Los chicos de esta casa —no hay chicas, y eso se nota en demasiadas cosas— me explicaron el otro día una cuestión que, incomprensiblemente, se está convirtiendo en un tema recurrente de actualidad: la renovación del Contrato-Programa de los medios de comunicación municipales que se financian con el dinero de todos. Digo que es incomprensible por varios motivos. Porque la renovación de un contrato es una cosa apestosamente burocrática. Porque los medios de comunicación municipales funcionan en la medida que al gobierno municipal le apetece, y porque detrás de la renovación de ese contrato y de quien lo debe poner en marcha hay una diatriba que supera la tontería concreta.

De hecho, lo que está en juego ni es el contrato, ni es la supervivencia de los medios, ni siquiera la composición de quien lo tiene que validar. Lo que se juega es simplemente un cambio en la mentalidad del funcionamiento de un gobierno que, por primera vez en 46 años, no puede hacer lo que quiere. Y acostumbrar a un gobierno que lleva 46 años haciendo lo que quiere, a tener que acordar qué hacer con el resto de los que ostentan la misma representación que ellos —y un poco más, por eso son mayoría— no es tarea fácil. No ha sido fácil para Pedro Sánchez que está dando encomiables muestras de inteligencia política, ¿cómo va a ser fácil para un equipo que está dando desastrosas muestras de todo lo contrario?.

El problema es que esa inercia lleva aparejadas otro montón de inercias, especialmente las inercias de quienes solo tenían que rendir cuentas a quienes los habían contratado y que ahora descubren que quienes los habían contratado no eran quienes les pagaban sino quienes administraban los recursos de quienes les pagaban de verdad, que es la ciudadanía. Durante 46 años ha habido la tendencia a pensar que los dueños del dinero eran los gobernantes, los hijos políticos de los primeros gobernantes y los primos hermanos de todos aquellos que se han ido sumando al carro de los que querían gobernar, en unos casos por vocación —los menos— y en otros porque para ejercer el poder —y ganarse muy bien la vida— no hace falta más esfuerzo que darle la razón a quien hace las listas.

El caso es que lo que hay detrás de la renovación de un contrato —de ese contrato— es un ejercicio de funambulismo político que se dirime a cinco bandas. Una, que no quiere perder jamás, y otras cuatro que están en el marasmo de la duda permanente. Las que interesan son las de la duda, porque el que no quiere perder jamás tendría que perder esta vez para darse la oportunidad de convertir la intransigencia en inteligencia.

Me voy a explicar claramente. Los de la duda necesitan llegar a la ciudadanía y para eso se esfuerzan en publicitarse todo cuanto pueden para darse a conocer. Para eso tienen las redes sociales, los digitales posibles —este entre ellos— y los medios de comunicación públicos que deberían llegar a todas las casas. Y que, desde luego llegarían, si fueran creíbles. Los otros no llegarán jamás a todas las casas, aunque lo sean…

Y aquí aparece la primera contradicción. Los de la duda dudan de que los medios públicos actuales les favorezcan y sean creíbles, pero dudan todavía más de si les beneficiaría prescindir de ellos. De lo que no dudan es de que las redes sociales y los digitales les favorecen bastante más y hacen el esfuerzo de ser más creíbles, pero conscientes de su imposible crecimiento, dudan de darles el apoyo incondicional al que se han hecho acreedores.

El caso es que se mueven —en unos casos más, en otros menos— entre la consciencia de que los medios de comunicación públicos sirven a los intereses del gobierno, pero que en cambio los profesionales concretos lo hacen todo muy bien y no van a renunciar para nada en seguir saliendo en esos medios y en seguir dorando la píldora a los profesionales.

Mirándolo de lejos, tienen razones de peso para moverse en esa aparente contradicción, porque si bien es cierto que los medios de comunicación públicos sirven a los intereses del gobierno, también es cierto que sirven a los intereses de la ciudadanía y suelen ejercer con profesionalidad. Dicho así, algunos todavía entenderán menos qué está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que se pueden defender los intereses del gobierno, de la ciudadanía y ejercer el compromiso profesional, pero negarse a modificar las pautas de funcionamiento de los prescriptivos controles sociales. ¿Para qué caramba modificar los aparatos colegiales de dirección si las cosas han estado funcionando con cierta normalidad hasta ahora… para qué hacer olas, si el tiempo aconseja tomar el sol comodamente?.

Resulta que justamente de lo que se trata es de enseñarle al gobierno que poder perder votaciones no arroja al caos, sino en muchas ocasiones a todo lo contrario: a concitar acuerdos, a saber escucharse y entenderse, a crecer colaborativamente porque la razón es un aparato muy complejo que se construye a base de muchas verdades parciales.

En definitiva. No hay contrato, como todos saben, porque no hay Consell Executiu —a ver si le explicáis al alcalde la diferencia entre Consell Executiu i Consultiu porque los confundió en la última entrevista— y no hay Consell Executiu porque no se quiere nombrar a ningún representante de L’Estaca, con lo que este modesto ingenio ha conseguido superar todas sus humildes expectativas.

Y los de la duda no quieren asumir, porqué le tienen miedo, el argumento que los periodistas que ejercen en esta ciudad pusieron en su día sobre la mesa. Si hay que elegir a tres periodistas en ese Consejo —que es algo que el reglamento aprobado propone—, que sean representantes de los medios de comunicación que se esfuerzan día a día, en algún caso por puro activismo, para dar una visión modesta pero igualmente responsable y quizás molestamente crítica, de lo que ocurre en la ciudad. A ver si al final se entiende. Se trata de aplicar un CRITERIO, no de imponer vetos o buscar alternativas. Y si se acepta el CRITERIO, es que deben ser representantes de los medios en funcionamiento quienes formen parte de esa propuesta y no otros. No hay más alternativa si se acepta un CRITERIO que se justifica por sí solo. Por qué, ¿quiénes pueden tener más autoridad moral para formar parte de una dirección colegiada de dirección y control de la información que recibe la ciudadanía, que aquellos que ejercen la profesión desde otra alternativa que no es la financiada públicamente y, por lo tanto, que no se ven obligados a rendir cuentas al gobierno de turno?

Ojalá —rendir cuentas al gobierno de turno— no fuera hoy necesario. Pero desgraciadamente lo es, y justamente hay que sentar las bases para que deje de serlo.

Imaginaros por un momento que los 14 concejales de la oposición de esta ciudad se sientan en una única mesa para hablar de futuro. Es difícil de imaginar, porque para que se sentaran en una única mesa habría hecho falta antes que la responsable del PP hubiera convencido al portavoz de Vox para que respondiera únicamente a las preguntas que se le hicieran sin añadir demasiados matices y para que el resto de fuerzas de la izquierda se sentaran frente a frente las unas de las otras para poder ignorar lo que se moviera a su extrema derecha.

Echarle imaginación y considerar que ya están sentados y que la portavoz popular pide a los 13 concejales a su alrededor que voten como alcalde al portavoz republicano, naturalmente tapándose la nariz, las vergüenzas y hasta los ojos, si fuera necesario. Para ello tendría que haber convencido previamente a solo tres de ellos, porque ella ya lo está: el que va a ser el alcalde, el que va a ser el segundo teniente de alcalde y el que se va a mantener fuera del gobierno, pero que va a ser escuchado con atención en todos los plenos, al que se le van a votar a favor todas las enmiendas que presente —excepto aquellas que le lleguen vía aparato, que esas van a ser rechazadas—, al contrario de lo que le viene sucediendo hasta ahora, que ni se le escucha, ni se le tiene en cuenta y al que se zahiere cada vez que es posible.

Para que se vote al alcalde, se ha pactado ya el gobierno y se ha pactado ya el programa. Y se ha pactado, sobre todo, el respeto temporal, que quiere decir que, durante los próximos 18 meses, van a ser escrupulosos en lo acordado, pero sobre todo en lo que puede poner en crisis lo acordado: nada de insensateces y mucho menos de provocaciones. Ni siquiera las verbales.

El gobierno es un poco lo de menos, pero van a haber cinco tenientes de alcalde y otros seis concejales de distrito. El primer teniente de alcalde y el cuarto, de los populares, el segundo y el quinto de los Comuns y el tercero, republicano. Los concejales de distrito, repartidos equitativamente entre las tres fuerzas.

Lo importante es el programa y, en 18 meses, el programa tiene que ser un programa de urgencias y de mínimos, sobre todo teniendo en cuenta los equilibrios que implica su realización. Un programa que incluya la búsqueda de solares para nuevas escuelas, la aplicación de las urgencias de mantenimiento en los centros y la adecuación de los patios. En sanidad, el acuerdo para ubicar el nuevo hospital y los trámites para llevarlo a cabo, así como los CAPS en proyecto. En economía y comercio, la urgencia de las obras de los mercados de Collblanc y Bellvitge y campañas municipales de comercio de barrio. En deportes, el acuerdo final para el polideportivo de Santa Eulàlia y la renovación de los contratos de los polideportivos. En urbanismo, la compra de suelo público, la moratoria sobre los permisos de nuevas edificaciones de viviendas libres y la congelación de los acuerdos sobre los proyectos de Can Rigalt y las obras del clúster de la Gran Via. Además, la resolución del contencioso de los vecinos de la Porta Nord para que no tengan que abandonar sus casas. En patrimonio, la recuperación y uso de los espacios hasta ahora cerrados: Albert Germans, Cosme Toda, La Remonta, Can Trinxet, la apertura de los refugios de la guerra civil y la rehabilitación de las pocas masías que todavía quedan en pie. En hacienda pública, la rebaja de la fiscalidad para residentes y comerciantes, el recálculo de la tasa de residuos y nuevos incentivos para el uso de la deixalleria. En seguridad ciudadana: la urgencia de los medios técnicos y de ubicación de la Guardia Urbana, la recuperación de la policía de proximidad y la vigilancia exhaustiva de los espacios públicos (jardines, plazas, parques…) En servicios sociales, un aumento del volumen de trabajadores para atender a la creciente demanda y la aplicación de criterios racionales para el empadronamiento. En la plantilla municipal, un estudio de los servicios y de los chiringuitos, con la readecuación de las direcciones y la reevaluación de las capacidades de las direcciones ejecutivas. En la política de subvenciones, un análisis consensuado de las entidades que requieren soporte y de lo que simplemente son accesorios que benefician el clientelismo social. En política de vivienda, un estudio concienzudo del esponjamiento de los barrios del norte de la ciudad a través de adquisición de solares y edificios, una política de rehabilitación y reubicación del vecindario consensuada y una incentivación del cooperativismo inmobiliario. En participación, un esfuerzo consensuado para ampliar los márgenes de la intervención social en los distritos, en los plenarios y en los instrumentos cívicos de participación (mesas sectoriales, Consell de ciutat, consejos de administración de empresas públicas, etc. En materia informativa, la garantía de una información pública controlada por la sociedad civil y la eliminación de los instrumentos de propaganda al servicio del gobierno local; recuperación de la emisora municipal e intervención televisiva. En mantenimiento ciudadano, el control de la limpieza en las calles, la iluminación de las arterias y el culto de la civilidad. En movilidad, análisis de las necesidades de los barrios en cuanto a carriles bici, aparcamientos y tránsito rodado y adecuación consensuada en cada ámbito. En relaciones exteriores, congelación de aportaciones inútiles —ya está bien de ser el eterno patio trasero de Barcelona— y propuestas convincentes de futuro (Fira 2000, Fira de Barcelona, etc).

Imaginaros un programa elaborado por los políticos —más exhaustivo, seguramente más preciso y ajustado—, no por este humilde comentarista en cinco minutos, pero en esa línea de acuerdos posibles. Dudo mucho que en lo especificado hasta ahora, no estén absolutamente de acuerdo los cuatro grupos de oposición. Tres de ellos podrían demostrarle a la ciudadanía lo mucho que se puede hacer cuando el esfuerzo es compartido y la prosperidad se mide en realidades y no en palabras. El cuarto podría explicar también que no tiene ningún interés en los sillones sino en la política y que, sin su esfuerzo —sin sus tres síes— no hay votos, no hay gobierno y no hay programa.

Y lo más importante. Con 18 meses, este gobierno y este programa, las capacidades que se les suponen y las ganas de acuerdo y no de lo contrario, acabarían demostrando a la ciudadanía que en esos equipos hay futuro. Y para el 2027, otro gallo nos cantaría.

Pues bien, lo que habéis leído es un sueño. En esta ciudad no hay audaces. Jamás los hubo y así nos va…

No sé si os habéis dado cuenta de que vivimos en la era de la palabrería. Algunos dicen que sufrimos de sobreinformación pero de lo que sufrimos auténticamente es de palabrería, de mensajes vacíos donde lo que importa es el continente y para nada el contenido. Lo que importa es lo que quiere significar lo que se dice; en absoluto lo que significa. Y normalmente se trata de ensoñaciones, en general con la intención de sorprender o de generar simpatía, cuando no se trata absolutamente de lo contrario, de repetir y de generar odio o rabia.

Por lo general nos engañan cuando nos hablan de información. Lo que nos llega, apenas nos sirve para estar informados. O sea que no tenemos sobreinformación. Lo que tenemos es sobrepropaganda, sobrepalabrería, sobreensoñación. Consideraciones cortas que solo nos sirven para crear un estado de opinión que no hace falta que tenga nada que ver con la realidad, de modo que nos construyen la realidad sobre artificios que no resisten la mirada objetiva y mucho menos la mirada crítica.

Fijémonos en nuestra historia municipal más reciente. Veníamos de 40 años de dictadura que provocó dos realidades contrapuestas: gente que acudía por la oferta de trabajo y un futuro algo más próspero para sus hijos, y gente que tenía propiedades o recursos a los que intentó sacarles el máximo rendimiento sobre la base de la ausencia de derechos y la necesidad de trabajo y de vivienda de los recién llegados. Se hicieron de oro explotando la mano de obra en las fábricas y se siguieron haciendo de oro recuperando la masa salarial en forma de alquileres, hipotecas y servicios. Unos y otros hablaban de progreso porque el trabajo, la vivienda y los servicios son progreso, pero el auténtico progreso estaba en sus bolsillos. También se hicieron de oro gracias a la ausencia de derechos y libertades que avalaban unos ayuntamientos que no elegía nadie, pero que construían las ciudades para enriquecer a los especuladores con la necesidad de los que estaban llegando.

Toda Barcelona y media área metropolitana se hizo a este ritmo y con estas consecuencias. Hasta que llegó la democracia y entonces, los que se creían el mensaje de las urnas, intentaron poner a los suyos con el incierto, pero esperanzado deseo, de recomponer todo lo destruido, construyendo esas ciudades crecidas a base de mano de obra obrera, para ponerlas al servicio de la ciudadanía y no de quienes habían especulado a mansalva.

Como el mensaje de la construcción y no la destrucción de las ciudades, y el mensaje de la calidad de vida y el progreso era el mensaje de quienes habían luchado contra la dictadura y sus secuaces, y aquello era lo que se reconocía como la izquierda, a partir del triunfo de la democracia, la izquierda tuvo el encargo implícito de arreglar lo que se había destruido. Eso quería decir: parar la especulación urbanística, ofrecer servicios de calidad, reconvertir lo que se había convertido en almacenes de obreros —ciudades dormitorio— de manera que se parecieran a los modelos urbanos reconocidos: con centros de las ciudades definidos y con servicios comerciales, educativos, sanitarios y asistenciales, con zonas verdes y espacios amplios, con equipamientos culturales céntricos y reconocibles, capaces de conservar y enaltecer su patrimonio, capaces de recuperar todo aquello que formaba parte de la historia para integrarlo a la comunidad, etc, etc.

Solo hay que mirar la realidad para observar que la izquierda que debía encargarse de rehacer, ha hecho exactamente lo mismo que habían hecho —y que habrían seguido haciendo— los que destruyeron. Podemos seguir llamándole izquierda, pero esa palabra se ha convertido en un continente sin contenido, en pura palabrería, porque la izquierda jamás fue eso. Porque la izquierda jamás gobernó en esta ciudad, aunque la hayamos llamado como hayamos querido. Gente al servicio de la especulación y de la palabrería, llevan gobernando l’Hospitalet —y muchas ciudades del entorno, con minúsculas excepciones— desde 1939 sin límite de continuidad.

Es duro, pero esa es la realidad, y no hace falta más que salir a la calle y mirar lo que nos rodea. El horizonte inmediato no ayuda al optimismo. La palabrería sigue invadiendo los espacios. Los partidos políticos han dejado de ser instrumentos de cambio para convertirse en benefactores del voto ciudadano. La democracia tampoco es lo que tenemos, porque la democracia es participación y no únicamente delegación de voto. La realidad de lo que ocurre en l’Hospitalet lo discuten 5 o 6, asesoradas por el aparato partidario en el que deben opinar otros tantos. Los partidos, a nivel local, apenas llenarían de militantes un solo autocar y esos apenas cuentan tampoco. Hacia afuera lo que cuenta es la palabrería, mientras que hacia adentro lo importante es sujetar el poder, recibir órdenes y cobrar un buen salario a final de mes. Poca cosa más.

Ahora, a alguien se le ha ocurrido poner en funcionamiento un mecanismo insólito por el cual el alcalde podría irse a su casa con lo puesto y pedirle al aparato un carguillo para no perder poder adquisitivo. Pero ese mecanismo insólito tiene el grave inconveniente de que han de ponerse de acuerdo, en esta ciudad, las derechas y las izquierdas. O sea, los que tienen sobre sus cabezas un paraguas con unas siglas y los que se dicen a sí mismos de izquierdas, pero ya se ha visto. No cuenta para nada la democracia. Van a decidir ellos y quizás, en algunos casos, consulten a los del autocar, por eso de que las izquierdas y las derechas dan juego a los suyos.

Si los que se dicen de izquierdas y los que se dicen de derechas fueran democráticos, lo que de verdad harían sería organizar un referendo popular de urgencia, para ir orientados de lo que quiere la ciudadanía. Igual se llevarían sorpresas, porque la gente lo quiere es menos palabrería y más acción, menos continente y mucho más contenido. Menos izquierda y derecha y más construir una ciudad para todos, bien distinta a esa que han destruido tanto los que se han llamado de izquierdas como los que eren identificados como de derechas.

Más palabra a la gente y participación activa y menos consignas, pureza ideológica y sectarismo irracional.