Cuesta trabajo entender cómo se la han dejado colar porque se veía venir de muy lejos. El jueves, después del “A la mierda” de ese día, me llegó por sorpresa a mi correo el Orden del Día de la primera reunión del Consejo Ejecutivo de los servicios públicos de comunicación y una sencilla nota que me decía: “Candelas, mírate con delicadeza este orden del día y saca conclusiones. No hace falta que te diga mucho más. Confío en tu perspicacia para que observes cómo les enredan”.

Me lo leí con calma porque lo esperable es que se fijará el debate sobre el tema capital para el que se reunieron todas las urgencias en la constitución del organismo: la aprobación del Contrato-Programa que debía estar vigente entre este 2026 i el 2030. Pues resulta que el primer punto de ese orden del día es la constitución del organismo; el segundo “la aprobación” de su régimen interno; el tercero “dar conformidad” a la propuesta de un “Programa de Actuación Transitorio” y el cuarto, “informar” sobre el calendario del contrato-programa.

Todo esto, al común de los ciudadanos se la trae al pairo. ¿A quién carajo le interesan estas nimiedades burocráticas con la que está cayendo en el ámbito de la enseñanza, la crisis climática, la seguridad, la limpieza, la saturación demográfica, la especulación inmobiliaria, etc? Pero es cierto que todo lo que ha venido ocurriendo con la constitución de este Consejo Ejecutivo, ejemplifica sobremanera no solo la crisis del gobierno sino, en mucho mayor grado, la crisis de la oposición. De modo que, ante ambas crisis, la ciudadanía tendría que empezar a plantearse como sorteamos los obstáculos de la memez y alumbramos alguna cosa más coherente, mucho más lúcida y sobre todo más útil.

Ese orden del día lo ejemplifica todo. Resulta que lo que se va a proponer en esa primera reunión es aprobar el régimen interno de funcionamiento del organismo, no sea caso que en lugar de servir para aprobar lo que tiene que aprobar, sirva para debatir lo que se debiera debatir. Y luego, dar conformidad a una cosa inédita que nadie se esperaba: un programa de actuación transitorio para este ejercicio 2026 que luego deberá aprobar el Ayuntamiento, pero que no se indica muy bien cómo: si a través del pleno, si lo debe aprobar directamente el equipo de gobierno…

Más significativo aún es el enunciado de los puntos del orden del día, porque en ningún caso se propone debatir y luego aprobar o dar conformidad, sino directamente ir al grano: aprobar el régimen interior, dar conformidad a la propuesta, que es de lo que se trata. Pero lo grave del asunto es lo que se pide que se apruebe o a lo que se pide dar conformidad. Aprobar el régimen interior que se propone, vuelve a dejar en manos de la dirección de los medios la absoluta manipulación del organismo: desde los períodos de las convocatorias (3 al año), hasta su capacidad de dirimir empates o de acumular votos en representación de los miembros ausentes. Un reglamento de régimen interior, hecho a la medida de la consigna “no molesten” que es de lo que se trata.

La propuesta de Programa Transitorio todavía es más sintomático. Si las prisas y las presiones para la constitución del Consejo Ejecutivo eran porque se debía aprobar el Contrato-Programa con la mayor urgencia, ahora resulta que lo que se propone es exactamente lo que el pleno de enero se negó a aprobar: una prórroga del contrato-programa. Ahora, esa prórroga del contrato-programa que la oposición tumbó porque significaba mantener en el limbo la constitución del Consejo, se le propone al Consejo para que una vez lo apruebe ese organismo, se dé por aprobado y asumido. Es decir, no se sabe muy bien si lo que no aprobó el pleno, ahora lo aprobará el Consejo y lo refrendará el equipo de gobierno, o si volverá al pleno para que este lo apruebe, con lo cual estaremos en las mismas, pero con el aval de un Consejo Ejecutivo que la oposición permitió constituir bajo presión.

Ese Programa Transitorio incluye, según parece, una cláusula administrativa para legalizar el pago de los salarios, lo que pone de manifiesto que no es el contrato-programa lo que garantiza la normalidad laboral de los trabajadores, como se había argumentado para presionar, sino que con una simple cláusula administrativa que se podría haber llevado directamente al pleno, había más que suficiente para despejar la alarma.

Todo ello vuelve a poner sobre la mesa el elemento clave de todo este embrollo que es el contrato programa. Se va a presentar un calendario, lo cual es del todo lógico porque es difícil asumir lo que se hizo con el último contrato programa: se presentó hecho del todo y se aprobó en tres sesiones justo antes de las elecciones del año 23, con una vigencia del año 21 al año 25. O sea, con tres años de retraso. El nuevo se tendría que haber discutido durante el 2025, pero en noviembre del 2024, el equipazo del Quiroseno lo paralizó todo porque no le gustó para nada que la oposición le tosiera. Discutirlo durante este 2026 para aprobarlo justo otra vez antes de las elecciones del 2027, reproduciría la estruendosa imbecilidad del anterior, sobre todo porque el contrato programa está pensado para que no coincida con los mandatos y por eso tiene una vigencia de cinco años que, con este equipazo y con esta estructura de servicios públicos de comunicación ni se cumplen, ni le importa a nadie que se cumplan o no.

Y, por lo tanto, si de lo que se trataba era de presentar un calendario para discutir el contrato-programa, tampoco era tan inmediato ese contrato-programa que debía discutir un Comité Ejecutivo de urgencia.

El engaño ha sido nuevamente mayúsculo y a los profesionales que presionaron desde dentro a la oposición, les van a tener que compensar con algunos carguillos por lo bien que lo hicieron.

Ahora, a esperar lo que deciden los 10 miembros del nuevo Consejo. Ya digo; no es que estas cosas le importen demasiado a la ciudadanía, pero conviene que la ciudadanía no se muestre ajena a este tipo de tejemanejes porque le vuelve a ir en ello un poco de su propio futuro.

Dentro de nada hará 23 años que el recordado José Antonio Labordeta dirigió las palabras que encabezan este artículo durante una comparecencia en el Congreso cuando, siendo diputado de la Chunta Aragonesista, algunos parlamentarios del PP se rieron de él llamándole “cantautor de las narices”. El debate donde se produjo la ignominia, estaba centrado sobre la guerra de Irak, por lo cual el recuerdo no puede ser más actual y oportuno.

En mi caso yo dirijo la misma frase a otro contexto con parecida ignominia, de un modo muchísimo más modesto, puesto que el debate no es sobre ninguna guerra, sino sobre algo que algunos califican como una derrota muy humilde, pero que yo creo que simplemente se trata de una demostración compartida de estupidez. En todo caso, se trata de la afrenta sufrida por la gente que está llevando adelante este digital en la tarde del martes 24 de marzo, cuando 24 concejales de 27, aprobaron con 16 meses de retraso una propuesta tan a gusto del gobierno como la ofrecida en noviembre de 2024 sobre un instrumento ahora mismo tan irrelevante, como el Consejo Ejecutivo de los servicios públicos de comunicación de esta ciudad. Un tema bastante banal pero que se convirtió a lo largo de esos 16 meses en la punta de lanza de la fragilidad de un gobierno que está acostumbrado desde sus orígenes —hará, mañana 3 de abril, 47 años: han pasado unos cuantos concejales, pero las diferencias son mínimas— a que absolutamente nadie le tosa.

El 24 de noviembre del 2024, 14 concejales de la oposición le tosieron y este pasado martes el gobierno finalmente les curó el constipado. Once de ellos dejaron de toser, gracias a los pañuelos con el elixir mágico de la presión que, según ellos mismos, usaron unos cuantos profesionales del periodismo patrio —naturalmente no todos: solo los “magníficos profesionales” que dijo aquel— que fueron en su auxilio.

En este digital se ha explicado sobradamente cómo fue todo. Pasará a los anales de la pequeña necedad local la inútil traición que puso las cosas donde han estado siempre. Yo te explicaré, querido lector, los últimos vericuetos, porque hasta ahora no los ha explicado nadie.

La propuesta del nuevo Consejo Ejecutivo, que es hasta ahora mismo, uno de tantos instrumentos burocráticos al servicio de quien maneja el poder local, tiene que presentarla el alcalde a un Consejo Consultivo que se nombra, un poco antes, para que una vez informado, pase al pleno. Hasta ahora, pasaba al pleno, la oposición que no ha tenido nunca ni idea de qué es ese Consejo Ejecutivo lo aprobaba, y hasta la siguiente. Eso cambió en 2024, y por eso se paralizó el procedimiento.

El Consejo Consultivo tiene 18 miembros: 10 nombrados por el Consell de Ciutat que proceden de diversas entidades ciudadanas, 4 de los grupos de la oposición, 1 del grupo del gobierno y 3 profesionales de la información elegidos a dedo, también por el alcalde. Ese Consejo se reunió el lunes 16 de marzo y, como pasa habitualmente, unos no asisten y otros que no tienen ningún interés, delegan su voto en el gobierno. Ese día asistieron los 5 representantes de los políticos, los tres periodistas y uno de los elegidos por el Consell de Ciutat, en total, exactamente la mitad: 9 miembros. El resultado de la votación sobre la propuesta de nuevo Consejo Ejecutivo fue el siguiente: 6 votos favorables, 4 abstenciones y un voto en contra. Total, 11 votos. ¿Cómo es posible, si solo asistieron 9 miembros?. Pues efectuando lo que se ha solido hacer siempre en esos dos Consejos, el Consultivo y el Ejecutivo: no yendo a la reunión, pero delegando el voto en el gobierno. En este caso los dos votos ausentes, más el que estaba presente, más el voto del gobierno, más el de dos de los tres periodistas, sumaron los 6 votos favorables. Tres de los cuatro representes de la oposición se abstuvieron, el tercer periodista lo mismo y el último representante de la oposición votó en contra.

Pese a lo ilustrativo de lo que ocurrió en el Consejo, las abstenciones de tres de los cuatro grupos de oposición ya hacían prever debilidades y un pronunciamiento favorable en la votación definitiva, que era la del pleno. Allí se confirmó efectivamente, cuando los 11 concejales de esos grupos votaron con el gobierno.

Yo escuché sus argumentos, sentado en la penúltima fila. Las presiones de los trabajadores, del Comité de Empresa de La Farga, que debe ser al único comité de empresa en el Ayuntamiento al que se hace caso, la excusa del miedo a que la ausencia de un Contrato-Programa que regula el procedimiento legal de funcionamiento orgánico y laboral, que el gobierno dejó que caducara en diciembre, complicara el cobro de las nóminas de los “magnificos trabajadores” de los servicios públicos de comunicación y la sensación de que los tres periodistas propuestos resolvían los inconvenientes que se pusieron en su día, decantaron el voto.

Un único argumento es el que se dejó de lado. El veto del equipo Quirós al criterio que podía garantizar que el nuevo Consejo Ejecutivo no estuviera perfectamente controlado por el poder local. El que ha salido ahora no responde al criterio defendido en su momento (el de representantes de los medios activos en la ciudad) y es una incógnita: igual es incontrolable, pero el que se proponía garantizaba bastante más la ausencia de control gubernamental teniendo en cuenta la independencia de algunos de los medios.

Visto con la distancia exigible, a algunos nos cuesta un gran esfuerzo entender cuál ha sido la razón última por la cual la oposición ha aceptado el veto a este medio. Yo, a diferencia del chavalín que ostenta el récord de humillaciones, afrentas, frustraciones y ofensas que el poder y las oposiciones varias han inferido históricamente a uno de los periodistas de esta casa, voy a seguir fustigando a los protagonistas de esta historia mientras me quede aliento. Creo que el Jesusillos, el Quiroseno y su equipazo, el teniente de alcaide, el amic del tete, la popular sonialdemócrata y el Manuel Torrentez, entre otros muchos, se merecen que la política no solo les deje un salario. También un montón de dudas sobre su integridad ética, su capacidad para la lealtad a los principios y a los finales, su análisis objetivo y distanciado de las realidades diversas, su voluntad de entender otras razones que no sean las propias.

Al chavalín sufridor ya le he recomendado un psiquiatra que le ayude. Si es posible, que le envíe al exilio de Waterloo a superar su procés, para que se jubilé de una puta vez y deje de tomarse las cosas tan en serio.

Esta ciudad se merece tomarse las cosas más trascendentales a cachondeo limpio y sublime, porque está demostrado que con este personal que la representa, no da para más. Así que… lo dicho al principio.

Bueno, acabo de enterarme, de que justo en el corazón de La Florida vamos a disponer los afortunados ciudadanos de esta cochambre, de la sala inmersiva de gestión pública más grande de Europa. Ala! Como que es un orgullo de ciudad, el alcalde paseó al rey cuando vino y se puso a fardar de las maravillas del espacio: dos mil metros cuadrados con una sala de doscientos que permite proyecciones de 360 grados y con espacios sobrados para un montón de actividades culturales, exposiciones y otras zarandajas de élite. Entre ellas, muchos espacios de innovación, un lugar de coworking, un fab-lab, un espacio de atención ciudadana y TIC… O sea, un montón de cosas muy útiles en Brooklyn y no sé yo, si también en La Florida, pero no en esta… en la otra.

La cosa se llama La Florida 6.0 pero cuando esté en marcha —dicen que en abril, aunque se inauguró en diciembre— habrá que llamarla ya 7.0 porque todos los puntos cero se aceleran que es una barbaridad. Se le llama Centro de Transformación Digital y a los vecinos les servirá para trámites digitales y resolución de incidencias tecnológicas, para la experimentación a pequeña escala, para talleres experimentales y fabricaciones diversas, además de salas innovadoras para conferencias (será que el conferenciante ya va incorporado), para reuniones abiertas a las entidades del barrio y a todo el tejido productivo, es decir, grandes empresas, enormes corporaciones y gente que sin la tecnología punta no es nadie.

A ver… los grandes aspavientos siempre suelen ocultar o grandes frustraciones, u operaciones encubiertas. En ocasiones, ambas cosas. En este caso, no hay duda. El alcalde Quirós tiene algunas fijaciones elementales. Hasta ahora le conocemos tres muy reiterativas: dos en positivo y una atragantada. Las positivas, la cosa del Samontà y el Silicon Valley a este lado del Atlántico (6.0). En la cara B, FIC. En los tres casos hay frustración, desconocimiento y enredo, a partes iguales. Y en los tres hay una enorme dosis de exageración.

El invento del Samontà oculta la operación inmobiliaria de Can Rigalt, la propagandística de buscar alternativas al hacinamiento de La Florida y el populismo de preocuparse por el lugar donde uno nació. El del 6.0, la ocurrencia de un exagerado polo digital en un lugar que exige más árboles que tecnología y más espacio en las casas que inmersión 360 y, en el lado contrario, la incomodidad de unos intrusos que se han creído con derecho a poner en el candelero a unos expertos en tener poder para decidir lo que se les antoja, como han venido haciendo en los últimos 45 años.

No hay, en ninguno de los tres casos, un mínimo de reflexión. En una vertiente, para no vender motos o para no hacer el ridículo. En la otra, para no darse por enterado de que en un sistema democrático hay que contar con el de en frente, aunque tenga una opinión contraria a la tuya, que es lo habitual.

Y sin reflexión, no hay futuro. Porque, en muchas ocasiones, en los mínimos detalles se van los esfuerzos supremos. Por poner solo un ejemplo. En la pasada reciente reunión de la Mesa Sectorial de Drets de Ciutadania i Cohesió Social, algunos de los presentes se quejaron de que en La Florida 6.0, ese paraíso tecnológico único en Europa, una persona en silla de ruedas no podía coger el ascensor.