La protesta, general en toda Catalunya, denuncia que se destinen recursos a imponer la presencia policial mientras se desmantelan los equipos sociales en los institutos
La asamblea de profesionales del Institut Eduard Fontserè ha expresado su rechazo frontal a la medida anunciada por el Departament d’Enseyament de incorporar agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra en los centros educativos.
Esta medida, anunciada por la Generalitat como proyecto piloto, afectaría a las zonas educativas de l’Hospitalet, El Prat, Sabadell, Vic, Alta Ribagorça-Vall d’Aran y Tárrega, y significa la presencia permanente de un agente de paisano en 13 centros educativos.
En un comunicado difundido este miércoles por la asamblea de profesionales del Institut Fontseré —valorado como de alta complejidad social— se considera “inaceptable” que se destinen recursos a reforzar la presencia policial mientras, aseguran, siguen sin atenderse sus demandas para mantener y ampliar los equipos sociales, formados por educadores y técnicos de integración.
El profesorado advierte además de que, la medida del Departament, teniendo en cuenta el alumnado de alguno de los centros donde se ha desplegado, tiene una clara voluntad de reforzar la cultura punitiva dentro del sistema educativo. En su opinión, la iniciativa podría derivar en un mayor control social, especialmente sobre el alumnado de origen migrante en aquellos centros donde ya se ha empezado a aplicar.
La asamblea insiste en que los conflictos que afectan al alumnado tienen un origen social y no pueden resolverse mediante la presencia policial. En este sentido, reclaman políticas que solucionen los problemas sociales centradas en la igualdad de oportunidades, el acompañamiento educativo y el refuerzo de los servicios sociales.
Finalmente lamentan lo que califican como una “deriva” del Departament d’Enseyament, al que acusan de no escuchar a la comunidad educativa —docentes, familias y estudiantes— y de impulsar medidas que consideran represivas y contra la voluntad y las necesidades de las comunidades educativas.
Hay que recordar que a principios del mes de septiembre del año pasado, Técnicos de Integración Social (TIS) y Educadores Sociales (ES), personal fundamental en las estructuras de muchas escuelas, se concentraron ante el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya contra los recortes en este tipo de plazas, que supuso el fin del contrato para 128 profesionales. Esto afectó a varios centros de l’Hospitalet. La convocatoria fue realizada por las organizaciones sindicales CC.OO, UGT, USTEC·STEs y CGT.
La protesta del Institut Fontseré no ha sido la única. Esta es una protesta más de la comunidad educativa de toda Catalunya. Sindicatos, maestros y profesores y familias son defensoras del reforzamiento de la convivencia en las escuelas, pero no mediante la presencia policial en los centros, algo inédito en Catalunya, aunque parece ser que en otras comunidades autónomas como Madrid, Navarra, Andalucía o Islas Baleares ya se ha instaurado en sus sistemas educativos.
La mayor asociación de familias de la escuela pública catalana, aFFac, también se ha pronunciado y la noticia ha causado estupor e indignación. “Queremos expresar nuestro firme rechazo a este plan piloto, que consideramos totalmente desacertado y alejado de las necesidades reales de los centros educativos catalanes”, ha señalado la entidad.
Han recordado también que los centros educativos con mayores dificultades son precisamente aquellos que concentran un mayor porcentaje de alumnado en situación de pobreza o exclusión social: “Lo que estos centros necesitan son recursos estables, profesionales especializados y políticas valientes de reducción de desigualdades y no una respuesta de carácter securitario”, han añadido.