Cuarenta y tres años con los mismos (y 2)

Noviembre 2022

Vayamos pues a la alternativa, como prometí en el artículo de la semana pasada. Iría bien, para fijar la coyuntura, hacer un paralelismo con Barcelona ciudad. Dada la estructura demográfica y sociológica de la población de sus distritos y la experiencia electoral de estos años, costaría entender a priori que el PPC pudiera llegar a gobernar en ese Ayuntamiento. En cambio, no cuesta entender que el PSC, Convergència y adláteres, e incluso la izquierda a la izquierda de los socialistas, como Ada Colau y los suyos ahora mismo, hayan podido formar mayorías absolutas o relativas. ERC y el PSC apuntan para las próximas como posibles ganadores, pero no son descartables los Comuns, que se mueven bien entre las discordancias ajenas. En Barcelona viven muchos catalanes de origen y de adopción, una clase alta bien arraigada, otra clase media amplia acomodada o venida a menos, y una población obrera e inmigrada en barrios periféricos y en el Raval, que decanta las tendencias electorales según los ciclos, hacia una izquierda más moderada o más radical y, muy recientemente, hacia el nacionalismo de signo diverso.

L’Hospitalet es otra cosa. La clase acomodada es muy reducida y sin influencia, la clase media sufre cataclismos de tanto en tanto y se suele sentir huérfana electoralmente, aquí residen catalanes de origen o de adopción —nacionalistas o no—, pero pervive una gran masa de trabajadores e inmigrantes de diversas oleadas que hacen muy difícil que fuerzas como el PPC, los convergentes varios o incluso ERC —y no digamos ya Ciudadanos si resisten—, puedan llegar a gobernar algún día en solitario. Estas fuerzas suelen conocer bien la realidad y la van asumiendo. Lo normal es que el gobierno local se mueva en la órbita socialista o a su izquierda aunque en estos últimos años, con el peso ideológico del procés, se pueda contar para forzar mayorías con el apoyo del independentismo de la CUP o el más digerible de ERC.

Las posibilidades electorales han ido cambiando con el tiempo, especialmente tras la crisis del 2008 con la aparición del movimiento de los indignados y tras la del 2012 con el fenómeno independentista. Los gobiernos municipales han ido cambiando, especialmente en el área metropolitana, gracias al progresivo desgaste de los socialistas y al protagonismo de los nuevos movimientos. En algunos lugares siguen gobernando los de siempre, pero con mayorías obligadas que les han ido forzando al consenso y, en cualquier caso, excepto en algunos municipios bien señalados, han sido sensibles a la necesidad de poner coto al mercado inmobiliario, atendiendo al grado de saturación territorial que todo el mundo sufre. Si en muchas de estas ciudades próximas se han ido modificando los comportamientos, cómo es posible que aquí llevemos 43 años gobernados por los mismos, con la misma arrogancia del primer día.

La explicación parece sencilla, aunque admita una cierta complejidad: el PSC ha conseguido estabilizarse a lo largo del tiempo y la izquierda del PSC no ha sabido superar los condicionantes, sumida en múltiples jaquecas y contradicciones pese a los innegables esfuerzos. La ruptura de los años 80 en el PSUC fue tremendamente traumática no solo porque partió por la mitad una fuerza que había batallado ferozmente por conseguir la hegemonía en la ciudad y a punto estuvo de conseguirla. Fue lacerante porque ni siquiera los que mantuvieron la estructura del partido, los que gobernaron con los socialistas hasta el último día, acertaron con la fórmula para aguantar la debacle y darse tiempo en la autocrítica para volver a convertirse en foco de atracción de los que se habían desgajado. Quedaron tan asombrados por el fracaso, que no supieron reaccionar adecuadamente o quizás perdieron todo interés. Venían de un relativo fracaso electoral anterior que jamás se analizó a conciencia: el partido que había galvanizado la protesta y la movilización ciudadana se quedó a las puertas del éxito total frente a otro partido que se había sumado a la vorágine en los últimos meses, pero que contaba con la ola favorable del felipismo y con el peso brutal de la propaganda anticomunista que había destilado a conciencia la dictadura. Aquel PSUC de los 11 concejales, que terminó con buena parte de sus 11 concejales iniciales removidos por las continuas expulsiones y dimisiones de los primeros de la lista, pudo haber perdido las siguientes elecciones, pero disponía todavía del rédito positivo de lo que contribuyó a poner en marcha en la primera legislatura y un peso todavía considerable en una parte de la militancia activa. Le pudo la dinámica institucionalista y el desaliento, y un error en el que jamás cayeron los socialistas (hasta hace cuatro días, y así les va a ir): el abandono de su propia gente.

Todo aquello ya es historia, pero una historia que no deberíamos olvidar, porque aquel gobierno del 79 al 83 se impuso como objetivo reconstruir una ciudad marchita, crear nuevos servicios y dotar a la ciudad de infraestructuras, y los 27 concejales, incluidos los 4 de la oposición que asumieron elegantemente su papel, trabajaron bastante al unísono —pese a los roces, los malentendidos y las servidumbres— durante 4 años. Si ésta dinámica se hubiera mantenido desde entonces, otro gallo nos hubiera cantado como colectividad. Desde luego, la ciudad no habría caído en el descrédito del mercantilismo inmobiliario, ni la degradación urbana de muchos de los barrios del municipio habría llegado tan lejos. Al PSUC le pareció que a la ciudad le hacía falta un alcalde en 1983 —el eslogan de campaña fue “Aquí lo que hace falta es un alcalde”— cuando lo que realmente la ciudad necesitaba era, sobre todo, mantener el espíritu de colaboración en el gobierno de la ciudad sin olvidar hacer valer la imprescindible influencia social que el partido había conseguido en la lucha antifranquista, junto a la presión de la calle. Despechado el alcalde del PSC y todos los suyos, pusieron a los antiguos coaligados donde según ellos les correspondía: en el desván de la historia municipal. Y allí siguen no ellos, sino todos los herederos que el tiempo ha ido esculpiendo.

Las cosas han ido tan a peor, que 43 años más tarde, las encuestas indican que el PSC sacará en 2023 mayoría absoluta y la izquierda del PSC, otros 3 concejales. Y que el resto irán a parar, como siempre, a las migajas del nacionalismo emergente y a los restos de la derecha españolista. Como siempre, una oposición fragmentada, débil e inevitablemente inoperante en la práctica, aunque la repetición esteril de la dinámica sirva para hacer ver que la democracia funciona. La oposición resulta, en la práctica, inservible para quienes la han elegido. Y a muchos nos gustaría pensar que los elegidos no pueden conformarse con el triste papel subsidiario que el gobierno les otorga. Luego insistiré sobre ello.

En abril del 2020, la entidad probablemente más incómoda de la ciudad para el gobierno local, el Foment de la Informació Crítica, puso en circulación un Manifiesto en el que pedía a la izquierda del PSC, incluida toda la izquierda nacionalista, un esfuerzo de reflexión para cambiar las cosas en el Ayuntamiento de la ciudad. La propuesta no pretendía cambiar solo el Ayuntamiento. Jamás como ahora, cambiar el Ayuntamiento significaría tan claramente cambiar el futuro de la ciudad. Cuarenta y tres años después, aquel PSC desorientado de 1979 que ganó las elecciones por sorpresa, ha convertido la ciudad en su finca, el presupuesto público en su particular chequera y buena parte del entramado cívico organizado y el aparato administrativo municipal, en una red clientelar sujeta con mano de hierro por las subvenciones y los puestos de trabajo repartidos durante décadas. Y, sobre todo, ha dejado de tener proyectos como no sean los que van dirigidos a permitir que los promotores inmobiliarios sigan haciendo negocio y a mantener una política de imagen que les saque de la sensación general, fuera de su propio ámbito, de que la ciudad continúa siendo un amasijo irrecuperable.

Hace pocos días, TV3 dedicó un largo reportaje a una sinfonía caótica —como la ciudad misma— que intentaba retratar “sense ficció” una realidad autocomplaciente. Consiguió justo todo lo contrario. El reportaje hablaba de una ciudad desarticulada, pero a la vez ficticia. L’Hospitalet: la ciudad más densa de Europa donde se siguen construyendo miles de nuevos pisos bajo supervisión directa de la Agencia de Depredación Urbana (ADU) que impulsa la concejalía de Urbanismo, junto al invento de un distrito cultural —estilo Brooklyn, insisten— sin dirección estratégica alguna, y una política de cesiones patrimoniales que hipotecará durante décadas el espacio público. No es de extrañar que se haya agotado el imaginario colectivo: para quienes gobiernan, la ciudad solo tiene remedio en la medida en que se venda la pura ficción de su destino esencial e irremediablemente periférico. Ya no saben que inventar para hacer ver que hay un horizonte: hace cuatro días, los hoteles para turistas y el biopol, ahora un Brooklyn de cartón piedra y mañana la liberación de las vías del tren que siguen alimentando en la mente calenturienta de quienes desordenan la ciudad, los sueños de nuevas promociones urbanísticas especulativas.

El esfuerzo de reflexión que se pedía a toda la oposición en aquel Manifiesto de abril, pero de manera muy especial a las fuerzas de izquierda e incluso de centro izquierda, se basaba en una constatación y apuntaba hacia un proyecto común. La constatación era que el PSC local está huérfano de ideas, dividido interiormente, débil orgánica e intelectualmente hablando, y desacreditado como proyecto apasionante para cualquiera que tenga ojos para ver: la pura imagen del desgate. El objetivo del documento era unir esfuerzos para no desperdiciar un solo voto, con cualquier fórmula que permitiera desplazar a un colectivo desestructurado de oportunistas, que no merece conservar unas siglas que hablan de socialismo. El PSC necesita volver a las esencias y seguro que hay en l’Hospitalet gente, incluso en puestos de relieve, que tiene todavía respeto por las esencias. Hay que permitirles, incluso a ellos, ese relevo y eso solo se puede conseguir descabalgando a los dueños del cortijo. Por eso, ese esfuerzo de reflexión que se pedía era transversal, abierto a todo el mundo, incluidos todos los partidos del municipio sin exclusión y a todos aquellos que todavía sienten algo por esta desgraciada ciudad.

Nos consta que se han generado debates, que ha habido colectivos que se han tomado la propuesta en serio. Ha habido incluso reuniones, que partían del desencanto y del pesimismo, pero que han servido para ver más claro. Todo el mundo parecía coincidir en el principal obstáculo para unificar esfuerzos: la inconcebible miopía de los partidos, incapaces de atender a las realidades concretas. Estas no son unas elecciones cualesquiera. En l’Hospitalet es probablemente una de las últimas oportunidades para parar la debacle en la que nos han instalado. O ahora, o esto no habrá quien lo reconduzca. Todas las ciudades tienen su problemática, pero no todas las ciudades tienen la tremenda carga de ser la más densa de Europa, con el índice de zonas verdes más bajo del área metropolitana, con una de las problemáticas más acusadas de inmigración hacinada y sin perspectivas, con barrios depauperados, con infraestructuras míseras, sin cumplir la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con talas de árboles indiscriminados por falta de espacio y de luz en las calles, con una pérdida progresiva de patrimonio local…

Los partidos se presentan para ganar las elecciones en condiciones normales. Pero en  l’Hospitalet no hay condiciones normales. Ningún partido solo, excepto quizás el que lleva 43 años gobernando, va a ganar las elecciones y ningún partido en ningún lugar se enfrenta a una situación de emergencia como la que hay aquí. O los aparatos locales de los partidos hacen ver esta situación de emergencia a las respectivas cúpulas, que de l’Hospitalet solo conocen lo que divulga la política propagandística municipal, o las consecuencias van a ser irreparables porque, los que no lo hagan, van a resultar cómplices de lo que venga. Y lo que vendrá van a ser más rascacielos en el único espacio libre del municipio (disfrazado de biopol), más bloques de pisos en los espacios que dejen libres las vías del tren, más facilidades para los artistas que vengan de fuera, no para los sufridos residentes de los barrios degradados de Collblanc, La Torrassa, Pubilla Casas, etc. Y cualquier cuestión táctica que se les vaya ocurriendo y que solo les beneficie a ellos.

Cómplices de lo que venga. No será fácil asumir la representación de los electores hospitalenses que no voten a los de siempre, si se desperdicia esta oportunidad para ir todos unidos. El gobierno municipal tan cicatero para tantas cosas es sumamente generoso a la hora de comprar voluntades. Los electores no socialistas pierden todas las elecciones pero sus concejales electos y sus partidos, se benefician del reparto de prebendas: retribuciones de más de 70.000 euros para los portavoces y cerca de 20.000 para los concejales de a pie en 2022, dinero de todos los contribuyentes que se reparten con los partidos respectivos. Será sonrojante aceptar tales cantidades en el futuro tras perder la oportunidad de sumar esfuerzos y consensuar un programa común. Muchos no podrán entender las excusas contra la unidad de acción. Muchos quedarán extraordinariamente decepcionados. Y estas decepciones, suelen ser siempre una llamada para la abstención activa.

Ha llegado el momento de que los hospitalenses de todos los partidos se planten ante sus respectivas cúpulas, les convenzan del punto de no retorno y les expliquen que, o vamos todos juntos, o perdemos la mayoría de los ciudadanos. El argumento de las cúpulas siempre remite al “ya se pactará después”, pero aquí el después no existe, porque esa ha sido la fórmula de todas las elecciones y luego, ante las mayorías absolutas o relativas pero demasiado amplias, no hay nada que pactar.

No se pedía a nadie que renunciara ni a su ideología ni a su programa. Se pide a todos que redacten un programa de mínimos, que apasione al personal para ganar las próximas elecciones municipales. Que apasione, es la única característica ganadora. Ninguna candidatura, por sí sola, va a entusiasmar. Se pide algo parecido a una “oposición de concentración” que configure un “gobierno de concentración” para la emergencia. Con todo lo que una, y nada de lo que separe, y con gente de todas las opciones representando a una ciudadanía unida contra los mercaderes. Una plataforma de ciudad, con todos los que amen a esta ciudad detrás, partidos incluidos.

No es fácil. Pero de esta necesidad son conscientes hasta los que han votado socialista en l’Hospitalet desde siempre, los que han participado del empuje del PSC a lo largo de los años. Solo hace falta tomar la iniciativa y movilizarse. Muchos vendrás detrás. Seguro.

Por Jesús A. Vila

Cuarenta y tres años con los mismos (1)

A 193 días de las elecciones municipales cuando esto se escribe, todo parecería indicar que las cosas van a cambiar muy poco en l’Hospitalet. La última encuesta que he podido consultar, publicada en la prensa en el pasado mes de agosto, explicaba que “el PSC se muestra imbatible” y que con el 39,6% de los votos, conseguiría los mismos concejales que tiene ahora. Es decir, una nueva mayoría absoluta, a sumar a las otras ocho, de doce elecciones que se han celebrado desde 1979 en las que siempre, siempre, ha ganado el PSC.

Se diría que el l’Hospitalet que hoy tenemos lo ha hecho el PSC, que lleva gobernando, muy cómodamente, a lo largo de toda la historia de la democracia municipal, en un caso insólito si lo comparamos con el resto del área metropolitana de Barcelona. Afirmo que muy cómodamente, porque en las únicas tres elecciones donde no obtuvo mayoría absoluta hasta ahora (1979, 2011 y 2015) consiguió una mayoría consolidada de concejales (11 en 2015, 12 en 1979 y 13 en 2011, de 27) y gobernó con facilidad con Guanyem (2015), con ICV-EUiA (2011) y con el PSUC (1979). Excepto en estas primeras elecciones de 1979, donde la cosa fue más complicada, siempre marcando el ritmo, la política y las decisiones.

En 1979, l’Hospitalet ya era una ciudad extraordinariamente densa. Muchos la comparaban con Calcuta, en la India —yo escribí hace unos años un libro que se titula Acollidora Calcuta y que solo habla de l’Hospitalet. En aquellos años, el PSUC hizo bandera del problema urbano en la ciudad e hizo famoso el slogan electoral de “Ni un bloque más” que era una de las cantilenas más coreadas en las manifestaciones de vecinos durante la Transición. De aquel l’Hospitalet deshilachado y caótico, pero todavía con bastante patrimonio inmobiliario histórico y con notables espacios libres aunque desordenados, se ha pasado a este l’Hospitalet, donde los gobernantes locales en una vorágine que empezó en 1983 y que se ha acentuado gravemente desde 2008, se han comido el territorio que quedaba libre y han despreciado literalmente el patrimonio histórico de la ciudad. Ahora, aquel l’Hospitalet difícil de arreglar, excepto para gobernantes que amaran la ciudad que no ha sido el caso, se ha convertido en la ciudad más densa de Europa, en declive absoluto por lo que respecta a la satisfacción de las necesidades de sus residentes.

Y aun así, las encuestas afirman que el PSC, que ya lleva gobernando la ciudad más que los alcaldes de la dictadura —exactamente 43 años—, “se muestra imbatible”. Se diría, por lo tanto, que los hospitalenses se sienten a gusto viviendo en la ciudad más densa de Europa, con menos metros cuadrados de zona verde por habitante de todo el área metropolitana, a la cola en servicios e infraestructuras, con barrios degradados donde se hacinan crecientes oleadas de emigrantes llegados de todo el mundo con un deseo firme a tenor de los últimos estudios sociológicos realizados en la ciudad: marcharse a otras zonas más habitables en cuanto se presente la primera oportunidad. L’Hospitalet es, para ellos, no un lugar de acogida sino un simple refugio provisional hasta estabilizar su vida y su economía, para encontrar un espacio donde echar verdaderamente raíces. L’Hospitalet no parece ser su ciudad, sino una estación de tránsito provisional. De ahí que, en algunos de esos barrios de urbanismo febril y hacinamiento familiar, se produzcan los índices más considerables de abstencionismo electoral en las elecciones municipales.

Más allá del enorme conglomerado de emigración que trabaja donde puede y solo va a l’Hospitalet a dormir para poder madrugar al día siguiente, tiene que haber en la ciudad muchos ciudadanos satisfechos de ser gobernados por este PSC, porque si no, no se entienden los datos. Es verdad que ya estamos lejos de aquellos porcentajes y votos de los años 80 donde votaron a los socialistas entre 75.000 y 86.000 vecinos. En 2015 solo les votaron 31.000 vecinos, aunque en las últimas, las de 2019, les votaron 12.000 electores más: 43.696, exactamente. Es decir, entre 31.000 y 86.000 votos, es lo que el PSC local se lleva en cada elección. De modo que esos votos son los que en cada elección marcan una mayoría considerable de concejales y, en varios casos, por encima de los 35.000 votos, la mayoría absoluta.

Claro que todo esto es muy relativo, porque lo que cuenta de verdad no son los votos directos sino los porcentajes, y estos se mueven en virtud de los votos válidos emitidos. De modo que en una ciudad como l’Hospitalet, nos gobiernan por mayorías absolutas porcentuales gracias a que la participación ha fluctuado siempre en las elecciones municipales entre el 64,1%, en las de 1987 y el 46,7%, en las de 2007. Es decir, cuando más han votado en la ciudad —en las municipales—, han votado solo 2 de cada 3 vecinos con derecho al voto y cuando menos, ha votado algo menos de 1 de cada 2. Con este dato se hace fehaciente el sentimiento de pertenencia. En general, si te sientes partícipe del futuro de tu ciudad, intentas poner al frente de tu ayuntamiento a gente que te represente lo mejor posible. Si no sientes la ciudad como algo tuyo, si la sientes como algo simplemente provisional, no te muestras concernido en la elección de tus concejales. Toda la política L’H (las siglas que se vendieron como un icono de pertenencia) ha servido para lo que ha servido: la imagen no resuelve los problemas. Los problemas los resuelve la gestión.

En democracia deciden los que votan, es cierto. Y como votar no es obligatorio, los que no votan —y los que votan también— deben someterse al criterio de la mayoría. Pero una democracia donde la gente no vota, no es una democracia fuerte, consolidada, eficaz, aunque nadie se moleste en denunciarlo. En una ciudad donde solo vota un porcentaje bajo de electores, la democracia es débil y el gobierno resultante poco representativo. Cuando eso ocurre durante 43 años seguidos es que algo funciona muy mal.

Un ejemplo concreto. En las últimas municipales de 2019 el PSC fue la fuerza más votada con 43.696 votos válidos. El censo electoral ascendía a casi 177.000 personas con derecho a voto, de un total de casi 265.000 habitantes totales. Con esos resultados, el PSC obtuvo 14 concejales y mayoría absoluta. De hecho, apenas el 25% de la población que podía votar le dio al PSC la mayoría absoluta para hacer lo que le diera la gana en la ciudad durante 4 años. (Sí aplican el programa electoral, nos dirán, no hacen lo que les da la gana. Bien, discrepo de esa posible afirmación: si aplicaran el programa electoral sería comprensible. Lo cierto es que hacen mucho de lo que no aparecía en el programa y dejan de hacer mucho de lo que si aparecía…)

En las elecciones del 2019 se presentaron en la ciudad 16 candidaturas, la vez que mas. Entre todas ellas consiguieron 56.700 votos, es decir un 32% de los votos válidos frente a casi el 25% del PSC. Pues bien, en virtud de la Ley Electoral, esos 56.700 votos se convirtieron de hecho en solo 13 concejales y de las 16 candidaturas solo 5 consiguieron representación. Es verdad que en las candidaturas había de todo desde la perspectiva del arco ideológico y por lo tanto, no son votos homologables. Pero no es menos cierto que todos ellos competían con el PSC para arrebatarle la hegemonía electoral, consiguieron en conjunto más votos pero, de facto, no han podido hacer más que protestar a lo largo de los últimos 4 años. 43.696 votos han dictado la política a seguir frente a 56.700 votantes que no querían que les gobernara el PSC y frente a otros 76.500 vecinos que no se sintieron concernidos en la contienda electoral. De hecho, 44.000 ciudadanos han dictado la política de l’Hospitalet de estos últimos 4 años, repercutiendo sobre la vida de los 265.000 habitantes que ha tenido de promedio la ciudad durante este período. Y esto, este año. Cuando el PSC sacó solo 31.000 votos, pasó exactamente lo mismo. Esta ha sido hasta ahora la cruda realidad.

Resulta del todo insólito que durante más de cuatro décadas, nadie de quienes intentan hacer política en la ciudad se haya preguntado seriamente qué nos está pasando. Malo, si nadie se lo ha preguntado, pero todavía mucho peor si alguien se lo ha preguntado y no ha tratado de profundizar en el relato. La historia es muy elocuente al respecto porque en once elecciones, salvo el PSUC en 1979, ninguna candidatura que no fuera el PSC ha conseguido superar la media docena de concejales. Y quien consiguió ese número de concejales fue el PPC en 2011, es decir la derecha de la ciudad que, con los 2 concejales de la ultraderecha en esas mismas elecciones, obtuvo unas cifras de representación inauditas y que no ha conseguido superar. Con esas cifras, tanto las fuerzas nacionalistas como la derecha o la izquierda transformadora tendrían que haberse interrogado a fondo para ver que estrategia de fondo se hubiera tenido que seguir, con la vista puesta quizás no en las siguientes elecciones sino en un horizonte algo más lejano. No se hizo, y el PP jamás superó los 6 concejales, CiU jamás superó los 5 de 1991, los mismos que ERC en el 2019, Ciudadanos los 4 de 2015 y de 2019, y las fuerzas que con distintas siglas han estado a la izquierda del PSC (desde ICV hasta En Comu Podem) con excepción del PSUC en 1979, jamás han pasado de 4 concejales (los que obtuvieron en 1995).

Teniendo en cuenta la estructura de la población, que ha ido cambiando pero que se mantiene probablemente en el espectro de la clase trabajadora e inmigrada con escasos recursos económicos y una formación elemental, tanto la derecha españolista como las fuerzas nacionalistas lo tienen a priori crudo para conseguir un apoyo suficiente para gobernar con holgura. No es imposible, en línea con las coyunturas cambiantes a nivel general, puesto que en fases de crisis ideológica la derecha españolista suele hacerse fuerte y en fases de radicalismo nacionalista, tanto ERC como CiU —o lo que representa—, pueden adquirir relieve. Pero no es lo más predecible. Lo que sonaría más lógico es que una izquierda alternativa, con solvencia de cuadros y una estrategia política destinada a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y a revertir las políticas de clientelismo, propaganda y de depredación urbana que se ha impuesto con los años, pudiera plantearse seriamente tomar el relevo de la gobernación de la ciudad y dar esperanzas de futuro a la ciudadanía y perspectivas de reconstruir la ciudad.

Nada es gratuito. L’Hospitalet jamás fue una ciudad consolidada en la organización de la rebeldía civíca. Se llegó a la Transición un poco a remolque de la eficacia organizativa de los principales municipios del Baix Llobregat. Se trabajó intensamente entre 1976 y 1979 con mucho talento político colectivo y mucha práctica reivindicativa en la calle, pero todo declinó en 1980 con la ruptura del PSUC y la deriva institucionalista que adquirió la parte más lúcida del eurocomunismo hospitalense. Era normal que la debacle hundiera las perspectivas de los años inmediatos y que se pasara de 11 concejales a 2 entre 1979 y 1983. Lo que ya cuesta más de digerir es que en 1987 y 1991 se sacarán 3 concejales; en 1995, solo 4; en 1999, 1; en 2003, 3; en 2007 y 2011, 2; en 2015 y en 2019, otros 3 con siglas distintas…

Una parte importante del resultado es la poca afinidad demostrable del votante hospitalense, pero no me podrán negar que buena parte del problema radica en la alternativa. Y de la alternativa les quisiera hablar en el próximo artículo de esta serie. Hasta entonces.

Por Jesús A. Vila

La ciudad del pelotazo

Hace un par de días aparecía en la prensa la noticia de que el Ayuntamiento de l’Hospitalet estaba dispuesto a competir con unas cuantas capitales de provincia españolas para que la ciudad fuera la sede de la Agencia Espacial española, una delegación de la Nasa europea que el gobierno central quiere ubicar fuera de Madrid para descentralizar actividades de cierto calado. El último pleno municipal de octubre aprobó de urgencia presentar la candidatura con la única abstención de los concejales de ERC, poniendo de relieve que a casi nadie le disgusta que l’Hospitalet compita con Sevilla, con León, con Palencia, con Ciudad Real, con Huelva, con Teruel, que son capitales de provincia —todas ellas con menor población que l’Hospitalet excepto la  primera— además de con las principales islas canarias (Gran Canaria y Tenerife) y los municipios de Tres Cantos, San Javier, Cebreros, Yebes, Cabanillas, Robledo, Puertollano o Elche —que en su mayoría tienen mucha menos población que algunos de los barrios hospitalenses más poblados.

Las condiciones para ser sede de la agencia espacial tienen en cuenta la posición estratégica (cerca de un aeropuerto internacional y de una línea del AVE) y contar con un espacio superior a les 3.000 metros cuadrados disponibles para esa infraestructura. L’Hospitalet parece tenerlo todo, especialmente una vocación megalómana, de la mano de su principal instigadora, la alcaldesa Marín, que quiere codearse con todas las élites posibles. Tiene de todo excepto, por ejemplo, los mínimos metros cuadrados de espacio verde por habitante que recomienda la OMS (la OMS recomienda entre 10 y 15 m2/hab y l’Hospitalet apenas llega a 4). Es decir, para la Agencia Espacial el ayuntamiento va a buscar 3.000 metros cuadrados libres, pero para sus habitantes ha sido, es y será incapaz de conseguir las zonas verdes que necesitan para poder vivir con dignidad civil y calidad sanitaria. Pero eso no es todo.

El ayuntamiento no encuentra, porque no existe, espacio libre para construir polideportivos (planeaba cargarse un parque en Santa Eulalia para ubicar un polideportivo que reclama el barrio, un hecho insólito que no se recuerda en ningún otro municipio del país), ni espacio libre para ubicar una urgente nueva escuela en La Torrassa, ni un edificio público en condiciones para instalar una biblioteca que ha cerrado también en Santa Eulalia. Va a buscar 3.000 metros cuadrados para la Agencia Espacial pero ha sido, es y será incapaz de dotar a la ciudad de un teatro municipal en condiciones en una zona céntrica (hay uno en Collblanc en un lugar recóndito), de modo que las escuelas que quieren organizar un acto de fin de curso se ven obligadas a solicitar un teatro en Cornellá e incluso en Sant Joan Despí porque en su ciudad no existen esas infraestructuras. En cambio, para el Cirque de Soleil el Ayuntamiento ha tenido espacio, cediéndole casi 20.000 metros cuadrados para que pueda desarrollar sus espectáculos; para el grupo Planeta Formación, un edificio entero donde estaban los antiguos juzgados, con casi 11.000 metros cuadrados para la enseñanza privada, etc.

Pero como que, en definitiva, esta política de escaparate sin fin no le provoca desgastes y solo una epidemia de náuseas a los que lamentan esta destructiva hipoteca del suelo municipal y del escasísimo patrimonio público, ya se han ofrecido al Hermitage para que ubiquen el Museo que no quiso Barcelona en la antigua fábrica Godo y Trias (otros 15.000 metros cuadrados); hace cuatro días ofrecieron las instalaciones públicas de la antigua fábrica Albert Germans (casi 2.000 metros cuadrados) para un centro de formación de Renfe y ahora preparan la candidatura para la delegación española del espacio.

Estos son los últimos capítulos de esa deriva megalómana. Porque lo cierto es que se inició con la cesión de 240.000 metros cuadrados para la ampliación de la Fira de Barcelona en terrenos municipales hace ya unos cuantos años, que se verá ampliada con otros 60.000 metros cuadrados más en 2024, la participación municipal en la sociedad Fira 2000 que hasta ahora solo ha traído a las arcas municipales gastos permanentes y, ya más recientemente, un par de propuestas extemporáneas cuyo alcance todavía resulta incierto aunque cada vez más turbador: el proyecto de distrito cultural en las naves abandonadas del polígono industrial de la Carretera del Mig y allí donde se puede ofrecer suelo barato a galeristas, artistas de vanguardia y productores varios y el proyecto del biopol sanitario estrechísimamente vinculado al desarrollo del último espacio especulativo de gran alcance que le queda al municipio, entre el nus del Llobregat y el hospital de Bellvitge a ambos lados de la autovía.

La pregunta obvia es qué gana la ciudad con todos esos proyectos externos y toda esa cesión de metros cuadrados a negocios que no persiguen ningún beneficio objetivo para la ciudadanía hospitalense, como no sea un beneficio subsidiario (poder ir al estreno del Cirque de Soleil antes que nadie, tener unas cuantas becas en Planeta-Formación y los ingresos del canon que pueden garantizar los gastos crecientes del presupuesto municipal, entre ellos los sueldos astronómicos que cobra el equipo de gobierno y el resto del Consistorio).

La otra gran pregunta, no tan obvia, pero del todo imprescindible es qué gana el equipo de gobierno con todo este aparataje entre programático y propagandístico. Porque si esa política no va dirigida a beneficiar a la ciudadanía, ni a beneficiar a la ciudad infraestructuralmente y en cambio, apuesta decididamente por una hipoteca del desarrollo futuro de l’Hospitalet, ya que el patrimonio cedido estará en manos privadas durante décadas, solo puede tener una explicación: beneficia en exclusiva a quienes la promueven.

Hay un beneficio objetivo que tiene mucho que ver con la megalomanía: haciendo cosas grandes con las élites, acabas convirtiéndote en élite, codeándote con la élite, compartiendo honores con la élite y sintiéndote como si vieras el mundo desde arriba. Esto, para gente que lo único que ha hecho en la vida ha sido apuntarse oportunamente a un partido e ir escalando posiciones hasta la cúpula, tiene que dar una cierta sensación de vértigo y el equívoco de considerarte muy inteligente o muy hábil, o las dos cosas al tiempo. Pero el otro beneficio resulta mucho más viscoso, porque lo cierto es que en todas estas operaciones de proyectos inmobiliarios y cesiones de derechos y de espacios, suele moverse muchísimo dinero. Y este no es precisamente un país donde están proscritos los vicios económicos.

Me hizo pensar en esta parte del beneficio oculto, un ladillo destacado y un párrafo entrecomillado y con negritas, de una crónica que publicó el sábado día 5 un digital conservador: «Es el gran pelotazo que preparamos. Queremos hacer de Hospitalet la capital europea de la biomedicina del sur de Europa». Ponían esta frase pronunciada desde el ayuntamiento de la ciudad, para explicar el bioclúster Innovación y Salud que impulsa el Ayuntamiento de la mano de la Generalitat y los profesionales sanitarios del Hospital de Bellvitge, el Duran y Reynals,  Sant Joan de Déu, además de unas cuantas universidades, algunos laboratorios, centros de excelencia y hospitales de media Europa. Una zona de 23.000 metros cuadrados más al servicio del negocio, en los que se invertirán 50 millones de euros, que se pondrá en marcha el año que viene y que producirá 700 puestos de trabajo. O eso dicen.

La crónica citada no tenía desperdicio porque apuntaba claramente en una dirección y lo decía expresamente: “El Ayuntamiento de la localidad, limítrofe con la capital catalana, desarrolla una estrategia que pasa por reivindicar todos los proyectos que rechaza Ada Colau”. Y ponía como ejemplo el distrito cultural, donde los productores huyen de los alquileres de Barcelona y del 22@ y l’Hospitalet les ofrece mucho suelo, muy barato y con ayudas fiscales; los hoteles de lujo que Barcelona postergaba y que l’Hospitalet acogió sin demora o los proyectos del Hermitage o del Cirque de Soleil. Todo ello para poner el dedo en el ojo de Colau, ahora que se acercan las elecciones, con los socialistas en Barcelona queriendo sacar tajada de la mojigatería de los Comuns. Una estrategia extraña, teniendo en cuenta que la señora Marín puede que saque mayoría absoluta en su ciudad pero puede que no y que, aunque gane, con quien mejor lo tendrá para gobernar será precisamente con los Comuns de su pueblo. Porque para gobernar con ERC, tendrá que comerse algunos sapos, entre ellos a su cabeza de lista Jaume Graells, el sapo mayor que la acompañaba en la lista socialista del 2019 y que tiene que conocer unas cuantas interioridades divertidas…

De modo que ese gesto contra la Colau (un favor a Collboni) es un poco feo para los Comuns hospitalenses, aunque ya se sabe que la política local hace buenos compañeros de cama siempre que se duerma con una pinza en la nariz.

El caso es que hablar de pelotazo desde el Ayuntamiento o una de dos: o resulta una indiscreción lamentable o demuestra una impunidad sorprendente. En cualquiera de los dos casos pone de manifiesto que la estrategia política de los socialistas hospitalenses piensa en cualquier cosa excepto en beneficiar a la ciudad y a sus ciudadanos. Esto que se ve desde estos modestos anteojos de quien escribe, lo tienen que ver los que se dedican a la política local en la ciudad, que tendrían que estar haciendo malabares para intentar—por lo menos intentar—, derrotar a la candidatura socialista que ha demostrado sobradamente que no tiene política ciudadana, que lo único que le interesa es el escaparate público aunque para ello tenga que hipotecar el patrimonio, comerse el suelo libre y vender el suelo infrautilizado a precio de saldo para que hagan negocio aquellos que podrían hacer negocio en Barcelona pero a los que la señora Colau les pone firmes.

No otra cosa es ese invento del distrito cultural: mucho suelo, suelo barato y prebendas bajo la excusa de la cultura, aunque ya es sabido que la cultura le importa una higa a este equipo de gobierno que es capaz de cerrar una biblioteca y que no proyecta las infraestructuras culturales que la ciudad necesita, ni el soporte técnico y administrativo que la debería impulsar. No otra cosa es el bioclúster: puro negocio inmobiliario con la excusa de la investigación científica en una ciudad que lo que necesita con urgencia es más verde y menos cemento. No otra cosa es el Hermitage (uno de sus impulsores en Barcelona, el socialista Xavier Marcé, es un hospitalense histórico), otro proyecto que en Barcelona tenía un trasfondo inmobiliario y que en l’Hospitalet es una incógnita por el espacio en el que se podría instalar. Iniciativas que tienen una apariencia de ingenio y atrevimiento pero que en el fondo solo muestran escaparate y beneficio.

No puede extrañar entonces que, en un reciente estudio diseñado por Foment de la Informació Crítica de l’Hospitalet y realizado con estudiantes del Institut Can Vilumara sobre el barrio de La Florida, se ponga de manifiesto que el 85% de los jóvenes que allí habitan proyecten marcharse en cuanto puedan. Ese es el rasgo característico del vecino de la ciudad: huir de l’Hospitalet si hay alguna oportunidad. Lo se porque docenas de amigos de mi generación ya no viven allí donde compartimos tantos momentos, en general, todos aquellos que buscaban mejor calidad de vida que la que la ciudad les ofrece. El amable sello de la acollidora que con la LH quería ser un rasgo distintivo de la segunda ciudad de Catalunya, debería complementarse con esa ciudad del pelotazo que ellos mismos confiesan y cuyo objetivo es hacinar a los que no puedan marcharse y expulsar a los que tengan mejores horizontes. Esta es la política auténtica del equipo de gobierno: hacer imposible otro futuro colectivo que no sea el de ellos y el de sus familias. Lejos de l’Hospitalet cuando toque, naturalmente.

Por Jesús A. Vila

Confiar amb la loteria, ara que el PDU pot ser ja història

Com semblava previsible, perquè no és fàcil que l’alt tribunal de l’Estat revoqui sentències ben articulades d’interpretació de la legislació autonòmica que apliquen els tribunals superiors de justícia de les autonomies, el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que en el seu dia van presentar a mitges l’Ajuntament socialista i la Generalitat d’ERC i Junts, contra el Pla de Desenvolupament Urbanístic Gran Via-Llobregat. A tots aquells als quals el projecte Marín ens semblava una aberració —amb una pila de precedents, desgraciadament— la notícia ha suposat una mena de bàlsam perquè ara es fa més difícil —encara no impossible— perdre per sempre els únics espais lliures del municipi, no ho oblidem, més dens d’Europa. Caldrà que prosperi la sol·licitud de declaració de BCIN que algunes plataformes ciutadanes van posar en marxa no fa gaire, però especialment que s’imposi una altra sensibilitat en el poder municipal que consideri que els bens declarats de l’interès que sigui, local, comarcal o nacional, passin de la pura retòrica a la plasmació real, és a dir, que els bens es conservin —no que s’abandonin, que és el que acostuma a passar— i que, a més, s’utilitzin, es posin al servei de la ciutadania.

La notícia ha estat, doncs, un bàlsam, però convé no perdre de vista la doble lectura. També és l’evidència del fracàs de la política. Uns quants diran: hi ha gent que mai està contenta. Malament si es perd un recurs com aquest i malament si es guanya, com ara ha passat. Permeteu-me una mica més de profunditat per explicar-me. Sóc dels que se n’alegra francament de la resolució del Suprem, però també sóc dels que detesten que assumptes com aquest els hagi d’acabar dirimint la justícia, que penso que està per fer justícia —i ara n’ha fet— però no per substituir la consciència social organitzada. El que trobo a faltar és aquesta consciència social organitzada que és la que hauria d’haver posat en cintura la decisió municipal fins a obligar el govern ha reconèixer que la seva postura envers el patrimoni és una aberració i és imprescindible que la modifiqui.

I modificar-la passa, necessàriament, no només per eliminar el PDU-Gran Via, sinó per canviar radicalment la seva política urbanística, tancar d’una vegada l’Agència de Desenvolupament Urbà, que s’ha convertit de facto en una agència de promoció del sol urbà a favor dels grans inversors i no pas en favor de la qualitat de vida de la ciutadania de l’Hospitalet, i renunciar a seguir ocupant més sol lliure, a requalificar més terreny industrial per convertir-lo en edificable residencial i a seguir facilitant el negoci immobiliari de molts pocs hipotecant el futur de tota la ciutat. Hipotecar el futur equival a mantenir enganyats els nous compradors, perquè ningú els explica que estan comprant ara un pis caríssim —no pas un pis de luxe, perquè un pis de luxe no és possible imaginar-lo en la ciutat més densa d’Europa— i que l’Ajuntament que permet que s’enriqueixin els de sempre no té cap previsió, ni cap terreny de titularitat pública, imprescindibles per poder construir els equipaments que necessitaran els nous residents d’aquí a quatre dies.

És evident que no estem en l’època en que el creixement del polígon de Bellvitge es va aturar al carrer, protestant contra la policia i ocupant la plaça de l’Ajuntament tantes vegades com va caldre, tirant a terra les tanques de les obres tantes vegades com era necessari i ocupant els solars plantant arbres i plantes. Tot allò era possible per dues raons: perquè els veïns estaven organitzats i sobretot perquè eren forts i confiaven en la seva força. L’organització i la força no van caure del cel: responien a una voluntat manifesta, la d’imposar la raó d’allò que era just i que els hi era negada pel pes d’una legalitat que només tenia en compte el dret de les promotores en prejudici directe de les necessitats de la ciutadania. Exactament igual que ara. Només que aleshores, vivíem sota una dictadura i ara vivim sota un monopoli formal del poder, i en tots dos casos, ambdós mantenen una perspectiva semblant sobre la ciutat i els seus ciutadans: la ciutat és patrimoni del poder local —com aleshores— i els seus ciutadans són simples súbdits —també com aleshores— que en l’actualitat poden tenir el dret a la pataleta —faltaria més, estem en una democràcia— però no el dret al control de les pròpies necessitats.

El Suprem, i abans el TSJC, avui han fet justícia, però fent-la, han posat de manifest la debilitat intrínseca de la nostra societat que ha de confiar en els que interpreten la legalitat, perquè el poder és incapaç d’escoltar la raó dels governats i, el que encara resulta més lamentable, perquè els governats no tenen la força necessària per fer-se escoltar. No oblidem que el recurs el va interposar una força d’oposició a l’esquerra del partit que governa. Va fer molt bé interposant el recurs, però resulta dramàtic que s’hagi de recórrer a la justícia perquè no és possible recórrer a la força de la raó organitzada.

No ens enceguem, però: recórrer a la justícia és purament una loteria i tothom que recorre a la justícia, i més en aquest país, ho sap, i ho reconeix. Els jutges interpreten les lleis i no tenen per què coincidir amb les interpretacions, de manera que unes vegades donen la raó als poderosos i altres vegades als febles. Els poderosos ho saben, però ells ho tenen en general molt millor: poden interposar tants recursos com calguin i si són poderosos amb poder local, comarcal o autonòmic, a sobre sense arriscar un sol euro propi. Els febles hem d’esperar un cop de fortuna, en aquest cas en forma de toga. I si es perd, mala sort i a pagar. Per això confiar en que la justícia imparteixi justícia, segons en quina part de l’estructura social t’hagi tocat, sempre és un risc. El que no és un risc és obligar a que s’escoltin els arguments sòlids del dret de ciutadania: el dret a que es respecti la qualitat de vida, la cobertura de les necessitats més peremptòries i la garantia d’estabilitat respecte del futur. I obligar, aquí i ara, és sinònim de força, solidesa, coherència i organització, envers els que vulneren els drets, en aquest cas, els que s’estan venent la ciutat a canvi d’un pressupost que els permeti gastar tan com vulguin en allò que més rendiments els hi doni.

Ja sé que en aquest cas no valen recursos. L’Ajuntament ha perdut el seu PDU, però  nosaltres només haurem guanyat alguna cosa si aprenem la lliçó i la propera vegada no ho confiem tot a la loteria.

Per Jesús A.Vila

Els organismes sanitaris còmplices d’operacions immobiliàries?

Les operacions urbanísitiques de l’equip de govern són contestades. A la fotografia, un moment de protesta de diumenge per aturar més vivendes a Cosme Toda

La setmana passada, una nota de premsa municipal explicava la trobada a la ciutat del grup promotor del clúster biomèdic que l’alcaldessa Marín proposa fer a la ciutat cada vegada que necessita demostrar les immenses capacitats per inventar-se coses que la treguin de la patètica imatge de decrepitud que arrossega. M’estic referint a la ciutat, no a l’alcaldessa, tot i que a ningú li haurà estranyat la confusió si és que l’ha comès. I em refereixo a la ciutat, perquè malgrat la retòrica oficial, cada vegada està prenent més relleu la imatge certa que l’Hospitalet és la ciutat més densa d’Europa justament en uns moments en què la densitat demogràfica, la massificació urbanística i la saturació del territori són qüestions negatives a nivell metropolità, comarcal, autonòmic, nacional i internacional i ho seran més a mesura que la crisi ambiental, l’escassedat energètica, les dificultats de mobilitat, la manca d’equipaments de qualitat, la massificació dels serveis essencials, l’absència d’espais lliures, el perill pandèmic successiu i la previsible crisi econòmica, d’ocupació i de recursos que s’albira, prenguin carta de naturalesa.

La situació seria dramàtica per com estem a l’Hospitalet, si a la ciutat no s’aixequès hores d’ara ni una sola grua, si fes ja almenys un parell de mandats que s’hagués aplicat una moratòria constructiva. Continuaríem molt malament, extraordinàriament densificats i sense poder garantir un mínim de qualitat de vida a la ciutadania. Hem de pensar que si tots els hospitalencs i hospitalenques sortíssim al carrer a l’hora, ens trepitjaríem per les voreres i els vehicles no podrien circular perquè les voreres serien insuficients per assumir el cabal humà existent. Hi ha censades a la ciutat, 260.000 persones més o menys, però els més coneixedors de la realitat expliquen que als barris del nord hi ha no menys de 50.000 passavolants que viuen a l’Hospitalet d’estranquis, entre altres coses perquè les inscripcions al padró es gestionen lentament a propòsit. Ja dic que la situació seria dramàtica si s’haguessin congelat les edificacions en els darrers quatre anys, però seria disculpable pels que haguessin construït la moratòria i l’haguessin recolzat. La realitat és que no solament l’equip de govern ha treballat a favor de la moratòria sinó que en els darrers quatre anys ha omplert la ciutat de grues, està liquidant l’escassíssim espai lliure que queda, i està esforçant-se a recórrer tot allò que els tribunals rebutgen en matèria urbanística. La història dirà de l’alcaldessa Marín, el mateix que la història està dient de l’alcalde Matías de Espanya, que van ser un càstig dels déus per aquest territori, amb l’agreujant que España era un noble feudal que satisfeia les seves megalomanies però servia a la seva classe, mentre que la Marín va néixer modestament a Collblanc però està fent milionària a gent que no trepitjaria aquest barri ni per repartir almoina.

De fet, si som sincers, la Marín només deixa fer, embolicada per discursos més aviat equívocs, em temo. Els que parlen amb els promotors, dibuixen els plànols i fan estudis d’inversió viuen a Sarrià, a Pedralbes o a Sant Cugat. I a ells, el que passi a Gran Via 2, o a Sant Josep o a la Rambla Marina se’ls hi en fot. És possible que mai hagin trepitjat l’indret directament i que mai el trepitgin. Ells fan la feina tècnica i milionària que l’alcaldessa s’encarrega de publicitar, com pot.

Com pot. I és veritat que cada vegada pot menys, perquè cada vegada resulta més aclaparadora la realitat de una ciutat destruïda fins els fonaments. Per això resulta tan sorprenent que encara hi hagin organismes i professionals, que més enllà del resultat final d’aquestes coses que s’inicien —i a l’Hospitalet s’inicien moltes però les úniques que culminen són les immobiliàries— es prestin tan grollerament a l’espectacle sense mesurar fins a quin punt els perjudica.

Em refereixo directament a l’IDIBELL, a l’ICO, a l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS, a la Universitat de Barcelona i a l’Hospital de Sant Joan de Déu que semblen haver-se cregut aquesta comèdia del pool biomèdic, darrere de la qual hi ha en exclusiva el projecte de menjar-se el darrer espai lliure de la ciutat, l´únic espai encara agrícola del terme per edificar, edificar i edificar… i beneficiar als propietaris del sòl i no pas a la ciutadania d’aquesta soferta ciutat.

La nota de premsa municipal ni tan sols s’amaga: “El clúster biomèdic vol contribuir a potenciar i consolidar un ecosistema de salut a Catalunya que afavoreixi una nova economia basada en la innovació i el coneixement al territori metropolità, així com la localització de noves empreses a partir de la transformació urbanística de l’àrea de Bellvitge.”

L’objectiu no te res a veure amb la ciutat i de la ciutat ni tan sols se’n parla. Fan veure que compta Catalunya i el territori metropolità, però sobretot el que compte és transformar urbanísticament l’àrea de Bellvitge. A ningú se li amaga que darrera aquesta floritura hi ha un projecte de 442.000 metres quadrats d’oficines, 126.000 de sostre comercial i 63.000 d’hotels i la resta són escorrialles per fer empassar l’autèntic negoci.

Que això ho faci l’ajuntament de la ciutat és una desgràcia pels hospitalencs i les hospitalenques, però són els hospitalencs i les hospitalenques (43.000 dels 180.000 electors cridats a les urnes el maig del 2019) els que així ho han volgut. Però el descrèdit dels organismes que participen del projecte sense preguntar-se què estan fent en aquesta operació, només els pot reportar desprestigi a nivell estatal i previsiblement a nivell internacional, quan es divulgui que alguns organismes encarregats de la salut pública —i que tant es vanen de l’enorme treball que fan en aquest sentit— estan deixant-se utilitzar com a còmplices d’operacions urbanístiques de la ciutat més densament poblada d’Europa, que vol dir la ciutat amb pitjors condicions objectives de qualitat de vida, amb serveis sanitaris pèssims i amb un pronòstic de futur que esgarrifa.

Caldria que s’ho fessin mirar. Qui es fica al llit amb nens petits, es lleva amb el cul mullat, diu un refrany català. Potser estarà bé recordar-los a aquests representants d’organismes que s’han guanyat el prestigi sobre la base de la seva coherència professional, que les operacions urbanístiques de l’equip de govern són contestades hores d’ara per la totalitat de l’oposició municipal, per una quantitat important d’entitats cíviques i per una ciutadania que malgrat la desestructuració social que l’ajuntament ha propiciat sobre la base del clientelisme, ja comença a mobilitzar-se davant l’escàndol.

Per Jesús A. Vila

El lobby hospitalenc

L’alcaldessa va anar aquest dimecres a l’eix d’un diàleg patint problemes tècnics però plantejat com un lobby hospitalenc

Sembla evident que hem entrat en un període d’oportunitats no exempt de contradiccions i de conflictes. I a tots els nivells, pel que fa a la governabilitat de l’Estat, de l’autonomia i dels municipis on es veu a venir una pluja de recursos inimaginable fa només un parell d’anys, però on sembla que s’exigirà rigor i horitzons clars. Almenys amb això amenacen des de l’UE, tot i que jo em compto entre els que tenen molts dubtes sobre la claredat d’idees dels impulsors europeus que han d’afrontar el nou present i l’incert futur. Tothom es mou, ni que sigui per mostrar vigor, però algunes inèrcies de molts anys fan pensar que uns quants dels que es mouen ho fan més de cara a la galeria que no pas amb estratègies elaborades i discutides.

A l’Hospitalet, l’alcaldessa Marín necessita evidenciar que continua pilotant la nau com si res no hagués passat. Però han passat algunes coses greus que posen en qüestió la garantia d’acabar amb èxit la legislatura i, en el seu cas concret, simplement d’acabar-la. Si el jutge que ha d’analitzar el sumari del cas Consell Esportiu li obre judici oral —qüestió gens descartable— el partit es veurà obligat a demanar-li la dimissió. Afortunadament, amb ella hauran d’anar-se cap a casa els altres possibles imputats en actiu, i això evitarà les previsibles ganivetades internes per veure qui la substitueix a l’alcaldia. L’ambiciós aspirant que avui dirigeix el partit a l’Hospitalet ho té magre en aquest sentit, però els seus oposaran resistències segons diverses fonts internes, per impedir que el sogre hereti el càrrec. El primer tinent d’alcalde passarà a ser, probablement durant uns pocs mesos, el president del Consistori però això no li garanteix cap continuïtat. Des de l’ombra del passadís de vestuaris, un ulls ben treballats a Madrid s’ho miren de lluny, prestos a fer els moviments oportuns només quan calgui.

Però mentre tot això arriba, a l’alcaldessa Marín li poden quedar unes quantes setmanes per marejar la perdiu, fer veure que res afecta la normalitat institucional i inflar-se de prestigi, rodejant els seus actes de personalitats i adeptes, com ara l’espai Diàlegs que es va posar en marxa el passat 2 de juny a primera hora de la tarda i que el gabinet de premsa va vendre un parell d’hores més tard com l’activació del lobby empresarial de l’Hospitalet per a la recuperació econòmica i social. Un lobby empresarial, on l’única empresa local present era l’Hospital de Bellvitge, embolicat de fa anys en un projecte que es farà vell als papers de tant parlar-ne, el pool biomèdic, però que no troba més impuls que el que ja té institucionalitzat de fa anys: l’hospital general i l’oncològic, la Universitat com a conseqüència natural i l’Idibell, que estan a l’Hospitalet com podrien estar a Matadepera.

L’aspecte fonamental és exactament aquest: el lobby de l’Hospitalet només està en les paraules de l’alcaldessa. Probablement ni en el seu imaginari estratègic. No existeix res de semblant, com no existeix un Districte Econòmic local, un  Districte Cultural local, ni cap possibilitat de fer realitat un enunciat que resulta patètic sinó fos per la incúria intel·lectual que mostra: l’atractiu turístic de la ciutat.

No hi ha lobby real, però la pregunta és aquesta: què és un lobby? I Per què l’Hospitalet en necessitaria un? Segons les definicions més exactes, un lobby és simplement un grup de pressió amb interessos comuns dirigit a pressionar les administracions públiques perquè prenguin mesures en benefici del que representen els pressionadors. Un lobby empresarial hospitalenc implica un grup d’empreses pressionant l’administració per afavorir els seus interessos. No té cap sentit que sigui la pròpia administració municipal la que formi un lobby empresarial amb empreses alienes a la ciutat… per pressionar a qui? Com no sigui que l’Ajuntament necessiti que algú tingui en compte una ciutat que no pinta res en el context supramunicipal. Crear un lobby és el reconeixement implícit de les fragilitats d’una ciutat sense eixos vertebradors reconeixibles i amb un desenvolupament urbà caòtic.

Al respecte, vaig seguir l’acte (Diàlegs) en streaming i resultava trist i dolorós comprovar la debilitat de recursos de la institució organitzadora. No només pel trist espectacle de les mancances tècniques que fregaven el ridícul. Especialment per l’aparença. Un acte de cartró-pedra amb l’alcaldessa al centre de l’escenari rodejada d’uns quants representants empresarials que si no estiguessin acostumats a aquestes servituds escadusseres s’haurien de preguntar de què serveixen aquests pocs minuts de discursos de palla. Els Diàlegs no van ser diàlegs, van ser respostes a preguntes del Cuní per cobrir tots els expedients possibles, el primer d’ells fer veure que a l’Hospitalet es reflexiona i es treballa, i que a la seva alcaldessa li rellisquen els conflictes —greus i inacabats— amb la justícia.

Mentre tant, les entitats més actives de la ciutat, aplegades en una mena de coordinadora possibilista i amb molt bones intencions però poca efectivitat real, fa temps que reclamen un seguiment del Pacte de Ciutat —l’altra part del lobby indispensable, aquest cop si, el lobby social— que s’ajusti a la feina feta i que respongui a les expectatives pel que fa a compliment, recursos i horitzons. No s’avança. La maquinària municipal és pesada, però encara pesa més quan en lloc d’idees hi ha propaganda, perquè la propaganda ni mobilitza ni entusiasma. La propaganda només compleix un paper subsidiari: omplir el buit estratègic, de paraules i de bones intencions.

A l’Hospitalet el que li cal és repensar-se. Repensar-se com a ciutat, després de la darrera destrucció immobiliària encara en plena activitat i per això hi calen algunes renúncies. La primera d’elles, que el poder s’adoni que està en crisi —en crisi interna i en crisi institucional—, que renuncïi a les filigranes de prestigi que tan li agraden a l’alcaldessa, sobretot ara que hauria de ser tan discreta per l’ombra judicial que l’amenaça i, de manera especial que es mostri (l’alcaldessa, el poder local en el seu conjunt) amb la humilitat suficient per acollir totes les visions, diverses i múltiples, que estan disposades a participar en la construcció del futur.

Són tan greus les perspectives de futur —per fer-se una idea de la gravetat convido el lector a l’acte que organitza FIC aquest dimarts dia 8— que calen totes les voluntats i la màxima generositat per debatre pluralment i aconseguir consensos que ens facin remar tots en la mateixa direcció i no uns contra els altres. Durant anys l’Ajuntament ha popularitzat insistentment la perspectiva acollidora de la ciutat —ben discutible d’altra banda— i ara està en la millor posició per garantir-la: està obligat a acollir la pluralitat, a permetre el debat i a posar-se al servei de les conclusions ciutadanes per fer-les viables.

El lobby hospitalenc —si es que a algú li agrada el concepte— l’ha de formar la gent de la ciutat que vol construir el futur de tothom. Un Ajuntament convençut del seu paper s’hauria de posar al capdavant.

Per Jesús A. Vila

Crear l’eina

24 de març, 2021

El debat —més que debat, taula rodona— que va preparar on line l’Espai de Ciutadania sobre la situació de la sanitat pública a l’Hospitalet —i que tindrà continuïtat en una segona sessió el proper mes d’abril— ha posat col·lateralment sobre la taula un dels problemes que pateix la ciutat i que no és, contra el que semblava evident, la catastròfica situació de l’atenció primària del sistema públic de salut que patim els hospitalencs, sinó l’evidència de l’absència absoluta de resposta cívica articulada contra aquest estat de coses que amenaça amb la desestabilització absoluta de la convivència a un termini encara inconcret però fàcilment previsible.

No va haver per part dels ponents cap sorpresa. Ni per part dels usuaris directes ni per part dels professionals, es van escatimar impressions i dades per descriure l’absoluta falta d’atenció assistencial en els sectors més desafavorits, el col·lapse progressiu que s’està vivint, la pressió no solament laboral sinó fins i tot psicològica que pateixen els professionals més empàtics que són la gran majoria, l’absència absoluta de gestió per manca de recursos però també per una calculada voluntat de destrucció del sistema públic en benefici del privat, la penúria acumulativa dels malalts crònics abandonats a la desídia del sistema que ni els garanteix l’atenció imprescindible de les seves dolències ni els facilita, ans al contrari, les visites recurrents als especialistes i, tot plegat, salpebrat amb la constatació dels endarreriments endèmics en la construcció i posada en servei dels nous centres assistencials que ja resultaven necessaris fa lustres, al costat dels sous vertiginosos dels gestors del sistema públic i tot plegat en el context d’una ciutat cada vegada més empobrida, cada vegada més envellida i cada vegada més saturada. I jo afegiria modestament, cada vegada més desarticulada, indefensa i maquinal.

Les aportacions dels ponents, previsibles per conegudes, obligaven com va fer la moderadora, a preguntar-se quina havia de ser la perspectiva raonable de cara al futur. El diagnòstic és exacte. No hi ha més que una densitat de matisacions al respecte, però on falten respostes és en com afrontar el problema i en quina direcció avançar per aconseguir solucions.

La qüestió és que el debat es va centrar en la sanitat pública però és ben possible que si en lloc de parlar de la sanitat pública parléssim de l’ensenyament, parléssim de l’habitatge, dels serveis socials, de la desocupació, de la indústria, de la mobilitat, de la contaminació, de l’espai ciutadà i, ampliant l’espectre, de les institucions, dels partits polítics, de la justícia, etc. hi hauria una certa coincidència en els diagnòstics i la mateixa inconcreta urgència en les solucions. De tot plegat, hi ha evidències que van en una mateixa direcció: les mancances, les insuficiències, les dificultats acaben beneficiant a uns quants i perjudicant a la resta i, per tant, les solucions no posen el focus sobre una única realitat territorial sinó sobre el país sencer i la resposta de la ciutadania. L’Hospitalet no és un exemple únic —els problemes són generals— però és un exemple paradigmàtic, perquè en ciutats com aquestes és fàcil dibuixar moltes deficiències acumulades i n’hauria de resultar possible reflexionar sobre les alternatives de solució. Que passen, indefectiblement en la meva opinió, ja no per reconèixer el problema que té una diagnosi transparent en cada àmbit, sinó per activar respostes col·lectives, articulades, raonables i pràctiques. O dit d’una altra manera: per actuar col·lectivament en una direcció consensuada que garanteixi resultats a curt, mitjà i llarg termini.

Actuar no vol dir pronunciar-se. Pronunciar-se és relativament fàcil i precisa pocs esforços. Actuar implica organització, moviment, coordinació, pressió  i horitzons. Actuar reclama temps i perspectives i mirar el futur positivament. I fer una lectura crítica de la realitat per molt que molesti.

En el cas analitzat de la sanitat pública, és evident que la decrepitud de l’assistència primària a la ciutat és responsabilitat supramunicipal, de la Generalitat i del seu govern. Té, per tant, responsables objectius que haurien de ser clarament penalitzats en allò que el ciutadà mitjà té més a l’abast: el seu suport electoral quan toca. Doncs bé, a l’Hospitalet, en les darreres eleccions autonòmiques del 14 de febrer més de 18.500 ciutadans van votar als partits directament responsables del desfici sanitari (i com a rebliment del clau de la incongruència social, gairebé 8.000 ciutadans van votar a l’ultradreta de Vox, que si pogués acabaria amb la sanitat pública tal com avui la coneixem). Em costa creure que aquests més de 25.000 ciutadans siguin aliens a la circumstància catastròfica de la sanitat pública al municipi. Segur que molts d’ells pateixen els dèficits d’una manera sagnant. Que això passi evidencia dos fenòmens: que ens consta identificar el suport electoral amb la gestió concreta de les nostres mancances o beneficis i que vivim en una societat desarticulada on es fomenta la feblesa i el desconcert. Hi ha probablement un cabreig soterrat que cerca alternatives en la demagògia de l’extremisme ultradretà. Per els que coneixen la conseqüència històrica d’aquestes alternatives resulta prou evident el símptoma de confusió que adorna la nostra societat desmobilitzada i infantil.

Qualsevol que conegui la nostra ciutat i observi el seu desenvolupament immediat podrà al·legar que aquest temps de pandèmia ha obert expectatives i que ha estat el mateix ajuntament de la ciutat el que s’ha entestat a posar-les en marxa comptant amb la col·laboració de la ciutadania organitzada a través de les entitats. Se’ns dirà que de fa temps ha actuat sensiblement envers la ciutadania incentivant la participació amb diferents recursos: “l’h on participa”, el consell de ciutat, les taules sectorials i, ara darrerament, el Pacte de Ciutat i els pactes sectorials per avançar en els principals reptes que té plantejats el municipi. Aquests iniciatives són un exponent de les necessitats però no sembla que representin la solució. Primer, perquè les dissenya el mateix ajuntament que no ha dubtat a fomentar l’aclaparadora especulació constructiva en la ciutat més densa d’Europa i segon, perquè són iniciatives que promou, executa, dirigeix i avalua des de la seva determinant autoritat administrativa, sense possibilitats d’esmenes a la totalitat per part de la ciutadania.

La sensació és que aquest ajuntament té l’autoritat real però ha perdut tota autoritat moral per actuar com a representació fidedigna del sentir ciutadà en el seu conjunt. Les urnes atorguen la legitimitat democràtica inqüestionable però no justifiquen la representativitat moral. No arriben a 44.000 els habitants que avalen el govern municipal d’un cens electoral de 176.000 persones, de les quals van votar més de 101.000 ciutadans. Dels que van votar, més de 57.500 van optar per opcions diferents a la que ens governa avui per majoria absoluta. Si tinguéssim una democràcia madura i avançada, el govern municipal actuaria d’acord amb la legitimitat legal que ningú li discuteix, però mirant de reüll la legitimitat moral dels més de 57.500 habitants que li van negar el vot, i no s’atreviria a decidir convertir la ciutat en quelcom inhabitable en l’horitzó del 2040.

Pensant amb aquests més de 100.000 votants actius de l’Hospitalet entre els quals hi ha protagonistes directes de les mancances en sanitat pública, en benestar social, en habitatge, en ensenyament, en desocupació, en mobilitat, en contaminació, en saturació urbana, etc. etc. convindria reflexionar sobre per què ens convé actuar i com fer-ho. Podríem imaginar una mena de convenció social que ens mobilitzi, una conferència ciutadana que ens organitzi, un congrés cívic que ens coordini, una assemblea municipal que ens obri perspectives o un simposi d’activistes que es posi en marxa i afronti totes les realitats que amenacen a malbaratar el nostre futur més immediat. És igual l’instrument. Però l’instrument s’està fent imprescindible i urgeix. I ha d’anar més enllà de proclamar les deficiències, reconèixer el diagnòstic, fugir del col·laboracionisme com a coartada: cal actuar, crear l’eina.

Per Jesús A. Vila

L’Hospitalet biomèdic: fantasia o engany?

19 de gener, 2021

Ja fa uns quants dies que les informacions sobre el controvertit PDU-Gran Vía i les operacions immobiliàries de present i de futur —no solament a l’Hospitalet, sinó a tota la comarca del Baix Llobregat—, viuen un moment confús: tothom s’adona que les agressions sobre el territori s’estan convertint en un passiu per aquells que les impulsen, però alhora ningú vol —o potser ningú pot—, renunciar a seguir-les impulsant.

És evident que la pandèmia està canviant moltes coses: molts costums, moltes actituds, però també la sensació que el ritme trepidant de destrucció sistemàtica de la natura no pot seguir-se defensant com si res no hagués passat. Ha passat, que la natura és més poderosa que l’espècia humana i que, o convivim amb la natura, o el món es convertirà en un infern per l’home. O sigui que, destruir el paisatge, per exemple, s’està convertint ja en una garantia de mala premsa pels poders públics. I ja ningú a l’Hospitalet pot empassar-se que una operació com el PDU-Gran Vía i tots els altres macroprojectes immobiliaris que estan en marxa, beneficiaran a la ciutat. 

Per molt que l’Ajuntament del PSC vulgui disfressar l’ocupació de més espai lliure per construir habitatges com una operació de prestigi ja no exclusivament municipal sinó de país, no hi ha qui s’ho pugui creure. No és fàcil fer combregar la ciutadania amb gratacels, per molt que anunciïs biopols mèdics que només són fum.

Deia que les informacions són confuses perquè l’Ajuntament de l’Hospitalet ha passat de l’astorament inicial per la sentència del TSJC, que resultava impensable, a la resignació de reprendre un nou projecte amb modificacions, passant pel cabreig monumental per l’afront que significava treure’ls la raó i donar-la als opositors. Ara han dit, fent costat a la majoria de Junts per Cat a la Generalitat —que són els mateixos que van rebre amb honors l’extint Addelson quan volia portar Eurovegas al Baix Llobregat menjant-se tot el parc agrari i milers d’hectàrees d’espai lliure entre el delta i el Garraf—, que el que volen fer és un nou projecte amb dos eixos definitoris: un, que tingui més zones verdes i dos, que tingui com a eix un pool biomèdic que serà l’orgull de Catalunya. 

No sé si no es donen compte que, com deia Tarradellas, fer el ridícul és el pitjor que pot fer un polític amb una mínima dignitat. Avui pretendre convertir el PDU-Gran Vía en un projecte que enlluerni és, senzillament, pensar que la ciutadania és imbècil. Es pot entendre que costi abandonar un projecte que deu tenir al darrera desenes de compromisos. Es pot entendre que costi anul·lar un projecte que fora de la justícia, no hi havia força humana que pogués aturar, perquè les administracions fan i desfan contra tot i contra tots, sense escoltar ningú i només les atura la resolució d’un Tribunal. Que ja és ben trist. 

Entre parèntesi, en això s’ha convertit la política. La única manera de tombar criteris absoluts a l’hora de governar és portar les decisions a la Justícia i esperar que hi hagi sort. Cosa difícil, però que alguna vegada passa. Les majories absolutes s’han convertit en poders absoluts que no pretenen convèncer: simplement atropellen. Tot es pot entendre quan un poder absolut és corregit. El que no es pot entendre es que ens prengui per idiotes.

Per això resulta tan lamentable el que ha transcendit acompanyant el nou projecte, fent veure que, ara sí, donant suport a la barbaritat prevista es troben institucions que mereixen un profund respecte social com l’Hospital de Bellvitge, el Duran y Reynals, l’IDIBELL i el Col·legi de Metges. Alguns companys de premsa han demanat la documentació de suport que avala aquesta notícia, però no ha estat lliurada, tot i que ha servit per explicar que “la societat civil” està darrera de la revisió del nou PDU. No sabem més del que ha explicat la premsa però em costa digerir el suport d’aquests institucions de salut pública i de recerca científica a un projecte que es menja el darrer espai lliure de la ciutat més densament poblada d’Europa, ara que l’espai lliure, la salut pública, la ciència i les zones naturals no urbanitzades comencen a ser considerats valors absoluts de qualitat de vida. Estaria bé que els dos hospitals, l’IDIBELL i el Col·legi de Metges desmentissin la manipulació soferta o bé assumissin que no tot s’hi val quan hi ha factors essencials per la qualitat de vida en joc. Si no s’hi pronuncien seran, de fet, còmplices de l’estultícia i estaran en risc de perdre el prestigi que han aconseguit a base de rigor i dedicació a la societat.

Un Ajuntament intel·ligent abandonaria el projecte i recompondria la seva actitud envers el territori. Un Ajuntament obcecat intentaria explicar, com està fent, que reprendre la barbaritat, amaga en el fons un enorme servei per la salut dels ciutadans. Ho està fent, però sap que és fals. Els arguments pobres ja no són respectables. I sobretot, fatiguen. En el darrer ple, el primer tinent d’alcalde que sempre mira de sorprendre amb el seu argumentari determinista va explicar que l’Ajuntament no pot més que permetre que es construeixi en parcel·les privades justament per això, perquè són privades i no públiques. Ho va explicar a l’hora de referir-se als blocs de pisos de Rambla Marina davant el Patufet i el Mercè Rodoreda. No podia fer servir el mateix argument pel Parc de la Remonta perquè allà s’ha edificat en terreny públic, tan exageradament com en els solars privats de la carretera del Mig.

Si resulta que és impossible impedir que en solars privats s’edifiqui el que es vulgui, no sé per què els ciutadans hem de mantenir les costoses estructures de l’Administració Pública. És justament l’Administració la que planifica el territori i atorga permisos i les ciutats sobresaturades no responen a la privacitat del sol on s’ha construït sinó a la desídia o als interessos inconfessables dels que ho han permès. Diguem-ho planerament: si a l’Hospitalet se segueix construint no és perquè el sol sigui de propietat privada, sinó perquè l’Ajuntament es sotmet voluntàriament als interessos dels promotors immobiliaris i no pas als interessos de la ciutadania. 

L’Ajuntament ha de canviar de criteri si vol sobreviure perquè la situació és explosiva a la ciutat més densa del continent. Ha de prendre consciència del territori i dels ciutadans sobre els que governa i sobretot ha de fer servir arguments sòlids. Ja no val això que el sol és privat o que el PDU servirà per fer un pool biomèdic. El sol seguirà sent privat si l’Ajuntament no té cap prioritat per les inversions públiques i el PDU seguirà sent una operació immobiliària encara que la vulguin disfressar de solució humanitària i científica. El pitjor no és que ells s’ho creguin. El pitjor és que s’ho pugui creure algú que no siguin ells. Atenció al sector biomèdic del país, no sigui que els enredin…

Per Jesús A. Vila

PDU-Gran Via: No és no

El projecte de Pla Director Gran Via-Llobregat 2020

25 de novembre, 2020

El ple municipal de l’Hospitalet va rebutjar, en la seva darrera sessió de novembre, una moció presentada pel Grup Municipal de l’Hospitalet En Comú Podem, instant l’Ajuntament a acatar la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava el PDU Gran Via-Llobregat amb els únics vots del partit socialista, com era d’esperar, perquè ja havien anunciat el recurs de Cassació davant els tribunals dies enrere. 

Els arguments formals van ser els mateixos que sostenien el projecte. A saber: que es tracta d’un pla director que inclou el soterrament de la Gran Via, la recuperació d’un espai lliure de 30Ha i la construcció hipotètica d’un clúster biomèdic, aspectes sobre els quals és difícil que ningú pugui estar en contra, malgrat que segur que poden existir matisos considerables que potser caldria tractar amb més detall el dia que es pugui parlar sense l’amenaça d’un Pla Director que contempla bastants altres coses, a banda de les esmentades. En la defensa, per tant, de la posició del PSC local en prou feines va haver-hi sorpreses, com no sigui que el recurs es presentarà davant les vies judicials autonòmica i estatal si hi ha recorregut, i és va aprofitar per inflar la retòrica, cosa que ja d’entrada posa de manifest la inseguretat dels arguments per defensar una cosa que, hores d’ara, resulta ja indefensable fins i tot pel propi dissenyador del disbarat. 

L’argument retòric és el que sempre que s’acaben les explicacions raonables fa servir l’equip de govern: que el projecte representa un motor econòmic, un motor econòmic que representarà 20.000 nous llocs de feina i la possibilitat de més ingressos per les arques municipals que serviran per cobrir les enormes necessitats que té la ciutat en tots els ordres. Argument retòric, perquè es basa en una pura especulació de futur: no se sap hores d’ara si el que es vol fer representarà un atractiu suficient per un hipotètic clúster biomèdic i si això comportarà llocs de feina. Ni tampoc és cap garantia que en cas que sigui possible el clúster biomèdic, el motor econòmic tingui repercussió local, els 20.000 llocs de feina afavoriran especialment els ciutadans de l’Hospitalet, ni tampoc que els recursos que l’Ajuntament suma es dediquin prioritàriament a equilibrar la ciutat, a adjudicar recursos a qui més els necessita i a reinvertir, en suma.

Sura, en el fons de l’argumentari, la qüestió essencial que —pels dissenyadors del Pla Directiu—, és la manca de recursos per fer polítiques d’inversió. El primer tinent d’alcalde va repetir al ple la cantarella habitual: i això qui ho paga? Si la Generalitat expropia Can Trabal i paga el soterrament de la Gran Via, ja no caldrà parlar del PDU… És a dir, sense voler-ho, s’està reconeixent l’enorme operació especulativa que hi ha al darrere. Per què es pagui l’expropiació de Can Trabal i el soterrament de la Gran Via cal que algú en tregui les plusvàlues necessàries. I l’Ajuntament reconeix tàcitament que es plega al gran negoci dels promotors i els especuladors del sol per fer les inversions públiques que li calen. 

El problema és que els negocis immobiliaris no son passatgers i l’ocupació de l’espai acostuma a ser per sempre. És a dir, l’equip de govern del PSC accepta l’efectiva i constatable barbaritat constructiva de 26 gratacels en espai lliure per aconseguir un parc públic al costat del riu, el soterrament de la Gran Via i diners anuals per anar gastant en polítiques sobre les quals els socialistes al govern són els que, fa quaranta anys, fixen les prioritats. I no es pot dir que les prioritats hagin convertit la ciutat en un exemple d’equilibri social, de qualitat de vida i de serveis i equipaments suficients, com és ben palès per a qualsevol que escolti les entitats del tercer sector o es passegi pels barris més decrèpits de la ciutat.

És a dir, aquests arguments ja no colen. De fet, cap argument colaria suficientment per defensar polítiques irreversibles de sol, com les que hem vist a aquesta ciutat al menys des de principis dels anys 90.

La realitat és que els raonaments retòrics cada vegada tenen menys pes, per això els esforços per argumentar acaben descobrint les veritables raons ocultes d’aquest tipus de política de campanari. Potser l’alcaldessa no hauria d’haver reargumentat al passat ple perquè, sense pretendre-ho, va exposar allò que forma part de l’ADN d’aquest equip de govern. Va defensar un projecte que, en paraules literals, “va més enllà de la pròpia ciutat”. Doncs aquí rau el problema: si alguna cosa precisa la ciutat més densa d’Europa i amb dèficits hores d’ara monumentals és no fer cap projecte “que vagi més enllà de la pròpia ciutat”. És possible que l’Hospitalet li caigui petit a l’alcaldessa o als que dissenyen l’urbanisme local. Doncs bé, això té solució. No seria la primera vegada que un alcalde de l’Hospitalet arriba a ministre —i després desapareix—, però la ciutat no és mereix un recorregut històric lamentable per alimentar carreres polítiques. La senyora Marín va dir que el Cluster biomèdic que actua com “la zanahoria que justifica lo injustificable” —segons la portaveu dels Comuns— serà un “referent del sud d’Europa”. Doncs potser als ciutadans de l’Hospitalet no els hi cal “un clúster referent del sud d’Europa”. Potser en tenen prou amb escoles sense barracons, barris amb zones verdes,  CAPS en condicions per atendre les necessitats mes peremptòries dels ciutadans, Serveis Socials municipals amb àmplia disponibilitat o espais de lleure adequats per fer realitat la ciutat educadora de la que tant ens vanem.

I tot això qui ho paga?, diria el senyor Belver… Doncs els que ho paguem sempre: els contribuents. Tot surt de la mateixa butxaca senyor Belver: també les inversions públiques i, sense cap mena de dubte —i només és un exemple, però prou il·lustratiu— el seu sou, un sou, recordem-ho, sobre el qual no hi ha limitacions legals i que es posen vostès mateixos sense contrastar-ho amb la ciutadania… 

O sigui, preguntar qui paga el que cal fer, es una altra pregunta retòrica perquè el problema no és qui paga, sinó com s’administren els recursos, com és gestiona el capital públic, com es prioritzen les necessitats. I això és justament la política: la gestió dels recursos públics amb la màxima cura, al servei de la ciutadania i amb l’objectiu d’equilibrar el teixit social i donar-li respostes de qualitat.

No deixen de ser importants alguns reconeixements implícits d’aquests darrers dies. El reconeixement que la ciutat necessita espais lliures, el reconeixement que cal esponjar els barris de la ciutat, el reconeixement —superlatiu— que les accions urbanístiques que estem veient avui als carrers de la ciutat són producte de les actuacions de fa uns quants anys enrere (o sigui, que potser ara no es farien). Els hi calen, però, uns quants reconeixements més: que haurien d’intervenir en la mesura de les possibilitats reals sobre els projectes urbanístics en marxa, que haurien de plantejar-se un model de ciutat consensuat amb els grups polítics i la ciutadania de cara a l’immediat futur, que haurien de considerar prioritària la política de rehabilitació de barris i no la política de rehabilitació de la imatge de marca de la ciutat, que els afecta a vostès (polítics locals)… però no a nosaltres (humils ciutadans).

És veritat que la gestió ha comptat poquet a l’hora de renovar les fidelitats polítiques. Si hagués estat així, fa temps que vostès estarien a l’oposició. El que ha comptat per vostès han estat les fidelitats clientelars i l’absència d’una alternativa eficaç i creïble (creïble fins i tot per ells mateixos). De tota manera, el seu govern és legal, però ara que està tan de moda divertir-se sobre el que es legal i el que és legítim, no haurien d’oblidar que governen amb majoria absoluta de regidors i gairebé 44.000 vots, però que un total de 76.000 veïns amb dret a vot es van quedar a casa o van votar nul o blanc.

I una cosa més, sobre l’esponjament dels barris del nord de la ciutat, perquè el senyor Belver en un debat recent va deixar una pregunta a l’aire de fàcil resposta. Va preguntar: i que fem amb els veïns que espongem dels barris del nord? I es va autocontestar: perquè si els hem de fer fora del barri jo hi estic en contra. I tothom, senyor Belver. Esponjar un barri no és expulsar veïns: és buscar solucions sense expulsar veïns perquè tots els veïns i veïnes visquin millor. Si vostè creu que esponjar un barri és sinònim d’expulsar veïns, és que no ha consultat l’abundant literatura existent sobre les actuacions al Raval de Barcelona en l’època del seu correligionari Maragall. Segur que es podria haver millorat l’experiment, però per això estan vostès, que poden convertir els nous barris del nord en un clúster d’experiències socials capaç de ser estudiat a les millors universitats del món.

I mentre tant, no és no. Zero al consens.

Per Jesús A. Vila

PDU-Gran Via: tot en mans dels Comuns

14 de novembre, 2020

Es fa difícil amagar l’alegria per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha anul·lat de ple dret el PDU-Gran Via que pretenia construir 27 gratacels com a suport a un pla especulatiu sense precedents en la última zona lliure de la ciutat. Però l’alegria, malgrat ser inevitable, no ens pot enlluernar. Aquest primer episodi, el que ha aconseguit exclusivament és ajornar de moment allò que havia d’iniciar-se de manera imminent i que ara haurà d’esperar al que dictamini el Tribunal Suprem sobre els recursos de Casació que ja han anunciat l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat. Ha estat una resolució extraordinàriament important però està lluny d’aturar l’amenaça. L’amenaça només l’aturaria la negativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a impulsar un projecte que només interessa al govern PSC de la ciutat, a la majoria PSC de l’AMB, als promotors i propietaris immobiliaris i al govern de la Generalitat, no oblidem, format per Junts per Catalunya i ERC.

Te raó l’Ajuntament de l’Hospitalet que s’ha apressat a dir que la sentència del TSJC no entra en el fons del projecte i només es basa en un defecte formal perquè considera que ha de ser l’AMB qui reguli la planificació urbanística del futur i més ara que s’ha estat treballant de valent en un nou Pla General que ha de substituir l’obsolet dels anys 70 del segle passat. Però aquest defecte de forma, no és un simple accident. No ha estat un oblit, ni una negligència, sinó una ambigüitat calculada per part de l’organisme metropolità que presideix, no ho oblidem, l’alcaldessa de Barcelona que pertany justament al mateix partit que va dur als tribunals la barbaritat del PDU. Colau es va negar a debatre en plenari el projecte hospitalenc però es va tramitar a través de la Comissió d’Urbanisme de l’AMB fins arribar al Departament de Territori de la Generalitat que el va aprovar definitivament aquest passat mes de juliol.

El projecte corre pressa. Els propietaris han pressionat de valent, i l’Agència de Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet, encarregada de ferir de mort el municipi, ha actuat diligentment per tenir-ho tot a punt a través del Consorci que va impulsar, del que forma part l’Ajuntament juntament amb l’Incasol. Aquesta era la principal operació de prestigi del govern Marín que ara s’haurà d’inventar una altra macrooperació en la línia habitual del PSC baixllobregatí: acabar amb els espais lliures a tota la comarca, requalificant zones industrials, forestals i agrícoles en benefici de la urbanització residencial.

El que ara acaba de passar és molt probable que —tret de la ciutadania més motivada de la ciutat, que ja s’havia oposat amb la debilitat consubstancial del moviment veïnal i ecologista i del grup municipal dels Comuns que s’ho va prendre seriosament—, no li hagi alegrat a ningú. Òbviament, cap alegria a l’Ajuntament del PSC, als promotors immobiliaris i als propietaris del sol, a la majoria PSC de l’AMB, als independentistes del govern de la Generalitat que pels assumptes de negocis no tenen diferències amb els socialistes com és ben palés, als republicans municipals i aliens, a l’oposició de Ciutadans i del PP… i fins i tot als Comuns de l’AMB. Jo diria que, especialment a aquests darrers, el que acaba de passar lluny d’assossegar-los els ha de sacsejar notablement. Ells s’han convertit en el bastió essencial del conflicte PDU de l’Hospitalet i fer veure que el tema no s’havia de debatre per no provocar escletxes en el govern metropolità, no ha servit de res. Tindran, tard a d’hora, més d’hora que tard, que enfrontar-se a la necessitat de donar llum verda o d’aturar definitivament el projecte. La veritat és que s’hi juguen moltes qüestions estratègiques a l’AMB com perquè el tema hospitalenc sigui el causant de possibles ruptures. No és previsible que això passi, sobretot ara que els socialistes, immersos en una embogida dinàmica comarcal d’operacions immobiliàries escandaloses a molts municipis de la comarca, hauran observat en la sentència del TSJC un greuge que han de superar sigui com sigui.

Només hi ha un argument de certa rellevància que pot pressionar els Comuns a favor d’una relativa resistència encaminada tímidament a una moratòria urbanitzadora en l’actual conjuntura i és la pèssima fama que està agafant al món occidental la saturació demogràfica en època de pandèmies. Tot aconsella una certa recomposició dels models urbanístics de cara a l’immediat futur. No pot ser, per exemple, que a l’Hospitalet hi hagi actualment 110.000 habitatges censats per una població de 260.000 persones el que equivaldria a dues persones de promig per habitatge, i que encara s’estiguin construint més de 11.000 habitatges nous, amb l’aclaparadora idea que hi ha escassedat residencial. (A Espanya, dades ben recents parlen de 25 milions d’habitatges per una població de 47 milions de persones, xifres que ens haurien d’obligar a repensar el model urbanístic actual arreu).

No pot ser que la merescuda fama que està adquirint l’Hospitalet de ser la ciutat més saturada d’Europa, no obligui el govern municipal actual a reflexionar sobre les conseqüències d’aquesta política de no escoltar la ciutadania preocupada (i una cosa igual haurien de fer els equips PSC —em resisteixo a parlar de socialisme que es un concepte respectable com pocs— del Baix Llobregat perquè la seva condescendència amb l’especulació urbanística s’està convertint en una llosa de difícil digestió). Algú des de dintre dels equips —hi ha d’haver militants de pes amb una perspectiva estratègica que miri més enllà— hauria de impulsar algun canvi de mentalitat. Les ciutats no només són grans pel seu pes demogràfic. Són grans per la seva vitalitat social, per la cohesió interior, per la qualitat de vida. No són grans perquè responguin a iniciatives econòmiques de prestigi com no sigui que aquestes operacions repercuteixin sobre la ciutadania i millorin les seves condicions de vida. És a dir, l’Hospitalet, per exemple, no és important perquè allotgi la part més activa de la Fira de Barcelona a no ser que la Fira de Barcelona li suposi al veí de l’Hospitalet menys impostos, més espais públics, més serveis, etc. Si no hi ha repercussions sobre la ciutadania i només hi ha repercussions sobre l’alcaldessa o l’equip de govern, la Fira de Barcelona només representa un greuge pel veí hospitalenc, un perjudici. No pas cap benefici, sinó més aviat una pèrdua: d’espais, de serveis, d’inversions, etc .

Quan passi l’alegria i el cabreig a cada costat, l’ajornament del PDU-Gran Via només pot servir com esperó per la reflexió pausada. S’ha convertit en una oportunitat per modificar les actituds i per ser més sensibles a les noves dinàmiques que imposa el món trasbalsat que ens acull: ens cal estalvi energètic, un nou model de consum i de mobilitat, un decreixement mesurat que no vol dir empobriment sinó nou repartiment de la riquesa, més espais lliures i zones verdes, esponjament urbanístic, deixar d’escoltar des dels poders públics els cants de sirena dels que només es volen enriquir a base d’especulació i grans negocis.

És potser una de les darreres oportunitats per repensar la irreversible destrucció del territori. Abans era la ciutadania unida la que podia exercir pressió i força. Avui, l’únic fre a la impostura del poder és, malauradament, la justícia. Malauradament perquè la justícia és encara més incontrolable que les masses i amb ella no hi caben les negociacions. Caldria retornar al debat, al consens, no a la norma, i ens estem acostumant a la llei perquè ens estalviem el feixuc esforç de convèncer: resulta molt més fàcil obligar.

En resum: serà la AMB la que tingui sobre la qüestió la darrera paraula i quan aquí parlem de l’AMB estem parlant clarament dels Comuns, no de cap altra força. Així que sobre les seves esquenes —i les nostres, cada cop que ens cridin a participar— recau la responsabilitat d’enterrar per sempre 27 gratacels i la pèrdua de la darrera zona agrícola d’una ciutat que va ser rural fa només un segle i la possibilitat de fer milionaris a uns quants promotors i propietaris que, francament, no necessitaven aquests favors del PSC.

Reproducción del fallo del TSJC donde declara «nulo de pleno derecho» el PDU

Per Jesús A. Vila