_{28 de noviembre, 2020}

La película franco-polaca “Les Innocents”, dirigida por Anne-Fontaine, abrió un debate sobre la iglesia, la maternidad y la violencia hacia las mujeres, entre otros temas, durante la tarde del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). La cinta formó parte tanto de la XVII Mostra de Cinema Espiritual como de la Semana de la Solidaridad 2020. Fue transmitida y comentada por zoom. Inspirada en un hecho real, cuenta la historia de un convento de monjas que fueron atacadas y violadas por el ejército soviético a finales de la Segunda Guerra Mundial (1945). Como consecuencia, algunas de ellas quedaron embarazadas, necesitando recurrir a la ayuda de una enfermera de la Cruz Roja francesa, que además es agnóstica y comunista. Ella se arriesga a ayudarlas por compasión, a pesar de que, en principio, solo se le permite atender a los soldados heridos rusos. 

Después de la introducción y posterior proyección de la película, se llevó a cabo un coloquio dirigido por Viqui Molins (Maria Victòria Molins), religiosa Teresiana, escritora y comprometida en el ámbito de la marginación. Ella fue la primera en reflexionar cómo esta historia conecta la fe con varias esferas en torno a la mujer. “Fe ligada a la maternidad, fe ligada a la sociedad”. También habló de cómo la cinta refleja la preocupación por el repudio de la familia y las normas de la sociedad ante  estas mujeres como víctimas…. Además de la conclusión de que “no siempre se sabe cómo actuar ante estos casos.”

Relacionado con este último punto, Josep Maria Pujol i Boira, del Fòrum de LH, añadió que le impresionó “el respeto” hacia la religión a pesar de la contraposición de creencias en la película “sobre todo en un mundo en el que vamos tan rápido juzgando”. Joan, un espectador de la película, mencionó que estaba de acuerdo: “Se demuestra la profesionalidad de los médicos. Ya que en un momento se impacientan por curar, pero deben respetar que ellas necesiten un tiempo antes de dejarlos que las ayuden.”

Otros espectadores también añadieron su punto de vista sobre algunos hechos más concretos de la película. Y entre ellos se hizo una reflexión sobre temas como la unión entre las mujeres, la confianza, la fe y el rezo como único mecanismo para superar el duelo entre las monjas. “La enfermera de un modo, ayuda. A veces necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva”, comentó Diego, otro espectador. Y luego se habló de las diferentes actitudes que las víctimas toman delante de una maternidad próxima. Los conflictos, sentimientos y decisiones que manifiestan a partir de esos hechos.

Este gimnasio de L’Hospitalet dirigido por Jose Silva ofrece una gran variedad de deportes de defensa personal y artes marciales mientras sigue haciendo frente a la crisis por el covid-19

_{27 de noviembre, 2020}

Las artes marciales y la defensa personal son un deporte, aunque minoritario, de mucho interés para aquellos quienes desean cultivar el cuerpo y la mente. En The Warriors Martial Arts Club, situado en el barrio de Collblanc de L’Hospitalet, ofrecen clases para jóvenes y adultos pero, sobre todo, para gente apasionada.

Boxeo, kick-boxing, MMA y Budo Taijutso son algunas de las modalidades que se imparten en el centro que dirige Jose Silva, con la ayuda de dos chicas de marketing y administración. Allí los alumnos aprenden proyecciones, golpeos, estrangulaciones, luxaciones, controles y armas para saber protegerse en caso de riesgo. 

Las instalaciones están totalmente equipadas con colchonetas, barras de techo, sacos de boxeo, pelotas de pilates y todo el material necesario para aprender a canalizar las emociones negativas y convertirlas en estímulos positivos. 

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Además, The Warriors también organiza eventos fuera del gimnasio para que sus alumnos se conozcan. “Los conocí a través de una clase de defensa personal gratuita y me gustó mucho las ganas que tienen de enseñar y de explicarlo todo con muy buen humor. Se ha convertido en una verdadera familia”, cuenta Raquel Bermúdez, alumna de Budo Taijutso.

Los beneficios del deporte para la salud

Y es que es totalmente imposible negar que el deporte, en cualquiera de sus variantes, tiene un impacto muy positivo en nuestra salud. Además de mantener nuestra forma física y reducir el riesgo de enfermedades y la presión arterial, alivia el estrés y mejora nuestra salud mental. Gracias al movimiento del cuerpo y el establecimiento de rutinas, el ejercicio puede ser útil para sofocar sentimientos de ansiedad y depresión. “El cuerpo humano es como una máquina que, cuando la fuerzas, va mejorando. El cuerpo piensa que está en riesgo y, con el miedo de no volverlo a padecer, mejora físicamente”, nos cuenta Jose.

La importancia de los valores en el club

Por otro lado, The Warriors también está muy comprometido con la educación de nuestros pequeños quienes, al fin y al cabo, son las generaciones del futuro. Es por este motivo que en el centro tienen muy en cuenta cuáles son los valores que quieren transmitir: Gi (justicia), Yu (coraje), Jin (benevolencia), Rei (respeto), Makoto (honestidad), Meiyo (honor) y Chuugi (lealtad). A pesar de sonar un poco arcaicos, son valores muy efectivos y que forman parte de un proyecto antibullyng, concienciación e igualdad. Todos ellos suponen el núcleo pedagógico del centro, sin dejar de lado la defensa personal.

Y como era de esperar con todas los ideales que transmiten, en el club también son muy conscientes de la todavía existente violencia de género contra las mujeres. Es por este motivo por el que, la defensa personal también supone un aprendizaje para ellas y saber defenderse en caso de cualquier agresión física. “Les da la oportunidad de hacer algo y no quedarse con los brazos cruzados y creerse inferiores. Te da ese empujón a creer más en ti y a tener más confianza”, nos dice Miriam Andrades, quien está de prácticas en The Warriors y se encarga de la administración de tareas, recibir pagos, archivar recibos, dar información a los clientes y demás.

El covid-19, un bache y una fortaleza

Sin embargo, como muchos otros locales o establecimientos deportivos, la pandemia causada por el covid-19 también ha afectado gravemente a los empleados y socios de The Warriors. Y es que, al tratarse de deportes cuerpo a cuerpo y donde es esencial el contacto con el adversario, ha habido grandes dificultades en el normal desarrollo de las clases. Durante los meses de confinamiento se decidió ofrecer la alternativa de hacer lecciones virtuales desde casa y directos de Instagram, donde la gente se podía conectar para seguir el entrenamiento. En esta ocasión Jose decidió no obligar a pagar quota a aquellos quienes no quisieran. 

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Los baches también fueron patentes en la perdida de socios y la reducción de grupos de niños, cuyas familias se vieron afectadas económicamente y con muchos menos recursos. En diciembre del año pasado eran 140 adultos y 40 niños y ahora solamente son 40 adultos y 10 niños. Además, antes de esta crisis se impartían clases de parkoury de baile, destinadas a cualquier edad. 

Sin embargo, tal y como ellos mismos defienden: “tan importante es saber afrontar una victoria como una derrota”. Con este lema bien grabado en la mente, The Warriors ha hecho honor a su nombre y ha ido ganando batallas y recuperándose poco a poco. La ilusión y el compromiso por parte de sus trabajadores ha sido esencial en todo este proceso.

Ahora el gimnasio tiene un aspecto mucho más recuperado y no tan vacío, como lo había estado en meses anteriores. A pesar de que las incógnitas que la crisis por el coronavirus sigue cerniendo sobre nuestra población y que queda mucho por hacer, la esperanza y las ganas por sacar adelante el negocio siguen intactas. 

Por Lara Ballesteros

_{27 de noviembre, 2020}

Las poetas slammers Isa García y Alejandra Martínez de Miguel iniciaron la Semana de la Solidaridad 2020 en L’Hospitalet de Llobregat con un Live de slam con poemas sobre mujeres en situaciones machistas, conmemorando así la violencia hacia las mujeres. El evento tuvo lugar este lunes a las 20:30 desde la cuenta @Joventutlh en Instagram. Entre estos poemas hubo propios y también de otras autoras. Martínez interpretó  “Hola, soy mi representante”, “Soy mujer”,  “Florecemos” y una creación poética de un fragmento de Bernarda Alba (de su propio poemario Báilatelo sola);  “Hola soy la chica de las poesías, además de “A la verde, verde oliva” (Pez en la tierra de Margarita Ferreras). E Isa García recitó algunas de sus creaciones, entre ellas “Ay, hermanas!” que había cantado a dos voces con la poeta slammer Adriana Bertran, para continuar con el de “herederas” (Amnesia colectiva de Koleka Putuma) y otro de la poeta Blanca Varela. 

La intención de ambas en este streaming también era dar voz a mujeres poetas de las que hasta ahora no se ha hablado tanto. Hubo un momento en que Alejandra Martínez de Miguel mencionó su apego por la generación del 97 y la falta de referentes mujeres de aquella época dentro de lo que le explicaron en el colegio. “Nos han contado la mitad de esta historia, de esta cultura. Yo me autoengaño que las cosas han mejorado un montón, pero no sé”.

García y Martínez también aprovecharon la ocasión para hablar un poco del poetry slam, un formato competición entre entre poesía oral y poesía escénica en el que los poetas tienen 3 minutos para su interpretación, sin poder utilizar atrezzo. Cabe añadir que en España hay más de 30 ciudades donde se celebra un slam cada mes. Isa García, galardonada con el premio nacional, representará la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat en Zaragoza el próximo marzo de 2021  y Alejandra Martínez es ganadora del poetry slam 2017 y representante actual de Madrid.  

El propósito de realizar la iniciativa de la Semana de la Solidaridad era para conmemorar esta temática antes y después del 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia Machista, como expuso Laura Magnota, regidora de Igualdad y Joventud de L’H, en una breve introducción al recital. Desde el año pasado ya existía la intención de continuar el tema en 2020 y realizar las actividades que no se llevaron a término por falta de tiempo. Al final, se han realizado adaptándose a las circunstancias extraordinarias de la pandemia. La regidora añadió que “tal vez sirva para llegar a personas online a las que no se pudo llegar de manera presencial”.

Y es que la semana, organizada por muchas entidades de l’Espai de ciutadania, llamó a que las actividades sirviesen para extender por las redes sociales, grupos de Whatsapp el mensaje de “no estás sola” y, tal y como señaló Magnota, “pueda llegar a las personas que necesitan escucharlo”.

Puedes visualizar el directo de Isa García y Alejandra Martínez desde el IGTV del Instagram de JoventutLH haciendo click aquí.

_{26 de noviembre, 2020}

Gerard Figueras, secretario d’Esports de la Generalitat,  ha prestado declaración ante el grupo de la Unitat de Delinqüencia Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y puesto en libertad en el marco de la investigación por la trama de desvío de fondos en las subvenciones públicas al Consell Esportiu de l’Hospìtalet, según ha informado NacióDigital.
Tras la declaración fue puesto en libertad, a la espera de ser citado por el juez acusado de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Núria Marín, citada al Parlament per abordar el cas

La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, deberá comparecer en el Parlamento para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de l’Hospitalet, junto con los dos concejales del PSC encausados ​​y el que denunció los hechos. Así lo ha aprobado este miércoles la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, con el apoyo de todos los grupos excepto el socialista.

Tal como reveló Nació Digital, de hecho, la UDEF de la Policía Nacional entró en la secretaría general d’Esports de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputación de Barcelona para requerir documentación en relación con las transferencias hechas al Consell Esportiu, en especial con respecto a las subvenciones recibidas de estos organismos.

El Consell Esportiu es una entidad privada pero en el que la concejalía de Deportes ostenta la presidencia y el gobierno municipal designa la mitad de los miembros de la comisión directiva. Su principal ingreso público es del Ayuntamiento de l’Hospitalet, de 210.000 euros en 2018, mientras que ese año en llegaron 107.000 de la secretaría general d’Esports y tan sólo 2.092,26 de la Diputació.

La investigación de la UDEF avanza y las últimas semanas se han producido ocho nuevas imputaciones, por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales, los mismos por los que están encausados ​​desde junio el primer secretario del PSC en L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que es todavía teniente de alcalde al Ajuntament, el todavía concejal y ex director del Consell, Cristóbal Plaza, y el actual director, Eduard Galí.

Según la presunta trama denunciada por Jaume Graells, aunque concejal del PSC, el Consell Esportiu habría registrado actos de asambleas falsificadas para justificar una caja B de cerca de medio millón de euros anuales con la que se pagaban en negro numerosas retribuciones a colaboradores y directivos técnicos y políticos. Algunos de los beneficiarios serían Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza, quien además está siendo investigado por arreglarse presuntamente el despido de cuando era director del ente por cobrar de manera fraudulenta hasta 47.000 euros.

Por Lluís Berbel

Cuarta mesa redonda. Foment de la Informació Critica de L’Hospitalet ha organizado un nuevo debate, el último sobre “Pandemias y masificación demográfica: el modelo urbanístico y la salud pública” En esta charla del ciclo, hemos invitado una representación de las entidades de la ciudad para que den su visión del problema desde los que directamente lo padecen. Tendrá lugar el próximo martes día 24 de noviembre a las 18.45 de modo online. Para participar en este último encuentro debes inscribirte con tu nombre y correo electrónico a fic.lhospitalet@gmail.com y te enviaremos el enlace de Zoom.

En esta cuarta charla y última hemos invitado una representación de las entidades de la ciudad para que den su visión del problema desde los que directamente lo padecen.

En el primer debate online quedó patente que la densificación de los barrios de la Torrassa, La Florida, Collblanc y Pubilla Cases ayuda a la transmisión del Covid-19. En el segundo, con los partidos representados en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, los políticos coincidieron en la oportunidad que supone el soterramiento de las dos líneas ferroviarias que atraviesan la ciudad para esponjar l’Hospitalet y compensar la falta de zonas verdes. En el tercer debate fue el sector empresarial el que coincidió en la urgencia de estrechar la colaboración público-privada y que las Administraciones tengan en cuenta la necesidad de renovar el espacio urbano y rehabilitar los barrios y las viviendas con un plan popular de reformas.

¿Cómo vive la ciudadanía la masificación demográfica? ¿Cuáles son los aspectos más urgentes en el modelo urbanístico que habría que modificar para hacer frente al riesgo de contagio en las ciudades? ¿Qué me exigir a los poderes públicos para conseguir ciudades más saludables?

PARTICIPANTES:

• Pau Jesús Navarro, representante de SOS Baix Llobregat

• Cristóbal Ortega, representante de SOS l’Hospitalet

• Núria Muñoz, representante de Espai de Ciutadania

• Maria Moreu, responsable de Caritas de L’Hospitalet

• Julia Nueno, del Sindicat de Llogaters

PRESENTARÁ A LOS PONENTES:

• Patti Elias, periodista de L’Estaca, revista de l’Hospitalet

MODERARÁ EL DEBATE:

• Jesús A. Vila, periodista y miembro de la Junta Directiva de FIC

Organiza:

• Foment de la Informació Crítica (FIC)

Con el apoyo de:

• L’Estaca, revista digital de L’Hospitalet.

• Aquí tu Reforma

Las investigaciones pretenden esclarecer el volumen de recursos real de que disponía la entidad municipal, que gestionaba una caja opaca de medio millón de euros y varias contabilidades paralelas.

_{22 de noviembre, 2020}

La investigación en torno al caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat ha llegado ya a instituciones supralocales. Según ha publicado Nació Digital, la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional entró hace dos semanas en la secretaría general de l’Esport de la Generalitat y en el área de deportes de la Diputació de Barcelona para requerir documentación en relación con las transferencias hechas al Consell Esportiu.

Portavoces de los dos organismos han confirmado esta información y, según concretan, las peticiones de la UDEF se referían especialmente a las subvenciones otorgadas a la entidad local. Es uno de los aspectos por las que la Policía Nacional española se ha interesado en los interrogatorios con los investigados, según fuentes conocedoras del desarrollo del caso. Debido a la doble contabilidad con que trabajaba el Consell Esportiu, la investigación pretende delimitar los recursos de los que disponía y como los justificaban.

Sea como sea, los funcionarios habrían facilitado la información requerida a la UDEF, tanto el día en que se personaron o más tarde, si no se encontraba en el edificio. En cuanto a la tercera institución que pone recursos al Consell Esportiu, l’Ajuntament de l’Hospitalet, no habría recibido ninguna nueva visita policial, ya que aportó toda la documentación de que disponía una vez estalló el caso, el mes de junio, según un portavoz.

Estas actuaciones evidencian que la investigación por irregularidades en la gestión del Consell Esportiu de l’Hospitalet siguen avanzando. Según reveló la semana pasada Nació Digital, se han producido ocho nuevas imputaciones, por presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales, los mismos por los que se investiga el primer secretario del PSC en el l’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, que es todavía teniente de alcaldía al Ayuntamiento gobernado por Núria Marín, el todavía concejal y ex director del Consell, Cristóbal Plaza, y el actual director, Eduard Galí.

Fuentes de la Diputació, en todo caso, afirman que la UDEF se sorprendió porque encontraron poca documentación relevante en esta institución. Efectivamente, el Consell Esportiu recibe el principal ingreso público de l’Ajuntament de l’Hospitalet, de 210.000 euros en 2018, mientras que llegan 107.000 de la secretaría general de l’Esport y tan sólo 2.092,26 de la Diputación. Así consta tanto en la contabilidad que entrega el consistorio local y las entidades como el que aporta la Generalitat.

Sería en los ingresos provenientes de los participantes en las actividades del Consell Esportiu que esté abultado una caja opaca de hasta medio millón de euros que no constaría en la contabilidad entregada al Ajuntament y a las entidades deportivas y que serviría para pagar en negro numerosas retribuciones a colaboradores y socios y directivos técnicos y políticos. La documentación entregada a la asamblea del Consell Esportiu incluye 88.221,47 euros en ingresos de los participantes, en 2018, los cuales crecen hasta 601.059,92 euros en la contabilidad registrada en la Generalitat.

Esta doble contabilidad respondería a que el ente entregaría a l’Ajuntament la misma información que en las entidades deportivas presentes en la asamblea interna, ya que el consistorio exige justificar todo el presupuesto, aunque tan sólo se subvencione una parte . En cambio, el Consell Esportiu enviaría a la secretaría general de l’Esport de la Generalitat documentos aprobados supuestamente en asambleas que, en realidad, no tuvieron lugar y con un total de recursos contemplados de medio millón de euros superior, ya que el Govern sólo recibe la información, pero no la comprueba ni pide justificantes.

Los documentos relativos a la asamblea falsa y la real serían casi idénticos, excepto por su fecha y las cantidades económicas reflejadas. Eduard Galí habría reconocido a la UDEF que “esto lleva haciéndose siempre, siendo una práctica habitual, ya que, de este modo, no es necesario justificar a l’Ajuntament todos los movimientos económicos”, según consta en el atestado policial y han confirmado a Nació Digital fuentes de la entidad. A pesar de que la divergencia en los ingresos no proviniera de los recursos públicos, sin embargo, la UDEF habría comprobado igualmente que los que constan fueran reales.

El Consell Esportiu es formalmente una entidad privada sin ánimo de lucro, si bien recibe más de 300.000 euros anuales de subvenciones públicas y seis de los doce miembros de su comisión directiva son designados por el gobierno municipal, incluyendo la concejalía de Deportes, que ostenta la presidencia. Los otros son elegidos por los centros educativos y clubes deportivos, y su objetivo es la organización de actividades deportivas en edad escolar.

Ahora bien, ¿qué se hacía con el cerca de medio millón de euros escondidos? Según una testigo del Consell Esportiu que declaró a la UDEF, estas cantidades se usarían para hacer “pagos de dietas sin justificar” que, en realidad, serían “retribuciones o prebendas” escondidas en el órgano de control del ente. La denuncia apuntaría que habría una “caja interna” o “caja B” de la que se harían buena parte de los pagos del Consell Esportiu, los movimientos de la que estarían detallados en listados completos.

Buena parte de los pagos efectuados con estos recursos opacos, según los listados de los que dispone la Policía Nacional española y entregados al juez, tienen relación con la actividad propia del Consell Esportiu, como el pago de monitores y otros colaboradores de actividades deportivas , el coste de la organización de estas, pago de salarios y dietas a trabajadores o tareas de comunicación. El fraude llegaría en que buena parte de estos pagos se harían en negro, sin los impuestos y cotizaciones correspondientes.

Para ello, los servicios se justificarían a través de hojas de gastos de desplazamientos, como si fueran kilometrajes, justificado incluso otras colaboraciones en actividades del ente por parte de familiares de uno de los concejales investigados. Entre la documentación intervenida, sin embargo, habría también pagos no tan fácilmente vinculables a la actividad propia del Consell Esportiu de l’Hospitalet y de sus responsables. Es el caso, por ejemplo, de varios envíos de libros a través de Amazon al domicilio del concejal Cristóbal Plaza, muchos de los cuales tendrían poco que ver con las actividades del cargo del director del ente y serían, por ejemplo, de autoayuda o novelas.

Del mismo modo, la UDEF también investiga varios pagos cuestionables presuntamente pagados a través de la caja B, como alguna multa de tráfico con retirada de coche del depósito a Cristóbal Plaza, pero también tickets de locales de cócteles. El primer secretario del PSC en l’Hospitalet, Cristian Alcázar, habría podido, según Nació Digital, cobrar 7.450 euros en negro del Consell Esportiu de l’Hospitalet en cinco años, en numerosos pagos justificados siempre como tickets, dietas o anticipos de hasta 1.200 euros.

Cristóbal Plaza también estaría siendo investigado por haberse arreglado el despido como director del Consell Esportiu, en enero de 2017, después de 16 años en el cargo, para cobrar una indemnización de unos 47.000 euros. Son unos ingresos que no habría tenido que cobrar si hubiera dejado el trabajo por voluntad propia, pero lo cierto es que, seis meses que la mayoría del PSC en la comisión directiva le despidiera, el partido lo fichó como asesor y lo hizo concejal dos años más tarde. Él había afirmado públicamente que dejaba el cargo y, de confirmarse que el despido formal estuvo arreglado, se habría podido incurrir en fraudes a la Hacienda estatal ya la seguridad social, además de adjudicarse casi 50.000 euros ilícitamente.

La denuncia que hizo estallar este caso fue presentada por otro concejal socialista, Jaume Graells, entonces teniente de alcaldde pero que ha renunciado a sus responsabilidades. Plaza, que también ha dimitido como responsable de deportes del equipo de gobierno —pero se mantiene de concejal—, había sido 16 años director del Consell Esportiu, hasta que dejó la tarea a principios del 2017 y Galí le tomó el relevo. A su vez, Alcázar fue concejal de Deportes entre 2011 y 2019, por lo que presidía el

Consell Esportiu mientras Plaza, que le sucedió en la concejalía de l’Ajuntamet en 2019, y Galí eran directores.

El propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quitó hierro al asunto en una entrevista a Nació Digital, pese a admitir mala praxis: “En nosotros sabemos, lo que se puede haber cometido es algún tipo de irregularidad administrativa. Pero nada que tenga que ver con corrupción “. La alcaldesa y presidenta de la Diputació de Barcelona, ​​Núria Marín, también ha optado por mantener los concejales a gobierno tras las revelaciones del caso.

Por todo ello, el concejal denunciante lamenta el “poco compromiso del aparato del PSC” para investigar el caso. Jaume Graells critica que Iceta no lo consultara y limitara los hechos a “algún tipo de irregularidad administrativa” y asegura que en febrero ofreció pruebas a Núria Marín pero la alcaldesa las rechazó. “Siento que se me ha condenado al ostracismo en mi propio partido y, en cambio, se está apoyando y protegiendo a los que han podido cometer las irregularidades”, afirma.

Por Lluís Berbel

El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) de l’Hospitalet denuncia un aumento considerable de despidos de trabajadoras del hogar, especialmente centroamericanas, gran parte de carácter improcedente, sin contar con indemnización y provocando, en varios casos, situaciones de pobreza extrema.

_{20 de noviembre, 2020}

Si bien las condiciones de las trabajadoras del hogar –en su mayoría inmigrantes centroamericanas irregularizadas– no eran nada favorables, informaciones del sindicato de CCOO de Cataluña y del CITE (Centro de Información para Trabajadores Extranjeros) exponen un agravamiento de la situación. Desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, no solo se ha notificado un aumento de despidos injustificados, sino también situaciones de grave vulneración de derechos laborales y una falta de solidaridad general por parte de los contratantes. La mayoría de las mujeres inmigrantes que trabajan como asistentas del hogar en Barcelona y que han estado asistidas por las líneas de atención del CITE los últimos meses, han declarado que han sido despedidas sin preaviso y que además no han obtenido ninguna indemnización, lo que les supone un grave problema a nivel económico. Asimismo, muchas de las mujeres afirman que las han echado de manera precoz, sin explicación ninguna o meramente por vía telefónica. Y en el peor de los casos, se ha notificado el testimonio de trabajadoras que han perdido su vivienda de un día para otro debido a su condición de internas. Según declaran responsables de las CCOO de l’Hospitalet, el colapso para atender a todas estas mujeres es patente, puesto que cada día se constatan 5 o 6 despidos.

Cabe destacar que algunas mujeres han sido despedidas a raíz de haber sido infectadas de Covid-19, porque no se les había proporcionado el material de protección adecuado en sus lugares de trabajo, una tarea que corresponde a los mismos propietarios. Además, el miedo y el desconocimiento inducidos por la pandemia han conducido a una violación de derechos reiterada, sobre todo para aquellas mujeres que trabajan como internas, que han visto restringidas sus salidas fuera del domicilio, e incluso han sido retenidas durante días por medio de amenazas. Del mismo modo, algunas trabajadoras han manifestado malestar por haber sido obligadas a desinfectar frecuentemente los domicilios, siendo expuestas a productos tóxicos y sin ninguna medida de precaución. Ante tal situación de inferioridad, en la que gran parte de las mujeres reciben un sueldo muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (menos de 8.871 € anuales) y la mayoría está a cargo del mantenimiento de hijos y familiares, ninguna puede permitirse el lujo de perder su empleo. Es por eso que aunque muchas han recurrido a la ayuda o asesoramiento de servicios sociales, solo el 25% decide denunciar y reclamar lo que le corresponde.

En las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, el gobierno de la Generalitat no ha proporcionado ayudas a este sector, que constituye un 38% de las mujeres latinoamericanas en Cataluña, y cuya mayoría tiene dificultades para llegar a fin de mes. Todo esto, junto con el aumento de despidos, la consecuente reducción de ingresos de estas mujeres y la falta de unas leyes o medidas que respondan a las necesidades del colectivo, han llevado a muchas de las trabajadoras a situaciones de miseria y pobreza extrema. Teniendo en cuenta que la mayoría de centros de asistencia social se encuentran colapsados actualmente, varias mujeres han confesado encontrarse sin un lugar donde dormir y viviendo a base de redes de solidaridad.

Esta posición de inferioridad e invisibilización a la que están sometidas las asistentas del hogar, principalmente de origen hondureño o boliviano, se explica por varios factores, según el informe elaborado en junio por el CITE y las CCOO de Cataluña. A parte del factor estructural que vincula estrechamente a las mujeres con el trabajo doméstico, el sector de trabajadores del hogar no está completamente amparado en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supone más facilidad por parte de los propietarios para no proporcionar los contratos o liquidaciones pertinentes a las mujeres empleadas en este caso. Aunque en las reformas de los años 2011 y 2012 se reconocen varios derechos en este sentido, el trabajo del hogar no se ha incluido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ni en el Fondo de Garantía Salarial. Del mismo modo, los sindicatos manifiestan que las leyes referentes a la regularización de extranjeros exigen condiciones de difícil cumplimiento, como la necesidad de tres años de residencia en el territorio español y la posesión de un contrato de trabajo de mínimo un año. 

Desde las CCOO de l’Hospitalet se lleva tiempo denunciando esta situación de precariedad y trabajando por promover medidas como la ratificación del Convenio 189 de los derechos mínimos de los trabajadores domésticos. Paralelamente se proporciona asesoramiento laboral e intermediación, dirigidos especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en una situación de desconocimiento de sus derechos. Liliana Reyes, coordinadora de CCOO de la ciudad, afirmaba en este sentido que el hecho de que las trabajadoras no tengan contrato escrito no significa que no tengan derechos laborales, y que hay que reconocer el contrato aunque sea de manera verbal.

Por Patti Elias

_{19 de novembre, 2020}

El debat ajornat des de l’abril sobre la problemàtica de l’habitatge a l’Hospitalet es va poder celebrar on line el passat dimarts 17 de novembre amb la participació de l’economista i presidenta d’Habitat3, Carme Trilla; la coordinadora de CCOO de l’Hospitalet i responsable de la política d’habitatge a Catalunya, Liliana Reyes; l’antropòloga i co-fundadora del Sindicat de Llogateres, Irené Sabaté i el primer tinent d’alcalde del govern municipal  Fran Belver. La taula rodona, organitzada per la coordinadora d’entitats locals, Espai de Ciutadania, va comptar amb un seguiment molt significatiu producte de l’interès que el problema de l’habitatge i el model urbà té a la ciutat i que s’ha vist darrerament incrementat per l’atenció que els mitjans de comunicació han donat a la recentíssima sentència del TSJC sobre els dos recursos presentats contra el projecte del PDU-Gran Via que van encapçalar en el seu moment els grups municipals d’ECP i ERC-CUP amb Depana.

La intervenció dels quatre ponents va resultar molt esclaridora de la complexitat del tema i la manera d’afrontar-lo amb garanties. Carme Trilla, una de les grans expertes en el tema de l’habitatge des de fa anys, va posar de manifest que l’accés a l’habitatge a Espanya ha estat de sempre un assumpte en mans privades, que s’havia reduït històricament al mercat del lloguer i que havia tingut caràcters episòdics de protecció oficial que no han satisfet mai la necessitat d’un accés a l’habitatge just i equitatiu ni tampoc hi ha hagut un control públic d’aquesta protecció perquè els pisos de protecció oficial han passat directament al sistema privat sense cap control. Les tensions generades en aquest sentit han portat a que a Espanya hi hagi una diferència molt substancial respecte d’Europa tant pel que fa al parc protegit com pel que fa al mercat de lloguer. Per Trilla els problemes de l’habitatge al país metropolità tenen tres potes: la manca d’espais, perquè les ciutats estan molt construïdes, el preu del sol i l’altíssima desconsideració que tradicionalment ha tingut la política d’habitatge de les institucions públiques, especialment de l’Estat i a Catalunya de la Generalitat, però no exclusivament. 

La coordinadora de CCOO de l’Hospitalet, per la seva banda, va destacar la estreta relació entre dificultats d’accés a un habitatge digne i el nivell de renda. Són els treballadors, i especialment els treballadors pobres els que pateixen indefensió davant del mercat i abandonament per part de les institucions i això encara s’ha posat més de manifest en el moment de la pandèmia. Per la responsable de polítiques d’habitatge del sindicat a nivell català una bona part del problema rau en la despreocupació de l’Estat. Només un 0,1% del PIB espanyol es dedica a polítiques d’habitatge, en front del 0,6% de mitjana a Europa i això fa que l’exercici del dret a l’habitatge afecti especialment a immigrants, joves i dones siguin les víctimes propiciatòries d’aquest problema.

Irene Sabaté va posar l’accent en l’absència d’una decidida intervenció dels poders públics per evitar l’excés de mercantilització i de financiarització del sol i del producte immobiliari i va acusar no només les institucions supramunicipals sinó també els ajuntaments d’inacció i en moltes ocasions de complicitat amb els propietaris del sol, els promotors immobiliaris i fins i tot els APIS, per no aplicar la legislació vigent que s’ha aconseguit amb penes i treballs gràcies a l’activisme de la societat civil. Va parlar de l’existència de 8.600 pisos buits a l’Hospitalet que pertanyen a entitats financeres, sobre els quals no hi ha intervenció municipal per identificar-los i pressionar la Generalitat que els posi al mercat en condicions òptimes per la ciutadania.

Finalment Fran Belver va afirmar que el problema de l’habitatge és polièdric i que no hi ha una única raó que expliqui la situació actual. Va coincidir amb Trilla amb l’afirmació que el sol és escàs a les ciutats i que el seu preu és el causant del preu final dels habitatges i que, per tant, la única manera de garantir l’accés en condicions és que l’Estat legisli favorablement als interessos dels més desfavorits. Al llarg de les seves intervencions, en descàrrec del clima contrari a la massificació demogràfica que es va estenent per la ciutat va explicar que la política d’habitatge i urbanística és molt lenta i que els resultats del que s’està veient ara correspon a plans aprovats al 2008 i, sorprenentment, es va pronunciar a favor d’una política que no és precisament la que s’observa ara a la ciutat: la de substitució d’habitatges obsolets i la rehabilitació d’allò que està en males condicions per adaptar-lo al que requereixen els nous temps i facilitar habitatge dignes a preus accessibles. Es va queixar també de la política de campanari de la Generalitat que programa sense tenir en compte les realitats municipals i va posar l’exemple del que la llei preveu a la nostra ciutat: més d’11.500 pisos de protecció oficial sense cap garantia del sol necessari per ubicar-los.

La sensació global per part dels participants i el que es va posar de manifest en una reunió posterior de l’Espai de Ciutadania és que la taula rodona va resultar molt clarificadora del problema de l’habitatge a la ciutat i es van poder observar algunes dinàmiques interessants. La primera, la consciència que només la ciutadania organitzada por intervenir en la modificació de les condicions precàries que viu la ciutat en alguns aspectes claus, com ara l’accés a l’habitatge i la segona, la sensació que està quallant a l’Hospitalet la necessitat de consensuar mesures en ordre al futur urbanístic de la ciutat i no, com fins ara, que s’han aplicat sense acord i sense mesurar el perjudici sobre la ciutadania polítiques de fets consumats a favor de la construcció massiva sense tenir en compte els dèficits estructurals que pateix la ciutat pel que fa a espai públic, reserva per equipaments i zones verdes.

Per Redacció

_{19 de noviembre, 2020}

Nuevo revés judicial contra el Ayuntamiento de l’Hospitalet. La misma sala, la sección tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el mismo objetivo, el Plan Director Urbanístico (PDU) de Gran Vía-Llobregat. Esta vez  ha considerado nulo el proyecto por la ubicación de las zonas verdes que contravienen la legislación actual.

La semana pasada esta misma sala ya habia declarado nulo el PDU de l’Hospitalet por “vulneración del principio de jerarquía normativa” y por “una falta insubsanable de competencia“.

Esta segunda sentencia ha venido provocada por el recurso presentado por ERC, la CUP y Depana contra este mismo proyecto.

Así, además de señalar que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y no el Departament de Territori y Sostenibilitat, era el organismo competente para aprobar el PDU, el nuevo fallo judicial apunta a que la ubicación de las zonas verdes contraviene la legislación actual.

En concreto, el texto señala que buena parte de las zonas verdes incluidas en el plan se ubican en enlaces viarios y rotondas de difícil acceso y apunta que suponen una vulneración de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), al establecer estos espacios “en puntos no susceptibles de satisfacer en condiciones normales la misión atribuida”.

“Tendremos que concluir sin demasiadas dificultades que la localización de una superficie importante de zonas verdes en bucles de enlaces viarios o rotondas constituye una clara contravención de las disposiciones legales”, apunta la sentencia, que remata su argumentación sobre la cuestión señalando que la incorrecta ubicación de las zonas verdes es “una realidad fácilmente aprehensible incluso sin ninguna asistencia pericial“.

Así, el portavoz del grupo municipal de ERC y líder de la oposición en el pleno, Antoni García, ha señalado en un mensaje en su cuenta de Twitter: “Nueva victoria judicial. Hemos salvado Cal Trabal y ganado el contencioso administrativo que presentamos ERC, CUP-PA y Depana contra el PDU Granvia. Una victoria de todas las entidades y de las luchas compartidas por una ciudad verde”.

Cuando el Ayuntamiento de l’Hospitalet estaba a punto de presentar el recurso de casación del primer fallo, el consistorio aún no se ha pronunciado sobre el segundo, aunque la semana pasada, cuando se conoció la primera sentencia que declaraba la nulidad del PDU, la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, ya avanzó que presentarían un recurso y que el proyecto ahora impugnado, era importante para la ciudad y para el país.

Por Lluís Berbel

_{18 de noviembre, 2020}

Núria Marín, alcaldesa de l’Hospitalet, en cuanto supo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), declarando nulo el Plan Director Urbanístico (PDU), proyecto previsto por el ayuntamiento de l’Hospitalet en la parte Sur de la Gran Vía (entre plaza Europa y el rio Llobregat), manifestó que todo era una cuestión de forma y anunció la presentación de un recurso de casación contra el auto judicial.

Un mínimo de un año, en cualquiera de los supuestos, y con todas las de perder. El recurso de casación se podría presentar ante el Tribunal Supremo. Un mínimo de seis meses para que al final resolviera que quien es competente en este caso es el TSJC ya que Catalunya tiene plenas competencias en Urbanismo.

La segunda posibilidad es que directamente se presente en el TSJC. Este recurso no podría resolverlo la misma sala y tendría que despacharla otra distinta. Mientras que todo esto sucede, otro mínimo de seis meses. Y también en la misma línea que la sentencia. Es de suponer que los letrados que asesoran a la primera autoridad de L’Hospitalet, ya le hayan informado del futuro del recurso.

Núria Marín califica como vital el PDU y los vecinos aplauden la sentencia que lo declara nulo

El resultado del recurso de casación viene fundamentado en los argumentos que dio la sala para dictar la sentencia ante el recurso presentado por En Comú Podem L’Hospitalet, declarando nulo el PDU. El tribunal declaró la nulidad del Plan Urbanístico por “vulneración del principio de jerarquía normativa” y por “una carencia insubsanable de competencia”. Y añade que el hecho que el plan contemple “sinergias y efectos coordinados con infraestructuras sanitarias o de transporte de alcance supra metropolitano” no justifica la anulación de competencias urbanísticas del AMB.

Nuría Marin, hizo una defensa sin paliativos del PDU, manifestada en la rueda de prensa posterior a hacerse pública la sentencia : “Este es un proyecto súper importante para L’Hospitalet y para el conjunto del país y junto con el Departament de Territori trabajaremos para que vea la luz lo más pronto posible”.

La Generalitat aprobó el PDU sin pasar por el AMB.

Hace ya algunos años la Generalitat modificó la legislación sobre Urbanismo para “agilizar” determinados proyectos urbanísticos y, en este caso, el ayuntamiento de l’Hospitalet quiso aprovechar la oportunidad para que  la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, en sesión de 2 de diciembre de 2013 declarara de interés territorial el PDU. Lo cual ha sido calificado por el alto tribunal de Catalunya en los siguientes términos: “Se trató de una justificación más bien insubstancial (magre) y con un alto componente retórico que, más allá del interés superior que pudieran tener las actuaciones dirigidas a mejorar la funcionalidad de la Gran Vía como parte integrante de una vía de comunicación de interés incluso autonómico, no ofrecía ningún dato que permitiera situar las actuaciones añadidas al PDU-GV.LL (propiamente de urbanismo de ciudad) en la noción legal “de especial relevancia social o económica o de características singulares”.

Las especulaciones se centran en la actualidad sobre el componente político que va a tomar este tema donde el PSC va a buscar apoyos en el plenario del AMB para poder aprobar un plan que la alcaldesa define como de cambio para l’Hospitalet y el conjunto del País. Justo al contrario de las organizaciones vecinales y grupos políticos municipales que consideran un éxito y un freno a la construcción de rascacielos de forma masiva, sin precedentes en la ciudad. Además de acabar con el único espacio agrícola que queda.

El PDU planifica una actuación a lo largo de un tramo de 1.000 metros de longitud en el entorno de la vía, entre la Ronda Litoral y el nudo de la Marina, e incluye, además de los 27 rascacielos, la creación de un parque de 27,9 hectáreas y la potenciación de un entorno de investigación biomédica, con el impulso del Hospital de Bellvitge y el Institut Català d’Oncologia.

Por Lluís Berbel