqui la inspecció i el seguiment de les obres i que s’informi amb transparència al veïnat sobre les actuacions realitzades. També demana que els treballs no continuïn fins que es pugui garantir el compliment de totes les condicions de seguretat i salubritat.

Un nou desenvolupament urbanístic al solar

L’enderrocament de l’antiga fàbrica Vanguard forma part de la transformació urbanística prevista per a aquesta parcel·la de Santa Eulàlia. Un cop alliberat el solar, està prevista la construcció d’un hotel i d’un conjunt residencial d’unes 130 habitatges, segons la informació incorporada al projecte.

El futur desenvolupament suposarà un canvi en aquest espai del barri, però, mentrestant, les condicions en què s’executen els enderrocs continuen centrant l’atenció del veïnat, que reclama garanties de seguretat, control de les obres i informació clara sobre les mesures adoptades per evitar molèsties i possibles riscos per a la salut.

La coordinadora vecinal cuestiona que el futuro Clínic pueda convertirse en centro de referencia el norte de l’Hospitalet y reclama garantías jurídicas y urbanísticas

La Federación de Asociaciones de Vecinos de l’Hospitalet (FAVLH) mantiene su reivindicación para que se construya un nuevo Hospital General que sustituya al actual en los terrenos de Can Rigal. Así lo manifestó hace unos días su presidenta, Maite de la Concha, en una entrevista en la televisión pública de la ciudad.

La representante vecinal cuestionó que la población del norte de la ciudad vaya a ser atendida en el futuro Hospital Clínic, tal y como ha anunciado recientemente el alcalde, David Quirós, tras la reunión del Consorci Porta Diagonal-Campus Clínic.

Para la presidenta de la FAVLH, estos anuncios deben interpretarse como compromisos a largo plazo y, según manifestó, lo que esperan los vecinos es la construcción de un nuevo hospital que fue prometido hace ya 20 años y que iba acompañado de un proyecto que finalmente nunca se ejecutó.

De la Concha también expresó sus dudas sobre la existencia de garantías jurídicas y urbanísticas que aseguren que el futuro Hospital Clínic atenderá a la población del norte de l’Hospitalet. En este sentido, defendió que estas garantías deberían quedar establecidas formalmente.

La presidenta de la FAVLH insistió en que la ciudad necesita el nuevo Hospital General previsto en los terrenos de Can Rigalt, en un entorno que, según señaló, permitiría desarrollar el equipamiento sanitario sin necesidad de construir viviendas. Al mismo tiempo, planteó que el actual Hospital General podría transformarse en un centro sociosanitario.

Debate en el pleno municipal

La cuestión también fue objeto de debate en el último pleno municipal. El grupo de ERC+EUiA presentó una moción en la que planteaba que, antes de aprobarse el Plan Director Urbanístico (PDU) que ordenará toda la zona, se firme un convenio en el que participen la Generalitat y el Servei Català de la Salut para garantizar que el futuro Hospital Clínic sea el centro hospitalario de referencia para la población del norte de l’Hospitalet.

La moción establecía que, si esta garantía no se produce, el Ayuntamiento debería mantener la reivindicación de construir un nuevo Hospital General en Can Rigalt, tal y como estaba previsto desde hace dos décadas, y no dar apoyo al proyecto del Clínic.

En caso de que se cumplan las previsiones anunciadas por el alcalde, el concejal de ERC+EUiA Jaume Graells defendió que el actual Hospital General debería continuar prestando servicio, aunque reformulando sus funciones dentro del mapa sanitario de la ciudad.

Por su parte, Laura Alzamora de los Comunes recordó que durante años se había prometido la construcción de un nuevo Hospital General e incluso llegó a existir un proyecto para hacerlo realidad. No obstante, planteó la necesidad de valorar el conjunto del proyecto del (PDU) y aprovechar la actuación para incorporar nuevos equipamientos y zonas verdes.

Alzamora también expresó su rechazo a que el desarrollo de la zona se centre en la construcción de nuevas viviendas. Según señaló, está previsto levantar alrededor de 800 pisos.

El PP también se mostró contrario a la construcción de más viviendas en este ámbito. Aunque en este pleno no se pronunció específicamente sobre la construcción del nuevo hospital, su portavoz, Sonia Esplugas, ya se ha manifestado en anteriores ocasiones a favor de recuperar el proyecto del centro sanitario que se había prometido a la ciudad.

Por su parte, Vox reclamó igualmente la construcción del Hospital General de l’Hospitalet, aunque señaló que esta reivindicación no impediría que determinadas especialidades médicas pudieran ser atendidas en el futuro Hospital Clínic.

Una nova reunió de veïns contra la delinqüència, aposta per l’apoliticisme i reuneix la quarta part que fa uns mesos

L’actualitat ha estat tan dinàmica aquests dies que no hem pogut tractar en el nostre digital la quantitat d’esdeveniments —alguns d’ells autènticament dramàtics— que s’han produït aquests dies. Entre ells, la sobtada mort d’un comerciant de La Florida, que es va suïcidar, segons sembla, per la imminent notícia del desnonament del local que li servia per guanyar-se la vida. Sembla ser que el comerciant, un sabater, hauria deixat una nota alertant del suïcidi que es va descobrir dimecres, però que es deuria produir el dia anterior perquè des d’aleshores estava la persiana del local a mitja alçada.

Després s’ha sabut que justament el local objecte de desnonament correspon a un dels cinc edificis que l’Ajuntament vol adquirir a una immobiliària privada que seria la que va posar en marxa el desnonament arran de l’impagament del lloguer comercial des de gener del 2025, segons informacions confirmades pel TSJC que afecten als jutjats del Civil de l’Hospitalet. Sembla que al maig se li hauria fet arribar la demanda de la propietat al llogater, sense que aquest hagués posat en marxa cap recurs. Poc després, el jutjat corresponent hauria comunicat al llogater el llançament, que s’havia de produir dilluns 5 d’octubre, sense que es registrés cap sol·licitud posterior d’ajornament.

Segons ERC-EUiA, l’Ajuntament hauria de disposar de mecanismes d’intervenció davant una nova situació de vulnerabilitat protagonitzada per un veí de la ciutat i ha demanat que es faci públic si els serveis municipals coneixien el cas i si hi va haver algun tipus de mediació prèvia: “No pot ser que l’Ajuntament tingui capacitat per negociar la compra d’un edifici però no tingui capacitat per evitar que una persona vulnerable acabi desnonada.”, va afirmar el portaveu del grup, Jaume Graells. Alhora, va posar com exemple el cas de Barcelona que disposa d’un servei municipal de mediació que intervé durant tot el procés de desnonament i compta amb un protocol que ha mostrat la seva efectivitat quan els professionals detecten risc de conducta suïcida i actuen en conseqüència, cosa que a l’Hospitalet no ha passat, ni en el cas d’aquest home de 60 anys, ni en el cas de l’Olga. “Quan una persona està a punt de quedar-se al carrer, l’Ajuntament no pot limitar-se a mirar què diu l’expedient. Ha d’anar a buscar aquesta persona, conèixer la seva situació i posar tots els recursos municipals per trobar una alternativa”, va assegurar el portaveu.

En efecte, de confirmar-se el suïcidi, seria el segon cas en 22 dies d’una mort provocada per la vulnerabilitat que suposa desnonar a ciutadans del municipi. I, per tant, motiu suficient perquè el govern local obrís una investigació sobre el funcionament dels Serveis Socials a la ciutat i la seva efectivitat.

També dijous passat al vespre va haver una cassolada excepcional a la plaça de l’Ajuntament convocada pel Sindicat de Llogateres, coincidint amb la crida per pressionar els diputats del Congrés a Madrid que divendres havien d’aprovar els dos decrets sobre l’habitatge que presentava el govern de coalició progressista i que finalment van tombar les dretes del PP, Vox i Junts. A l’Hospitalet, la convocatòria va reunir uns 150 participants. A la mateixa tarda, mig centenar de veïns, majoritàriament procedents de Pubilla Casas, van protagonitzar una nova manifestació contra la inseguretat als barris del nord, convocada per l’Hospitalet Alerta, una entitat que agrupa veïns i comerciants i que son els mateixos que ja havien fet una crida als veïns del mateix barri fa uns quants mesos.

Aleshores ja es va posar l’accent en que es tractava d’una convocatòria independent, que sorgia al marge dels partits polítics, que es pretenia apolítica i que l’únic que pretenia era alertar del problema que pateixen aquests barris del nord. Aleshores va reunir uns quants milers de manifestants. Aquesta última, una quarta part d’aleshores. És molt possible que la insistència sobre l’apoliticisme de la marxa, hagi desmobilitzat a més d’un veí que considera que les reivindicacions de millora de la ciutat i de la prevenció de la delinqüència, tenen un claríssim contingut progressista que, si s’amaga, és perquè presenta algunes intencions no transparents del tot. Malgrat això, a banda de veïns de Pubilla i d’algunes zones adjacents d’Esplugues, van estar presents els portaveus d’ERC, PP, Vox i, probablement pel pes del sector botiguer, el representant de Junts.

Els càlculs econòmics de la despesa d’adquisició i de gestió dels immobles, obre seriosos dubtes sobre si es tracta d’una operació recomanable

El ple municipal va aprovar ahir, en sessió extraordinària, una modificació de crèdit òmnibus que incloïa l’adquisició per un import superior als 26 milions d’euros, de cinc edificis, en la línia del que va informar L’Estaca el passat 3 d’octubre (https://lestaca.com/actualitat/sorpresa-i-prevencio-per-lanunci-de-compra-de-148-habitatges-a-la-zona-nord-de-la-ciutat/). En la mateixa modificació de crèdit hi havia altres imports destinats al canvi de gespa del camp de rugbi, l’asfaltat de diversos carrers, el canvi d’enllumenat, etc.

La part substancial, però, anava dirigida a l’adquisició ja anunciada dels 148 habitatges corresponents a una immobiliària dels barris del nord de la ciutat. La modificació de crèdit esmentada s’ha aprovat amb el vot favorable del PSC i els Comuns, l’abstenció d’ERC i el PP i el vot contrari de Vox. La informació al respecte del portaveu socialista, no ha ampliat més dades a banda de les ja conegudes —amb alguna excepció que destacarem—, però les intervencions dels portaveus dels grups han ofert tot un ventall de noves informacions que obren altres perspectives al que ja es coneixia. Per part dels Comuns, especialment, s’ha conegut que la negociació amb la immobiliària es va portar en absolut secret i opacitat sense que ni se n’assabentessin els veïns dels immobles —també ho ha assegurat el portaveu republicà que es va entrevistar amb els veïns—, entre els quals, el comerciant que es va suïcidar fa uns dies. Aquest veí, necessàriament havia d’ignorar els tractes de la immobiliària amb l’Ajuntament perquè, d’haver-ho sabut, igual hagués decaigut el seu grau de desesperació ja que no és el mateix que et desnoni una immobiliària sense escrúpols que un Ajuntament propietari del teu local, amb el que tens moltes possibilitats d’arribar a acords.

Segons el portaveu de Comuns, a més, sembla que qui gestionarà els lloguers dels immobles que adquirirà l’Ajuntament serà la mateixa empresa que els gestiona en l’actualitat i no ha quedat clar si aquesta empresa que gestiona actualment, té vincles directes o no amb la immobiliària propietària. El que si va anunciar el portaveu de Comuns és que l’Ajuntament haurà de pagar 345.000 euros a l’any per la gestió d’aquests 148 habitatges que equival a més de 2.300 euros/any per habitatge, una quantitat enorme si es té en compte que els lloguers mensuals actuals estan al voltant dels 500 euros per habitatge i no tots els habitatges estan llogats (i sembla que hi ha un 30% de morositat).

Això voldria dir que l’Ajuntament, després de gastar-se 27 milions d’euros, només ingressaria els lloguers de 7 mesos, perquè els altres cinc anirien directament a la butxaca de l’administradora. Si l’administradora té relació directa amb la immobiliària, cosa que no es va aclarir durant les intervencions del plenari, això voldria dir que l’Ajuntament ha comprat els 148 habitatges a uns 180.000 euros per habitatge i, a més, l’administradora estaria cobrant encara durant el temps que es mantingui la seva gestió, gairebé el 40% de l’import dels lloguers. Un negoci rodó.

Si, a més, com va explicar el portaveu dels Comuns, l’import mitjà d’habitatges d’aquestes característiques adquirits per les Administracions catalanes entre el 2015 i el 2025 per retracte i tanteig se situa al voltant dels 65.000 euros per habitatge, estaríem parlant que l’Ajuntament de l’Hospitalet els compra a gairebé tres vegades el preu de tanteig i retracte i, a més, es compromet a abonar al voltant del 40% dels lloguers a l’actual administradora.

No solament això. Al portaveu socialista se li ha escapat en un moment de la seva intervenció la possibilitat que aquesta administradora, en l’interval entre l’adquisició d’ara i la creació de l’empresa municipal de l’habitatge que s’hauria d’encarregar de la gestió de l’habitatge públic, es fes càrrec dels altres 250 habitatges que consten de propietat pública en dades del 2023, segons ha posat de manifest la portaveu del grup popular. Habitatges públics que se sap que estan absolutament abandonats, no solament pel que fa al manteniment, sinó directament en la gestió, amb habitatges buits, altres ocupats, altres amb llogaters que no responen als titulars que consten i altres que fa anys que no paguen cap lloguer. De confirmar-se aquesta soterrada iniciativa, l’actual administradora dels 148 nous habitatges, es faria amb la gestió dels altres 250 habitatges de titularitat pública per un temps indeterminat —i ja podem imaginar-nos amb quina despesa de gestió— que podria ser etern, a la vista de les capacitats de l’actual govern per poder constituir una empresa municipal de l’habitatge capaç de fer-se càrrec dels 400 immobles de titularitat pública que hi hauria a la ciutat, un minso 0,3%, segons els Comuns, de l’habitatge global.

Un dels punts en el que coincidien bastant els portaveus municipals era que amb aquesta adquisició no s’augmenta el volum d’habitatge públic perquè, amb l’excepció de 44 d’aquests habitatges que sembla que estan buits ara mateix dels 148 en venda, la resta tenen llogaters de fa molts anys. És veritat que sembla millor tenir un parc públic de 148 nous habitatges que no tenir-lo, però l’argument del portaveu socialista que d’aquesta manera s’ha evitat que comprés els immobles un fons voltor, gairebé no s’aguanta. Ja se sap que els fons voltors compren habitatges per buidar-los de llogaters i, en aquest cas, haurien d’haver fet la vida impossible a més d’un centenar de famílies. D’altra banda, també és veritat que les adquisicions del fons voltor amb “bitxo”, com miserablement qualifiquen els immobles amb llogaters, acostumen a estar molt per sota del preu de mercat i fins i tot per sota dels preus de tanteig i retracte de les administracions públiques. Això voldria dir que, en el cas que s’hagués interessat alguns fons voltor per l’adquisició d’aquests immobles, els preus de compra estarien al voltant dels 9 milions d’euros, no pas dels 27 que pagarà l’Ajuntament.

Aquests càlculs, que es desprenen de les dades conegudes, posen sobre la taula un greu conflicte que és el perill de malversació de diners públics en aquesta operació. Si qualsevol dels grups municipals d’oposició emprengués una demanda per aquest potencial delicte, les conseqüències podrien ser catastròfiques perquè ha estat el ple municipal el que ha permès amb els seus vots l’operació indicada.

La realitat és, però, que amb el nivell de sensibilització social que hi ha en aquests moments al voltant de la problemàtica de l’habitatge, es feia molt difícil oposar-se a la proposta del govern socialista. Només s’ha atrevit Vox, amb els seus arguments habituals que remeten a nou anys de govern progressista sense resoldre el problema de fons.

El següent punt de l’ordre del dia també relatiu a una altra modificació de crèdit òmnibus, que incorporava fons en benefici de les escoles bressol per manca de possibilitats de licitació del darrer contracte, també s’ha salvat amb els vots favorables de tots els grups amb l’excepció novament de Vox que ha votat en contra.

El representant de FIC al darrer ple municipal va denunciar l’actitud de l’oposició en l’elecció del Consell Executiu dels mitjans públics

Recentment hem pogut conèixer que el Consell d’Administració de La Farga Gemsa va donar el vist i plau —és a dir, va informar favorablement—, en la seva darrera reunió del passat 29 de setembre, la proposta de Contracte-Programa dels Serveis de Comunicació Municipals 2027-2028, que havia estat prèviament aprovada pel Consell Executiu dels Mitjans el passat 14 de setembre. Com es conegut, La Farga Gemsa és l’empresa municipal encarregada de la gestió dels mitjans de comunicació locals i la que té la darrere paraula abans de l’aprovació del document per part del ple municipal, previ informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El que resulta mes significatiu és que ni en el Reglament de funcionament dels mitjans, ni en el Contracte-Programa, ni en les atribucions del Consell d’Administració de La Farga, s’estableix que el Consell Assessor i Consultiu s’hagi de pronunciar sobre el document —l’esmentat Contracte-Programa— que ha de regir l’exercici de les funcions informatives i el seu control social. Alguns dels membres d’aquest Consell Consultiu han mostrat la seva sorpresa pel fet que l’essència del funcionament dels mitjans públics no sigui ni tan sols motiu de debat i coneixement per l’organisme que, per definició, garanteix la participació de les entitats socials i de professionals reconeguts en l’àmbit de la informació pública. Per dir-ho ras i pla: el reglament, les atribucions de l’empresa municipal i el Contracte-Programa passen per damunt de l’únic instrument on estan representades les entitats socials de la ciutat a través del Consell de Ciutat. El Consell Assessor dels mitjans és, doncs, un instrument retòric que no té autèntiques prerrogatives a l’hora de determinar com funcionen els mitjans públics.

Però la qüestió és encara més greu perquè, si bé no té atribucions en el funcionament quotidià dels mitjans que s’estableix en el Contracte-Programa, en canvi les té totes per determinar qui s’ha de fer càrrec de la direcció, perquè en aquest punt sí que el reglament li adjudica un paper clau. D’on es dedueix, en definitiva, que hi ha una clara incoherència en el reglament, en el que es fixen les responsabilitats del Consell d’Administració de La Farga i en el que especifica el Contracte-Programa. I que semblaria el més lògic que el Consell Assessor s’hagués reunit abans que el Consell d’Administració, hagués debatut sobre el Contracte-Programa i s’hagués pronunciat al respecte.

En aquesta mateixa línia va anar la intervenció del representant de la Junta del Foment de la Informació Crítica en el darrer ple municipal, on es denunciava la incongruència de l’aprovació del Contracte-Programa, un document de 67 pàgines, en només tres sessions, amb el vot en contra del representant dels Comuns, l’abstenció de ERC, Vox i PP i el vot favorable de PSC, i amb 23 esmenes presentades al document final, de les quals només es van acceptar 9.

Com explicava el representant de FIC: “la composició de l’organisme —el Consell Executiu— que ha aprovat el Contracte-Programa ja partia d’un acord que a tots, govern i oposició, ja els venia bé (excepte a Vox, que va votar en contra). No s’ha d’oblidar que es va elegir el Consell Executiu acceptant el veto al representant de L’Estaca, assumit per tota l’oposició i, per tant, el previsible resultat ja es podia donar per descomptat”. Com així ha estat.

Un dels aspectes més importants que té a veure amb el Contracte-Programa que està pendent de ratificació al ple municipal, està relacionat amb la reobertura de Ràdio l’Hospitalet. El representant de FIC al ple de setembre ho va explicar amb aquestes paraules: “Què passarà a partir d’ara? Doncs que el tràmit del Contracte-Programa ja s’ha fet i tot seguirà exactament igual que fins ara. Seguirem sense ràdio o amb una ràdio que no és la que la ciutat necessita, amb una televisió que vol donar una imatge professional i de neutralitat però que discrimina subtilment per no posar al poder contra les cordes i amb un butlletí municipal de difusió massiva que intenta donar la imatge d’una revista mensual objectiva quan, sense dissimul, sol fer propaganda descaradament del que fa el govern local. De tot això se’n queixen, cada cop que tenen oportunitat, amb més o menys energia, tots els grups de l’oposició. Tots, excepte un però, es van prestar al parany governamental i el resultat ha estat, una vegada més, el que el govern Quirós desitjava.”

I va acabar dient: “El Contracte-Programa vindrà al ple abans que s’acabi l’any. A la responsabilitat de les presses a aprovar el document, rebutjant el 60% de les esmenes presentades, hauran d’afegir el seu vot final. I ja no tindran excuses afirmant que tot això ho van fer al seu moment per la plantilla, perquè entre les esmenes de Comuns, que van ser rebutjades, n’hi havia una que afavoria directament l’estructura jeràrquica dels professionals i que redundava en els seus drets laborals i salarials. Aquesta excusa ja no els servirà. Així que tenen unes quantes setmanes per buscar-se’n una altra i deixar que la informació pública de la ciutat segueixi en mans del govern i no de qui la paga: la ciutadania”

.S’adjunta el text íntegre de la intervenció en la llengua en què va ser feta

Bona part de les queixes se centren en la no execució del dipòsit subterrani d’aigües pluvials de Les Planes, aprovat fa més d’un any

Gairebé 200 litres per metre quadrat en un parell d’hores, més de 200 trucades al 112, una evacuació en un servei públic amb intervenció de Protecció Civil i Bombers, desenes de talls en carrers principals i ponts de la ciutat, fortes restriccions en els transports públics, tancament d’equipaments i suspensió d’un gran nombre d’activitats i concentracions, entre elles la que havia de protagonitzar la ciutadania de Barcelona en solidaritat amb els desnonaments a l’Hospitalet, van ser el resultat de la gran tromba d’aigua caiguda ahir a l’Hospitalet i tota l’àrea metropolitana de Barcelona i les comarques del sud, anunciada amb l’habitual antelació.

No era una cosa sorprenent malgrat les dimensions del que es va produir, ni tampoc era la primera vegada que això podia passar ni, amb tota seguretat, serà la última. La gran notícia: que malgrat les molèsties i els danys no s’han produït desgràcies personals. Però tota la resta són pèssimes notícies. La principal, que això forma part de la crisi climàtica que els poderosos de tots els Estats no volen afrontar, i les secundàries que, com en el cas de l’habitatge, els que més tenen a perdre son els de sempre: la ciutadania, especialment la resident en zones densificades i maltractades per l’acció humana.

Si a la crisi global hi afegim l’absència de capacitat de gestió concreta, la calamitat està servida. Aquest dissabte va ser extraordinari, però dimarts passat també va ploure una estona llarga i els danys que es van produir a Merca2 de Bellvitge —i a altres mercats municipals— eren l’evidència d’això que diem. Els casos del mercat de Bellvitge, o el de Collblanc, per exemple, clamen al cel perquè es tracta de problemes que han estat denunciats extensament per paradistes i veïns desenes de vegades sense que s’hagin aplicat solucions. Una cosa semblant al que passa quan cauen només quatre gotes a llocs concrets de la ciutat, com el Pont de Santa Eulàlia, el del Carrilet al mateix barri, el de Narcís Monturiol, el de Josep Tarradellas, o algunes confluències endèmiques de carrers com Prat de la Riba amb Rodés, Pau Casals, avinguda Fabregada o Passatge Milans amb Cobalt on es troba el CUAP Pura Fernández que aquest cop es va tenir que evacuar, però que amb quatre gotes de caiguin, sempre presenta un aspecte desolador amb els carrers que el circumden totalment negats.

Ja no cal parlar del que és també habitual a les biblioteques de la ciutat, amb goteres des de fa anys, o als Poliesportius en les mateixes o pitjors condicions que els mercats. (El Poliesportiu de Les Planes queda negat sovint per aigües fecals i s’ha de tancar). Les pluges de dissabte van ser intenses, però les de dimarts van ser més normals i els danys en totes dues jornades van ser nombrosos. No es tracta, per tant, d’una excepcionalitat, sinó del que passa a la ciutat quan cau aigua a la Tardor perquè, com expliquen els portaveus dels grups municipals d’oposició, el problema és que no hi ha inversió en la neteja i millora de les infraestructures de drenatge, ni s’ha fet una revisió exhaustiva dels col·lectors, en un municipi que té gairebé la meitat del seu terme municipal per sota dels 10 metres d’altitud i alguns barris absolutament inundables per sota dels 5 metres d’altitud. Un d’ells, el barri de Bellvitge, on es vol tirar endavant el projecte del Biopol Gran Via, sobre el qual no hi ha acord ni tan sols entre els grups municipals de l’oposició, perquè uns s’hi oposen i el denuncien, i a altres ja els sembla bé, perquè el consideren una oportunitat. Una oportunitat que la geografia, el clima i el temps a venir, poden convertir en una catàstrofe de considerables dimensions.

En declaracions a L’Estaca, el portaveu d’ERC, Jaume Graells ha afirmat que “la ciutat no està prou preparada i encara tenim moltes obres i actuacions pendents. I precisament allà on ja sabem que hi ha més risc, especialment als barris de la zona sud, cal actuar amb més determinació. Són zones on fa temps que sabem que hi ha problemes d’inundabilitat i on són necessàries infraestructures hidràuliques més potents, com sistemes de laminació, pous de retenció i altres mecanismes per retenir i evacuar l’aigua. Al parc de les Planes, per exemple, hi ha actuacions que fa temps que reclamem i que encara estan pendents.”

També la portaveu del grup Popular, Sonia Esplugas ha recordat que “hi ha una sèrie d’inversions que s’han aprovat al ple municipal però que no s’executen i són evidents desprès greus problemes en el manteniment que col·lapsa el sistema de drenatge del municipi per apatia, negligència i el descontrol a l’hora de gestionar”. I en aquest punt coincideix amb Graells quan afegeix que “també caldrà revisar el manteniment de la xarxa de clavegueram. Veïns i tècnics ens han traslladat que hi ha punts on el manteniment i la neteja de les clavegueres no són els adequats. És una qüestió que s’haurà de comprovar i analitzar, però que no podem ignorar, perquè una xarxa de drenatge ben mantinguda és essencial davant d’episodis de pluja intensa.”

Manuel Domínguez de Comuns també ha estat taxatiu al respecte: “hi ha zones a la ciutat que sempre pateixen els problemes dels aiguats i una cosa que fa un any que es va aprovar en un ple municipal com era fer el dipòsit subterrani municipal de les Planes, ni tan sols s’ha posat en marxa. Es tracta d’una necessitat imperiosa per la ciutat —i en aquest sentit caldria re-naturalitzar-la tan com es pugui— perquè la crisi climàtica va a més i, en aquest sentit, val la pena recordar que Comuns va reclamar un pla compartit amb perspectiva ciutadana sobre el Canvi Climàtic que va ser votat en contra per PSC i Vox”.

Sobre la re-naturalització també va parlar Graells: “hem de revisar com ha evolucionat urbanísticament la ciutat. En alguns punts s’han fet noves construccions i més superfície de ciment, i això significa més aigua que s’ha de canalitzar i menys capacitat del terreny per absorbir-la. Cal analitzar si determinades actuacions urbanístiques han pogut agreujar els problemes en punts concrets. I, en general, l’Hospitalet té massa ciment. Necessitem més superfície permeable, més parcs i més espais verds que ajudin a retenir i drenar l’aigua.” I ha afegit: “davant d’episodis de pluja cada vegada més extrems, no podem continuar augmentant la superfície de ciment sense reforçar alhora les infraestructures hidràuliques, mantenir adequadament el clavegueram i augmentar els espais verds.”

També el portaveu de Vox, Francisco González, coincideix en alguns d’aquests aspectes: “Falta inversió. Calen més dipòsits pluvials. A més s’ha de reforçar la neteja i el manteniment del clavegueram…”

També algunes entitats, com l’Associació de Veïns del Parc de les Planes s’ha pronunciat al respecte. Segons el seu president, Celestino Raya :“l’Hospitalet se inunda porque el equipo Quirós no es capaz de cumplir lo que él mismo proyecta. Hace muchos años que hay un proyecto con dinero presupuestado para hacer un gran depósito de laminación y almacenamiento de aguas de lluvia subterráneo en el parc de Les Planes para retener las lluvias como las de ayer y así impedir las inundaciones en los barrios de más al sur. Este proyecto existe y también existía dinero para su construcción y no han sido capaces de construirlo. Este es el equipo Quirós. ¿Por qué se inunda la zona baja de hospitalet ? La respuesta es muy sencilla: no han construido el depósito de laminación y almacenamiento del parc de Les Planes y no limpian ni mantienen los sistemas de colectores y eso es responsabilidad del gobierno municipal”.